MURCIA.- "Los presupuestos regionales de 2018 en materia de política social no
están en consonancia con la situación de pobreza creciente en la Región
de Murcia". Así de tajante lo manifiestan desde IURM-Verdes, quienes
opinan que los presupuestos, tanto de la Consejería de Familia e
igualdad de oportunidades como del IMAS, en sus diferentes colectivos y
secciones, son continuistas con respecto a años anteriores a pesar de la
leve subida generalizada que presentan y evidencian que para el
gobierno regional la política social continúa siendo un gasto y no una
inversión.
Afirman que el creciente aumento de la situación de pobreza y
exclusión de la población, así como el empeoramiento social y económico
de las condiciones de vida de los murcianos y murcianas, situándonos en
tasas de pobreza por encima de la media nacional que rozan el 40%, son
motivo más que suficiente para que esta consejería hubiera experimentado
un aumento mucho mayor, tanto por los largos años de recortes brutales
que ha sufrido durante la crisis, como por la falta de inversiones
sociales de los últimos tiempos.
La crítica se fundamenta al "escudriñar" las asignaciones
presupuestarias de los diferentes servicios y prestaciones. De tal
forma, las transferencias para prestaciones básicas a servicios sociales
municipales de los ayuntamientos se mantienen en el nivel más bajo de
los últimos años, tras los mayores recortes sufridos.
De igual forma, entre las ayudas dirigidas a colectivos
desfavorecidos se encuentran las destinadas a las corporaciones locales
para la lucha contra la pobreza energética, cantidad que asciende a un
millón de euros para el conjunto de la región, lo que califican desde
IU-Verdes como ridículo teniendo en cuenta el panorama social antes
descrito y tantas veces denunciado por ONG,S y formaciones políticas
como la nuestra.
En cuanto a las personas mayores y a las personas con discapacidad,
desde la formación de izquierdas manifiestan que las mayores inversiones
se producen en subvencionar a entidades del tercer sector a través de
convenios y/o conciertos, obteniendo en algunos casos mayor financiación
que los propios centros de servicios sociales y demostrando una vez más
la falta de iniciativa del gobierno regional para implementar servicios
sociales públicos desde la administración regional, optando de nuevo
por la externalización de servicios tan básicos y necesarios como los
centros residenciales, centros de día, estancias diurnas,
teleasistencia, ayuda a domicilio, etc.
En cuanto a la dependencia, se evidencia la tendencia del gobierno de
Murcia de hacer norma de la excepción, apostando por las ayudas
económicas para el cuidado de familiares dependientes por encima de la
inversión en servicios, al contrario de lo que contempla la propia ley,
destinando 59 millones de euros a este concepto, al tiempo que no está
prevista ninguna partida presupuestaria para la creación de nuevos
recursos sociales vinculados a las personas dependientes, ni públicos ni
privados.
En lo referido a las ayudas, manifiestan nuevamente la evidencia de
la continuidad en la línea política y califican de vergonzosas las
cantidades contempladas en ayudas especialmente importantes como los
programas de inserción que apenas alcanzan los 400.000 euros en un
contexto de preocupante crecimiento de la exclusión social y la pobreza;
las ayudas individualizadas a personas mayores, que rondan el medio
millón de euros (a pesar del envejecimiento de la población, de la
feminización de la pobreza, de tener las pensiones más bajas del país y
por ello, del empobrecimiento de las personas mayores) o la propia
renta básica de inserción, que, a pesar del incremento que ha
experimentado, continúa siendo insuficiente para cubrir las necesidades
básicas de un amplio sector de la población que no puede vivir en
condiciones dignas.
Por último, en cuanto a las políticas de igualdad del gobierno de
López Miras, desde IURM-Verdes destacan que son claramente
insuficientes, de hecho, no solo no tienen prevista ninguna subida, sino
que incluso el presupuesto para 2018 es algo menor con respecto al
ejercicio anterior y en cualquier caso, muy por debajo de los casi cinco
millones y medio de 2010 y sin contemplar la recuperación del
desaparecido Instituto de la Mujer de la Región de Murcia.
Tampoco la prevención de la violencia de género parece ser una
prioridad para el gobierno regional, ya que el incremento de 246.000
euros con respecto a 2017, situándose en un total de 2.444.433 en 2018
queda muy lejos de los 10.733.195 de 2009 o de los 7.818.981 de 2012,
poniendo de manifiesto una vez más donde se han producido los mayores
recortes.
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