Una característica del establishment político-mediático español es
intentar relativizar la gravedad de los problemas políticos que existen
en España, argumentando que tales problemas ocurren en todos los países
de semejante nivel de desarrollo económico, como son los países de la
Europa Occidental. La generalización del problema dificulta así
identificar con claridad cuáles son las responsabilidades de las
instituciones españolas en la creación de tales problemas, pues las
causas parecen ser más continentales que nacionales.
Un ejemplo de ello es el argumento que tal establishment utiliza para
explicar la aparente imposibilidad de que se establezca un gobierno de
coalición basado en la alianza de dos espacios políticos de izquierdas:
el PSOE y Unidas Podemos y sus confluencias. Las dificultades de
entendimiento entre ambos espacios son presentadas como un reflejo de la
imposibilidad de establecer gobiernos de coalición entre partidos
definidos como socialdemócratas por un lado, y otro u otros partidos a
su izquierda, por el otro, una imposibilidad que se asume ocurre en
todos los países de la Europa Occidental. Se cita constantemente que en
ningún país europeo ha habido tal tipo de gobiernos de coalición de
izquierdas.
Incluso un periodista tan reconocido como el Sr. Iñaki
Gabilondo repetía tal argumento en la extensa entrevista que le
realizaron en La Sexta Noche para explicar (en realidad,
justificar) por qué el PSOE no acepta el establecimiento de un gobierno
de coalición con Unidas Podemos, haciendo hincapié que en ninguna otra
parte de Europa existe tal coalición. Según él, las causas no son
programáticas, pues ambos partidos (PSOE y UP) tienen programas muy
semejantes; las causas derivan del hecho que sus culturas políticas se
consideran incompatibles –la reformista socialdemócrata, y la
antisistema, comunista o anarquista o lo que fuera–.
Lo que es sorprendente es que tal afirmación sobre la imposibilidad de
coaliciones de izquierdas se reproduzca constantemente en los
principales medios de información cuando la evidencia muestra todo lo
contrario, pues ha habido, y continúan existiendo, muchos gobiernos de
coalición entre partidos socialdemócratas y partidos a su izquierda. Y
en Europa ello ha ocurrido precisamente en los países donde la
socialdemocracia ha sido más fuerte y ha gobernado durante más tiempo
desde la II Guerra Mundial: los países escandinavos, países que han
alcanzado los mayores niveles de calidad de vida y bienestar de sus
poblaciones como consecuencia, en gran parte, de las políticas públicas
aplicadas por tales gobiernos de coalición. Lo documenté recientemente
en un artículo ignorado por el establishment político-mediático español
(ver “¿Por qué no es posible un gobierno PSOE-UP en España?”, Público,
29.08.19). Lo repito aquí.
Solo en los primeros años de este siglo XXI
pudimos ver en Noruega una coalición del Partido Laborista
(socialdemócrata) con un partido a su izquierda entre 2005 y 2013,
concretamente con el Partido Socialista de la Izquierda; ambos partidos
compartieron gobierno. Por otro lado, en Dinamarca hubo una experiencia
similar entre 2011 y 2014, periodo durante el cual el Partido
Socialdemócrata gobernó en coalición con el Partido Popular Socialista,
partido este último proveniente de la órbita comunista. Y un tanto igual
sucedió en Finlandia, donde durante el mismo periodo 2011-2014 el
Partido Socialdemócrata gobernó el país juntamente con varios partidos,
entre ellos la Alianza de la Izquierda, sucesora de la Liga Democrática
Popular Finlandesa fundada en 1944 tras la abolición de la legislación
anticomunista; esta alianza se ha repetido con el gobierno que desde
este año encabeza Finlandia.
Pero ni siquiera hace falta que miremos a otros países. Es suficiente
conocer la historia de la II República, ignorada en este país. La falta
de corrección de la visión deformada (pero hegemónica) existente de lo
que fue la II República explica este enorme desconocimiento, del cual
las izquierdas gobernantes tienen gran responsabilidad por ello. Y es
que la falta de atención por la recuperación de la memoria histórica es
en gran parte la causante de tal olvido.
Por desgracia, la ley de
memoria histórica se ha interpretado exclusivamente como una ley
reivindicativa, intentando reconocer y compensar a las víctimas de la
dictadura que causó tanto daño a las clases populares de este país. Y
aun cuando tales reivindicaciones son necesarias, son muy insuficientes,
pues lo más importante es corregir la versión de lo que fue nuestro
pasado, sin el cual es difícil entender el presente, como está
ocurriendo ahora en relación con la supuesta incompatibilidad que
comentábamos anteriormente.
En realidad, durante el período de la II República hubo cambios
profundos. A pesar de su brevedad, fue un período enormemente innovador
durante el que muchas de sus reformas –como el aborto o las reformas
educativas– se convirtieron en un referente indiscutible para las
fuerzas progresistas europeas. Y el programa propuesto por el Frente
Popular en 1936 habría significado una transformación profunda de este
país, convirtiéndolo en uno de los puntos de inspiración para el resto
de Europa.
Su principal propósito, en este sentido, era retomar donde se
quedaron las reformas que habían impulsado los anteriores gobiernos de
izquierdas durante el bienio 1931-1933 (reforma agraria, reforma de las
relaciones laborales, reforma educativa, reforma del Ejército, etc.).
La victoria de este Frente Popular en 1936 dio como resultado un
gobierno de coalición en el que, durante el periodo 1936-1939, el PSOE
gobernó en distintas etapas con partidos como el Partido Comunista de
España (PCE), el Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC),
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), el Partido Nacionalista Vasco
(PNV), Izquierda Republicana (IR) o Unión Republicana (UR), entre otros.
Frente a dicha coalición las derechas españolas (representando como
siempre los elementos más regresivos y reaccionarios del país, y cuyos
intereses se habían visto afectados por las reformas propuestas por tal
gobierno de coalición) realizaron un golpe militar, estableciendo una de
las dictaduras más crueles que hayan existido en Europa (según el
profesor Malefakis, de la Universidad de Columbia de Nueva York, uno de
los mayores expertos sobre el fascismo europeo, por cada asesinato
político que cometió el régimen de Mussolini, el de Franco cometió
10.000).
La victoria de lo que en España se conoce como “franquismo”
estableció una versión de la historia que demonizó la II República,
demonización a la que las izquierdas gobernantes han contribuido al no
haber intentado seriamente recuperar su historia. El hecho de que tales
izquierdas se convirtieran en las principales valedoras de la monarquía
significó que abandonaran cualquier intento de rescatar la historia real
de nuestro pasado, sin el cual es difícil construir el presente.
Los
años del Frente Popular, a pesar de su brevedad, tuvieron un enorme
impacto reformador, expandiendo los derechos políticos y sociales de la
población en general, y de las clases populares en particular. La
demonización de la II República, que continúa vigente en la España
actual, ha dado mal nombre a la expresión “Frente Popular”, cuando en
realidad las coaliciones de izquierdas fueron un gran avance para la
España de entonces.
Naturalmente que el contexto es muy distinto ahora que entonces. Pero
hay elementos en común de los que la derecha parece ser más consciente
que las izquierdas. La derecha española, que es heredera de las derechas
de siempre, inmediatamente ha definido la posible alianza PSOE-UP como
“la reavivación del Frente Popular”, consciente de que esta acusación le
será rentable, pues inmediatamente reaviva la demonización de lo que
fue la II República, que, como acabo de decir, ha continuado hasta hoy
en este país.
Las izquierdas parecen compartir esta lectura, pues les da
un enorme temor reavivar el pasado, ya que la versión de tal pasado es
controlada por la derecha. La realidad es que si el Frente Popular
hubiera continuado y se hubiera derrotado a los golpistas fascistas, se
hubieran llevado a cabo las reformas, y estaríamos hoy (como ha ocurrido
en muchos países democráticos europeos) a la altura de la calidad de
vida de los países nórdicos escandinavos. Es en aquellos países donde
las izquierdas han sido más poderosas en Europa.
La “imposibilidad” de establecer una coalición entre el PSOE y UP es
fácil de entender, y se debe principalmente a dos factores. Uno es la
enorme influencia que los poderes fácticos (financieros y económicos)
tienen sobre los aparatos del Estado y sobre los grandes medios de
persuasión del país.
Y el otro es la renuncia del PSOE al proyecto
tradicional de la socialdemocracia (que no es ni más ni menos que el
socialismo en democracia, con el objetivo de eliminar cualquier forma de
explotación, sea esta de clase social, de género, de raza o de nación;
léanse los documentos constitutivos de tales formaciones políticas y lo
verán).
En cada una de estas formas de explotación, origen de las
desigualdades, España está entre los países más desiguales de la Unión
Europea de los Quince como resultado del enorme poder de las clases
dominantes (que incluyen, además de los poderes económicos y
financieros, a las élites políticas y mediáticas del país).
Este abandono por parte del PSOE de sus tradicionales posiciones
socialdemócratas, que ha ido acompañado de la adopción de elementos
clave del neoliberalismo, ha transformado a este partido en un partido
socioliberal, el cual se diferencia de un partido liberal por definición
(como lo es C’s, por ejemplo) por tener una cierta sensibilidad social
(de tipo asistencial). Es la conversión de la socialdemocracia al
socioliberalismo, que alcanzó su máxima expresión en la Tercera Vía,
cuya versión española fue el gobierno Zapatero.
Su bajada de impuestos
(que no solo redujo la recaudación, sino que los hizo más regresivos),
su modificación del impuesto de sociedades –favoreciendo claramente a
los grandes grupos económicos–, su incremento de los impuestos
indirectos y la reducción de los directos, su eliminación y/o reducción
de los impuesto de sucesiones y patrimonio, entre otros, son solo
algunos indicadores de su neoliberalismo.
En realidad, tales políticas públicas son responsables de su declive
electoral, el cual fue en paralelo al triunfo de la rama más liberal
dentro del aparato PSOE, que causó, por ejemplo, la gran derrota en las
elecciones al parlamento de Andalucía. Su reavivación con Pedro Sánchez
se ha debido a su movimiento hacia la izquierda, estimulado e inspirado
por UP, adoptando incluso el lenguaje y muchos elementos de esta fuerza
política.
Tal cambio del PSOE dio lugar al surgimiento de una alianza de
las fuerzas políticas progresistas que permitió desalojar a la derecha
del poder, dando como resultado una etapa de colaboración de la que
surgió la propuesta de presupuestos que todo el mundo conoce.
Pero es
precisamente esta experiencia la que determina la protesta de UP de que
no se han cumplido elementos clave de tal programa político, exigiendo,
como indicador de la seriedad en el compromiso, de que sea un programa
dirigido y administrado por dos espacios políticos, establecidos en una
coalición. De haberse dado, otro gallo cantaría. Y tales compromisos
presupuestarios no se llevaron a cabo por los puntos mencionados
anteriormente.
El PSOE ha sido corresponsable de la gran crisis social en la España,
que es semejante a la que ha sufrido Grecia. Hoy, según varios
indicadores, la situación social es peor que la existente antes de la
crisis (2007). Es cierto que estamos viendo una recuperación, pero es
muy pequeña e insuficiente para corregir el enorme déficit social. Los
números hablan por sí mismos. España continúa siendo el penúltimo Estado
de la UE-15 en cuanto a gasto público social como porcentaje del PIB
(año 2017), con un 27%, solo por delante de Irlanda (18,4%).
El
indicador español está alejado en 4,7 puntos del promedio de la UE-15, y
en más de 10 puntos de los países con mayor gasto público social
(Francia, con un 38,7%, y Finlandia, con un 38%). Un tanto igual sucede
cuando analizamos el gasto público social per cápita. Y lo que es
también preocupante es que en la etapa de recuperación bajo los
gobiernos del PSOE y del PP, la tasa de crecimiento del gasto público
social (medida por el gasto público social per cápita) fue mucho menor
que en la mayoría de países de la UE-15.
Y tal situación alarmante ha tenido lugar en cada capítulo de este gasto público social. En vivienda,
tal gasto descendió en mayor proporción que en el resto de países de la
UE-15 (solo por detrás de Irlanda), con una reducción mayor que la del
promedio de la UE-15. En sanidad, el gasto público
continúa siendo de los más bajos de la UE-15 (6% del PIB), y es más bajo
(solo por delante de de Grecia y Portugal) si se mide en gasto per
cápita.
Y de nuevo, el crecimiento de tal gasto ha sido mucho menor que
el que ha habido en el promedio de la UE-15 durante el período
2007-2017. En educación, el gasto público español (4%
del PIB) es también de los más bajos de la UE-15 (después de Irlanda,
Italia y Grecia), muy por debajo del sueco, que fue el país con un mayor
gasto público educativo (6,8% del PIB). En educación el crecimiento de
tal gasto fue, también, uno de los menores de la UE-15, ya que se quedó
en cero puntos del PIB y solamente unos 33 euros per cápita más en 2017
que en 2007.
Estos datos muestran las consecuencias del neoliberalismo de los
gobiernos Zapatero y Rajoy (reflejado en las políticas de recortes del
gasto público social, que fueron de los más acentuados en la UE-15) y su
escasa sensibilidad social, incluyendo el PSOE. Es del todo justificado
que, a la luz de esta experiencia, y ante la falta de credibilidad de
sus proclamas, se haya creado un gran escepticismo hacia las promesas
del nuevo PSOE que, de no ser por las constantes presiones de UP (y del
temor que tal partido le arrebatara parte de su electorado), no habría
hecho.
La tradicional complicidad entre los poderes financieros y
económicos y la dirección del PSOE continua vigente y explica su
resistencia a establecer un gobierno de coalición con un espacio
político situado a su izquierda.
Un tanto igual ocurre en cuanto al otro factor que explica la enorme
crisis social, y que es el gran deterioro del mercado de trabajo, creado
en gran parte por las reformas laborales del gobierno Zapatero y del
gobierno Rajoy, a cuya revocación se opone el PSOE. Tales reformas han
debilitado en gran medida a los sindicatos y a la clase trabajadora.
En
realidad, lo que está sucediendo es un indicador más de una muy limitada
vocación transformadora que podría conducir a unas elecciones que
serían un enorme fracaso, debido principalmente a la dirección del PSOE,
que no ha acabado de romper con ese neoliberalismo, soñando con una
alianza (que se podría dar después de las elecciones) entre el PSOE y
Ciudadanos que es el sueño del establishment político-mediático de este
país.
Me temo que lo que está ocurriendo va a marcar la pauta de lo que
sucederá durante muchos años, impidiendo que las clases populares de
este país tengan la calidad de vida que podrían tener si se corrigiera
el gran déficit social existente desde la Transición y acentuado durante
la Gran Recesión.
(*) Catedrático Emérito de Ciencias Políticas y Políticas Públicas, Universitat Pompeu Fabra
