El debate de la necesidad de reformar la Constitución se ha situado
conjuntamente con el proceso fallido en Cataluña y con el mantenimiento
del sistema de cupo para las Haciendas forales.
Al mismo tiempo el candidato del PSC, Miquel Iceta ha presentado una
propuesta de asunción por Cataluña de la gestión de todos los impuestos
sobre los que hoy tiene competencia la Agencia Tributaria del Estado.
Un
auténtico disparate equivalente al que pretende apagar un fuego con
gasolina, producto de la condición eutrapélica del proponente que se
bambolea intentando recuperar el sitio histórico del PSC-PSOE en
Cataluña.
Sin duda, demasiados componentes para cocinarlos todas en una olla
bajo el nombre de reforma de la Constitución. Una proclama declarativa y
generalista, es necesario reformar la Constitución dicen, sin que el
declarante presente un índice de cuestiones concretas en el texto
normativo sobre las que debatir.
Para apoyar la tesis se dice que las generaciones jóvenes están
alejadas de la Constitución y que no se consideran protagonistas ni
integrados en el texto constitucional que se aprobó en una España que ha
cambiado mucho. Hay en definitiva una corriente de opinión que quiere
hacer desmerecer la Constitución acudiendo a tópicos y metáforas, como
la que mantiene que le afecta “una fatiga en los materiales
constitucionales”.
La experiencia internacional demuestra que los países que tiene más
estabilidad son los que eluden un proceso de revisionismo permanente de
su estructura constitucional, escrita o no escrita. Y que el
aggiornamiento de las normas constitucionales se puede realizar con
éxito mediante la interpretación de los Tribunales que siempre deben
interpretar las normas de acuerdo con la realidad del tiempo en que han
de ser aplicadas. Rotundamente 40 años de Constitución no son nada.
En el banco de pruebas, el temido y recelado articulo 155, ante el
desafío de los secesionistas catalanes, ha demostrado que no hay fatiga
de materiales y que un sistema normativo abierto y no opresivo, permite
actuar con diferentes intensidades y políticamente con eficacia, como lo
ha hecho el Gobierno de Rajoy.
En el diario ABC del domingo se recogen las declaraciones de
Albert Rivera reiterando que considera necesaria la reforma
constitucional y de Tomas Ramón Fernández, catedrático de gran
prestigio, que firma un artículo bajo el titulo, “Una reforma
necesaria, pero limitada”.
Este es el único método posible en el estado actual de la política
española.
El Consejo de Estado tiene un dictamen emitido hace años que
determina, desde una perspectiva estrictamente jurídica, los artículos
del texto constitucional que deberían ser reformados. Junto a estos
artículos, podría haber un índice pactado por los partidos políticos de
las cuestiones a estudiar y negociar sobre las que concurra un acuerdo
de amplia mayoría para su reforma.
Sin embargo, pensar que este método básico y primario en toda
negociación puede ser una realidad, me parece una entelequia en los
tiempos actuales de la política española. Hay que ser muy ingenuo para
afirmar que la simple estructura federal, o la mención específica de las
Comunidades históricas, o una delimitación más exhaustiva de la
distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades, o la
integración del modelo financiero territorial en el texto
constitucional, pueden ser el vademécum que resuelva todos los problemas
y conflictos. Desde el secesionismo catalán, hasta la paz con la
Hacienda estatal en la financiación autonómica.
Hoy, aquí en España, la apertura de un proceso de reforma de la
Constitución, acotada o no acotada, empieza con una revisión de la
monarquía constitucional y continúa con la pretensión de incorporar el
derecho a decidir. Y lo que se planteará será una nueva Constitución.
Albert Rivera propone la reforma del sistema electoral y es cierto
que nuestro sistema produce distorsiones en la traducción entre los
votos y la representación otorgada. Sin embargo, sería posible algunas
correcciones desde la Ley Orgánica que regula el sistema electoral y hay
que afirmar la bicameralidad ha demostrado que permite una gobernanza
en minoría en el Congreso con estabilidad política.
En conclusión, señores representantes del pueblo. Trabajen ustedes en
ponerse de acuerdo, abandonen el maximalismo y opten por el sentido
común. Nos irá mucho mejor a los ciudadanos.
No olviden que el texto constitucional permite diferentes lecturas, lo que es un valor en sí mismo.
(*) Abogado y Registrador de la Propiedad
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