Que la revolución catalana es una
revolución de nuevo tipo se ve en el desconcierto que provoca. El Estado
no sabe cómo reaccionar; el gobierno, tampoco. Las opciones son
escasas: se cede a la petición independentista de referéndum o se
interviene la Generalitat con un 155 beligerante, un estado de excepción
permanente.
La intervención no será aceptable en el exterior; la cesión
no lo será en el interior. La posición intermedia es imposible porque
Sánchez y el PSOE están cerrados al diálogo. Por contra, el
independentismo recalcitrante sigue siendo mayoritario y unido, a pesar
de las discrepancias internas.
Lo
que los unionistas tienen enfrente no es un partido o una alianza de
partidos, sino una sociedad en toda su complejidad. Los partidos tienen a
sus dirigentes presos o exiliados. Pero el Govern de la Generalitat manifiesta estar en la misma onda y el MHP Quim Torra, procesado por desobediencia
se reafirma en su actitud, "hasta las últimas consecuencias" que, en
España quiere decir, la cárcel.
De momento. Pero, junto a Torra,
comparecen representantes de las asociaciones sociales, ANC, Ómnium,
AMI, ACM y autoridades como el presidente del Parlament. El
gobierno, el poder legislativo, la sociedad civil. Todos dispuestos
también a las "últimas consecuencias". El horizonte penal se amplía.
Hablando
de sociedad civil, el independentismo se ha hecho con la Cámara de
Comercio catalana, que agrupa a más de 420.000 empresas. No es una
conspiración de un par de partidos. Es toda la sociedad. Son las
profesiones, ahora también los sindicatos.
Responsable de esta situación
es la inaudita torpeza del Estado español en el tratamiento de la
cuestión como una de orden público, de policía, jueces y cárceles. El
recurso a la represión garantizó la existencia de un motivo para la
rebeldía. Esa torpeza inicial se agranda con los socialistas, incapaces
de encontrar una vía política de negociación y entregados a la misma vía
suicida de la represión por los tribunales que el PP.
En
el fondo, la cuestión de fondo, es que ni el PP ni el PSOE ni los demás
partidos españoles, Podemos, C's o Vox saben qué hacer ante una
revolución de nuevo tipo que son totalmente incapaces de entender. Desde
un Iglesias, que se dice "orgulloso de ser español" hasta algún chalado de Vox que quiera imponer el Cara al sol
como el himno de la nación española, hay un hilo de continuidad, esa
condición de españoles que, al parecer, les impide entender que otros
tengan otra con el mismo derecho.
La
gestión de los políticos ha sido tan inepta que han acabado
convirtiendo la "cuestión catalana" en el iceberg que ha hundido el
Titanic del Estado democrático de derecho en España. En su lugar
pretende que actúe un régimen absurdo en el que el ataque a los derechos
de la población, la persecución de las ideas y opciones políticas, la
criminalización de los discrepantes, la represión indiscriminada recaiga
sobre los jueces y los tribunales.
Falto de todo proyecto político, el
Estado español encarga el ejercicio de la tiranía a su peculiar
justicia. El poder judicial es el brazo ejecutor de las decisiones
políticas del Estado y el gobierno. El rey ya aleccionó al Tribunal
Supremo; el gobierno restringe el activismo de la abogacía del Estado,
pero no el de la fiscalía. Dicen buscar vías políticas, pero dejan
rienda suelta a la fiscalía.
Y
ahí están los fiscales catalanes empeñados en meter en la cárcel
también a decenas de cargos y funcionarios de la Generalitat. La
criminalización es imparable porque el proceso político está
judicializado. Así que más gente a la cárcel. ¿De qué acusan los
fiscales a los nuevos empapelados? De organización criminal, cosa
indudable por cuanto todos ellos cooperaban a un fin delictivo como era
la secesión de Catalunya del reino de España. He aquí un programa
político, votado en un parlamento, como un mandato popular, convertido
de pronto en un delito de organización criminal.
Naturalmente,
desde el momento en que propugnar la independencia de Catalunya y
procurarla por el medio pacífico de un referéndum es delito, todos los
que a él coadyuven son delincuentes, en mayor o menor medida.
Que
unos fiscales no sepan distinguir un programa político y un mandato
popular de una organización criminal, quizá esté en la naturaleza de las
cosas. Que no los distinga un partido y un gobierno es lo insólito y
temible. Temible porque, en la lógica de la represión judicial, detrás
de los funcionarios y cargos medios que gestionaron la comisión de un
delito, viene el personal de los colegios y centros de votación,
directores, subalternos y personal de limpieza.
Y detrás de estos, los
casi tres millones que se acercaron a votar en el referéndum, es decir,
colaboraron en la comisión del delito. Tendrán que procesar a media
Catalunya. En distintos grados, pues los tribunales son equitativos,
pero media Catalunya. Y no sé si habrá cárceles para tanta gente.
Cuando
el poder utiliza la justicia contra sus adversarios políticos por
serlo, tanto el primero como la segunda han perdido toda legitimidad.
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED
No hay comentarios:
Publicar un comentario