Las entidades son sus funcionarios y sus políticos dirigentes, y la denostada Comisaría de Aguas del Segura (CAS) es, sobre todo, un organismo fuertemente ideológico (ultra) dedicado a amparar tropelías sobre el agua pública, lo que hacen con fruición muchos de sus funcionarios. Veamos, si no, las cuatro líneas del escrito que firma José Manuel Ruiz Sánchez, jefe del Servicio de Policía de Aguas y Cauces de esa CAS, órgano principal de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS).
Cuatro líneas de nada, y además redactadas como con desgana y por cumplir, no por obligación, no se vayan a creer, que tampoco la denuncia es para tanto: como perdonando la vida a los atrevidos ciudadanos que, desde la Asociación para la Custodia del Territorio y el Desarrollo Sostenible (ACUDE), denuncian el atentado cometido contra el río Turrilla, en las pedanías altas de Lorca, cortando su curso y bombeando el agua para consumo de las granjas porcinas del entorno.
Breves líneas, sí, pero tan enjundiosas que merecen un esfuerzo para ver si se le acaban atragantando, que lleva tiempo al mando del control de las denuncias, es decir, de la función básica de la CAS y, en definitiva, del papel antisocial y antiecológico de la CHS como un todo; y eso es mucho. Me ceñiré al análisis del estilo, o técnica redaccional empleada, porque de ahí se derivan tanto la filosofía como los objetivos del funcionario, de la CAS y de la CHS en el incontrolable agrocantón murciano.
De la técnica empleada en ese escrito, tres “reflejos” pueden observarse: la mentira, la deformación y la ocultación. La mentira en el escrito de don José Manuel pertenece al tipo “fluyente”, es decir, sobre la marcha, casi cantarina y como si fuera lo más normal del mundo: algo muy reconocible entre los funcionarios con el colmillo retorcido, existentes en todos los lugares y servicios.
Mentira es, por ejemplo, que las obras denunciadas se realizaran para “retener las aguas del manantial…”, ya que lo que hacen es cortar el flujo hídrico para absorberlo en su totalidad. Aludir al Arroyo de los Campos cuando hablamos del río Turrilla no se sabe muy bien si es por despistar o corregir un defecto (inexistente) de la denuncia, como si no supiéramos todos de qué cauce público se trata. También es falso que “desvíen parte de las aguas” del río: es todo el caudal el que se beben.
El apartado de las deformaciones de la realidad se enriquece, primeramente, con la observación de que las aguas se desvían “para usos que no se han podido determinar”, cuando lo más fácil del mundo es enterarse de a dónde van a parar esos caudales, bien siguiendo la tubería, preguntando a los vecinos o –en un extremo de arrojo administrativo–, consultando la documentación existente: tareas todas ellas que dependen de este funcionario, y que ni ha cumplido ni cumple.
Y, en segundo lugar, subrayando, con estilo insuperable, que la presa fue construida “al menos hace 50 años”, como si el tiempo transcurrido quitara validez o importancia a los hechos denunciados, o como si hace 50 años (o 100) se hubiera podido permitir a un concesionario que se adjudicara toda el agua de un río (grande o pequeño).
El oficio en cuestión deforma la realidad, por otra parte, cuando se refiere a que “las obras consisten en la reposición y acondicionamiento de la presa construida…”, ya que bloquear el libre curso de un río no puede describirse con esas palabras, que quisieran dotar de inocencia a los autores.
Oculta mucho ese escrito, que ya digo que es de circunstancias y no revela el menor celo profesional. Por ejemplo, cuando alude a los tres predios a donde van a parar esas aguas escamoteadas se guarda mucho de citar al verdadero beneficiario, el empresario Fernando Francés, o bien su empresa, Explotaciones el Francés, S. L. Y eso que cita el expediente que regula esos usos del agua retenida, APM-52/2010, en el que debería figurar la denominación a que aludimos.
Todo esto explica la filosofía. o ideología, de esta práctica funcionarial, que evidencia los esfuerzos por proteger, o castigar poco (en realidad, simbólicamente), a los grandes acuatenientes pese a sus trampas e ilegalidades, haciendo la vista gorda por costumbre. A esta “pulsión protectora” del poderoso pertenece la alusión a que la presa denunciada desvía “parte de las aguas para usos que no se han podido determinar”: es toda el agua la que se capta y va a las granjas de El Francés.
Para proteger al poderoso, las denuncias, numerosas e insistentes, se encaminan por una ruta sin salida, a veces simplemente van a un cajón/pozo sin fondo donde se pierden, ya que ni siquiera pasan a registro ni dan lugar a expediente alguno. Otras veces, los expedientes se alargan para que caduquen o se pierdan. Las denuncias procedentes de ciudadanos normales y corrientes, o de asociaciones de modesta entidad, suelen seguir ese itinerario del pozo, o cajón, negro.
Esta filosofía aparece, pues, íntimamente ligada a un objetivo que, dada la situación hidrológica e “hidrostrófica” (entiéndase: gestión catastrófica de las aguas, desde el punto de vista ecológico y ético) de la Cuenca del Segura, puede resumirse, sin miedo a errar, que es proporcionar sus aguas, con largueza y amabilidad, a empresas y personajes conocidos del negocio, al mismo tiempo que se actúa, directa o indirectamente, mediante mecanismos que llevan a la ruina o la desaparición de los pequeños regantes o propietarios, hacia los que se dirigen todo tipo de dificultades y castigos.
Curiosa es, también, la forma que adopta el “acuse de recibo” de la denuncia de ACUDE por parte del jefe de Policía de la CAS, al que seguimos en su cuidada redacción: se cita la denuncia, sí, y también la visita girada por parte del personal de Guardería fluvial de este Organismo (personal, aclaro, que no se había enterado antes del abuso sobre el Turrilla, aunque se ve perfectamente desde la carretera), pero a continuación adjudica esta inspección al “escrito del Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Lorca, adjuntando denuncia realizada por el SEPRONA, recibido con fecha 10 de junio de 2021”. Como si, al denunciar los de ACUDE, ya estuviera en marcha la maquinaria de vigilancia de la CAS, martillo de infractores.
Nada se dice de otras denuncias por el mismo asunto, anteriores a todo esto, como las que llevan fecha de septiembre y octubre de 2019, también ante el SEPRONA y que fueron dirigidas por este Servicio a la CHS, sufriendo –según todas las apariencias– el triste destino del insondable, a la vez que bien nutrido, pozo negro.
Un funcionario de tan altas condiciones no debería pasar desapercibido, por su trabajo por las empresas y contra el agua pública. Por eso son los ecologistas quienes mejor lo conocen y con más interés siguen sus andanzas funcionariales. Esos ecologistas que tienen al susodicho que echa chispas porque –según quienes lo han oído– “están consiguiendo que se le dé más importancia a cuatro ranas que a una empresa”; lo que confirma la sensibilidad y las preocupaciones de don José Manuel.
Son esos ecologistas, representados en este caso por Ecologistas en Acción, los que le acaban de lanzar una denuncia penal, junto a su jefe el señor comisario de Aguas (quien respalda, por cierto, con su firma escrito tan ejemplar), y la empresa del Francés. A ver si todos ellos, y en amigable compañía, dan oportunidad a los jueces de airear el caso y mostrarse un poco más interesados por el agua, la cosa pública y los piratas que la acosan y saquean, tan seguros siempre de su impunidad.
(*) Profesor, ingeniero, sociólogo y activista ambiental
