MURCIA.- El presidente de la Fundación Desarrollo de las Escuelas Cristianas, sociedad impulsora en Murcia del colegio San Antonio de Padua y de la guardería Jesús Niño, será juzgado a partir del próximo martes en la Audiencia Provincial de Murcia. José S.B. está acusado, junto a su esposa Rosalía D. H. y su hijo David S., de presuntos delitos de estafa, alzamiento de bienes y presentación de estado contable alterado.
La Fiscalía, en su escrito de conclusiones
provisionales, solicita para cada uno de ellos siete años y medio de
prisión por estos delitos, además de dos multas de 4.500 y 3.000 euros.
Este procedimiento judicial parte de la demanda de la constructora
Prehorman S.L., que llevó a cabo las obras del centro docente, y a la
que la Fiscalía pide que abonen una deuda de 2,7 millones de euros.
Esta familia, según sostiene el Ministerio Público, creó una
serie de sociedades «con la finalidad de diluir las responsabilidades a
las que su posterior actividad económico-empresarial pudiera dar
lugar». De esta manera, a la puesta en marcha de la Fundación Desarrollo
de Escuelas Cristianas le siguió la de las sociedades Globalis
Desarrollo Educacional, Colegio San Antonio de Padua S.L., y Guardería
Jesús Niño S.L.
Según subraya el fiscal, el objetivo
inicial de la fundación era conseguir del Ayuntamiento de Murcia la
cesión del derecho de superficie necesario para la construcción del
citado colegio y guardería en el barrio de La Flota para los que reunía
especiales méritos al ser una entidad sin ánimo de lucro. La Junta de
Gobierno municipal atribuyó a la entidad los derechos de superficie en
marzo de 2006 -una decisión que posteriormente se revertió-.
Una
vez obtenidos esos derechos, sostiene el Ministerio Público, la
fundación, controlada por José, los cedió en usufructo durante 50 años a
Globalis, constituida por el resto de la familia, «produciéndose una
descapitalización de hecho de la fundación buscada de propósito». De
esta manera, explica el fiscal, la gestión y explotación del colegio y
la guardería se harían por Globalis.
En este estado de
cosas, en mayo de ese año, el principal acusado, en nombre de la
fundación, contrató con Prehorman S.L. la construcción del colegio. El
fiscal subraya que a la empresa no se le advirtió de que era Globalis y
no la fundación la que dirigía la construcción del mismo y, por tanto,
esta facturó a la segunda. Poco después, esta se declaró en concurso de
acreedores.
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