¿Hay algo más rebelde que negarse a disolverse? ¿Algo más agresivo que querer ser? El Parlament considera la posibilidad de blindarse frente a una disolución vía 155,
que es como se llama hoy el caballo de Pavía. A su favor, cita el art.
16.1 del vigente Estatuto de Extremadura, según el cual la Asamblea es inviolable y no podrá ser disuelta salvo en los supuestos previstos en el presente Estatuto.
Y no prevé ninguno salvo la voluntad del presidente de la Junta. "¡Ah!
exclaman los unionistas de todo venero, ¡es que Extremadura no es
Catalunya!". No quiere decir nada y lo dice todo. Como lo de "Escocia no
es Catalunya". En resumen: Catalunya es lo que a nosotros nos dé la
gana, o sea, España.
Claro
que Catalunya no es Extremadura. Por eso se blinda frente al 155, lo
cual plantea el curioso problema de cómo sea eso posible. El 155 es un
estado de excepción de hecho que, según entiende el gobierno (otra cosa
es que sea así), le da potestad para anular actos de todo tipo de la
administración autonómica, incluidas sus decisiones parlamentarias. Y
eso es lo que el Parlament se apresta a considerar, cosa impensable en
la Asamblea extremeña. Así que grande es el descubrimiento de que
Extremadura no es Catalunya.
Si,
llegado el momento, el 155 anula la decisión del Parlament de anular el
155, entraremos en un terreno puramente político. Veremos cuánto tiempo
tarda el gobierno en judicializarlo como, según se queja, hacía el
gobierno anterior. En cuanto el Parlament se niegue a disolverse con el
155, se habrá declarado en rebeldía.
Podemos prever la imagen: cuando
entre la fuerza pública a disolver, los diputados unionistas (PSC, C's,
PP y la incógnita comuns) saldrán por su propio pie, ya disueltos, si es
que llegaron a entrar. A los otros habrá que sacarlos en volandas, a la
sillita de la reina o con métodos más expeditivos, pero siempre con
resistencia pacífica a la disolución.
Luego, se cerrará el Parlament,
cosa tampoco tan insólita: Franco lo tuvo cerrado cuarenta años de
intenso diálogo con los catalanes. Pero los diputados/as disueltos allí
seguirán sentados y habrá que hacer algo con ellas. Por ejemplo,
procesarlos.
Ya
tienen trabajo los jueces. Como ahora, tendrán que ponerse
frenéticamente a buscar alguna violencia que no sea la suya y, como
ahora, tendrán que inventársela o, también como ahora, convertir en
ajena la violencia propia, o sea reputar violentas a las víctimas y
víctimas a los violentos. Y si eso ya es difícil ahora, con unas decenas
de diputados/as pacíficas y sin una maldita vidriera rota, es
imposible.
Los diputados ayudarían mucho a esta peculiar justicia
hispana si salieran del Parlamento pegando tiros, como los Dalton de OK Corral. Eso
lo bordaría Llarena; pero no hay esperanzas. La revolución catalana es
no violenta. Es una rebeldía pacífica. Rebeldía como suma de
desobediencia, resistencia, manifestación y protesta pacíficas.
Denle
todas las vueltas que quieran: votar no es delito. Autodeterminarse no
es delito. Rebelarse pacíficamente contra la injusticia no es delito.
Los convierte en delito un Estado que solo se sostiene prohibiendo el
ejercicio de derechos fundamentales, individuales y nacionales.
La justicia administrada por ese Estado no puede ser justa.
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED
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