CARTAGENA.- El vicepresidente de Proexport, Javier Soto, admitió este miércoles en la Comisión Especial del Mar Menor que la agricultura del Campo de Cartagena ha «afectado» al ecosistema de la laguna, pero pidió a las autoridades que determinen el grado de responsabilidad de cada una de las actividades económicas.
«Ni
los científicos se ponen de acuerdo en qué proporción», aseguró Soto
durante su comparecencia en la Asamblea Regional, donde criticó el «desbarajuste» en la gestión de los salmueroductos y
las autorizaciones para el uso de las desalobradoras, que ha achacado
principalmente a los dirigentes de la Confederación Hidrográfica del
Segura.
Tras afirmar que la agricultura es compatible con el buen
estado de la laguna, el vicepresidente de Proexport apuntó que no cree
que ninguno de sus asociados haya cometido ninguna irregularidad en la
comarca, pero advirtió que «no amparan» ilegalidades y que el que haya actuado en contra de la ley «tendrá que ser consecuente con sus actos».
Para Soto, la Ley de Medidas Urgentes para Garantizar la Sostenibilidad del Mar Menor fue «precipitada» e «insuficiente»
al centrar su mirada hacia la agricultura, pero ha reconocido que fue
un «error» del sector agrario «no dejar claro que no estamos en contra
de esta norma y que queremos cumplir la ley».
Por ello, reclamó a los dirigentes políticos que la futura Ley Integral del Mar Menor debe «regular todas las actividades económicas»
vinculadas a la laguna e incluir obras declaradas de Interés General
del Estado, como una red de salmueroductos y la desalobradora en San
Pedro del Pinatar.
Tras admitir que el estado de la laguna «no
ayuda a nuestra imagen» en el los clientes nacionales y extranjeros,
Soto remarcó que las empresas agrícolas están sometidas a auditorías internas que, en caso de no superar, conllevan la suspensión de las ventas de sus productos.
Finalmente, el vicepresidente de Proexport advirtió de que la producción de la Región se puede trasladar a otras comunidades autónomas en el caso de cultivo de invernadero,
pero ha añadido que es «imposible» que se pueda cultivar «al aire libre
más allá de dos semanas» debido a las diferentes condiciones climáticas
del sureste español respecto a otras provincias.
Desde los partidos, la diputada socialista Yolanda Fernández compartió con Soto la necesidad de ampliar la legislación a todas las actividades económicas del Mar Menor, mientras que la parlamentaria de Podemos María Giménez afirmó que su grupo apoya la actividad agraria.
Por
su parte, el diputado de Ciudadanos Miguel López Morell resaltó el
interés del sector agrario en cumplir la ley y participar en la mejora
del ecosistema lagunar, mientras que el parlamentario del PP Jesús Cano
recalcó que la agricultura es compatible con el Mar Menor.
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