LORCA.- El portavoz del Grupo Municipal de IU-Verdes en Lorca, Pedro Sosa, ha apelado a
la igualdad ante la ley -en especial ante la tributaria- para reclamar
que la Iglesia Católica pague el IBI, "como mínimo de las propiedades no
dedicadas a funciones de carácter social o pastoral, sino a negocios".
El edil ha señalado la importancia de poner fin no sólo a la posible
"competencia desleal" que pudiera estarse produciendo por el uso
comercial de inmuebles eclesiásticos, sino que "los lorquinos tienen
derecho a conocer qué cantidad está dejando de percibir su Ayuntamiento
por unas exenciones que podrían estarse dedicando a inversión pública y
no a fomentar negocios del clero".
"Si sus propiedades están orientadas
a la obtención de beneficios, que paguen como todo el mundo", señaló
Sosa, para quien el equipo de gobierno municipal tiene la obligación de
"ofrecer información pública" en aras de la transparencia de la
administración local.
Pedro Sosa recordó que el acuerdo entre el Estado español y la Santa
Sede sobre asuntos económicos, de 1979, establece que la exención total y
permanente de los impuestos no alcanzará a los rendimientos que la
Iglesia pudiera obtener por el ejercicio de explotaciones económicas ni a
los derivados de su patrimonio, cuando su uso se halle cedido.
Así se
establece también en una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea (TUE) que, el pasado mes de junio, dictaminó que la exención
fiscal sobre impuestos municipales en este caso el ICIO de que disfruta
la Iglesia Católica en España puede ser una ayuda de Estado "ilegal" si
las actividades ejercidas tienen naturaleza económica.
En dicha sentencia, que tiene su origen en un litigio entre un
colegio de padres escolapios y el Ayuntamiento de Getafe, la Gran Sala
del Tribunal recuerda que "constituye una actividad económica toda
actividad consistente en ofrecer bienes o servicios en un mercado
determinado" y que "el hecho de que la oferta de productos y servicios
se haga sin ánimo de lucro no obsta para que la entidad que efectúa
tales operaciones en el mercado deba ser considerada una empresa cuando
dicha oferta compita con las de otros operadores con ánimo de lucro".
"Es importante que el Ayuntamiento fiscalice las propiedades no
dedicadas a fines religiosos, como viviendas, aparcamientos o locales
comerciales para velar por los principios constitucionales de laicidad
del Estado y de igualdad, y para que Hacienda seamos, de verdad, todos",
concluyó Sosa.
Izquierda Unida-Verdes llevará un ruego al próximo Pleno Municipal para
que en el portal de Transparencia del Ayuntamiento se publique la
relación de bienes inmuebles, urbanos y rústicos exentos de Impuesto de
Bienes Inmuebles (IBI) indicando cuantía, titular -exceptuando personas
físicas- y la norma legal en la que se ampara la medida.
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