MURCIA.- La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia impulsa la estrategia regional para
luchar contra los desahucios y los lanzamientos de vivienda para
facilitar la detección temprana de las familias que se encuentran en
situación de riesgo de abandonar su única vivienda tanto por impago de
la hipoteca como del alquiler.
Ese es el objetivo
del convenio firmado entre el Gobierno regional y el Consejo General del
Poder Judicial, que aumenta la colaboración para activar el protocolo
de intervención, además de todos los recursos dependientes de la
Administración autonómica para atender a la familia afectada por un
procedimiento judicial sobre la vivienda habitual.
Además, se podrán
extraer los datos estadísticos referentes a desahucios de la vivienda
habitual por impago de hipoteca o de rentas de alquiler en la Región de
Murcia.
El consejero de Fomento e
Infraestructuras, Patricio Valverde, y el presidente del Tribunal
Superior de Justicia (TSJ), Miguel Pasqual del Riquelme, presidieron la
primera reunión del grupo de trabajo del convenio, que permitirá, según
subrayó Valverde, "ser capaces de anticiparnos y detectar de manera
temprana la situación de personas en riesgo de desahucio y actuar desde
el primer minuto para dar solución al lanzamiento de la vivienda por
alquiler".
El consejero recordó que la legislación
suspendió los lanzamientos sobre viviendas habituales de las familias
que por dificultades económicas no pueden hacer frente al pago de su
hipoteca e hizo especial hincapié en "dar solución a las personas
afectadas por el impago de las rentas de alquiler".
El
consejero señaló que "es fundamental poder obtener los datos de las
familias afectadas antes del lanzamiento para ofrecerles toda la ayuda
posible por parte del Gobierno regional".
Este
convenio establece un canal de comunicación directo y ágil por el cual
el TSJ traslada al Servicio de Orientación y Mediación Hipotecaria de la
Región de Murcia los datos de aquellas familias, previo consentimiento,
que puedan verse afectadas por un procedimiento de desahucio por
ejecución hipotecaria o de alquiler.
Con esta
información, la Comunidad se podrá poner en contacto con las familias
afectadas para ofrecerles un servicio gratuito de información y
asesoramiento jurídico, financiero y técnico y de mediación con las
entidades de crédito o en su caso arrendadores.
Las
familias también podrán ser beneficiarias de las ayudas que concede la
Comunidad, a través de las organizaciones sin ánimo de lucro Cáritas,
Columbares y Jesús Abandonado, para ayudarles a pagar el alquiler de sus
viviendas, y también de una ayuda de 400 euros mensuales durante tres
años para financiar el alquiler social de una vivienda.
Igualmente,
la Comunidad cuenta con una red de 3.000 viviendas públicas a
disposición de las familias que más lo necesitan en régimen de alquiler y
que son asignadas por los propios ayuntamientos.
En
el marco de este acuerdo también se celebrarán unas jornadas de
formación y difusión del servicio y de coordinación a los funcionarios
de la Administración de Justicia y profesionales de los 11 partidos
judiciales de la Región "para que podamos ayudar a todas las familias
que necesiten de asesoramiento jurídico y económico", concluyó Valverde.
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