No es un juego de palabras. Es una
realidad objetiva. La Generalitat es el Estado y su presidente su más
alto representante en Cataluña. El Estado se ha dado un golpe a sí
mismo. Es golpista y víctima del golpe al unísono. Es el círculo vicioso
de la más profunda deslegitimación. El Estado ha dejado de existir en
España, substituido por una partida de la porra y una partida corrupta,
para más precisión.
Porque
un golpe de Estado es. En toda regla. Ya lo anunciaba ayer en Bruselas
José Borrell, hombre perspicaz. Solo que se equivocaba de sujeto actor.
Se lo atribuía al independentismo catalán en estilo flamígero: en Cataluña hay un golpe de Estado de un régimen neodictatorial.
Mira por dónde, el golpe lo asesta el gobierno central. Pero no haya cuidado, el mismo Borrell considera que la intervención militar
(la Guardia Civil es civil y militar) de Cataluña es un acto de
justicia, coincidiendo en ello con el nuevo BOE del gobierno/oposición
"sensata" en su titular: La justicia desmonta la organización del referéndum ilegal en Cataluña.
La justicia, tómese nota. No un juez que va por libre, un fiscal
aficionado a amenazar, unas fuerzas de seguridad que actúan
discrecionalmente sin orden judicial, no un gobierno dispuesto
literalmente a todo con tal de ocultar su incompetencia y su corrupción
ambas a extremos alucinantes; a todo y sin pedir permiso ni autorización
a nadie. No un gobierno que se ha situado fuera de la ley al suspender
de hecho los poderes legítimos de la Generalitat sin respaldo
parlamentario alguno. La justicia.
Ese
golpe de Estado ha echado al pueblo catalán a la calle. Y también a sus
parlamentarios en Madrid, que han abandonado el Congreso entre gritos
de que no vuelvan. La situación se ha crispado mucho y es obvio que el
gobierno prevé mayor crispación y algo peor pues tiene atracados en el
puerto de Barcelona dos barcos italianos con 4.000 policías antidisturbios y el correspondiente material.
Claramente se prevén (si es que no se tiene intención de provocar)
alteraciones mayores del orden público. Al fin y al cabo, este gobierno
siempre ha sostenido que la "cuesión catalana" no es un problema
político sino de orden público: policías, jueces, fiscales, cárceles.
Diálogo.
De
momento, la autonomía de Cataluña ha sido suspendida de hecho por un
acto ilegal de forma y probablemente de fondo. Queda por averiguar qué
opinan al respecto quienes dicen oponerse al referéndum por ilegal. ¿Se
combate la ilegalidad con la ilegalidad? ¿Desde cuándo?
Con
el pueblo catalán en la calle en todas partes, la visibilidad
internacional se ha disparado. La represión en Cataluña abre todos los
periódicos y noticieros de televisión. Todas las miradas puestas en lo
que sucede en las calles de muchas ciudades catalanas. Diez días de
tensión. Sembrados de auténticas provocaciones al sentimiento de un
pueblo que, de modo democrático y pacífico, ha estallado. No teniendo
ninguna otra respuesta la derecha del gobierno que la represión, la
escalada del conflicto va de seguro. Las provocaciones no cesan: el referéndum no se va a celebrar, eviten males mayores,
dice Rajoy, el presidente del partido de la Gürtel. Provocaciones y
amenazas. Las amenazas del matón y el maltratador: no me obligues a
pegarte más. Este es el nivel.
Están
cometiendo el mismo error que cometieron al comienzo del proceso:
minusvalorar la fuerza, la cohesión, la capacidad de movilización del
independentismo. Hasta que este les puso ante un plazo definitivo:
dieciocho meses de hoja de ruta. 18 meses que el nacionalismo español
(de derecha, izquierda y ni fu ni fa) aprovechó para enredarse en
politiqueo parlamentario e ignorar, como siempre, a Cataluña. Ahora ya
no hay tiempo.
El PSOE -si alguna vez se tomó en serio la cuestión- ha
abandonado toda intención de intervenir y proponer soluciones y pliega
banderas bajo las de la derecha. Los otros, los de la "verdadera
izquierda", siguen atrapados en su ambigüedad. Pronunciarse por un
referéndum pactado es una nadería aunque en España parezca algo audaz.
La cuestión es si también se apoya un referéndum no pactado, pues es
bastante obvio que no hay otra posibilidad. Hasta la fecha no está
claro.
El propósito del gobierno parece ser reventar las costuras del referéndum preventivamente aunque para ello sea preciso saltarse la ley. De ahí el interés en prepararse preventivamente
para una escalada cuyo impacto en la opinión internacional va a ser
tremendo. ¿Por qué? Porque va a dirigirse contra una movilización
masiva, permanente, democrática y pacífica. Incrementar la represión
sobre estas manifestaciones abre la vía a la desobediencia cívica,
siempre pacífica, siempre no violenta. Las imágenes de manifestantes
alegres y nada agresivos siendo disueltos por la violencia o arrastrados
por policías armados hasta los dientes son fáciles de visualizar.
Es
inútil, al parecer, insistir a la oposición sobre todo la socialista,
para que reflexione hasta que extremos puede llegar una política
puramente represiva. Es obvio que le da igual. Pero, al menos, podía
plantearse una pregunta: ¿cree que la represión arreglará algo? ¿Cree
que va a aumentar el peso electoral de los unionistas en Cataluña? ¿Cree
que los gobernantes catalanes o quienes les sucedan van a renunciar a
la reclamación de un referéndum de autodeterminación? Si lo creen, nada
que decir. Sigan y estrellénse con el referéndum. Si no lo creen, ¿por
qué no detienen esta deriva tan peligrosa y hacen por negociar un
referéndum pactado?
En
fin, una política de una irresponsabilidad inconcebible ha llevado a
esta situación en que el pueblo catalán se ha puesto en pie por su
dignidad.
¿Qué quieren ustedes, caballeros? ¿Que claudique?
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED
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