MURCIA.- El fiscal anticorrupción de la Región de Murcia, Juan Pablo Lozano, en un escrito fechado el pasado 21 de noviembre al que ha tenido acceso Radio Murcia, pide, por el caso Novo Carthago, según la Cadena SER, la apertura de juicio oral en la Audiencia provincial de Murcia contra:
- Antonio Cerdá, exconsejero de medio ambiente, para el que pide 3 años y 6 meses de prisión e inhabilitación para el cargo público.
- Joaquín Bascuñana, ex-consejero de obras públicas y ex-delegado del gobierno. Para él, pide 6 años y 6 meses de inhabilitación para cargo público.
- Cuatro altos cargos más del gobierno Valcárcel: José María Ródenas, ex-subdirector de urbanismo de la CARM; Carlos Brugarolas, exdirector general de medio natural; Antonio Alvarado, ex-director de calidad ambiental; Manuel Alfonso Guerrero, ex director general de urbanismo. A todos ellos los considera colaboradores necesarios en los delitos cometidos por los dos anteriores.
- Los asesores del gobierno Luis Romero y Maria Antonieta Fernandez. Se les imputan delitos como la falsedad documental e -incluso- blanqueo de capitales.
A todos les acusa de torcer la ley para beneficiar a la empresa Hansa Urbana S.A. en la tramitación del proyecto Novo Carthago que suponía la
construcción de 10.000 viviendas y campos de golf en un terreno de la
franja costera del Mar Menor que estaba sobre suelo no urbanizable
protegido al ser suelos de regadío del trasvase.
También les acusa de
evitar la tramitación y aplazar sin justificación el desarrollo del Plan
de recursos naturales que protegería la zona. Con ello, todos los altos
cargos, y sus subordinados, cometieron prevaricación, tomando
decisiones a sabiendas que eran injustas.
El fiscal, tras probar los reiterados empeños de los políticos por urbanizar en esa zona, lo deja claro:
Un espacio natural protegido por ley debía ser clasificado necesariamente no urbanizable de protección y, por tanto, no podía ser urbanizable ni generar aprovechamiento tal y como se decía en todos los PORN (...) de modo que ante un suelo con evidentes valores naturales acreditados , la discreccionalidad solo permitía una única respuesta conforme a la legalidad: suelo no urbanizable protegido por valores naturales.
Para el fiscal, el proyecto de Hansa Urbana en la zona se hizo:
Vulnerando intencionadamente la legislación y principios básicos del derecho urbanístico y medioambiental y yendo en contra de los propios actos de la misma administración, que había aprobado la preservación de dicho espacio natural, por la mera voluntad de los acusados.
Lozano recuerda que la intervención de la Comisión Europea impidió
finalmente el proyecto Novo Carthago por su incompatibilidad con la
protección de espacios naturales de la Red Natura Les imputa el fiscal
un amplio ramillete de delitos desde la prevaricación hasta la falsedad
en documento público pasando por el blanqueo de capitales en el caso de
la asesora.
En este caso, explica el fiscal, por haber realizado en una
de sus cuentas 52 imposiciones ilegales de dinero por valor de 125.000
euros mientras se retrasaba por orden del consejero Cerdá la tramitación
del PORN de la zona.
Además, en el escrito, el fiscal pide llamar a declarar como testigos
al ex presidente, Ramón Luis Valcárcel, al ex- consejero de medio
ambiente Francisco Marqués y a casi una cincuentena de personas más
entre altos cargos de la administración y miembros de la empresa Hansa Urbana.
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