MADRID.- En la web de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) se
pueden leer las bondades de los programas sociales de esta empresa
semipública. Una entidad que fue creada para absorber los activos
inmobiliarios tóxicos de los bancos por valor de más de 60.000 millones
de euros. Sin embargo, los datos anunciados por la sociedad sólo
reflejan la parte más amable de estas iniciativas dirigidas a “los
colectivos más desfavorecidos”, según publica www.eldiario.es.
Así sucede en el caso de su parque
social de viviendas. La Sareb, participada en un 45% por el Estado a
través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB)
y en un 55% por accionistas privados, asegura que ya ha cedido más de
2.350 pisos para que se destinen a alquiler social. Lo que no dice esta
empresa, más conocida como el banco malo, es que
las administraciones beneficiarias, 11 Comunidades Autónomas (CCAA) y
seis ayuntamientos, han rechazado una de cada cuatro de estas viviendas.
El mal estado de los pisos, sobre todo, pero también su ocupación
irregular han sido los principales motivos de rechazo. En menor medida,
la imposibilidad de transformar las viviendas en espacios habitables y
la oferta en ubicaciones donde no hay demanda social también han
determinado su exclusión.
Todas las administraciones receptoras (menos Galicia, el
País Vasco, Cantabria y Málaga, con el 100% de las viviendas
comprometidas) esgrimen que las reformas necesarias para poner a punto
estos pisos superaban el máximo estipulado por convenio.
La cifra, de
entre 5.000 y 7.500 euros, se debe abonar a partes iguales entre las
administraciones beneficiarias y la Sareb. De hecho, las entidades
usufructuarias han gastado en conjunto más de 1,2 millones de euros para
actualizar aquellos pisos cuya intervención sí se ajustaba a estos
criterios económicos.
"Ya sabíamos que las viviendas eran malas, pero estaban peor de lo que
esperábamos", aseguran desde el Servicio de Vivienda de Navarra respecto
de los pisos rechazados. En la misma línea se expresa Vanesa Valiño,
jefa de gabinete de la Concejalía de Vivienda del Ayuntamiento de
Barcelona, para quien no sólo se trataba de actualizarlos, de arreglar
la cocina, el baño y pintar, sino "de hacer una reforma integral".
Las CCAA y los ayuntamientos consideran que ni tiene sentido, ni pueden
asumir gastos superiores a los pactados, sobre todo porque se trata de
cesiones en régimen de usufructo de una duración media de cuatro años.
“No es una inversión inteligente de los recursos, [a partir de cierta
cifra] es invertir dinero público para arreglar el problema de un
privado” porque los pisos, explican desde Visocan, la empresa pública
canaria de promoción de la vivienda, no son del gobierno.
La Sareb alega que “no eligió los inmuebles que le fueron transferidos,
ni el estado en el que se encontraban” y que “una vez se ofrece un
paquete de viviendas a una administración, se inspeccionan, se revisan, y
se descartan las que no cumplen las condiciones”.
Además, la sociedad
semipública defiende que su programa social debe acompañar el
cumplimiento de la misión de la Sareb, es decir, su obligación de vender
todos los activos que adquirió de los bancos antes de noviembre de
2027.
De momento, las administraciones cuentan con
1.779 de los 2.390 pisos conveniados. Una cifra que toma mayor
significado si tenemos en cuenta que Jaime Echegoyen, presidente de la
Sareb, amplió, en 2015, a un total de 4.000 los inmuebles que esta
empresa quería destinar al alquiler social.
Así, tres años después de su
anuncio, sólo el 44% de estas 4.000 viviendas son o están en
disposición de convertirse en alquileres sociales en un país que tiene
uno de los parques de vivienda social más pobres de Europa y que
se gastó 64.900 millones de euros en rescatar a los bancos.
“Hay muchos temas como el estado de los pisos cedidos, el coste de las
reformas o la ubicación de los mismos en los que nos cuesta mucho
ponernos de acuerdo con la Sareb y eso ha retrasado un proceso ya de por
sí muy lento” reconocen fuentes de Visocan. Algo que ha sucedido en
buena parte del resto de gobiernos municipales y autonómicos.
De hecho,
de las 1.779 viviendas conveniadas y aceptadas por las administraciones
sólo cerca de 900 ya funcionan como alquileres sociales (sin contar con
los casos de Cantabria y el municipio de Hospitalet del Llobregat, en
Catalunya, que al cierre de este reportaje no han facilitado datos
claros al respecto).
El gobierno de Navarra, que no ha aceptado ninguno de los 30 pisos
acordados, resume así la situación: "Algunas viviendas no cumplían con
las condiciones de habitabilidad, algunas estaban ocupadas, en una había
una plaga de cucarachas…".
Con todo, el detonante de la renuncia fue,
aseguran las mismas fuentes, el error por parte de la Sareb de la
dirección de uno de los domicilios. "Casi se entra por la fuerza en una
vivienda propiedad de ciudadanos particulares; pensamos que aquello no
era serio y le dimos fin", explican.
Aragón, como
Navarra, ha rechazado todos los pisos de la Sareb. De acuerdo con el
actual gobierno socialista "revisando los términos del convenio [firmado
en febrero de 2015 por el anterior ejecutivo popular], el estado y la
ubicación de las viviendas ofertadas, se estimó que no podía ser
ratificado".
Fuentes del departamento de Vivienda afirman que los pisos
cedidos, 25 de los 80 acordados, precisaban inversiones de entre 6.000 y
9.000 euros y que esto “resultaba inadmisible” teniendo en cuenta que,
en el acuerdo suscrito en el caso aragonés y a diferencia del resto de
convenios, Sareb sólo estaba obligada a abonar 600 euros por piso.
Otras muchas comunidades solamente han podido incorporar
una parte de los pisos comprometidos a su parque social. Andalucía, por
ejemplo, cuenta con 219, el 55% de los pactados y Extremadura, con 25
de los 45.
En ambos casos, la Sareb ofreció menos viviendas de las
acordadas, algo que difiere de la tendencia general. En términos
globales, la empresa semipública ha cedido más pisos de los conveniados
aunque buena parte de ellos no cumplieran con los requisitos
estipulados. En este sentido, el caso de Islas Baleares es más
paradigmático: la Sareb ofreció 83 viviendas de las 75 pactadas y el
gobierno balear se quedó con 45.
Tanto en el caso de
Andalucía y la comunidad balear, como en el de los ayuntamientos de
Madrid, Barcelona y Sevilla, a la casuística del mal estado de las
viviendas hay que sumar la de las ocupaciones sin posibilidad de
regularización. La Sareb justifica que estas viviendas deben cederse
porque es la administración pública quien tiene la potestad de
regularizar la situación de los inquilinos.
Con todo y pese que
algunos convenios recomendaban un cupo máximo de viviendas ocupadas
irregularmente, la cifra prefijada en estos contratos, como ha sucedido
en la capital andaluza, se ha superado en diversas ocasiones. Sevilla ha
aceptado 6 de los 15 pisos que marcaba el acuerdo y Madrid sólo ha
incorporado un 36% del total.
Vanesa Valiño, jefa de
gabinete de la Concejalía de Vivienda Ayuntamiento de Barcelona, asegura
que, en las negociaciones con la Sareb, el gobierno municipal
estableció que no aceptaría pisos ocupados si las familias no se
encontraban en una situación vulnerable y, por consiguiente, su
situación en el piso no podía ser regularizada.
La regularización in
situ, sin embargo, no funciona en todas las administraciones, muchas de
las cuales exigen a los ocupantes que abandonen el domicilio para luego
evaluar si pueden beneficiarse de un piso social.
“Si
los inquilinos de la Sareb generan problemas con la comunidad o tienen
suficiente capacidad económica para pagar el alquiler [y no lo están
haciendo], la Sareb es la que debe gestionar el procedimiento de
desahucio”, considera Valiño.
La jefa del gabinete municipal afirma que
algunos de los pisos rechazados por el Ayuntamiento de Barcelona, que
cuenta con 173 de los 200 conveniados, eran inhabitables. “Se trata de
pisos que no pueden cumplir con las condiciones de la cédula de
habitabilidad ni invirtiendo todo el dinero del mundo. Rechazamos un
sótano que, por ejemplo, no tenía ventilación”, precisa Valiño. No se
trata de un caso aislado, el ayuntamiento de Madrid, las Islas Baleares y
Cantabria, pero también Catalunya y Castilla y León, dos comunidades
donde el balance del acuerdo ha sido muy satisfactorio, se han
encontrado con el mismo problema.
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