SAN SEBASTIÁN.- La caja de ahorros guipuzcoana Kutxa negó haber reclamado al Grupo Hispania el dinero invertido hasta ahora en el proyecto urbanístico La Zerrichera de Águilas (Murcia) y precisó que "los pagos comprometidos por la compra de los terrenos están supeditados al cumplimiento de determinados hitos urbanísticos".La Caja de Ahorros Gipuzkoa-San Sebastián, Kutxa, es propietaria de los terrenos de este proyecto, que preveía la construcción de más de 3.000 viviendas, un hotel de lujo y un campo de golf, aunque la recalificación y urbanización de la finca han sido suspendidas cautelarmente por la justicia desde el pasado mes de septiembre.
La Administración regional de Murcia también ha paralizado el proyecto a la espera de lo que determine el Plan de Gestión y Conservación de la zona.
Un portavoz de Kutxa reconoció a Efe que esta entidad de ahorro, propietaria al 100% de la promotora Inverlur 5005 S.A.U., hizo en octubre de 2005 un primer pago al Grupo Hispania de 23,2 millones de euros como anticipo por la compra de La Zerrichera.
Indicó que Inverlur también adquirió el "compromiso" de pagar otros 105 millones de euros más IVA por la compra de la finca, aunque a través de distintos pagos "supeditados al cumplimiento de determinados hitos urbanísticos", que "no se han producido".
Kutxa niega por tanto haber reclamado el total del importe comprometido para la compra de los terrenos al grupo inmobiliario Hispania, cuyo consejero delegado es el empresario murciano Trinitario Casanova, y asegura que está "a la espera de ver cómo evoluciona" este conflicto.
"Los proyectos urbanísticos requieren de un largo periodo de maduración", añadió el portavoz de la caja de ahorros guipuzcoana, quien no precisó el importe exacto abonado hasta ahora por esta entidad, ya que según recalcó los pagos por la compra estaban "condicionados" a que se fueran dando determinados pasos y trámites.
Kutxa rehusó opinar sobre la situación judicial de este proyecto y subrayó que es la primera vez que la caja se ve inmersa en un conflicto de este tipo, ya que en otras ocasiones ha participado en operaciones urbanísticas ya avanzadas.- (EFE)
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La reclamación presentada por el consejero delegado del Grupo Inversor Hispania, Trinitario Casanova, indica que tramitó el expediente medioambiental «precisamente de la forma en la que la Consejería de Medio Ambiente le ordenó que lo hiciera». En su largo escrito presentado ante el actual titular de Desarrollo Sostenible, Benito Mercader, el promotor añade que durante los trámites administrativos necesarios para acometer el proyecto de urbanización «se creó al Grupo Inversor Hispania una confianza legítima por la recalificación del suelo, dando lugar a varias operaciones mercantiles condicionadas a este hito urbanístico, que se están viendo seriamente afectadas».
La reclamación, que fue dada a conocer ayer en los diarios El faro y Crónica del Sureste, propiedad de Trinitario Casanova, se relata el proceso que culminó con la aprobación de la recalificación y la posterior paralización. Advierte de «los cuantiosos daños y perjuicios que está sufriendo como consecuencia del titubeante proceder de la Consejería de Medio Ambiente». Reclama a su titular que «anule» la paralización y «rectifique su cambio de criterio», a la vez que «emita un informe en el que se siga el marco jurídico y procedimiento legalmente establecido al efecto». Subsidiariamente, se reserva las acciones legales, que emprenderá si la Consejería no levanta la suspensión. De esta forma, reclamará al Gobierno regional 180 millones de euros en concepto de indemnización por los daños y perjuicios producidos.
Argumenta el Grupo Hispania que durante la tramitación «no se hizo en ningún momento mención sobre la necesidad de desarrollar un Plan de Gestión y Conservación sobre los terrenos afectados por la urbanización». Apunta que el proyecto lleva 14 meses paralizado y señala como «principal responsable» al consejero Benito Mercader, por la exigencia «del novedoso» Plan de Gestión que les ha causado «desconcierto e indefensión».
Hace constar por una parte que la Consejería solicitó un informe jurídico al despacho Abogados Garrigues sobre la modificación del plan urbano de Águilas, que niega que el Plan de Gestión tenga efectos suspensivos. En cuanto a la resolución firmada por el alcalde de Águilas suspendiendo la tramitación del plan parcial, Trinitario Casanova señala que a su empresa no se le notificó la posibilidad de interponer recurso.
Días después de producirse la decisión de la Consejería de paralizar el proyecto -mediante un oficio del director general de Calidad Ambiental, el 25 de mayo del 2006 -, Trinitario Casanova acusó al presidente Ramón Luis Valcárcel de engañarle. Le calificó de «débil» y «cobarde», a la vez que amenazó con emprender acciones legales contra el jefe del Ejecutivo por la paralización del proyecto urbanístico.
«Me siento engañado, después de tres años de haber cumplido a rajatabla todos los requisitos legales. No acepto que me engañen y me reservó emprender acciones legales contra el presidente, porque esto no es culpa de un consejero, ya que no se hace nada sin su consentimiento. Si no quieren el proyecto, me lo podían haber dicho hace cinco meses», subrayó.
En marzo de este año, anunció que pensaba interponer la demanda judicial. Ayer reclamó 180 millones de euros si no se levantara la suspensión del proyecto.
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