MADRID.- Acabar
con la figura del falso autónomo es una de las prioridades del Ministerio de Trabajo que ha decidido imponer sanciones a las empresas
que comentan fraude en la contratación con multas de entre 3.126 y
10.000 euros por cada trabajador afectado, adelanta hoy elEconomista.
Una medida que hasta el momento no se aplicaba y
que se ha diseñado para evitar que los empresarios se vean tentados a
pasar empleados del Régimen General al Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos (RETA), dado que la cotización mínima de los autónomos es un
15% más barata que la de un asalariado que cotice por lo mínimo tras la
subida del Salario Mínimo Interprofesional a 900 euros.
Aunque las sanciones se aplicarán también a otros casos. Por ejemplo,
a aquellas empresas que tengan contratados falsos autónomos que
deberían estar en el Régimen General de la Seguridad Social, ya que
hasta el momento la inspección obligaba a la empresa a hacerse cargo de
la diferencia en cotizaciones y regularizar el contrato. Pero,
realmente, no se aplicaban sanciones.
De esta forma, muchas empresas se lo pensarán dos veces antes de
contratar a alguien como falso autónomo, ya que lo que se ahorran por un
lado tendrán que pagarlo por otro si la Inspección de Trabajo les
descubre y les sanciona.
Para conseguir este objetivo, Trabajo ha
decidido reforzar el cuerpo de inspectores ya que hasta el momento
contaban con un número muy reducido de efectivos. Por ello, la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social contará este año con un
presupuesto de 157,36 millones de euros en 2019, un 24,4% más que en
2018.
Este incremento se dedicará en su mayor parte a reforzar los recursos
humanos con los que cuenta el organismo para cumplir, entre otras
funciones, con las políticas de lucha contra el fraude, en las que se
enmarca el Plan Director por el Trabajo Digno.
Asimismo, en octubre de
2018 se convocaron 353 plazas de inspectores y subinspectores, cuyos
procesos selectivos ya están en marcha, por lo que se incorporarán este
año a la plantilla de la Inspección.
Desde que el pasado verano el Gobierno lanzó su plan Director por un
Trabajo Digno, se han conseguido regulizar casi 18.000 falsos autónomos,
que según fuentes del Ministerio proceden en su mayoría de la industria
cárnica, donde las cooperativas abusaban de esta figura, donde
imponían horarios, organización y formas de trabajo a los autónomos.
A
pesar de ello, esta cifra todavía está lejos del objetivo marcado por el
Gobierno que, según sus cálculos, es de 40.000 falsos autónomos en
nuestro país.
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