La acusación popular pide nueve años de prisión para PAS por el 'caso Púnica'

MURCIA.- La acusación popular de la rama murciana del caso Púnica ha solicitado la apertura de juicio contra el expresidente Pedro Antonio Sánchez, para el que piden nueve años de prisión, y su asesor David Conesa, al magistrado que instruye el caso en el Tribunal Superior de Justicia de Murcia.

Según el escrito de acusación, la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE) y el PSOE -que intervienen como acusación popular acumulada- solicitan al magistrado que abra juicio contra ambos, acusados por los presuntos delitos de fraude y cohecho.
La acusación pide que testifiquen en el juicio, entre otros, el empresario Alejandro de Pedro, considerado cabecilla de la trama Púnica; la senadora del PP y exalcaldesa de Cartagena Pilar Barreiro; su antecesor, José Antonio Alonso, y personal que trabajaba para ellos, imputados todos en el caso. Además, solicita distintas pruebas documentales recabadas durante la investigación.
El magistrado instructor del TSJ de Murcia, Enrique Quiñonero, denegó esta semana la solicitud de las dos fiscales anticorrupción personadas en las actuaciones para que el expresidente Pedro Antonio Sánchez fuera juzgado por un jurado popular.
En este caso se investiga si Sánchez, en sus tiempos de consejero de Educación, y su entonces asesor, David Conesa, pudieron incurrir en algún ilícito penal en las conversaciones mantenidas para concertar un convenio de mejora de imagen que finalmente no se suscribió.
Para el instructor, no procede transformar el procedimiento abreviado en un proceso a seguir por la ley del Jurado como habían pedido las fiscales tres meses después de que Sánchez declarara en esta causa. 
El diario El País ha tenido acceso al escrito de ADADE, en el que se revela cómo la investigación del juez Eloy Velasco desveló los tejemanejes de Pedro Antonio Sánchez para "limpiar" su imagen en las redes sociales con dinero público. Una imagen que se había ensuciado por "diversas noticias negativas" que colocaban al expresidente en el ojo del huracán de la corrupción urbanística. 
ADADE asegura que "con la ayuda" de Conesa, y la inestimable colaboración de la alcaldesa por aquel entonces y actual senadora popular, Pilar Barreiro, alcanzó un acuerdo con De Pedro para realizar trabajos "de carácter privado en Internet y redes sociales" que serían facturados "bajo conceptos y con dinero público de las partidas destinadas a la 'formación'". Esta empresa tenía el importe de 4.600 euros al mes, con honorarios de un periodista de un medio digital incluidos. Además, también incluía la creación de un portal que daría cobertura a trabajos de carácter personal".
ADADE considera a Pedro Antonio Sánchez autor de delitos de fraude y cohecho, para los que la acusación pide una condena de cuatro y cinco años de prisión respectivamente. Mientras tanto, piden cinco años de prisión a David Conesa Ferrer, su colaborador, por los mismos delitos. Cabe señalar que la pieza se separó del sumario que instruye la Audiencia Nacional como consecuencia de la condición de aforado del expresidente.