La crisis catalana quedó marcada –positivamente para el Estado de Derecho- por la intervención de Felipe VI
el día 3 de octubre pasado. El Rey dio voz al país y dijo lo que la
mayoría de los ciudadanos pensaban sobre lo que ocurría en Cataluña que
consistía en una “inadmisible deslealtad”
de las autoridades secesionistas catalanas que debían reconducir los
“legítimos poderes del Estado”.
El monarca recibió las críticas de los
independentistas –cosa normal- y de los bien pensantes que han tomado la
institución de la Corona como una ONG mediadora en diálogos
institucionales. Hay autores tan sensatos como Jordi Amat –catalanista fronterizo con el nacionalismo- al que parece llamarle la atención que la monarquía se alinee con la unidad de España. Lo relata en el 'panfleto' titulado 'La conjura de los irresponsables'.
Escribe Amat que “la monarquía ha quedado aparejada al mantenimiento de
la unidad de España. En pocos minutos –en referencia a la intervención
de don Felipe
del 3 de octubre- la razón de Estado se instala en el comedor de casa y
la gestualidad del monarca proclama que no habrá piedad para los
rebeldes”.
Al margen del tremendismo efectista de esa última expresión,
llama poderosamente la atención que determinada clase intelectual pueda
siquiera sospechar que el Jefe del Estado pueda situarse en una posición
distinta a la defensa de la permanencia y la integridad territorial del
Estado que es, precisamente, una de sus misiones constitucionales.
Fernando Savater, por el contrario, ha elogiado en 'Contra el
separatismo' que el jefe del Estado no pronunciase en ese discurso la
palabra “diálogo”. Y el filósofo donostiarra tiene razón. Aquello no iba de tender puentes –todos volados por los secesionistas- sino de salvar al Estado.
Ayer, el profesor García Fernández –catedrático de Derecho
Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid- escribía en 'El
País' un acertado artículo titulado 'La Corona y la Constitución' en el que afirma que “en 2017 no se hubiera entendido el silencio del monarca ante
los hechos de Cataluña”, y sostiene que la intervención del Rey en
octubre “estaba justificada y su contenido material, con el refrendo
presunto del Gobierno, era lo propio de quien simboliza la unidad del
Estado y tiene que guardar y hacer guardar la Constitución”.
Pues bien:
el mensaje de la noche del día 24 de diciembre
–el cuarto del actual Jefe del Estado- fue una clara continuidad del
anterior de octubre, si bien en un tono diferente como correspondía a
dos circunstancias: la naturaleza tradicional del mensaje y la nueva
situación en Cataluña.
El pasado mes de noviembre, el Círculo
Cívico de Opinión, presidido por el catedrático José Luis García Delgado
e integrado por hasta tres decenas de académicos de distintas
disciplinas jurídicas y científicas –no doy nombres para no omitir
ninguno porque todos ellos son importantes- aprobó y difundió en su web
un documento imprescindible para valorar la monarquía parlamentaria en
España.
El texto se titula 'España y las otras monarquías parlamentarias
del siglo XXI'. Queda claro que la nuestra y otras siete (Bélgica,
Dinamarca, Holanda, Japón, Noruega, Reino Unido y Suecia) ofrecen
“excelentes resultados en los diferentes índices internacionales de
calidad institucional, social o económica”. Añade el estudio que “seis
de las ocho monarquías parlamentarias (entre ellas España) figuran entre
las diecinueve mejores democracias del mundo y solo se quedan rezagadas
Japón (puesto 20) y Bélgica (puesto 35), todo ello según el 'The
Economist Intelligence Unit'.
Otros índices que se manejan en el
documento –insisto, accesible en www.circulocivicodeopinion.es- acreditan que la monarquía española está entre las que mejor garantizan los estándares democráticos.
El Rey y la institución de la que es titular, según el CCO, garantiza, por una parte, el apartidismo e imparcialidad en
el juego político, y, por otra, la perspectiva de largo plazo y
estabilidad. Estas son las razones últimas por las que el
independentismo y el populismo quieren vincular el adjetivo de
“monárquico” a realidades políticas a las que combaten. Serían el
“bloque monárquico del 155”, “los partidos monárquicos” en referencia al
PP, PSOE y Ciudadanos y referencias despectivas al “régimen borbónico”.
Ocurrió ayer en la valoración del mensaje del Rey. Pablo Iglesias,
después del batacazo catalán que le vuelve a inhabilitar como táctico,
estratega y dirigente serio, tuiteó contra el mensaje del monarca en
parecida línea –al menos convergente- con la de los independentistas.
Populistas y separatistas saben que la Corona es un contrafuerte del sistema democrático,
no sometido a vaivenes e inestabilidades, que recaba la mayoritaria
adhesión de la sociedad española y que este Rey –muy concretamente
Felipe VI- ha incrementado la reputación de la institución, su persona
es respetada y sus gestos y palabras consideradas.
Pronto podrían conocerse sondeos que pondrán en valor que el esfuerzo de
rigor en el ejercicio de la más alta magistratura del Estado por Felipe
VI está siendo percibido por los ciudadanos. De ahí que
independentistas –con la inevitable ayuda de la ambigüedad oportunista
del PNV- y populistas 'pablistas' y similares hayan emprendido contra la
monarquía una particular cruzada que tiene su
epicentro en el fracasado 'colauismo' de Barcelona cuya alcaldesa se ha
dedicado a una especie arrasamiento de los vestigios monárquicos de la
ciudad.
Están irritados, no solo por lo que es y representa la
monarquía, sino, además, por el perfil del rey español, el más joven de
Europa que supo conducirse constitucionalmente tanto el 3 de octubre
como el 24 de diciembre, haciéndose así con las riendas de la
institución e infundiendo confianza en ella.
(*) Periodista y ex director de Abc
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