Frío discurso del presidente del Gobierno Mariano Rajoy y ausencia de
contundentes decisiones ‘ejecutivas’ ante la gravedad de la situación
en Cataluña y el creciente desafío al Estado del Gobierno de la
Generalitat. El que preside Carles Puigdemont sentado en el delito de
‘sedición’ sin que el Gobierno o el Tribunal Constitucional actúen
contra los responsables del golpe de Estado catalán. Los que se han
atrincherado detrás de una muralla de manifestantes a los que pretenden
enviar a una batalla campal de orden público donde no se pueden excluir
actos de violencia.
Está muy bien la actuación de los jueces y la fiscalía para desmontar
todo el equipo del vicepresidente Oriol Junqueras que preparaba el
referéndum y confiscación de papeletas y documentos para la
celebración de la consulta del 1-O, lo que prueba que los servicios de
inteligencia están acertando por más que aún les queda por descubrir e
incautar las urnas y copias del censo.
Y está bien que el presidente Rajoy explique y defienda la aplicación
de la Ley en Cataluña en defensa del Estado de Derecho y la
Constitución. Pero ayer noche se esperaba mucho más de Rajoy porque los
jefes del golpe de Estado catalán siguen sentados en las instituciones
que el Estado tiene en Cataluña violentando la legalidad y haciendo
llamamientos a la rebelión popular sin que nadie los saque de las
instituciones.
Y vamos a recordar las decisiones que Rajoy debe y puede tomar porque
con su estrategia de débil y ‘proporcional’ respuesta está
envalentonando a los manifestantes independentistas camino de un
enfrentamiento civil de dimensiones imprevisibles y contra el que
difícilmente se puede dar una respuesta ‘proporcional’. He aquí algunas
de las decisiones ‘ejecutivas’ que Rajoy debe y puede tomar:
-El Tribunal Constitucional, a petición del Gobierno o ‘de oficio’ y
en cumplimiento del artículo 92 de la Ley del propio TC, debe proceder a
la ‘suspensión’ inmediata del presidente de la Generalitat y su
gobierno, así como a la de la presidenta del Parlament y los miembros de
la Mesa de la Cámara que la apoyan.
-El Gobierno de Rajoy, ante la pasividad de los Mossos de Escuadra
que incumplen la orden de la fiscalía de investigar e impedir el
referéndum, debe activar la Ley de Seguridad Nacional para poner a los
Mossos bajo el control directo del ministerio de Interior.
-El Gobierno, a ser posible con el apoyo del PSOE y C’s, debe
requerir a Puigdemont que acate de inmediato la legalidad y en el caso
contrario convocar el Senado para activar el artículo 155 de la
Constitución que permitirá al Ejecutivo suspender la autonomía catalana,
cuando lo crea necesario y en la medida y proporción que lo considere
oportuno.
-La Fiscalía del Estado que ha imputado al gobierno catalán y a
quienes le apoyan los delitos de ‘desobediencia, prevaricación y
malversación’, deben ampliar sus acusaciones a los delitos de ‘sedición’
–por el claro tumulto que acompaña a los rebeldes- y ‘revelación de
secretos’ –por uso de bases de datos para el referéndum- y si se
producen incidentes violentos también al delito de ‘rebelión’.
Si el Tribunal Constitucional, el Gobierno y la Fiscalía no actúan en
este sentido en las próximas horas se van a equivocar una vez más
porque si se llega a la fecha del 1-O con Puigdemont en la Generalitat y
Forcadell en el Parlament lo más probable es que Puigdemont a partir
del 1-O proclame la independencia de Cataluña desde ¡la presidencia de
la Generalitat! Y a partir de ahí Dios dirá, porque no basta con
suspender el referéndum, hay que restituir la legalidad y el orden
constitucional.
(*) Periodista y editor de www.republica.com
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