MURCIA.- Desde la Secretaría de Derechos Sociales y de la Ciudadanía de
Podemos Región de Murcia han denunciado hoy que la Región se
encuentra a la cola en prestación de servicios sociales, con una
puntuación de 3,40 sobre 10, mientras que el PP aprueba con la
colaboración de C's, unos presupuestos para 2018 donde las ayudas a
dependencia "vuelven a recortarse hasta un millón y medio de euros".
La
Secretaria de Derechos Sociales y de la Ciudadanía en Podemos Región de
Murcia, María Marín, ha recordado que a raíz de la Ley Montoro, que
reformó la Ley 7/1985 que regulaba las Bases del Régimen Local, los
Ayuntamientos, siendo la administración más cercana a la ciudadanía han
perdido sus capacidades y han sufrido un desmantelamiento de sus redes
de Servicios Sociales Municipales".
Ésto, según Marín, ha incido en la
desaparición de programas de índole municipal en clara conexión con los
servicios sociales como por ejemplo, programas de integración social, o
los propios servicios de Ayuda a Domicilio.
A esta carencias en
las corporaciones locales, ha argumentado María Marín, hay que sumar que
el Gobierno regional "sacó este pasado mes de Septiembre del cajón a la
Renta Básica, tras tenerla guardada 10 años" y a día de hoy "aún no
sabemos a cuanta gente va a ir destinada".
En lo que respecta al
desarrollo de la Ley de Dependencia, la Secretaria de Derechos Sociales
de Podemos Región de Murcia ha denunciado las dificultades económicas
que suponen para muchas personas poder acceder a las plazas de las
residencias concertadas, cuando además las de las residencias públicas
escasean.
Así, ha afirmado, "las demoras en la asignación de una plaza,
unido al encarecimiento de las plazas en residencias concertadas, hace
que muchas personas que precisan de esta asistencia no vean sus
necesidades cubiertas"
Desde la Secretaría de Derechos Sociales y
Ciudadanía de Podemos en la Región de Murcia se ha exigido al Gobierno regional que se implique de forma inmediata con las miles de familias
que se encuentran en esta situación, dependencia, y vulnerabilidad
social, cuyos derechos sociales han de hacerse efectivos en tiempo y
forma, y ha finalizado afirmando que si un gobierno no es capaz de
gestionar y realizar políticas públicas para proteger los derechos
sociales de la ciudadanía, para qué sirve ese gobierno.
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