MADRID.- En 2013, el Ministerio de Defensa, dirigido por Pedro Morenés, inició un ambicioso plan para racionalizar su patrimonio inmobiliario y ahorrar dinero. Se llamó Propuesta de Racionalización y Utilización Eficiente del Patrimonio Inmobiliario (Predipef) y el objetivo era deshacerse de prácticamente la mitad de sus propiedades. Se consideró que de las 1.046 instalaciones militares existentes, 163 debían ser cerradas, para lo que establecieron dos fases. En la primera, entre 2014 y 2017, clausuraría 86. En la segunda, 77 hasta 2024. Junto a esto, consideró que otros 358 recintos ya cerrados eran innecesarios y podían venderse, revela hoy La Razón.
Sin
embargo, cinco años después, Defensa sólo ha conseguido poner el
candado a 34 de esas instalaciones que quería cerrar (21%) y apenas ha
logrado enajenar alguna de las que tenía en desuso.
Según aseguran desde
la Dirección General de Infraestructura (DIGENIN), «las grandes
limitaciones presupuestarias y otras cuestiones asociadas a la gestión
de la infraestructura» han provocado que muchas actuaciones hayan sido
pospuestas.
El principal problema para llevar a cabo esos cierres es la falta de fondos,
ya que antes de clausurar una instalación había que invertir en
trasladar a los efectivos y el material, y para adecuar el nuevo
destino.
El plan cuantificaba para la «Fase I» una inversión de 70
millones, estimando el ahorro anual en 15 millones, pues no habría gasto
en seguridad o mantenimiento. En la «Fase II», el desembolso sería de
unos 800 millones para ahorrar 37 al año. Hasta ahora sólo ha podido
destinar 14 millones.
En lo que se refiere al
primer estadio, el Ministerio quería llevar a cabo 49 actuaciones en
109 recintos, cifras que «evolucionaron a 103 actuaciones», explican
desde la DIGENIN, recordando que, «en función de la actuación, ésta
puede implicar varias acciones y pueden afectar a una o varias
instalaciones».
Y se centraba, sobre todo, en delegaciones o subdelegaciones de Defensa, planeando el cierre de 26,
que se trasladarán a otras dependencias. Además, contemplaba la cesión
de hospitales y la reorganización de las instalaciones del Ejército de
Tierra, la Armada o el Estado Mayor de la Defensa en Madrid.
En esta
ciudad, por ejemplo, se ha cerrado el Centro de Inteligencia de las
Fuerzas Armadas, trasladado a la base de Retamares. Así, para la segunda
fase hay ya 129 instalaciones militares que Defensa quiere cerrar y se
han incluido en un Plan de Infraestructura a medio plazo hasta 2024, del
que habló el secretario de Estado de Defensa, Ángel Olivares, en el
Congreso el pasado octubre.
Eso sí, apuntan que «la actividad de planificación en la infraestructura es un elemento vivo para adaptarse a las necesidades
y cambios de nuestras Fuerzas Armadas», por lo que algunas de las que
se querían cerrar podrían volver a ser útiles. Con todo, Defensa avisa
de que dependerá de «la disposición de recursos económicos», pues para
el cierre completo ha de destinar más de 800 millones.
Además de las instalaciones que Defensa quiere cerrar, hay otras 358 que intenta vender. Son «propiedades con edificaciones sin uso o bajísimo nivel de actividad y casi la totalidad están cerradas».
Entre ellas, los terrenos del antiguo hospital del Aire o los cuarteles
de Campamento, en Madrid.
Están incluidas en el «Procedimiento para la
enajenación de inmuebles» y el encargado de venderlas es el Instituto de
Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED). No
obstante, Defensa recuerda las dificultades para «encontrar comprador en
plena crisis inmobiliaria» y que muchos tienen «una difícil salida»,
entre otros por sus calificaciones urbanísticas. Sólo han vendido «un
número pequeño».
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