De esta manera, ha absuelto a Nicolás Mateos
del delito de estafa continuada, «revocando y dejando sin efecto la
declaración de nulidad de los contratos de compraventa relativos a la
promoción Lagoa Resort, revocando y dejando sin efecto también la
condena a indemnizar a los compradores relacionados», se lee en la
sentencia.
El TS mantiene las condenas por los delitos de falsificación de
documento mercantil (6 meses de prisión y multa de 5.400 euros) y
contra la hacienda pública (6 meses de prisión y multa de 79.000 euros),
pero suprime las indemnizaciones a los clientes denunciantes.
La
sentencia dice también que desde diciembre de 2005 hasta marzo de 2008
fueron «varios cientos de personas» los que entregaron distintas cantidades de dinero
para comprar los apartamentos.
Según los contratos, la parte vendedora
se comprometía a hacer entrega de los de una primera fase en junio de
2008 y los de la segunda en el primer trimestre de 2009.
En este sentido, detalla el Tribunal Supremo que van «incluidos los pagarés emitidos por los compradores y que hayan sido cobrados por el acusado o su sociedad Grupo Nicolás Mateos S. L. o
por un tercero por endoso y en las cantidades que se pudieran haber
acreditado en ejecución de sentencia pagadas por los compradores a las
entidades bancarias derivadas de la emisión y retención judicial de los
pagarés».
Asimismo, el tribunal recuerda a los afectados que tienen
derecho a ir «por la jurisdicción civil» para reclamar «por el
incumplimiento de los contratos de compraventa relativos a la promoción
inmobiliaria Lagoa Resort».
Los
hechos se remontan a hace ahora quince años. Fue en 2003 cuando Nicolás
Mateos comenzó a ofrecer 3.500 apartamentos de lujo en el complejo
residencial Lagoa Do Coelho Resort, en el estado de Río Grande do Norte,
en Brasil, que supuestamente debía contar con centros comerciales, un
lago, un teatro e instalaciones deportivas.
Entre los compradores de
viviendas en la zona sonaron nombres de varios futbolistas famosos, así
como de un cineasta. Las casas valían entre 76.500 y 130.758 euros. Lo que ocurrió fue que no se llegaron a hacer. Aunque el alto tribunal no cree que el murciano quisiera engañar a nadie.
En opinión del Supremo, «no se puede construir un delito de estafa porque no se reseña engaño alguno,
falsificación o apropiación mínimamente definida de dinero». Asimismo,
destaca que «los contratos fueron civilmente válidos».
El tribunal
sostiene que Nicolás Mateos «es ajeno a la ilicitud sobrevenida de los
avales, que estaban bastanteados (al proceso de estudio de las
escrituras de apoderamiento realizado por las entidades de crédito se le
denomina 'bastantear') por la Comunidad Autónoma de Murcia,
y al también sobrevenido incumplimiento de sus obligaciones por las
aseguradoras, no existiendo elementos probatorios que permitan afirmas
que los avales fueran simulados».
«En efecto, se hace referencia a una campaña de publicidad como
medio del que se valió el acusado para la captación de fondos, pero de
ahí no puede inferirse una actuación fraudulenta o engañosa», prosigue
el Supremo.
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