MURCIA.-La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha dado por concluida la instrucción de la causa en la que se investigan las supuestas irregularidades en las inversiones hoteleras que realizó la CAM en el Caribe
a través de la sociedad Valfensal, y ha ordenado el procesamiento de 13
personas por los supuestos delitos de apropiación indebida y/ o
administración desleal, además de un posible delito fiscal, en el caso
de los socios de la entidad, según crónica de tribunales del diario La Opinión.
Se trata del exdirector general de la caja Roberto López Abad; el exresponsable de inversiones inmobiliarias de la entidad, Daniel Gil, los ejecutivos César Véliz y Vicente Sánchez; además de los empresarios Juan Ferri y José Baldó -socios de la entidad en estos negocios-, y uno de sus empleados, Francisco Climent.
El
auto también propone que se juzgue a seis miembros de la comisión de
control de la CAM, que formaban parte de la denominada comisión de
control de TIP -la filial con que la entidad realizaba sus inversiones
inmobiliarias- y que, según el Fondo de Garantía de Depósitos,
tenían conocimientos suficientes para analizar las operaciones que, se
supone, debían supervisar.
Son su expresidente, el murciano Juan Ramón Avilés (en la imagen),
Remedios Ramón, Asunción Martínez, Dolores Mataix, Francisco Grau y Jose
Manuel Uncio, que también llegó a ser director del Instituto Valenciano
de Finanzas con el PP.
La sala enmendó a la juez
La decisión se toma después de que la Sala de lo Penal de
la sección tercera de la Audiencia Nacional enmendara a la juez Lamela,
que había ordenado el sobreseimiento de la causa contra los directivos
al considerar que no se había producido apropiación indebida y sólo
quería mantener la instrucción por un delito fiscal contra los
empresarios Ferri y Baldó.
La juez argumentaba que no se podía entender
que hubiera apropiación indebida o administración desleal porque los
créditos que concedió la CAM a Valfensal para la compra de varios
hoteles y parcelas en el Caribe Mexicano, la República Dominicana y
Tenerife -a pesar de todas las irregularidades detectadas en su
tramitación- nunca llegaron a impagarse, por lo que entendía que no hubo perjuicio.
Sin
embargo, el Fondo de Garantía de Depósitos -el organismo que paga el
rescate de la CAM- recurrió y recordó que, con independencia de si se
produjo o no el impago, el organismo se vio obligado a inyectar a la entidad 28 millones
en provisiones por las posibles pérdidas de estas operaciones en el
momento de su intervención, un dinero que ya no ha recuperado.
Un
argumento que la Audiencia Nacional aceptó y obligó a reabrir la causa
contra los ejecutivos de la caja.
La causa investiga investiga las supuestas irregularidades cometidas por los ejecutivos de la CAM en la creación del grupo Valfensal,
que la entidad puso en marcha junto a los empresarios Juan Ferri y José
Baldó para constituir un grupo hotelero en el Caribe.
En total,
llegaron a adquirir a través de esta sociedad dos hoteles en la Riviera Maya -el Hotel Caracol y el Gala- y dos parcelas para la construcción de otros tantos complejos en Playa del Carmen (México) y la República Dominicana.
Además, la sociedad también se hizo cargo de la gestión de un resort que la CAM tenía en Tenerife.
En
la mayoría de los casos, los créditos para realizar las operaciones se
habría hecho, supuestamente, sin guardar los procedimientos de control
de riesgos habituales, hasta el punto de que el perito del Banco de
España que testificó durante la instrución llegó a afirmar que eran el "paradigma" de las "malas prácticas bancarias".
Sin embargo, a pesar de ello, la sociedad no impagó ninguno de los
préstamos y Ferri y Baldó compraron al Sabadell su parte, cuando el
banco se hizo cargo del negocio financiero de la CAM.
Adicionalmente,
la causa también investiga si Ferri, Baldó y su empleado Francisco
Climent cometieron delito fiscal al gestionar los hoteles a través de
una filial creada en Curaçao, un compañía que podría ser sólo una
pantalla para evitar el pago de impuestos. De esta forma, según la
Agencia Tributaria, habrían dejado de ingresar al fisco español 11,6
millones de euros.
Exculpados
Por
otra parte, el auto acuerda sobreseer y archivar las atuaciones contra
el resto de miembros de la comisión de control de la CAM, que estaban
inicialmente investigados, entre los que se encuentran el expresidente de la Cámara de Comercio de Alicante José Enrique Garrigós,
además de Juan Gual, Juan Hernández, Noelia Sala, José Ruzafa, César
Estrada e Isabel Cambronero.
También se archivan las diligencias contra
los empleados de Mar Confort Neus Tarrés, Ramón Serrano, Mar Muñoz y
Refeca Alfonso.
Tras el auto de procesamiento, ahora serán las partes las que deban decidir si acusan o no acusan a los imputados y solicitar las penas correspondientes.
Tras el auto de procesamiento, ahora serán las partes las que deban decidir si acusan o no acusan a los imputados y solicitar las penas correspondientes.
Se trata de la cuarta causa que
llegaría juicio por los supuestos desmanes cometidos en la gestión de la
CAM tras la que se celebró por los créditos del expresidente de la
Comisión de Control, Juan Ramón Avilés, que se zanjó con la absolución
de todos los acusados; la pieza principal por el falseamiento de las
cuentas de la Caja, en la que se condenó a los directivos Roberto López
Abad, María Dolores Amorós, Teófilo Sogorb y Francisco Martínez a penas
de hasta cuatro años, que ahora están recurridas ante el Supremo; y el
juicio que se iniciará la próxima semana por las dietas de 600.000 euros
que recibió el expresidente Modesto Crespo.
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