MADRID.- Una economía solo puede crecer de dos formas: o pone más gente e
inversiones a trabajar, o hace más con lo que ya tiene, esto es, mejora
la productividad. En la anterior bonanza de principios de siglo, la
actividad crecía a tasas superiores al 3% en España. Sin embargo, el PIB per
cápita solo avanzaba a la mitad, en el entorno del 1,5%. Es decir, la
mitad del crecimiento se debía a la incorporación de individuos. Por
aquel entonces la población crecía con fuerza. A ritmos de casi el 2%.
Pero al estallar la crisis la población dejó de subir. Así que el PIB
total y el per cápita cayeron casi al unísono. Una vez llegó la
recuperación, los dos indicadores siguieron yendo de la mano. Aunque el
número de habitantes no crecía, el crecimiento total y el per cápita
eran fuertes porque se recuperaba a muchos parados de la crisis para el
mercado laboral. La población no aumentaba; sí aumentaban los
trabajadores.
Sin embargo, este proceso empieza a agotarse. Desde mediados de año, la mejora de la ocupación se ha ralentizado
en la misma medida que lo ha hecho la actividad. Y, como destaca el
catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona Josep Oliver, la
mitad de los empleos creados en 2018 fueron de inmigrantes, según la
EPA.
En lo que va de año la cifra es incluso superior. Este hecho parece
indicar que hay colectivos de españoles que tienen dificultades para
colocarse. Según datos del INE, el salario medio de un español asciende a
unos 24.000 euros. Al ocuparse por norma general en actividades de
menor valor añadido, el de un trabajador latinoamericano está en unos
15.000. Y el de un extracomunitario, en unos 16.000.
En plena ralentización cíclica parece que pierde fuerza el proceso de
recuperar parados. Y a la vez todo apunta a que, además, no va a crecer
tanto la población. Desde luego no como solía antes de la crisis. Las
entradas de inmigrantes son casi tan robustas como en la fase previa de
la burbuja.
Pero las salidas de españoles son mayores que antes. Y el
movimiento natural de la población, el saldo entre nacimientos y
muertes, acumula ya cuatro años de decrecimientos. El invierno demográfico, la expresión acuñada por el académico de Lovaina Michel Schooyans, parece haber llegado.
Un crecimiento más débil
El Banco de España ya revisó hace unos años el potencial que tiene la
economía para crecer a medio y largo plazo. Lo sitúa alrededor del
1,25% anual para los próximos años frente al 3% de otras fases. También
lo hizo el FMI. Y lo justifican principalmente por una demografía que
acusa el envejecimiento y la baja natalidad. El banco subrayó entonces
que, además, se estaban acabando las ganancias fruto de añadir al
mercado laboral nuevas generaciones de mujeres.
En definitiva, una vez se termine la recuperación de parados, se va a
crecer menos. En estos momentos se está viviendo un enfriamiento
coyuntural por el parón del comercio mundial. Pero también hay en marcha
una ralentización estructural por una demografía que ya no favorece.
Aun así, hay una buena noticia: si se sustrae el efecto de la
población, en términos per cápita la economía está creciendo igual que
en la anterior bonanza. Y lo hace sin que se esté produciendo una
burbuja de crédito o un desequilibrio con el exterior.
Sin embargo, no todo es positivo. Ni mucho menos. Una economía que
crece en términos per cápita pero que en su conjunto crece poco suele
padecer muchas aflicciones. Es el caso de Japón, cuyo PIB por habitante
en la población entre 18 y 65 años avanza a ritmos muy elevados, señala
Jesús Fernández-Villaverde, catedrático de la Universidad de Pensilvania
(EE UU).
El tamaño importa cuando se habla de pagar la deuda, las pensiones o
de incentivar la inversión, recuerda Fernández-Villaverde. Cuanto más
grande sea la producción total, más fácil será hacer frente a la deuda
pública.
Cuantos más trabajadores coticen, mejor se podrán pagar las
pensiones: si la factura por prestaciones crece al 8% como ocurre ahora,
la economía incluyendo la inflación debería alcanzar ese ritmo para que
se puedan sufragar sin generar déficits.
Sin embargo, en la actualidad
el PIB está creciendo a la mitad si se suma la inflación. En esta
cuestión el tamaño de la población trabajando se antoja un punto
crucial.
Dificultades para las empresas
La inversión de una empresa suele aumentarse en función de lo que
engorda la demanda de su mercado. Al deteriorarse la creación de
hogares, habrá industrias que se resientan. Negocios como los
electrodomésticos, por poner un ejemplo, tienen ventas por reposición en
el hogar o por la constitución de una nueva familia. Las ventas por
estas últimas se frenarán. Y, en consecuencia, también la inversión
empresarial.
A mayor crecimiento del PIB y de la inflación, menos dolorosos son
los ajustes en las empresas. Si el mercado de una compañía crece mucho,
basta con congelar salarios y gastos para recobrar competitividad. Por
el contrario, cuando el crecimiento es bajo, el margen es menor y obliga
a recortar. Lo cual es siempre más traumático.
Y tiene graves
consecuencias sobre la desigualdad al perderse empleo en lugar de
salario.
Este escenario obliga a exportar más, afirma Ricardo Martínez Rico,
presidente de Equipo Económico. Y ello a pesar de que otras economías
desarrolladas se enfrentan al mismo problema y también compiten por
vender fuera.
Otra herramienta es elevar la productividad. España podría
avanzar mucho acercándose a la productividad de los mejores países,
apunta el director de Fedea, Ángel de la Fuente. Por ejemplo, mejorando
la educación.
Sin embargo, el historial de productividad de España es muy pobre.
“¿Y cuántos países han sido capaces de mantener incrementos de la
productividad del 2% durante tiempo? Ninguno”, dice
Fernández-Villaverde.
Y añade: “La productividad mejora mucho justo
después de hacer las inversiones que se necesitan. Pero una vez hechas,
luego es todo a fuerza de innovación. Y así no se consiguen aumentos tan
fuertes”.
También tiene consecuencias a la hora de estimular la economía.
Frente a una reducción de la población, sirven de poco la política
monetaria o la fiscal, argumenta Fernández-Villaverde.
El otro instrumento es la política migratoria. La Autoridad Fiscal y el FMI hablan de aumentos importantes de la inmigración
para ayudar a sostener las pensiones. Pero esa solución plantea otros
interrogantes: “¿Cuánta inmigración será políticamente aceptable?”, se
pregunta el catedrático de Pensilvania en El País.
