Dos semanas después de la suspensión del pleno del Parlament en el
que tenía que haber sido investido Puigdemont, la confusión y el
enfrentamiento han presidido una nueva reunión de la Mesa en la que se
ha rechazado la petición de una reforma de la Ley de Presidencia para
permitir que el expresidente pueda ser votada “a distancia”, al tiempo
que se ha acudido al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo (el
mismo día que ha fallado contra España por malos tratos contra dos
etarras que participaron en el atentado de la T-4) para defender los
derechos del expresidente de la Generalitat.
Es decir que se sigue en una situación de bloqueo político, con el
reloj parado, a la espera de una decisión si hay acuerdo entre quienes
quieren forzar la investidura a distancia como insiste Puigdemont y, su
entorno más íntimo y Esquerra Republicana de Cataluña que quiere cuanto
antes una Presidencia efectiva y que se opone a ese empeño surrealista
de Puigdemont de tomar posesión telemáticamente, algo que ha sido
rechazado por todas las instancias judiciales, incluida la del Tribunal
Constitucional.
En Bruselas cada vez están más inquietos e intranquilos por la actitud del señor Puigdemont, y ya el principal periódico belga, La Libre Belgique,
empieza a preocuparse por el posible deterioro de las relaciones
diplomáticas entre los dos países, ante la actitud de un Puigdemont que
está empujando el “surrealismo catalán” al extremo, con la pretensión
de gobernar Cataluña desde Bélgica, algo que le permitiría obtener “el
oro y el moro” y una de las llaves de la Generalitat, y que “podría
empañar las relaciones entre Bruselas y Madrid”.
Esta pretensión
surrealista, puntualiza el periódico, se añade a la lista de
ocurrencias inéditas canalizadas por una mayoría independentista que
se ve atrapada en su propia trampa.
La trampa es un supuesto “gobierno en exilio”, que sólo sería
consecuencia lógica de la retórica adoptada por los independentistas
para presentar a Cataluña como un país ocupado por un Estado español
fascista.
“Pero la realidad demuestra que España es, inequívocamente,
un Estado democrático que no está ni en guerra, ni bajo la
ocupación”. Sin embargo, el profesor de Derecho Internacional de la
Universidad Libre de Bruselas, Olivier Corten, sostiene que el derecho
internacional sólo se interesa por los gobiernos de Estados en exilio.
Nada impide que un Ejecutivo gobierne desde el exterior, sobre todo si
el Estado se encuentra ocupado. “Pero en este caso, se trata del
gobierno regional catalán cuyas competencias están recogidas en el
Derecho español”.
En septiembre de 2017, recuerda el principal periódico de Bélgica, el
Parlament hizo lo inimaginable al proclamar unilateral, e ilegalmente
la República catalana. Pero de hecho, Cataluña “no tiene derecho a la
autodeterminación “, porque este derecho se reserva “al pueblo del
Estado en su conjunto”.
En definitiva, el pueblo español en su conjunto
podría decidir su propio futuro y el de los catalanes… o incluso el de
los territorios colonizados”, observa Corten. En su página web,
Carles Puigdemont sigue prometiendo “una república catalana”, pero los
independentistas pretendieron dar un paso atrás en las últimas
autonómicas catalanas de diciembre, evitando utilizar dicha fórmula.
El periódico se pregunta por las consecuencias de un Gobierno en el
exilio catalán en Bélgica y se responde que si los independentistas
intentasen forzar la máquina, Bélgica podría encontrarse con un
gobierno catalán “en el exilio”, en su territorio. Después de todo,
Carles Puigdemont sigue disfrutando de libertad de movimiento en la UE y
no es objeto de una “solicitud de extradición”, subraya Corten. Sin
embargo, la situación podría generar malestar entre Madrid y Bruselas.
El ministro Dastis lanzó una advertencia: “En principio, Carles
Puigdemont puede tener una vida normal en Bélgica”, ya que no es objeto
de ninguna orden de detención europea. Pero si el líder
independentista pretendiese dirigir Cataluña a distancia, no habría
más remedio que plantearse, en algún momento, hasta cuándo se podría
prolongar esta situación sin que afecte a las relaciones de amistad
entre “dos Estados asociados”, en el seno de la UE.
Dastis añade que
“desde un punto de vista político, esta situación no resulta cómoda
ni para el Gobierno español ni para el belga”.
(*) Periodista y economista
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