MADRID.- Las autonomías llevan meses tratando de tapar los agujeros que han
aparecido en sus presupuestos. Los gobiernos autonómicos aprobaron las
cuentas públicas de 2019 con las previsiones de ingresos del Ejecutivo
central, pero los números no cuadran. La falta de un Gobierno estable
que saque adelante los Presupuestos del Estado impide a Hacienda
entregar a las autonomías unos 5.000 millones a cuenta del sistema de
financiación. Algunas comunidades padecen ya tensiones financieras y
exigen desbloquear ese asunto. La ministra María Jesús Montero se ha comprometido a buscar una solución que no termina de aparecer, según revela hoy El País.
España lleva un lustro con el pie cambiado políticamente, pero a la
vez con una economía pujante como pocas entre las grandes de Europa.
Bélgica vivió sin Gobierno casi dos años durante la Gran Recesión y pasó
algo parecido: la economía belga creció sin importarle la falta de
timón político.
Los problemas vinieron después: Bélgica es una economía
sobreendeudada que apenas tiene colchones fiscales de cara a la próxima
crisis, y algo similar sucede en España, con un agravante: la falta de
Gobierno y de presupuestos empieza a provocar problemas en algunas
comunidades, sin visos del nuevo modelo de financiación mil y una veces
anunciado y sin las entregas a cuenta que les prometió el Gobierno
central; lo que provoca ya tensiones de tesorería.
Las comunidades estaban esperando recibir 105.281 millones de euros este año por las entregas a cuenta del sistema de financiación,
alrededor de 5.000 millones más de lo que percibieron el año pasado (en
función del crecimiento previsto, el Gobierno estima el alza de
ingresos públicos y adelanta a las autonomías una cantidad a la espera
de que la realidad confirme esos números).
La buena marcha de la
economía se deja notar en la recaudación, y las comunidades quieren su
parte de ese pastel: con esas previsiones elaboraron sus presupuestos de
2019. El aumento de recursos prometido les permitió proyectar mejoras
en las prestaciones sanitarias y educativas, por ejemplo. Pero ese
dinero no acaba de llegar y, sin él, cuadrar las cuentas es como tratar
de solucionar un sudoku sin números suficientes.
El Gobierno de Pedro Sánchez no logró sacar adelante los Presupuestos de 2019, lo
que precipitó el final de la legislatura. Ese presupuesto es el que
hubiera permitido hacer las transferencias que ahora no llegan. Así que
el Ejecutivo en funciones solo puede autorizar las entregas a cuenta de
2018, sin la actualización de ingresos por la mejoría económica prevista
para 2019 (la economía española, a pesar de los pesares, sigue
creciendo por encima del 2%).
Esa falta de presupuestos, que difícilmente se corregirá aunque
Sánchez logre una investidura en julio, provoca que las comunidades
estén recibiendo 5.000 millones menos de lo previsto inicialmente. Los
Gobiernos autonómicos, incluidos los socialistas, piden a Moncloa que
maniobre para solventar el asunto y evitar así que los desequilibrios
vayan a más.
Los mercados son conscientes de esos riesgos: la agencia de
calificación Standard & Poor’s pronostica “presiones” en los
presupuestos regionales. “Las finanzas públicas de las comunidades han
mejorado, pero persisten disparidades”, apunta S&P en una nota.
Hacienda reconoce el problema. “Hay una dificultad en este asunto”,
ha admitido la ministra Montero. La intención del ministerio es
“actualizar las entregas a cuenta para que las comunidades que las han
consignado [en sus presupuestos] no hagan ajustes”, agrega. Sin esos
fondos, los Ejecutivos autónomos podrían verse obligados a aplicar
recortes.
Varias autonomías empiezan a alzar la voz. “Galicia lleva meses
advirtiendo tensiones de tesorería por la no actualización de las
entregas a cuenta”, advierten desde la consejería de Hacienda gallega.
Cataluña presenta el mismo problema y empieza a protestar: la comunidad
no tiene presupuestos por la incapacidad del Govern de Quim Torra de
recabar apoyos para las cuentas públicas, y funciona con una prórroga
de los presupuestos de 2017 y un plan de contingencia dependiente de los
ingresos a cuenta volatilizados por falta de presupuestos del Estado.
“Los anticipos que recibimos no corresponden a las previsiones que hizo
el ministerio en su proyecto de presupuestos. Actualizados, estos
anticipos deberían suponer 800 millones más al año”, explica Albert
Castellanos, secretario general de Vicepresidencia y Hacienda, informa Josep Catà.
Montero intentó desatascar el asunto con un decreto, pero los
servicios jurídicos de Hacienda le avisaron de que podía tener
problemas. “Es de justicia que las comunidades se beneficien de algo que
les corresponde, como es su participación en los ingresos tributarios”,
señaló la ministra en funciones. Hacienda busca vericuetos jurídicos
para desbloquear la situación. De eso depende la salud financiera de las
autonomías.
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