El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha
redactado en los últimos días dos autos que, además de que deben ser
leídos, deben ser, sobretodo, guardados. El primero hacía referencia a
la petición de libertad de Joaquim Forn formulada por
su letrado y denegada el pasado viernes; el segundo perseguía el mismo
propósito para el ahora presidente del grupo parlamentario de Junts per Catalunya, Jordi Sànchez,
y el magistrado Llarena también ha denegado su libertad.
Personas mucho
más cualificadas que yo y del mundo del Derecho ya se han pronunciado
respecto al primer auto del magistrado y lo han hecho en un sentido
crítico con un hilo conductor bastante parecido: el fuerte contenido
ideológico del escrito. El de Sánchez va en una línea similar que
abordaremos más adelante.
Leyendo ambos textos uno puede tener la sensación de que se está
trabajando en un andamiaje jurídico que sirva de base legal en el
futuro, o no tan futuro, para la ilegalización de los partidos independentistas
sino cumplen en sus estatutos unos determinados requisitos que no son
los actuales.
En definitiva, que se acote y delimite claramente el
independentismo teórico, el referente a la ideología, del práctico, que
es llevarla a cabo a través de un partido político. No es ajeno a todo
ello el relato que con insistente fuerza se establece permanentemente
desde la capital española y que se basa en la identificación entre golpe de Estado e independentismo
y la confrontación entre democracia y secesión.
Y que se sustenta en un
acuerdo firme entre PP, PSOE y Ciudadanos para ir cerrando cada vez más
estas dos ideas como la fuerza motriz para conducir el independentismo
hacia su ilegalización.
Si el auto que denegaba la libertad de Joaquim Forn dejaba por
escrito que "este mantiene lógicamente su ideario soberanista", que
subyace una posible reiteración del delito y que no existe la certeza de
que haya desaparecido la intención de alcanzar la independencia de
Catalunya, en el caso de Jordi Sànchez se insiste en lo mismo.
Que
mantiene su ideología soberanista, que no es descartable una reiteración delictiva
y añade el hecho de que se ha integrado en una candidatura que proclama
el objetivo de restablecer la dinámica política que condujo a las
actuaciones de las que nacen las responsabilidades de este proceso
penal. Actuaciones que se concentran en el referéndum del 1 de octubre y la proclamación de independencia y desembocan en la aprobación del artículo 155.
Leídos ambos autos emitidos con pocos días de diferencia y atendiendo
a la dureza formal y, sobre todo, de fondo, de lo que allí se dice y
como se dice, uno puede llegar a pensar tres cosas: no está en el
horizonte la salida de la prisión de los Jordis, de Oriol Junqueras y Joaquim Forn; la
ilegalización de las formaciones independentistas es bastante más que
probable y, tercero, la hipótesis de nuevos ingresos en prisión no es
hoy por hoy algo que deba ser descartado.
(*) Periodista y ex director de La Vanguardia
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