MURCIA.- La sala rebaja a 300 € la fianza inicial (3.000 €) impuesta por el Juzgado de Instrucción nº 3 de Murcia a ambas organizaciones para poder ejercer la acción popular en las Diligencias Previas por supuestos delitos de prevaricación, falsedad en documento oficial, negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos, tráfico de influencias y cohecho en la querella interpuesta por la Fiscalía de Murcia contra cinco altos cargos de la Comunidad Autónoma, el alcalde de Águilas y un exconcejal, por su intervención en la recalificación de suelos de La Zerrichera (LIC y ZEPA Sierra de La Almenara, Águilas, Murcia).El Juzgado había rechazado un recurso de reforma de las asociaciones, estimando ahora la Audiencia el recurso de apelación. Precisamente, la investigación del Fiscal Jefe de Murcia se inició a partir de una denuncia de Ecologistas en Acción y ANSE. Al recurso se habían opuesto algunos de los imputados (Manuel A. Guerrero Zamora, José M. Ródenas Cañada, Juan Ramírez Soto, Juan I. Sánchez Gelabert y José López Díaz), quienes pidieron la confirmación de las resoluciones impugnadas.
La Audiencia Provincial ha tenido en cuenta en la estimación parcial que el art 20.3 de la LOPJ establece que: “No podrán exigirse fianzas que por su inadecuación impidan el ejercicio de la acción popular, que será siempre gratuita”. Igualmente indica que “hay que tener presente la legitimación que en materia contencioso-administrativa se reconoce a las organizaciones cuyo objeto social es la protección del medio ambiente y la tutela de los recursos naturales”.
La Audiencia indica igualmente en su auto que “A la vista de que los hechos objeto de la investigación criminal (con independencia de la calificación jurídica que hasta ahora se haya realizado) afectan evidentemente a cuestiones medioambientales (las actuaciones imputadas a los distintos funcionarios tienen como finalidad permitir la construcción de urbanizaciones en terrenos sometidos a especial protección medioambiental), dado que las asociaciones que pretenden personarse como acusación popular tienen evidente interés propio en la materia, por ser esa la actividad específicamente prevista en sus estatutos, y atendiendo a la necesidad de facilitar su acceso a la jurisdicción,…, esta Sala considera que ha de rebajarse el importe de la fianza a la cantidad de trescientos euros”.
Los abogados de ANSE y Ecologistas en Acción podrán estar presentes de esta manera en la toma de declaraciones que se produzcan a partir de ahora a los imputados y testigos, y pedirán la comparecencia de otros cargos y entidades que han participado en la tramitación de los expedientes de recalificación de suelos que han permitido la aprobación definitiva del desarrollo urbanístico en el LIC y ZEPA Sierra de La Almenara, que permite la construcción de más de 4.000 viviendas, hotel y campo de golf dentro del espacio protegido.
(El cartagenero Pedro García, cabeza visible de ANSE)
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