La imposibilidad jurídica de una investidura de Carles Puigdemont, sea por vía telemática o por delegación, confirmada el lunes por el dictamen de los letrados del Parlament,
ha alertado a los servicios de información de la Policía y a los de
inteligencia ante la hipótesis de que el expresidente de la Generalitat
decida volver para, aun siendo detenido, forzar su designación
parlamentaria.
El Ministerio del Interior baraja esa posibilidad y ha dispuesto mecanismos de vigilancia y control en carreteras y aeropuertos para detener al líder de Junts per Catalunya y ponerlo a disposición del magistrado instructor Pablo Llarena. La posibilidad de un regreso del fugado está cobrando fuerza día a día en la capital de España.
En Madrid solo se contempla la posibilidad de que
Puigdemont pueda ser investido si vuelve, es ingresado en prisión y
excarcelado por el instructor de la causa 20907/2017 exclusivamente para
el debate que termine con su designación, de nuevo, como presidente de
la Generalitat. Se aduce en estos círculos que la salida de prisión de Juan Carlos Yoldi en 1987, preso preventivo por pertenencia a ETA y comisión de varios delitos, se produjo por disposición del Tribunal Superior de Navarra porque el preso era el candidato de HB a la presidencia del Gobierno vasco.
Estas fuentes distinguen, en consecuencia, la delegación de voto que encomienda a la Mesa el juez Llarena, sin excarcelación por lo tanto, para Oriol Junqueras, Joaquim Forn y Jordi Sànchez,
del eventual supuesto de un Puigdemont detenido pero que sería el
candidato a la presidencia del Govern. Aducen que en ese caso, y a tenor
de los criterios que maneja el magistrado (el juez penal no debe
alterar en lo posible la correlación de fuerzas en la Cámara catalana en
tanto no haya procesamiento por rebelión o sentencia), Puigdemont
podría asistir al debate. Es indicativo que todos los electos titulares
de JxCat hayan presentado desde el pasado lunes sus acreditaciones.
Pervivencia política
La permanencia del expresidente de la Generalitat en
Bruselas indefinidamente -la prescripción por los delitos de los que le
acusa el fiscal es de 20 años- se considera "fatal" para la pervivencia
política de Puigdemont porque, aun en el supuesto de que se forzase el
reglamento del Parlament y se intentase una investidura telemática o por
delegación, el TC la dejaría en suspenso tras la impugnación del
Gobierno.
"Nada complicaría más la situación que un regreso
de Puigdemont porque detenerle, que sea investido y devolverle a la
cárcel, plantearía al Estado y a la justicia una situación
delicadísima". Se apunta a que un 'conseller' o 'consellera en cap'
podría sustituirle en los temas más ordinarios o de gestión.
"Una
fórmula más operativa que mantenerse de icono o referencia en Bruselas
pero sin ni siquiera una investidura simbólica. Tardaría dos meses en
caer en el olvido". En el peor de lo casos, su estancia en la cárcel por
una posible condena siempre sería mucho menor que su alejamiento por
dos décadas de Catalunya.
Reforzando esta tesis se mantiene que la Mesa del
Parlament que resulte elegida este miércoles -en todo caso de mayoría
secesionista- no tendría que forzar el reglamento de la Cámara ni
contravenir el dictamen de sus letrados y
de los servicios jurídicos del Estado, sino que pasaría el asunto a
Llarena, que debería resolverlo como lo ha hecho con la delegación de
voto de Junqueras, Forn y Sánchez, pese a los reparos que han opuesto
los letrados del Parlament. Puigdemont dejaría de ser 'president' si es
procesado o condenado, pero habría conseguido revalidar su reivindicada
"legitimidad".
Mensajes crípticos
Queda por ver qué haría el Gobierno con el 155 –su
continuidad o no- en el caso de que Puigdemont fuese investido
presencialmente y cómo resolvería el Jefe del Estado su firma en el Real Decreto de su nombramiento.
Pero al margen de esa incógnita, no parece haber duda de que la
permanencia de Puigdemont en Bruselas "ha dejado de favorecerle" y le
"aboca a no ser investido". Estas fuentes se hacen eco de los mensajes
crípticos del 'expresident' a través de Twitter con imágenes del camino
de la frontera española con Francia.
Y sobre todo, analizan la
determinación con la que el fugado insiste en su investidura cuando su
incomparecencia la impide. Además, se subraya la posición de Junqueras
que, estando en prisión en España, se configura como el plan B que
podría tener en la bocamanga ERC.
Una investidura de Puigdemont presencial por
excarcelación exclusivamente para el debate abriría un escenario de
continuidad en la conflictiva relación entre el Gobierno, el PSOE y Ciudadanos con la Generalitat, mantendría en todo caso la intervención en la gestión de cobros del Ministerio de Hacienda que
se basa, no en el 155, sino en la ley orgánica de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera, e impediría el mejor
escenario previsto por los más optimistas: un desistimiento de
Puigdemont y la investidura de un diputado independentista sin
imputaciones penales.
No se contempla, sin embargo, un panorama de esta
naturaleza sino cualquier otro de mayor conflictividad.
(*) Periodista y ex director de Abc
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