La consejera portavoz, Noelia Arroyo
dice que están “muy preocupados” con el Mar Menor y apremian al
ministerio de Transición Ecológica a aplicar ya el plan vertido cero. Y
lo hace sabiendo de antemano que ese plan no ha terminado su tramitación
administrativa.
Plan que, entre otras cosas, concluye que debe cambiar
el modelo productivo en buena parte del campo de Cartagena porque la
superficie regable se ha incrementado un cincuenta por ciento, pasando
el porcentaje de regadío del 12 al 63 por ciento solamente entre 2000 y
2009 “sin ajuste de la demanda a la disponibilidad de recursos hídricos” y porque, pese a su alto nivel de tecnificación, “sigue requiriendo de grandes aportes de agroquímicos”.
La
creación de nuevos cultivos de regadío dentro y fuera de las UDA
(unidad de demanda agraria) e incluso dentro de espacios naturales
protegidos de la Red Natura 2000 es un hecho medible y contrastable,
pero la Comunidad Autónoma sigue negándolo y rechaza cualquier medida
que suponga reducir la producción agrícola pese al delicado estado de la
laguna salada.
Lo considera "inasumible" y por eso presentó el pasado
mes de septiembre 21 alegaciones al documento del Ministerio encaminadas
a suavizar las medidas que considera más drásticas. Considera una
"utopía" el vertido cero al Mar Menor y que el Ministerio "transmite una
visión deformada de la problemática del Mar Menor, donde la agricultura
parece la única responsable".
Debemos recordar que el informe ambiental que presentó el Ministerio de García Tejerína en
junio de 2018, propuso cuatro alternativas y se inclinó por la más
estricta, que apostaba por cambiar el modelo agrícola en el 35% del
Campo de Cartagena. Además desaconsejaba las balsas y salmueroductos y
apoyaba una red central de tratamiento y vertido.
El ministerio de Transición Ecológica que dirige Teresa Ribera heredó ese plan vertido cero de García Tejerina
(PP) y, por motivos que nadie explica, todavía no ha resuelto las
alegaciones presentadas por ecologistas, agricultores e incluso por el
gobierno murciano que empezó a hacerle tachones en rojo en cuanto
terminó de redactarse, pese a que se trata de un documento "promovido
y avalado por la Comunidad Autónoma y el Ministerio de Medio Ambiente
competentes para su desarrollo, que se redacta y tramita de acuerdo con
la Ley 21/2013 de evaluación ambiental" como reza en la introducción del documento oficial.
RECHAZO AL CAMBIO DE MODELO PRODUCTIVO. El gobierno de López Miras rechaza
taxativamente que se deba cambiar el modelo productivo al considerar
que “un cambio radical no asegura en ningún momento la no contaminación
de los acuíferos, incluso se podría incrementar”.
Eso dice textualmente
una de las 21 alegaciones. Además advierte de que el ministerio “no hace
una valoración de las posibles e importantes consecuencias económicas y
sociales del cambio en el modelo productivo".
El gobierno murciano
alega que “el modelo productivo actual es uno de los más avanzados del
mundo en uso del suelo y empleo del agua, y no considera que las
propuestas de cambio a cultivo ecológico disminuyan la contaminación del
acuífero por nitratos, ni que sea asumible reducir la superficie de
riego con dotación de agua".
Esta vez, puede que por tratarse de un documento elaborado en su día por Ejecutivo de Rajoy,
el gobierno murciano ha tenido la decencia de no decir que el
ministerio quiere condenar a muerte al campo de Cartagena como hizo,
para vergüenza ajena, con la Ley de Medidas Urgentes por la Sostenibilidad Ambiental del Mar Menor que
el próximo 7 de febrero hará un año de su publicación en el BORM y cuyo
cumplimiento es meramente testimonial. De eso se vanagloria más de un
agricultor.
"El Mar Menor está mejor que nunca y no hemos hecho na da na
de lo que dice esa ley" se jactan, como si el desmantelamiento a las
bravas del salmueroducto y el precinto de cientos de desalobradoras
ilegales por parte de confederación fuesen pecata minuta. Vean la
reacción del secretario de COAG en Cartagena, Vicente Carrión, ante el sellado de una arqueta del salmueroducto por parte de un operario de confederación.
REGADÍOS ILEGALES. La
ley de medidas urgentes para la sostenibilidad ambiental del Mar Menor
es una de las más relevantes que se han aprobado en la Asamblea Regional
esta legislatura. PSOE, Podemos y C's lograron sacarla adelante pese a
las impresentables presiones de un desatado sector agrícola que sigue
empeñado erre que erre en su modificación. Sobre todo, el artículo 8 que
obliga a que cualquier superficie fuera del perímetro legal del regadío
sea restituida a sus condiciones originales.
La Consejería, en sintonía
con lo alegado al plan vertido cero, defiende el mantenimiento de todo
el regadío y propone que "si se ha solicitado ante el organismo de
cuenca su regularización, la restitución quede en suspenso hasta la
resolución del expediente por parte del organismo del cuenca", aunque
lechugas que llegan hasta la misma orilla.
La Consejería pide una
moratoria para que la Confederación Hidrográfica del Segura defina los
perímetros regables, el mismo organismo estatal que durante años ha sido
compinche de la omertá que ha degradado el Mar Menor y ha permitido la
expansión del regadío ilegal en una tierra seca. Un organismo, ahora en
manos del PSOE, que ya ha cuantificado el regadío ilegal en toda la
cuenca del Segura y no hace publico.
Al parecer, la cifra que sale
es tan escandalosa que están viendo la forma de suavizarla. A cuatro
meses de las elecciones autonómicas, no quieren un choque de trenes con
la patronal hortofrutícola murciana que acabaría salpicando al candidato
socialista, Diego Conesa, que tampoco quiere enfrentarse a los
agricultores con las urnas a la vuelta de la esquina.
De
momento solo conocemos datos del estudio realizado por la asociación
ecologista ANSE en el campo de Cartagena que concluye que "las
administraciones competentes se han mostrado incapaces de controlar,
primero, y han ayudado a consolidar, después, grandes superficies de
regadío ilegales, adaptando para ello la normativa vigente. Así, desde
1997, la superficie de las UDAs (unidades de demanda agraria)se ha
incrementado en 12.839 ha de regadío bruto, correspondientes a 8.743 ha
de regadío neto. Aun así, se han detectado 4.518,12 hectáreas de regadío
adicionales fuera de las UDA. El continuo incremento de superficie
oficialmente regable ha dejado abierta la puerta a la ampliación futura
de nuevos regadíos, generando un perverso efecto llamada"
La degradación ambiental del Mar Menor no es imputable al presidente Pedro Sánchez por mucho que se empeñe López Miras. Y no es así porque es el PP de Valcárcel, Garre, Pedro Antonio Sánchez y López Miras,
el partido reinante en la región de Murcia durante el último cuarto de
siglo. El mismo partido que sustenta al gobierno que no ha aprobado aún
el Plan de Gestión Integral de Espacios Protegidos del Mar Menor y
Franja Litoral que la Unión Europea mandató para enero de 2011, hace
ocho años.
El
documento, que fue presentado a los pocos días del portazo de seis
organizaciones al Comité de Participación
Social del Mar Menor en abril de 2018, está aún a falta del dictamen
del Consejo Económico
y Social y del visto bueno de los Servicios Jurídicos de la Comunidad
Autónoma. Y todavía dijeron que querían aplicar ese plan de gestión del
Mar Menor antes del pasado verano. Titula que algo queda.
LOS PELOS DE PUNTA. Ya se nos ha olvidado, pero la denuncia que presentó el fiscal superior José Luis Díaz Manzanera en
diciembre de 2017 por la degradación ambiental del Mar Menor, pone los
pelos de punta porque muestra la total dejación de la Comunidad Autónoma
y de la Confederación Hidrográfica del Segura en su labor de vigilancia
y control de los vertidos agrícolas cargados de nitratos que han
podrido el Mar Menor durante años.
Pone los pelos de punta porque
evidencia la complicidad de unos dirigentes políticos con un sector
agrario que no ha dejado de engordar sus cuentas corrientes casi tanto
como aumentaba ilegalmente la superficie regable. "La consejería de Agricultura no ejerció el debido control sobre las prácticas agrícolas. "La
gestión de la laguna se puede considerar caótica o nefasta desde el
aspecto medioambiental, tanto para el Mar Menor como para el acuífero y,
por ende, para todo el ecosistema, situación que parece venir derivada
de una postura generalizada de no querer asumir ni resolver un problema
desde su origen, pese a ser conocedores de que iba a llegar más pronto
que tarde" sentencia el fiscal.
Se sabía que iba a explotar, lo que
no se sabía con certeza era el cuándo y sucedió en 2016 con la sopa
verde que grabó y difundió ANSE. La crudeza de las imágenes de un mar
agónico fue impactante. Nuestro Mar Menor moría víctima de un cóctel
letal de nitratos, fertilizantes, vertidos urbanos, residuos mineros,
excesivo desarrollo urbanístico, invasión del dominio público y, por
encima de todo, desidia política.
Baste recordar que la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia no declaró el Campo de Cartagena como
zona vulnerable a la contaminación por nitratos hasta después de 1999.
Se pasó por el forro la Directiva 91/676/CEE del Consejo, de 12 de
diciembre de 1991, relativa a la protección de las aguas contra la
contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura.
TODOS ESCURREN EL BULTO.
Quizá por eso resulta aún más indignante escuchar las declaraciones de
los imputados y los testigos citados a comparecer por el juez Ángel Garrote
que instruye el denominado "caso Topillo" de degradación ambiental del
Mar Menor.
Todos sabían que existían cientos de desalobradoras ilegales
en el campo de Cartagena escondidas bajo tierra o en cobertizos sin
ventanas. Todos sabían de la existencia de un salmueroducto enterrado
que actuaba como una simple tubería de vertido al Mar Menor a través de
la rambla del Albujón. Hasta 3.000 toneladas de nitratos habrían estado
llegando cada año a la laguna procedentes de las desalobradoras calcula
el fiscal.
Todos estaban al tanto, nadie hizo nada al respecto y ahora todos intentan escurrir el bulto. Algunos incluso con declaraciones de auténtico caradura como las del ex consejero Antonio Cerdá
que achacó a la lluvia y a las cremas solares la degradación ambiental
del Mar Menor. El mismo que en 2010 aseguró que "el Mar Menor estaba
mejor que nunca" aún sabiendo que miles y miles de toneladas de nitratos
estaban devorando el ecosistema marino hasta que desapareció el 80% de
la pradera submarina.
SIN BANDERAS AZULES. El Mar Menor, como en ejercicios precedentes, ha vuelto a ser este año el producto estrella de la región de Murcia en FITUR. López Miras se
ha referido a él como "un mar de oportunidades" y lo es: un mar de
oportunidades de vertido e ilegalidad por parte de algunos cafres
avariciosos, si no adoptan medidas tajantes que, inexorablemente, pasan por una transformación profunda del modelo urbanístico, turístico y agrícola. Las cosas no pueden seguir igual.
Baste recordar que el Mar Menor aún no ha recuperado las 19 banderas azules que perdió en 2016. No
se han hecho los anunciados filtros verdes para los que han vuelto a
presupuestar 1,5 millones de euros en 2019. No se ha hecho una auditoría
oficial del regadío
ilegal en el campo de Cartagena. No se ha aprobado el Plan de Gestión
Integral de Espacios Protegidos del Mar Menor y franja litoral. No se
ha aprobado el plan de ordenación de recursos naturales y espacios
abiertos de Islas Menores y Cabezo Gordo. No hay a estas alturas un
organismo mixto de gestión del Mar Menor ministerio-comunidad. ¿Qué se
ha
hecho?
Construir tanques de tormentas que colapsan en cuanto llueve con
fuerza, dragar el Mar Menor con una araña finlandesa que dañó la pradera
sumergida según un informe del Instituto Español de Oceanografía y
anunciar (el verbo que mejor conjuga este gobierno) la instalación de
cinco balnearios sostenibles con forma de estrella en Los Urrutias
cuyas playas siguen llenas de lodo y espuma. Fin de la cita, pero titula
que algo queda.
Miren, en la pasada edición de Fitur el presidente López Miras
dijo que en el Mar Menor "tenemos el mejor campo de regatas y en él la
oportunidad de ser ejemplo de desarrollo sostenible", pero olvidaron
llevar a la feria internacional de turismo los folletos de turismo
náutico porque todos los ejemplares los habían llevado a la BOOT , el
salón náutico de Dusseldorf , relata el periodista de ABC, Sergio W. Smit
en un artículo titulado "El turismo náutico español no pasa el examen de FITUR". Lo máximo que pudieron ofrecerle cuando pasó por el stand de Murcia fue un panfleto de "Diving" o submarinismo.
El Ejecutivo regional, que
ha dejado el comité científico para el Mar Menor en los puros huesos
tras la huida de destacados científicos hartos de tanto ninguneo,
intenta orientar las miradas de los votantes hacia Madrid con el Mar Menor y eso resulta tan ridículo como indecente cuando en
Murcia, durante mucho años, se han cerrado los ojos ante uno de los
mayores atentados medioambientales de Europa.
La desidia y la
irresponsabilidad han sido de tal calibre que más de uno y más de dos
deberían dar con sus huesos en la cárcel. Dejemos pues que la justicia
haga su trabajo. El juez Garrote instruye.
(*) Periodista y jefa de Informativos en Murcia de Onda Cero
