MADRID.- El Gobierno está decidido a impulsar en los próximos meses una profunda reforma del proceso penal, con un cambio radical de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que, por ejemplo, suponga dar a los fiscales la capacidad de instrucción. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, pretende impulsar el anteproyecto en el mes de febrero para que se inicie su larga tramitación, según El Confidencial.
Para ello, quiere contactar con PSOE y Ciudadanos para lograr los apoyos necesarios. El responsable de Justicia de Ciudadanos, Ignacio Prendes, asegura que aún no ha tenido ningún contacto con Justicia,
que en principio está dispuesto a buscar un acuerdo, aunque asegura que
está pendiente también la reforma de la Ley Orgánica del Judicial para
eliminar lo que considera "politización de la Justicia".
Y el ministro
está dispuesto a abordar en esta legislatura la reforma del Consejo General del Poder Judicial,
pero en este caso es consciente de la dificultad de lograr un acuerdo
con el PSOE y de la imposibilidad de aprobarlo antes de que durante 2018
se proceda a la renovación del órgano de gobierno de los jueces.
El impulso de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, una de las reformas más complejas y más aplazadas de la democracia,
no es estrictamente nuevo porque ya se han producido varios intentos en
las últimas legislaturas, pero sí es nueva la decisión del Gobierno de
Mariano Rajoy de presentar proyectos de ley. En el primer año de
legislatura, el Ejecutivo se ha limitado a frenar de diferentes maneras las iniciativas de la oposición,
pero sin enviar al Parlamento más proyectos de ley que los
estrictamente indispensables como, por ejemplo, los de Presupuestos.
Ahora,
La Moncloa pretende dar impulso a la legislatura y una de las leyes
afectadas será la que regula el proceso penal. Desde hace meses funciona
en el Congreso una subcomisión sobre reformas de la Justicia, en la que
ha habido comparecencias de expertos, que está a punto de terminar sus
trabajos y de la que se ausentó recientemente Unidos Podemos.
Celebrará su última reunión el 15 de enero y no es probable que de ahí
salga un informe con acuerdos concretos, pero el Gobierno está dispuesto
a actuar en todo caso.
La actual Ley de Enjuiciamiento Criminal procede del siglo XIX,
aunque ha sufrido cientos de reformas parciales. La última incluyó los
polémicos plazos para la instrucción de los sumarios, que están
pendientes de recurso ante el Tribunal Constitucional.
El
modelo de Fiscalía que no instruye no existe en ningún país europeo y
eso provoca problemas de cooperación judicial con estados de nuestro
entorno. La idea básica sobre la que hay cierto consenso es la de
fiscales que instruyen, sometidos al control de un juez de garantías.
Por eso, es necesario un cambio notable en el Estatuto Fiscal que regula
el funcionamiento del ministerio público, para dotarlo de mayor
autonomía y cambiar su estructura.
En la última etapa del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, con Francisco Caamaño como ministro de Justicia, se elaboró un anteproyecto que llegó a tramitarse en el Parlamento, pero que decayó por el fin de la legislatura. Fue elaborado, entre otros, por el entonces secretario de Estado de Justicia, Juan Carlos Campo, hoy portavoz de Justicia del PSOE en el Congreso, y tenía el aval del entonces fiscal general del Estado y hoy magistrado del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido.
Luego el PP, con Alberto Ruiz-Gallardón,
constituyó una comisión de juristas de la que formaron parte, entre
otros, Manuel Marchena, hoy presidente de la Sala Segunda del Tribunal
Supremo y posible futuro presidente del Consejo General del Poder
Judicial, que hizo otra propuesta que coincidía en el papel instructor
de los fiscales.
El actual ministro de Justicia se inclina por un modelo más parecido al elaborado por el Gobierno de Zapatero, a falta de que inicie sus conversaciones con el resto de partidos.
El
Gobierno espera lograr por ello el acuerdo con el PSOE y con
Ciudadanos, aunque durante 2017 el proyecto fue frenado, entre otras
cosas, por los escándalos que afectaron a la Fiscalía y que terminaron
con la reprobación en el Congreso del ministro de Justicia, el entonces
fiscal general del Estado y el fiscal anticorrupción, que luego tuvo que
dimitir.
El pacto de investidura del PP y el partido de Albert Rivera se limitaba a proponer "modernizar nuestras leyes procesales".
Y antes el acuerdo entre el PSOE y Ciudadanos para la investidura de
Pedro Sánchez se comprometía a "aprobar con el mayor consenso una nueva
Ley de Enjuiciamiento Criminal que atribuya la dirección de la
investigación al Ministerio Fiscal y que cree la figura del juez de
garantías".
Ese texto permite deducir la posibilidad real de un acuerdo entre los tres partidos.
Unidos Podemos no hacía referencia en su programa electoral
a la reforma del proceso penal y se limitaba a proponer la derogación
de los plazos de instrucción y establecer "una reforma integral de la
Fiscalía". El Gobierno ve más complicado un acuerdo con el partido de
Pablo Iglesias.
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