MURCIA.- El que fuera presidente del Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (Adif) entre enero de 2013 y noviembre de 2016, Gonzalo
Ferre, ha sido llamado a declarar el 21 de septiembre como investigado
por el fraude millonario en el tramo del AVE entre Crevillente y la capital murciana.
Así se recoge en una providencia del Juzgado de Instrucción tras
recibir un informe elaborado por la Guardia Civil en el que, entre otros
documentos, se recoge la declaración prestada por este expresidente de
Adif el pasado 6 de julio en dependencias de la Benemérita en Murcia.
El
acta de su declaración señala que al comienzo del interrogatorio los
agentes le preguntaron si tuvo conocimiento del informe elaborado por
una empresa de asistencia y control de las obras de reposición de
regadíos afectados por el citado tramo del AVE, en el que se recogían
presuntos "desvíos millonarios" en la ejecución de las mismas.
Ferre
aseguró entonces que tuvo conocimiento de la presentación de ese
informe en agosto de 2016 y que, cuando fue informado de ello por su
gabinete, "dio instrucciones al personal del mismo para que lo
entregasen por el registro de Adif y que se le diese cuenta a la Guardia
Civil".
Y añadió que esas instrucciones las comunicó de forma
telefónica, ya que se encontraba entonces de vacaciones, "pero que le
constaba que se dio curso a las mismas y que fueron transmitidas por su
gabinete a la nueva directora general de Adif, Isabel Pardo de Vera".
Durante
su declaración, dijo que no había tenido ninguna relación con uno de
los principales imputados, el ingeniero del Juzgado Privativo de Aguas
de Orihuela José Manuel Fernández Pujante.
Aseguró que
tampoco conocía que el igualmente investigado José Luis Martínez Pombo,
que fue jefe de infraestructuras de la empresa en Levante, organizaba
unas "fiestas temáticas" con contratistas de la misma.
Finalmente, aseguró que no había recibido recompensa o dádiva alguna de las empresas presuntamente implicadas en el fraude.
La
entrega de 'mordidas' fue reconocida por el jefe de la empresa
subcontratista de los trabajos, Juan Ortín, que declaró haber dado
importantes cantidades de dinero al citado Fernández Pujante y a un
hermano de este, también investigado en el caso.
El fraude se habría cometido mediante la emisión de facturas supuestamente falsas o sobredimensionadas.
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