MADRID.- El juicio que acogía desde este lunes la Audiencia Nacional por el 'roto' de 28 millones de euros que dejó los negocios de Valfensal en la CAM se ha aplazado hasta el 17 de septiembre después de que el Fondo de Garantías de Depósitos (FGD) haya retirado su acusación contra los exmiembros de la Comisión de Control, adhiriéndose así al criterio del Ministerio Fiscal, según avanzó hoy el diario económico digital www.lainformacion.com.
A ello hay que sumarle el acuerdo de conformidad alcanzado con los dos empresarios acusados
en el procedimiento (Juan Ferri y José Baldó) por lo que éste se
dirigirá únicamente contra el exdirector de la caja alicantina Roberto López Abad y el exdirector general de Empresas Daniel Gil.
De esta forma, se ha
retirado la acusación contra el que fuera presidente de dicha comisión
el murciano Juan Ramón Avilés Olmos y otros tres exmiembros de este órgano y del
comité de auditoría de la entidad.
El Fondo, personado como acusación,
pedía para cada uno de ellos cuatro años de prisión por delito continuado de administración desleal al considerar que actuaron con "ignorancia deliberada" ante las presuntas inversiones fraudulentas en diversos hoteles en México y de una parcela en República Dominicana.
A
esta lista debe sumarse además otros tres nombres: Francisco Climent
(empleado en Valfensal); Vicente Sánchez Asensio (director general de
TIP de la CAM) y César Véliz (director de la división hotelera).
De este modo,
el juicio que se dirigía inicialmente contra un total de 11 personas
queda reducido únicamente a los exaltos cargos de la CAM. Esto es así
porque, además, los empresarios Juan Ferri y José Baldó
alcanzaron acuerdo de conformidad con la Fiscalía y con el Fondo, que se
ha rubricado esta misma mañana al arranque de la vista.
Los dos
exdirectivos de la empresa Valfensal se enfrentaban a una pena de 22 años de prisión
cada uno por seis delitos contra la Hacienda Pública y administración
desleal. El acuerdo cerrado implica la devolución a las arcas del FGD de
12 millones de euros y la condena de dos años de prisión por tres delitos fiscales y administración desleal, por lo que evitarán casi con total probabilidad su entrada en la cárcel.
A tenor de los cambios introducidos en esta primera sesión de vista oral, la magistrada presidenta del tribunal, Concepción Espejel, ha suspendido la vista -que estaba señalada en principio para dos semanas- y ha dado a las partes un plazo de 10 días para reformular la petición de pruebas periciales
a reproducir durante el juicio, que se reanudará ya a mediados de
septiembre.
En el mismo solo se sentarán en el banquillo de los acusados
Roberto López Abad y Daniel Gil. Los exdirectivos de la caja alicantina
se enfrentan a una petición de cuatro años de prisión por estos hechos ocurridos entre los años 2004 y 2008.
El FGD reclamaba a los acusados un total de 28 millones de euros por los negocios de Valfensal en el Caribe y puso el foco en el funcionamiento de la Tenedora de Inversiones y Participaciones (TIP),
creada por la caja en el año 2001 para gestionar los proyectos de
inversión.
El organismo denuncia que los acusados no cumplieron con las
normas de control interna y permitieron estos proyectos sin haber hecho un estudio previo de la viabilidad de los mismos. Tampoco se habían realizado análisis específicos de mercado en México ni en Punta Cana, de acuerdo con las conclusiones alcanzadas por la UCO y que fueron aportadas a la causa.
Beneficios inexistentes
Las mismas las recogió
el Fondo en su escrito de acusación junto con declaraciones de otros
cargos de la entidad que reconocieron abiertamente que no disponían de información contable suficiente de Valfensal como para autorizar estas inversiones.
Además denunció que, pese a que se había estimado un reparto de beneficios para el TIP de hasta 50 millones de dólares entre los años 2006 y 2008, éstos no se llegaron a materializar en ningún momento. De hecho, el Banco de España cifró en 1.011 millones de euros las pérdidas que tuvo que asumir la CAM por las financiaciones en los proyectos de inversión inmobiliarios de 65 sociedades.
Con todo, esta no es la
única pieza de la CAM pendiente de juicio. Daniel Gil volverá a sentarse
en el banquillo junto con los exdirectivos Dolores Amorós, Vicente
Sánchez y el empresario Rafael Galea por operaciones inmobiliarias con la promotora Hansa.
La magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón abrió juicio oral contra todos ellos el pasado mes de marzo y les impuso una fianza de 189 millones de euros por las presuntas irregularidades que se han investigado en esta otra pieza de los negocios de la caja y que habrían dejado un agujero de 37 millones de euros.
La
Fiscalía solicita cuatro años de cárcel para los exaltos cargos de la
entidad y dos años para el empresario por el presunto desfalco provocado
con esta operativa concreta.
Causaron 28 millones de pérdidas
Según la agencia Efe, la Audiencia Nacional iba a juzgar desde hoy al ex director general de Caja Mediterráneo (CAM) Roberto López Abad y a otra decena de personas, entre ellas el exedil del PP en Murcia Juan Ramón Avilés, por administración desleal en operaciones supuestamente irregulares en el Caribe que habrían ocasionado un perjuicio de 28 millones.
En la vista se iban a analizar una serie de operaciones de crédito para la compra de hoteles y parcelas en México y República Dominicana suscritas con la sociedad Valfensal, cuyos administradores han llegado a un acuerdo con la acusación.
En su auto de procesamiento, conocido hace un año, la entonces titular del Juzgado Central de Instrucción nº 3, Carmen Lamela, percibía indicios de actuaciones «sospechosas», en virtud del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
El documento advertía de «irregularidades comunes» en la información aportada por los empresarios Juan Vicente Ferri y José Salvador Baldó a los directivos de la sociedad TIP, participada por la CAM, así como de los «muy deficientes» estudios sobre los terrenos.
A tenor de las pesquisas, López Abad y su director general de Empresas, Daniel Gil, habrían consentido que los anteriores «dispusieran de elevadas cantidades económicas», contribuyendo a «generar una confusión entre préstamos e inversiones efectivamente realizadas». Hechos por los que la Fiscalía Anticorrupción solicita cuatro años de prisión para los dos ejecutivos de la caja.
Aunque el escrito de la fiscal Belén Dorremochea se dirigía además contra Ferri y Baldó, para los que pedía hasta 22 años de cárcel y 23,6 millones de multa también por delitos contra la Hacienda Pública entre 2008 y 2013, ambos han comunicado a la Sala su conformidad con los hechos.
Con el objetivo de reparar el daño causado, los empresarios han abonado al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) los 12,5 millones de euros equivalentes al total no asegurado por la póliza de responsabilidad de los altos cargos de la CAM.
Según fuentes jurídicas, será la primera vez que el fondo, que asumió las pérdidas de la extinta caja a través de una inyección de capital público de 5.249 millones antes de su venta al Sabadell, recibe una indemnización en la vía penal.
Para Ferri y Baldó el acuerdo les supone una contundente rebaja de la pena por administración desleal hasta los seis meses de prisión.
Se iban a sentar además en el banquillo el ex director económico de Valfensal Francisco Climent, sobre quien pesaba una petición de 12 años de cárcel como presunto cooperador de los delitos fiscales.
También el ex director general de TIP Vicente Sánchez y el exdirector de la división internacional y negocio hotelero César Véliz, para los que el Ministerio Público reclamaba cuatro años de prisión y multa del triple del beneficio obtenido (64 millones).
Lo mismo sucedía con los exdirectivos de la CAM Juan Ramón Avilés, exconcejal del PP en Murcia, Remedios Ramón, Asunción Martínez y Francisco Grau, absueltos hace casi tres años en el caso de las dietas.
La causa parte de la querella que interpuso en 2012 el FGD, que sostiene que «con el conocimiento y consentimiento de López Abad y Gil se desviaron fondos en beneficio de Ferri y Baldó, sus socios de Valfensal, gracias a una política de opacidad y falta de transparencia que generó una provisión de 28 millones de euros».
El pacto de Ferry y Baldó con la Fiscalía
La fiscal Belén Dorremochea ha retirado su acusación al ex director económico de Valfensal Francisco Climent, que se enfrentaba a 12 años de prisión como presunto cooperador de los delitos fiscales, así como del exconcejal del PP en Murcia, y miembro de la Comisión de Control de la entidad bancaria, el murciano Juan Ramón Avilés.
En la sesión de hoy, la sección primera de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha absuelto a la media docena de integrantes del órgano de control de la CAM, después de que la Fiscalía Anticorrupción haya modificado sus conclusiones provisionales una vez ratificado el acuerdo de conformidad alcanzado con los empresarios Juan Vicente Ferri y José Salvador Baldó, administradores de Valfensal.
Según el pacto, al que se ha adherido el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), ambos aceptan seis meses de prisión por administración desleal y otros 18 meses por la comisión de tres delitos fiscales por importe de 6,5 millones, condenas muy inferiores a los 22 años que inicialmente solicitaba el Ministerio Público.
Además, con el objetivo de reparar el daño causado, los empresarios han abonado 12,5 millones de euros equivalentes al total no asegurado por la póliza de responsabilidad de los altos cargos de la CAM, al FGD, representado por el abogado Carlos Gómez-Jara y al que resarcirán de forma adicional con las costas del proceso.
Es la primera vez que el fondo, que asumió las pérdidas de la extinta caja a través de una inyección de capital público de 5.249 millones de euros antes de su venta al Sabadell, recibe una indemnización en vía penal.
De igual modo, la fiscal Belén Dorremochea ha retirado su acusación al ex director económico de Valfensal Francisco Climent, que se enfrentaba a 12 años de prisión como presunto cooperador de los delitos fiscales.
La adhesión del Fondo al nuevo escrito de Anticorrupción ha supuesto el sobreseimiento automático de la causa respecto al ex director general de TIP Vicente Sánchez, al exdirector de la división internacional y negocio hotelero César Véliz, y a los miembros de la comisión de control de la CAM (Juan Ramón Avilés, Remedios Ramón, Asunción Martínez, Francisco Grau), a quienes sólo acusaba el organismo.
En su turno de palabra, el abogado de López Abad ha cargado contra las conformidades de Ferri y Baldó ya que "se dan en una situación a la que se ha llegado por otros delitos", en alusión al fraude fiscal, "y no porque los hechos en sí sean ciertos".
Acto seguido, la presidenta del tribunal, Concepción Espejel, ha suspendido la vista a fin de reorganizar el procedimiento, en el que también se mantiene la aseguradora Caser como responsable civil subsidiaria.
La causa parte de la querella que interpuso en 2012 el FGD, que sostiene que "con el conocimiento y consentimiento de López Abad y Gil, se desviaron fondos en beneficio de Ferri y Baldó, sus socios de Valfensal, gracias a una política de opacidad y falta de transparencia que generó una provisión de 28 millones de euros".
Irregularidades que contrastan con el estado "crítico" en el que se encontraba la CAM entre 2009 y 2010, cuando "por instrucción expresa" de López Abad y Gil se llegaron a refinanciar tales inversiones.
La de Valfensal es la tercera pieza de la que se pronuncia la Audiencia Nacional, que en octubre de 2017 condenó a López Abad, su sucesora María Dolores Amorós y otros dos antiguos miembros de la cúpula de la CAM a tres años de cárcel por "distorsionar" los estados contables entre 2010 y su intervención en 2011.
Casi un año después, suspendía el juicio por las preferentes de la entidad tras la retirada de las acusaciones particulares. Al margen de ambas, la Audiencia Provincial de Alicante condenó el pasado noviembre a López Abad a dos años y medio de prisión por el cobro irregular de dietas del expresidente Modesto Crespo.
Causaron 28 millones de pérdidas
Según la agencia Efe, la Audiencia Nacional iba a juzgar desde hoy al ex director general de Caja Mediterráneo (CAM) Roberto López Abad y a otra decena de personas, entre ellas el exedil del PP en Murcia Juan Ramón Avilés, por administración desleal en operaciones supuestamente irregulares en el Caribe que habrían ocasionado un perjuicio de 28 millones.
En la vista se iban a analizar una serie de operaciones de crédito para la compra de hoteles y parcelas en México y República Dominicana suscritas con la sociedad Valfensal, cuyos administradores han llegado a un acuerdo con la acusación.
En su auto de procesamiento, conocido hace un año, la entonces titular del Juzgado Central de Instrucción nº 3, Carmen Lamela, percibía indicios de actuaciones «sospechosas», en virtud del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
El documento advertía de «irregularidades comunes» en la información aportada por los empresarios Juan Vicente Ferri y José Salvador Baldó a los directivos de la sociedad TIP, participada por la CAM, así como de los «muy deficientes» estudios sobre los terrenos.
A tenor de las pesquisas, López Abad y su director general de Empresas, Daniel Gil, habrían consentido que los anteriores «dispusieran de elevadas cantidades económicas», contribuyendo a «generar una confusión entre préstamos e inversiones efectivamente realizadas». Hechos por los que la Fiscalía Anticorrupción solicita cuatro años de prisión para los dos ejecutivos de la caja.
Aunque el escrito de la fiscal Belén Dorremochea se dirigía además contra Ferri y Baldó, para los que pedía hasta 22 años de cárcel y 23,6 millones de multa también por delitos contra la Hacienda Pública entre 2008 y 2013, ambos han comunicado a la Sala su conformidad con los hechos.
Con el objetivo de reparar el daño causado, los empresarios han abonado al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) los 12,5 millones de euros equivalentes al total no asegurado por la póliza de responsabilidad de los altos cargos de la CAM.
Según fuentes jurídicas, será la primera vez que el fondo, que asumió las pérdidas de la extinta caja a través de una inyección de capital público de 5.249 millones antes de su venta al Sabadell, recibe una indemnización en la vía penal.
Para Ferri y Baldó el acuerdo les supone una contundente rebaja de la pena por administración desleal hasta los seis meses de prisión.
Se iban a sentar además en el banquillo el ex director económico de Valfensal Francisco Climent, sobre quien pesaba una petición de 12 años de cárcel como presunto cooperador de los delitos fiscales.
También el ex director general de TIP Vicente Sánchez y el exdirector de la división internacional y negocio hotelero César Véliz, para los que el Ministerio Público reclamaba cuatro años de prisión y multa del triple del beneficio obtenido (64 millones).
Lo mismo sucedía con los exdirectivos de la CAM Juan Ramón Avilés, exconcejal del PP en Murcia, Remedios Ramón, Asunción Martínez y Francisco Grau, absueltos hace casi tres años en el caso de las dietas.
La causa parte de la querella que interpuso en 2012 el FGD, que sostiene que «con el conocimiento y consentimiento de López Abad y Gil se desviaron fondos en beneficio de Ferri y Baldó, sus socios de Valfensal, gracias a una política de opacidad y falta de transparencia que generó una provisión de 28 millones de euros».
El pacto de Ferry y Baldó con la Fiscalía
La fiscal Belén Dorremochea ha retirado su acusación al ex director económico de Valfensal Francisco Climent, que se enfrentaba a 12 años de prisión como presunto cooperador de los delitos fiscales, así como del exconcejal del PP en Murcia, y miembro de la Comisión de Control de la entidad bancaria, el murciano Juan Ramón Avilés.
En la sesión de hoy, la sección primera de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha absuelto a la media docena de integrantes del órgano de control de la CAM, después de que la Fiscalía Anticorrupción haya modificado sus conclusiones provisionales una vez ratificado el acuerdo de conformidad alcanzado con los empresarios Juan Vicente Ferri y José Salvador Baldó, administradores de Valfensal.
Según el pacto, al que se ha adherido el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), ambos aceptan seis meses de prisión por administración desleal y otros 18 meses por la comisión de tres delitos fiscales por importe de 6,5 millones, condenas muy inferiores a los 22 años que inicialmente solicitaba el Ministerio Público.
Además, con el objetivo de reparar el daño causado, los empresarios han abonado 12,5 millones de euros equivalentes al total no asegurado por la póliza de responsabilidad de los altos cargos de la CAM, al FGD, representado por el abogado Carlos Gómez-Jara y al que resarcirán de forma adicional con las costas del proceso.
Es la primera vez que el fondo, que asumió las pérdidas de la extinta caja a través de una inyección de capital público de 5.249 millones de euros antes de su venta al Sabadell, recibe una indemnización en vía penal.
De igual modo, la fiscal Belén Dorremochea ha retirado su acusación al ex director económico de Valfensal Francisco Climent, que se enfrentaba a 12 años de prisión como presunto cooperador de los delitos fiscales.
La adhesión del Fondo al nuevo escrito de Anticorrupción ha supuesto el sobreseimiento automático de la causa respecto al ex director general de TIP Vicente Sánchez, al exdirector de la división internacional y negocio hotelero César Véliz, y a los miembros de la comisión de control de la CAM (Juan Ramón Avilés, Remedios Ramón, Asunción Martínez, Francisco Grau), a quienes sólo acusaba el organismo.
En su turno de palabra, el abogado de López Abad ha cargado contra las conformidades de Ferri y Baldó ya que "se dan en una situación a la que se ha llegado por otros delitos", en alusión al fraude fiscal, "y no porque los hechos en sí sean ciertos".
Acto seguido, la presidenta del tribunal, Concepción Espejel, ha suspendido la vista a fin de reorganizar el procedimiento, en el que también se mantiene la aseguradora Caser como responsable civil subsidiaria.
La causa parte de la querella que interpuso en 2012 el FGD, que sostiene que "con el conocimiento y consentimiento de López Abad y Gil, se desviaron fondos en beneficio de Ferri y Baldó, sus socios de Valfensal, gracias a una política de opacidad y falta de transparencia que generó una provisión de 28 millones de euros".
Irregularidades que contrastan con el estado "crítico" en el que se encontraba la CAM entre 2009 y 2010, cuando "por instrucción expresa" de López Abad y Gil se llegaron a refinanciar tales inversiones.
La de Valfensal es la tercera pieza de la que se pronuncia la Audiencia Nacional, que en octubre de 2017 condenó a López Abad, su sucesora María Dolores Amorós y otros dos antiguos miembros de la cúpula de la CAM a tres años de cárcel por "distorsionar" los estados contables entre 2010 y su intervención en 2011.
Casi un año después, suspendía el juicio por las preferentes de la entidad tras la retirada de las acusaciones particulares. Al margen de ambas, la Audiencia Provincial de Alicante condenó el pasado noviembre a López Abad a dos años y medio de prisión por el cobro irregular de dietas del expresidente Modesto Crespo.
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