La
oposición quiere que el Gobierno se moje y defina qué pretende hacer
para dar cabida alas reivindicaciones de los partidos
nacionalistas catalanes tras las elecciones del 21-D. El Gobierno
en este momento pretende ganar tiempo y conocer previamente los
resultados de las elecciones que se presentan muy inciertos y
reñidos a tenor de los sondeos.
Ante
tanta incertidumbre y antes de que la oposición vuelva a preguntar en
la sesión de control al Gobierno este miércoles en el Congreso de los
Diputados sobre la hoja de ruta del equipo de Mariano Rajoy para
afrontar la crisis catalana, el Consejo de Ministros ha aprobado un plan
anual normativo para todo el 2018.
Es la primera vez que se aprueba este instrumento jurídico en el
ámbito de la Administración General del Estado. Pese a su
excepcionalidad este anuncio del Ejecutivo ha pasado completamente
inadvertido en esta semana plagada de días de vacaciones. Pese a que se
trata de un amplísimo conjunto de 287 normas, 9 de ellas con carácter de
leyes orgánicas, 17 leyes ordinarias y 23 real decretos leyes, entre
ellas no se incluye directamente ningún proyecto que tenga en cuenta
directamente la previsible reforma de la Constitución para adaptarla a
las nuevas exigencias de las Comunidades Autónomas.
Lo más cercano a esa reforma son los proyectos de modificar la Ley
22/2009 de diciembre del 2009 por la que se regula el sistema de
financiación de las CCAA de régimen común y ciudades con estatuto de
autonomía.
También se incluye la reforma del texto refundido de la ley
reguladora de las haciendas locales. Pero no parece suficiente para
afrontar las reivindicaciones de adaptación de nuestra Carta Magna por
parte de las CCAA y de los partidos políticos.
Estos aprovecharán la última sesión de control al Gobierno en el
Congreso en el período actual de esta legislatura antes de las
vacaciones de Navidad para tratar de que el Gobierno clarifique su
posición y a la vez para aprovechar la oportunidad que le da la sesión
plenaria del Congreso para hacer campaña.
Rajoy, deberá responder en la última sesión de control del año a dos
asuntos que han ocupado buena parte del debate político de 2017: la
crisis catalana y la aplicación del artículo 155 de la Constitución, y
la propia vigencia de la Carta Magna.
La pregunta que formula Carles Campuzano, portavoz del PdeCat, al
presidente del Gobierno es si Rajoy admite que el futuro de las
relaciones de Cataluña con España no se resolverá ni por la represión ni
por el 155, sino por el diálogo.
Sin duda habrá que tener en cuenta la respuesta del presidente que se
ha mostrado como uno de los parlamentarios con más argumentos a la hora
de afrontar estas sesiones. No pasará inadvertido que el partido de
quien formula la pregunta ya no se presentará como tal en las elecciones
del 21 de diciembre.
El líder de Podemos, Pablo Iglesias, quiere que el presidente le
responda si considera que en España "se cumple y aplica lo que dice la
Constitución", pregunta retórica que ya se ha autorespondido en las
últimas semanas de forma negativa el líder de la formación morada.
En su línea de hacer una pregunta abierta, la portavoz del Partido
Socialista, Margarita Robles, le pedirá a Rajoy un balance de los trece
meses de la actual legislatura, para echarle en cara sus discrepancias
con la política social del Gobierno.
Como el presidente solo responde a tres preguntas por sesión, el
portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña, Joan Tardá preguntará al
Gobierno de forma genérica sobre qué escenario cree el Gobierno español
que se va a abrir en Cataluña después de las elecciones del 21 de
diciembre.
Esta semana será muy importante de cara a clarificar lo que sucedió
en las instancias comunitarias para la resolución del Banco Popular y su
posterior venta por un euro, la comparecencia ante la Comisión de
Investigación de la crisis financiera de la presidenta de la Junta Única
de Resolución, la alemana Elke König.
Comparece con el apoyo implícito del Gobierno y frente a la enemiga
de una mayoría de los portavoces de la mencionada comisión de
investigación muy críticos con ella por haberse negado por dos veces a
hacer público el informe de la consultora Deloitte en base al cual se
produjo la intervención del Popular.
Más teniendo en cuenta que el panel de apelación ha permitido la
consulta parcial del mismo a una parte de los grandes accionistas que
así lo han reclamado.
Esta semana además el Banco Central Europeo mantiene su reunión para analizar la política monetaria de la zona euro.
(*) Periodista
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