Con decenas de ciudades y pueblos de Cataluña tomados por
manifestantes gritando que tienen que votar en el Referéndum del 1 de
octubre y dando la bienvenida a todo el mundo con pancartas a la
Republica de Cataluña, (“Welcome to Catalonia Republic”), el presidente
del Gobierno, Mariano Rajoy, ha comparecido en el Palacio de la Moncloa,
tras una tensa jornada en la que, donde por primera vez se ha han
registrado varias consejerías de la Generalitat y se ha producido
catorce detenciones, para tranquilizar al país y dar garantías de que
bajo ningún concepto se celebrara ningún tipo de Referéndum ilegal.
En
su intervención ha dicho que se reserva todas las medidas para poder
actuar, le ha pedido al presidente de la Generalitat que renuncie al
Referéndum para “evitar males mayores” y que cada ilegalidad tenga una
respuesta firme y proporcionada.
Esa ha sido la fría respuesta presidencial al movimiento que se ha
producido este miércoles en Barcelona con el registro de varias
consejerías de la Generalitat, la detención de 14 personas que formaban
parte del núcleo duro organizativo del Referéndum declarado ilegal por
el Tribunal Constitucional y la salida de miles de ciudadanos a la
calle. Todo eso constituye un punto de inflexión en la situación
catalana que ya ha tenido consecuencias inmediatas con la ocupación
pacífica de calles y plazas en Barcelona y en numerosos pueblos de
Cataluña, reclamando el Referéndum y protestando por lo que dicen que es
un “golpe de estado ” contra la Generalitat y las Instituciones
catalanas.
Un “golpe de estado” al que se quiere responder con
movilizaciones que han comenzado este miércoles y que se mantendrán
activas hasta el mismo 1 de octubre, día de un Referéndum para el que no
hay papeletas, ni censo electoral, ni urnas.
El movimiento de este miércoles, ordenado a la Guardia Civil, no por
el Gobierno, sino por el juez titular del Juzgado número 13 de Barcelona
Juan Antonio Ramirez Sunyer, para que se procediese a la detención de
una docena de personas de varias consejerías relacionadas con él
ilegalizado Referéndum ha ordenado este miércoles a la Guardia Civil
detener a una docena de personas, entre ellas varios altos cargos de la
Generalitat. Es. El mismo juez que investiga una denuncia del partido
político Vox sorteando la investigación del referéndum que ya está en
manos del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) y sin
consultar a la Fiscalía.
Este juez, de hecho, mantiene desde hace meses el secreto de sumario
de la investigación. El caso se abrió a raíz de las controvertidas
declaraciones del entonces senador de ERC, Santi Vidal, en las que en
nombre del Govern se jactaba de estar preparando el 1-O, incluso con
ilegalidades como disponer de datos fiscales de los ciudadanos. Vidal,
que además estaba redactando la nueva Constitución catalana, tuvo que
dimitir a raíz de la polémica y poco después, tras la denuncia de un
ciudadano, se abrió la causa, que por orden de reparto cayó en el
juzgado de instrucción 13.
La orden del juez este miércoles se ha cursado de oficio, es decir,
sin pedir un informe a la Fiscalía para que el ministerio público
valorara las detenciones y los registros. Fuentes de la Fiscalía General
del Estado han explicado que a la Fiscalía de Barcelona el único
documento del juez que le ha llegado es el auto en que el magistrado
ordenaba a la Guardia Civil una docena de detenciones y nueve entradas y
registros en consejerías de la Generalitat, entes dependientes del
Govern y una nave industrial.
El Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña (TSJC) ha ratificado que las actuaciones de hoy se han dado
dentro de la investigación abierta por el juzgado de instrucción número
13, que estudia si se han producido los delitos de desobediencia,
prevaricación y malversación.
Sorprendentemente, estas decisiones judiciales han sido presentadas
por los independentistas y por muchos miembros de la propia Generalitat,
como un “golpe de estado” (cuando el auténtico Golpe de estado se
produjo con la ilegal aprobación en el Parlamento catalán de la Ley del
Referéndum y la de ruptura con España los días 7 y 8 de septiembre),
como un estado de excepción y una suspensión del autogobierno y como
Puigdemont dixit, obedeciendo al traspaso de una línea roja que le
separaba, hasta ahora, de regímenes totalitarios hasta convertirse ” en
una vergüenza democrática”. Un paso más, también, en ese enfrentamiento
que cada día que pasa, mas complica la situación.
(*) Periodista y economista
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