Se nos va otro legendario periodista del siglo XX en Murcia: Pedro Soler Gómez, cronista de la ciudad y buena gente

MURCIA.- En el tanatorio de Molina de Segura se ha celebrado este mediodía la despedida del periodista murciano Pedro Soler Gómez, fallecido tras una larga enfermedad en la madrugada del pasado lunes, a los 75 años, tras más de medio siglo de ejercicio profesional en nuestra ciudad. Se nos va así otro destacado y legendario periodista murciano del siglo XX y muy buena gente, según opinión generalizada.

Pedro Soler (Abarán, 1943), además de escritor, comentarista de arte y cronista oficial de la ciudad de Murcia desde 2013, ha dedicado toda su trayectoria al periodismo, profesión que ha ejercido fundamentalmente en la sección de Cultura del diario La Verdad aunque anteriormente ejerció como redactor del diario Línea durante otro buen puñado de años.

Había dejado su personal impronta en  reseñas sobre exposiciones de arte y en entrevistas a artistas de todos los campos, tanto en las páginas diarias del periódico decano, como en los suplementos GPS y Ababol. 

También había obtenido diversos premios periodísticos, así como numerosas distinciones de entidades relacionadas con el mundo del arte. En 2016, fue elegido miembro de número de la Academia de Bellas Artes Santa María de la Arrixaca.

Inició su labor como investigador, escribiendo la historia del periódico ‘La Verdad’, al cumplirse su primer centenario. 

Es autor de las biografías “Francisco Martínez García, mártir de su fe, alcalde de Murcia y director de La Verdad”, “Martínez Tornel, el gran cronista de Murcia y su huerta” y, sin editar, “Baquero Almansa, símbolo y ejemplo de murcianismo”. 

Otras obras suyas son “Historia de La Virgen de la Fuensanta” y “Ayer y hoy del Teatro Circo de Murcia (1982-2011)”. 

En Cuatro historias increíbles presentaba sólo una muestra de las numerosas historias que conservaba en su cartera sobre acontecimientos y personajes famosos de la ciudad de Murcia.
Soler fue un gran conocedor y defensor de la cultura en la Región de Murcia así como de la actualidad y los cambios que ha vivido esta región en los últimos 40 años.
Actualmente está registrado en la Facultad de Periodismo de la Universidad de Murcia un trabajo de fín de grado, del curso 2017-18, bajo el título La figura de Pedro Soler Gómez en la prensa regional.

Y es que siendo muy joven, allá en su pueblo, Abarán, Pedro Soler cogía los diarios “Línea” y “Marca” al salir de la escuela y se empapaba de las noticias con las que amanecía España y, más concretamente, la Región, sobre todo de Murcia, Cieza y todos los municipios, en la oficina de seguros de un amigo. 

De familia humilde, tuvo que esperar a que le concedieran una beca para cursar los estudios de su verdadera vocación: el periodismo, después de declinar ser sarcedote pese a haber ingresado en el Seminario de Murcia. Luego se casó y tuvo una hija, María, hoy periodista.

De la reciente historia de España y de Murcia, dos acontecimientos le marcarán de por vida: el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 y las inundaciones de Puerto Lumbreras de mitad de los años 70, con más de cien muertos, que él cubrió como reportero con preguntas incluidas al entonces Príncipe Juan Carlos, que vino a consolar a los deudos.

Consideraba Pedro que el periodismo atraviesa un muy mal momento y que no se asemeja mucho a lo que era en el pasado. “Hay cosas que quizás se han perdido y que ya no tenemos. Cada cual que tire por donde considere conveniente”, opinó en diciembre de 2016.

“Ahora mismo el mundo del periodismo (del que no tenía una visión positiva en cuanto a su futuro) tiene muchas dificultades como es lógico que lo tengan también otras profesiones. No lo veo muy positivamente ni de una manera muy clara”.

¿Y el futuro del periodismo? ¿Qué pensaba este hombre, que lo ha ejercido casi 50 años?. 

“Al periodismo tradicional lo veo con muchas dificultades, porque querámoslo o no va a menos, sobre todo el formato papel”.

“No soy de los que le gustaría ser don Fulano o don Mengano. Ni lo he pensado nunca ni me preocupa en absoluto. Cuando muera, muerto estoy y ya está”, confesó hace hace dos años.  

“Creo que lo bueno es la armonía que puede haber en el trabajo y realizar la práctica periodística de la mejor manera posible. Una estrella no me considero”.
Según había dicho también, hace muy poco, no le quedaba ningún sueño por cumplir. “Todo lo hago con mucho gusto y espero seguir haciéndolo mientras me queden fuerzas. No se me caen los anillos para hacer nada”.

Pedro Soler

Periodista. Cronista oficial de Murcia

Murió ayer a los 75 años.

Sus compañeros de 'La Verdad' lloran su pérdida, y comunican que será despedido a las DOCE horas de hoy, en la capilla del tanatorio Virgen de la Consolación, de Molina de Segura.


Murcia, 27 de noviembre de 2018.

El viento pone en riesgo al litoral de Murcia este domingo por fenómenos costeros

MADRID.- Rachas de viento muy fuertes en los litorales de Galicia, el área cantábrica, Estrecho, litoral sureste y este del sistema Ibérico pondrán en riesgo de viento hasta a siete provincias este domingo, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En concreto, Guipúzcoa, Vizcaya, Álava, Navarra, Cantabria, Jaén y Almería presentan riesgo de viento para el domingo, al mismo tiempo que Murcia, Pontevedra, Lugo, La Coruña, Cádiz y Almería presentan riesgos costeros.

En el conjunto de la Península, se esperan cielos nubosos o muy nubosos con lluvias y chubascos generalizados, salvo en el tercio este, donde solo habrá intervalos nubosos.

Las precipitaciones tenderán a remitir a lo largo del día, aunque por la tarde volverán a reactivarse en amplias zonas de la mitad oeste peninsular, sin descartar que sean localmente persistentes en el sur del sistema Central, sur del sistema Ibérico y extremo occidental de Andalucía.

Asimismo, se espera nieve en la zona de Pirineos, con una cota que irá desde los 900/1.200 metros hasta los 1.200/1.600 metros, y el área cantábrica occidental, que se desplazará desde los 900/1.000 metros hasta los 1.200/1.400 metros.

En Baleares no se descarta algún chubasco al final del día. Por su parte, en Canarias, habrá intervalos nubosos con baja probabilidad de lluvias débiles en el norte de las islas de mayor relieve.

Las temperaturas irán en descenso en el área cantábrica occidental y norte de Aragón y en aumento en el resto de la Península y Baleares, con probabilidad de que sean localmente notables en la zona centro peninsular. Por el contrario, en Canarias se espera un aumento acusado de las temperaturas.

La temperatura mínima, de -1 grados, se registrará en Lugo, mientras que la máxima peninsular, que alcanzará los 21 grados, se localizará en Huelva. En Canarias, las temperaturas llegarán a los 25 grados.

Qué dice la Ley sobre la tenencia de perros peligrosos en cada Comunidad Autónoma

MADRID.- La mayoría de las autonomías reproducen en su legislación la normativa estatal sobre los perros potencialmente peligrosos, si bien Galicia, Extremadura y la Comunidad Valenciana amplían el número de razas, al igual que algunos ayuntamientos, como Logroño. 

A finales de los noventa, varios ataques de perros a personas y la proliferación de animales salvajes en cautividad generó inquietud social y obligó a establecer una ley de control de la tenencia de animales.

La Ley de Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos se aprobó en 1999 y considera como tales a los de la fauna salvaje, utilizados como animales domésticos o de compañía, "con independencia de su agresividad", de especies o razas que puedan causar la muerte o lesiones a las personas o a otros animales y daños a las cosas.

Califica también de potencialmente peligrosos a los animales domésticos o de compañía que reglamentariamente se determinen, en particular los de la especie canina incluidos en una tipología racial que, por su carácter agresivo, tamaño o potencia de mandíbula puedan causar daño.  

Establece la necesidad de obtener una licencia para poseer un animal de estas características, la obligación de identificarlo y registrarlo y la prohibición del adiestramiento para prácticas agresivas.  

Determina un régimen sancionador para quien abandone, adiestre, organice o participe en concursos o espectáculos de animales agresivos.  La ley invitaba además a las autonomías a desarrollarla.

El real decreto

En 2002 un real decreto desarrollaba la norma y establecía el catálogo de perros peligrosos, así como los requisitos para la obtención de licencias y medidas de seguridad exigibles para su manejo y custodia.  

El listado incluye a los de raza pit bull, staffordshire bull terrier, american staffordshire terrier, rotweiler, dogo argentino, fila brasileiro, tosa inu, akita inu y sus cruces.  

También tienen esa consideración los animales con un peso superior a 20 kilos y un perímetro torácico entre 60 y 80 centímetros, cabeza voluminosa, fuerte musculatura, mandíbula grande y boca profunda.  

Sus propietarios deberán obtener una licencia municipal y su validez será de cinco años, para lo que el dueño tendrá que ser mayor de edad y carecer de antecedentes penales y administrativos relevantes.

Además, deberá disponer de un certificado de capacitación que garantice el manejo, mantenimiento y dominio del animal, sin enfermedades o deficiencias de carácter orgánico o funcional, ni trastornos mentales o dificultades psíquicas que limite sus facultades.

Estará obligado a suscribir un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros con una cobertura mínima de 120.203 euros.

La normativa establece también medidas de seguridad para su presencia en lugares públicos, como el uso de bozal y de cadenas o correas no extensibles de menos de dos metros de longitud.

Si están en una finca, casa de campo, parcela o terraza, deberán estar atados a no ser de que dispongan de superficies y cerramientos adecuados para proteger a las personas que se acerquen a esos lugares.

Por comunidades autónomas

Madrid, donde ha ocurrido el último caso de ataques de perros a dos mujeres que fallecieron, tiene censados 10.725 perros de razas peligrosas y traspone la ley estatal a su territorio.

Galicia amplía la lista de perros potencialmente peligrosos hasta quince y, a los considerados por la norma estatal, añade los bullmastiff, dobermann, dogo de Burdeos, dogo del Tíbet, mastín napolitano, presa canario, presa mallorquín y las restantes razas que pudieran determinarse en la normativa estatal sobre animales potencialmente peligrosos de obligado cumplimiento. La lista también puede incluir a los perros adiestrados para la guarda y defensa y para los que tuvieron episodios de ataques a personas o de "cierta entidad" a animales.

La de Extremadura también es más extensa que la nacional y considera peligrosos además al bullmastiff, dobermann, dogo de Burdeos, mastín napolitano, presa canario, terrier staffords americano y tosa japonés.  

La Rioja reproduce la normativa nacional y tiene registrados 2.163 perros peligrosos en agosto de este año. Como las ordenanzas municipales pueden ampliar la lista de los canes peligrosos, la de Logroño la extiende, además de a los mismos de la lista nacional, al dogo de Burdeos, mastín napolitano, presa canario, dogo del Tibet, doberman y presa mallorquín.  

La Comunidad Valenciana, que regula la tenencia de animales peligrosos desde 2015, también amplia la lista e incluye a los perros de presa mallorquín, presa canario, bull terrier, dogo argentino, doberman y mastín napolitano, y el seguro de responsabilidad es de 120.000 euros por siniestro.  

El País Vasco reproduce en 2004 la normativa estatal y considera, al igual que Canarias, quien también autoriza que, por ordenanza municipal, se puedan establecer condiciones adicionales a las medidas de seguridad en lugares públicos, según decreto autonómico de este año.

En Andalucía se reguló en 2008, y la diferencia con el decreto estatal está en la cobertura del seguro, que se eleva a 175.000 euros por siniestro, además de permitir la esterilización de los animales agresivos. La Junta aplicó en el primer semestre de este año 760 sanciones por la tenencia de perros potencialmente peligrosos sin licencia municipal; 318 sanciones por la circulación sin bozal o cadena y 51 por no evitar su escapada.

En Castilla y León rige un reglamento aprobado en 1999 sobre Protección de los Animales de Compañía, que a su vez derivó a los ayuntamientos la responsabilidad de actualizar sus censos caninos y de elaborar un Libro de Registro de perros agresivos, los mismos previstos por la ley estatal.

Cataluña tiene regulada la tenencia de perros peligrosos con un decreto de 2002, que deriva a los ayuntamientos determinar la peligrosidad de los perros.

Asturias carece de reglamentación autonómica y rige la norma estatal y la de Aragón o Navarra es similar a la estatal y deriva a los ayuntamientos la obtención de las licencias.

En Cantabria, por decreto de 1999, los perros de raza y guarda deben censarse en el ayuntamiento, estar identificados y circular con correa y bozal.

El Banco de España impone dos multas a BMN y una a Bankia

MADRID.- El Banco de España ha impuesto dos multas a BMN, que suman 1,2 millones de euros, y una a Bankia, de 900.000 euros por deficiencias burocráticas en contratos del año 2014, que ahora tendrá que asumir en conjunto el grupo cotizado, según Cinco Días.

Según ha informado esta semana el supervisor, las sanciones están recogidas en la Ley sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito. Bankia, en su condición de sucesora universal de BMN, entidad con la que se fusionó el año pasado, asumirá las tres multas, por un montante conjunto de 2,1 millones de euros.

Fuentes de la entidad financiera señalaron que estas sanciones corresponden a deficiencias burocráticas en contratos del ejercicio 2014.

Una de las multas impuestas a BMN (300.000 euros) y la de Bankia (900.000) se refieren a una infracción grave tipificada en el artículo 5 de la Ley, consistente en la realización de actos u operaciones con incumplimiento de normas dictadas al amparo del número 2 del artículo 29 de la Ley de Economía Sostenible, y, en concreto, con incumplimiento de la Orden 2899/2011 y de la Circular 5/2012 del Banco de España.

La segunda multa a BMN, de 900.000 euros, es por una infracción muy grave tipificada en el artículo 4 de la Ley sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, consistente en la realización de actos u operaciones prohibidas por normas de ordenación y disciplina con rango de Ley o con incumplimiento de los requisitos establecidos en las mismas, salvo que tenga un carácter meramente ocasional o aislado.

El mensaje de 'Vox' sobre inmigración que conquista Almería

ALMERÍA.- Cae una lluvia fina en Almería. Siempre bien recibida en una tierra con sed y que no se entiende sin la agricultura ni los invernaderos. Pero hay otra lluvia invisible y más intensa que estos días anda empapando toda la provincia y que ha hecho que todo el país fije sus ojos aquí. Vox tiene serias opciones de lograr en las elecciones andaluzas los primeros escaños para la extrema derecha en España desde Fuerza Nueva en 1979. El interrogante es qué provoca que este fenómeno haya permeado de esta manera y alcance su mayor auge en la provincia de Almería, según apuntan la mayoría de las encuestas y recoge El Mundo.

Entre los distintos factores que se enumeran, los interlocutores consultados y una decena de simpatizantes de Vox coinciden en señalar la inmigración como uno de los principales. El discurso de mano de hierro, que las ONG y la izquierda tachan de xenófobo, ha prendido en la provincia española con mayor porcentaje de extranjeros. Son un 19,7%, lo que duplica la media nacional (10,1%) y aún más la andaluza (7,4%). Aquí conviven hasta 110 nacionalidades.

Una mayoría de estos inmigrantes trabaja en invernaderos como los de El Ejido, donde se desataron en el año 2000 los disturbios racistas más graves que ha habido en España. En este mar de plástico formado por los cultivos, la población extranjera ronda el 20%. Un índice que se repite en otros tantos municipios almerienses. 

La gran mayoría son magrebíes.

Un taxista "que jamás votará a una extrema, sea del color que sea", deja en evidencia con sus palabras hasta qué punto existe un caldo de cultivo en la sociedad. Pese a rechazar a Vox, tampoco es ajeno a interiorizar ciertas afirmaciones. Por un lado, la de vincular la inmigración con la inseguridad y, por otro, denunciar que tienen "preferencia" a la hora de recibir ayudas sociales.

Son, precisamente, dos ideas que Vox explota en sus mítines. En ellos alerta de "una auténtica invasión que pretende sustituirnos" y que está "destruyendo muchos barrios y pueblos". 

Y se pregunta "por qué hay que ser solidarios con quienes asaltan nuestras fronteras y vienen exigiendo ayudas sociales y viviendas", cuando hay familias españolas que lo están pasando mal. "Nosotros hemos venido para decir que va a haber solidaridad con los españoles".

El término "invasión" fue repetido por lo menos cuatro veces el pasado jueves en un acto en la capital almeriense. Y fue ovacionado por cientos de asistentes. Entre los que aplauden, no busquen sólo a "fachas de brazo en alto" -aunque a algunos se les intuye- ni a "pijos", porque son los menos. 

La mayoría de la gente que acude es de apariencia sencilla, incluso humilde, que bien podría encontrarse en el supermercado del barrio, aunque casi todos evidencian una mentalidad previa conservadora o de derechas.

En torno a ese perfil, Vox ha articulado un discurso nacional-populista que sobre todo bebe de la indignación por los estragos de la crisis y del hartazgo con los políticos por la falta de soluciones, y que incide en el agravio, la vulnerabilidad de los ciudadanos y el desamparo por parte de las instituciones. 

Con esta retórica, al estilo de Salvini en Italia o Le Pen en Francia, se dispara contra todo y todos: partidos "inútiles", inmigrantes, Bruselas, independentistas...

Sus votantes dicen sentirse discriminados por los servicios sociales en el acceso de ayudas como las becas o la dependencia. O el acceso a una vivienda o un trabajo. 

"Hay gente pagando impuestos y sus hijos no tienen libros ni comedores gratuitos pero, en cambio, los inmigrantes tienen derecho a todo. Ves eso y te cansas, porque vas a pedir ayudas y no hay nada para ti", señala una señora de unos 50 años, junto a su marido.

Los más jóvenes, un chico de 30 años y una chica de 32, "defraudados" por el resto de las fuerzas políticas, inciden cada uno por separado en esa misma idea y dicen sentirse atraídos por "un partido diferente" que plantea dar "prioridad" a los españoles en lugar de "privilegiar" o repartir "alegremente el dinero" entre los inmigrantes.

"Somos de extrema necesidad", exclama Vox a modo de eslogan, y arroja un puñado de soluciones populistas, como cerrar las fronteras a los inmigrantes y "levantar un muro en Ceuta y Melilla". Como suprimir las autonomías. Como la eliminación de los cargos "y las cargas" en la Administración.

El hilo nacional-populista de Vox y la apelación a las necesidades, en una región golpeada por la corrupción y el desempleo, llega al punto de que en sus actos se dirigen al votante desencantado de Podemos, partido que hasta ahora había canalizado el malestar social. 

Lo dicen así: "Sé que la crisis ha sido muy dura y has votado con indignación, pero ya vemos qué hacen los líderes de Podemos además de comprarse casoplones: entregar el país a la inmigración ilegal" o pactar con "quien rompe España".

Es apenas preguntar por Vox y los simpatizantes niegan por su propia iniciativa -"para aclarar", dicen- definirse como "ultraderecha". Rehúyen y discrepan de esa etiqueta. Desde el atril usan otro concepto. "¡Os pido que os unáis a la resistencia!". El fervor de los aplausos deja claro que ahí sí se reconocen.

Hay más elementos con los que Vox trata de conectar en Almería. Uno es el agua, imprescindible en la economía local. Promete retomar un plan hidrológico nacional, "abandonado" por el PP, para traer agua a los cultivos desde otros lugares de España. 

Por otra parte, apela al proteccionismo frente a los productos agrícolas de Marruecos que "hacen caer los precios" con la complicidad de la UE, que trata a Rabat, se lamentan, como si fuera un socio más. 

Frente al discurso de Vox y desde su trabajo con los inmigrantes, el portavoz de la ONG Andalucía Acoge, José Miguel Morales, denuncia que se está "manipulando" para "enfrentar a la población". En Almería hay gente que se siente "maltratada socialmente", dice. Por ello, alerta de que resulta "tremendamente peligroso", ya que puede crear "confrontación" social. "Tensiones" que dice estar sufriendo ya la ONG.

"España es una referencia en Europa en cuanto a atravesar una crisis sin caer en la lucha ni la pelea de los pobres contra los pobres, y podemos perder esa década de cohesión por un debate electoralista que busca un escaño", lamenta Morales.

El más afectado por la irrupción de Vox es el PP. Su secretario general en Almería, Javier Aureliano García, se desmarca de la retórica contra la inmigración y la tacha de "radical". "Allá ellos, nosotros creemos en la responsabilidad frente a las soluciones fáciles y populistas", dice. 

"No creen en Europa", asegura incidiendo en sus críticas y en sus diferencias. Y niega un efecto contagio al PP. La culpa, dice, la tiene el PSOE, porque son "máquinas de fabricar populismo".

El 'procés' y el 'efecto moda' lanzan al partido

Manuel Arias Maldonado, profesor de Ciencia Política de la Universidad de Málaga, cree que la inmigración es un tema importante en la expansión de Vox por Almería, pero advierte de que el factor electoral determinante que explica su irrupción en Andalucía y el resto de España es una reacción frontal al procés en Cataluña, que proviene de una parte del electorado del PP que se siente muy enfada con la "gestión" que llevó a cabo Mariano Rajoy.

Por este clima, considera que Vox forma parte de un "proceso de contaminación populista del discurso político" que arrancó con Pablo Iglesias y que, en este caso, ha encontrado otra expresión en la respuesta contra el independentismo. "Es un fenómeno parecido a Podemos, que en su caso vio una oportunidad de mercado con la crisis y ahora Vox, que ve esa oportunidad de mercado en el procés. Uno por la izquierda y otro por la derecha", dice.

El politólogo avisa de que Vox parece estar ahora bajo la influencia del llamado "efecto bandwagon" [vagón, en inglés]; lo que coloquialmente es "subirse al carro". Es decir, personas que al ver en los sondeos que Vox podría sacar representación en el Parlamento de Andalucía -el CIS le da un diputado por Almería- se sienten arrastradas a votar por una opción que antes descartaban porque creían que no serviría de nada.

Este efecto arrastre o de moda es el que tiene al PP asustado, porque una inmensa mayoría de los electores que se fugan a Vox proceden de sus filas. De ahí que contraataque diciendo que ese voto será "inútil" el 2-D.

Lo que sí aprecia Maldonado es que el PP utiliza ahora un "énfasis españolista" en su discurso, incluso apelando a "la España imperial". Que está por ver si es fruto de la "amenaza" de Vox o si era "un sello que ya traía Casado" de antes.

Cuando la ciudad de Alicante pertenecía al Reino de Murcia

ALICANTE.- El origen de una celebración celebrada esta mañana en Alicante se remonta al año 1248, cuando en plena expansión cristiana, el gobernante musulmán de la Taifa de Murcia firmaba el conocido como Tratado de Alcaraz con el infante de Castilla, Don Alfonso, el futuro rey Alfonso X el Sabio, por el que todo el reino musulmán de Murcia se pondría bajo el protectorado de la Corona castellana, incluidos castillos de importancia como los de Alicante, Lorca o Chinchilla.

En la Plaza del Mar se ha procedido a la realización de un acto militar, en el que se ha izado la Bandera Nacional, al mismo tiempo que se disparaban un total de 21 salvas de ordenanza, para posteriormente proceder al acto de homenaje a los caídos con la entrega de una corona de flores al monumento al Soldado de reemplazo, para finalizar con el sobrevuelo de la Patrulla Águila, dentro de los actos de conmemoración del 770 aniversario de la Toma del Castillo de Santa Bárbara, organizados por el Ayuntamiento de Alicante, por orden de Alfonso X el Sabio en 1248.

En lo que respecta a la villa de Alicante, en principio la idea era la de repoblar la ciudad con pobladores cristianos, origen de la expansión de la medina islámica (Vila Vella) hacia la Vila Nova cristiana.

El gobernador musulmán de Alicante Zayyan ibn Mardanish no aceptaba estos acuerdos, con lo que sería obligado junto a muchos pobladores a abandonar la villa en 1247, fecha que podemos considerar la del comienzo del dominio castellano de la villa alicantina. 

La conquista militar, incluido la fortaleza, culminaba el 4 de diciembre de 1248, cuando las tropas castellanas del infante Don Alfonso tomaban el castillo.

Era el momento en que se firmaban los acuerdos entre Castilla y Aragón para fijar de nuevo los límites de expansión de ambas coronas, permaneciendo Alicante bajo soberanía castellana durante cuarenta y ocho años más, hasta que en 1296 el rey Jaime II tomaba la villa para la corona aragonesa.

Alfonso de Castilla, una vez conquistada Alicante a los andalusíes, conmemoró la victoria denominando al castillo, hasta ese momento árabe, «de Santa Bárbara», por coincidir esta festividad con el día de la toma de la villa por las tropas cristianas.

El cartagenero Zaplana, seis meses encarcelado sin convencer a la Justicia del riesgo que sufre

VALENCIA.- El ex ministro y ex president de la Generalitat valenciana, el cartagenero Eduardo Zaplana, cumple este sábado seis meses en prisión incondicional y sin fianza por el caso Erial, aún bajo secreto de sumario, sin que abogados ni familia hayan convencido aún a la jueza ni a los forenses del riesgo para su salud por seguir encarcelado.

El 20 de septiembre se conoció que el cuarto informe médico al que había sido sometido Zaplana, enfermo de leucemia, concluía que su salud no corre peligro en Picassent, donde está ingresado en prisión preventiva por su presunta implicación en delitos de cohecho, blanqueo de capitales, malversación y prevaricación.

Cada quince días, el también ex presidente del PP valenciano y ex directivo de Telefónica acude desde la citada cárcel al Hospital La Fe de Valencia para someterse a distintas pruebas médicas y recibir tratamiento por la leucemia que padece desde 2015, cuando se sometió a un trasplante de médula.

Ese último examen médico -por parte de forenses del Instituto de Medicina Legal- fue autorizado por la Audiencia Provincial a petición de la defensa de Zaplana, que argumenta que, mientras permanece en prisión, corre el riesgo de sufrir una infección grave con riesgo vital.

Los abogados han presentado ya cuatro recursos -todos ellos rechazados- para pedir su puesta en libertad o el arresto domiciliario alegando un "deterioro acusado" del estado de salud del ex ministro.

Fuentes de la defensa del ex ministro lamentan el desconocimiento que tienen del estado actual de la instrucción, si esta avanza o no, así como si hay requerimientos u otras medidas, y admiten que no se les notifica más allá de las prórrogas del secreto del sumario (la última hace cinco días), de las que se suprime cualquier fundamentación por parte de la jueza.

Otros letrados personados en la causa coinciden en señalar el hermetismo reinante, y apuntan a la posibilidad de que el secreto del sumario no se levante hasta que se resuelvan varias comisiones rogatorias (peticiones de apoyo judicial entre estados para obtener pruebas en el extranjero) que la jueza instructora podría haber tramitado.

Desde su internamiento en Picassent, los letrados de Zaplana han aportado el informe del doctor Guillermo García-Manero, que desde Houston (EE.UU.) hace un seguimiento de la analítica y evolución del paciente, y también los informes forenses realizados hasta ahora.

La defensa alega no solo razones humanitarias sino también legales, citando el artículo 508 de la ley de Enjuiciamiento Criminal, "que no recoge exclusivamente supuestos de riesgo vital, sino también de empeoramiento grave de la salud por razón de la prisión, supuestos en los que la ley acuerda la procedencia del arresto domiciliario".

En el tercer informe médico, elaborado por Guillermo Sanz, jefe de Sección de Hematología Clínica y de la Unidad de Trasplante Hematopoyético de La Fe, se advertía del "deterioro acusado del estado general" del paciente y señalaba que "la probabilidad de presentar una infección grave con riesgo vital en los próximos tres meses es cercana al 100 %".

El médico que realizó el trasplante de médula en su día al ex president especificaba que "un retraso de horas en su diagnóstico y tratamiento adecuado comprometería seriamente su vida" y añadía que, "al parecer, las actualizaciones de tratamiento no se efectúan de forma inmediata debido a las carencias de personal facultativo del centro".

En septiembre, su familia aseguró que Zaplana había perdido ya ocho kilos en catorce semanas y estaba "muy mal" tanto física como anímicamente e insistió en que presentaría todos los recursos necesarios para que sea excarcelado.

Zaplana ingresó en Picassent después de que la titular del Juzgado de Instrucción nº 8 de Valencia decretara prisión incondicional y sin fianza contra él por riesgo de fuga y destrucción de pruebas.

Dos días antes había sido detenido en su casa de Valencia, en el marco de una causa que investiga el presunto cobro de comisiones derivadas de la concesión de las ITV, realizadas en 1997 durante la gestión de Zaplana al frente de la Generalitat, y del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana, puesto en marcha en 2003.

El mismo día de su detención, Zaplana, de 62 años, fue suspendido de militancia en el PP mientras Telefónica, para la que trabajaba desde 2008 en su área de Asuntos Públicos, suspendió también su relación laboral con él.

Además de Zaplana, cumplen también seis meses en prisión provisional el abogado y asesor fiscal Francisco Grau y el exdirectivo del parque temático Terra Mítica Joaquín Barceló.

En la causa figuran como investigados el ex director general de la Policía y ex presidente de Les Corts, Juan Cotino; la mujer de Zaplana, Rosa Barceló, y la secretaria personal del ex president, Mitsuko Henríquez.

El caso de quien fuera portavoz del PP en el Congreso ha generado reacciones de solidaridad desde distintos ámbitos políticos, desde el ex presidente del Gobierno José María Aznar hasta la vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra (de Compromís), y el portavoz del PSPV-PSOE en Les Corts Valencianes, Manolo Mata.

El Supremo excluye los ingresos de la pareja de hecho al solicitar el subsidio por desempleo

MADRID.- El Tribunal Supremo (TS) ha dictado una sentencia en la que aclara que los ingresos de uno los miembros de la unidad familiar que conformen una pareja de hecho no deben tomarse en cuenta para dictaminar una resolución sobre el subsidio de desempleo solicitado por el otro miembro de la misma pareja.

En su sentencia del pasado 17 de octubre, el TS ha concretado que para el cálculo de la renta de la unidad familiar "no ha de tomarse en consideración los ingresos de la pareja de hecho de la solicitante del subsidio de desempleo" y declara "incorrecta" la práctica aplicada hasta ahora por el Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE).

El Alto Tribunal recuerda en su escrito que inicialmente un juzgado de lo Social de Córdoba había dado la razón al beneficiario de la prestación, si bien el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía revocó la citada sentencia estimando el recurso del SPEE.

Para unificar doctrina, el TS ha aclarado que la norma se orienta a la "protección de los desempleados y no a la familia", por lo que "no procede computar para el cálculo de la renta de la unidad familiar los ingresos de la pareja de hecho del solicitante del subsidio por desempleo".

El abogado cordobés Valentín Aguilar, que representa a la demandante ante el TS, ha explicado que el asunto tiene "especial transcendencia" ya que a la hora de gestionar el subsidio por desempleo de las parejas de hecho el SPEE "deberá ajustarse a lo establecido por el Tribunal Supremo en esta sentencia".

Ha añadido que esta sentencia supondrá una "ventaja para la pareja de hecho", ya que un miembro de la pareja con cargas familiares comunes "podrá solicitar el subsidio por desempleo, sin que se tenga en cuenta la renta del otro miembro de la pareja de hecho con cargas familiares comunes".

El mayor bajista del Ibex pasa a la acción en Sabadell

MADRID.- En la última revisión de las posiciones cortas globales, hasta el 9 de noviembre, Banco Sabadell fue la gran sorpresa con un fuerte crecimiento de más del 75% hasta el 1,79% desde el 0,99% anterior. En ese momento, los 'hedge fund' apostaban porque la fuerte reacción que había emprendido la cotización desde el 26 de octubre fuera flor de un día, según afirma Expansión.

La acción de Sabadell repuntó desde los 1,03 euros hasta los 1,21 euros tras la decisión del Tribunal Supremo de revisar su sentencia inicial sobre el impuesto de las hipotecas. Pero gran parte de este esfuerzo alcista se ha difuminado en las últimas sesiones.

Después de cuatro días consecutivos a la baja, Sabadell ha caído este viernes otro 0,22%, hasta los 1,11 euros. Los inversores bajistas, que siguen al ataque, se han vuelto a llenar los bolsillos.

El 'hedge' más agresivo del Ibex 35, Marshall Wace, ha subido su posición corta desde el 0,51% hasta el 0,61%. Es su apuesta más fuerte sobre el valor desde hace justo un año, cuando llegó a amasar el 0,68% del capital. Desde entonces fue relajando progresivamente su posición, que en cualquiera de los casos es la más alta sobre el banco catalán.

Sabadell es el banco más castigado del Ibex 35 este año con una caída del 30,9%. Las dudas sobre el Brexit, los cambios en su filial británica con el nombramiento de una nueva consejera delegada y el temor a un retraso en la subida de tipos de interés en la zona euro están detrás de los números rojos en el parqué.

Y también del resurgimiento de las presiones bajistas. Hay que remontarse a octubre del año pasado para encontrar unos niveles tan altos de posiciones cortas en Banco Sabadell, que hace apenas seis meses casi había limpiado su accionariado de bajistas. En mayo, bajaron el listón hasta el 0,29%.

La limitación de los aforamientos / José Luis Manzanares *

Muchos españoles tienen la impresión de que el número de aforamientos es en nuestro derecho demasiado alto y que se utilizan con frecuencia más en beneficio personal del aforado que como garantía para un mejor e imparcial cumplimiento de sus obligaciones específicas. En el primer punto, más objetivo que el segundo, no les falta razón. 

Aun descartando las decenas de miles de “miniaforamientos” de los cuerpos policiales, nos encontramos con que a los aforamientos (sin comillas) previstos en la Constitución, sólo para los Diputados y Senadores (artículo 71.3) y para el Presidente y los demás miembros del Gobierno (artículo 102), se suman miméticamente los recogidos en los distintos estatutos de Autonomía.

La cifra total asciende a varios centenares de personas, algo sin parangón en los países de nuestro entorno, donde su número es mucho menor o sencillamente, como en Alemania, no hay aforamientos ni siquiera para el Jefe del Estado.

No puede sorprender así que el Gobierno haya solicitado del Consejo de Estado un informe para la reforma de los artículos 71.3 y 102 de la Constitución, actualizando y recortando los aforamientos allí previstos. El dictamen ha propuesto dos cambios para circunscribir los aforamientos en ambos preceptos a “los delitos cometidos en el ejercicio de las funciones propias del (respectivo) cargo”. 

Se mantiene, no obstante, el requisito de la previa autorización de la Cámara para que los parlamentarios puedan ser inculpados o procesados, y ello, en cualquier supuesto, al margen de la naturaleza y circunstancias del delito en cuestión.

La reforma constitucional sería relativamente modesta en sí misma y afectaría a muy pocos aforados. Ahora bien, creer que las reformas propuestas se trasladarían pacífica y automáticamente a los aforamientos autonómicos por vía interpretativa podría pecar de optimista. 

Y aun quedarían otros cargos cuyo aforamiento de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial no se prestaría a ninguna exégesis tomando como punto de partida un nuevo texto de nuestra Carta Magna que sólo afectaría directamente a los miembros de las Cortes Generales y a los Ministros del Gobierno del Estado.

Ya veremos si esta novedad sigue adelante en solitario o espera su turno entre otras de mayor enjundia como las que atañen a la Organización Territorial del Estado. Tan explicable es la modificación parcial de la Constitución como el temor a que, iniciado el debate sobre cualquiera de sus preceptos, aquel acabe extendiéndose a otras materias ajenas al aforamiento.

(*) Consejero Permanente de Estado, Magistrado del Tribunal Supremo (J), Abogado del Estado (J) y Profesor Titular de Derecho Penal

https://www.republica.com/el-clavo/author/joseluismanzanares/ 

¿Elecciones generales a la vista? / Luis de Velasco *

En esta columna hemos insistido más de una vez (la última hace dos semanas) en la necesidad de que ,por parte del Presidente del gobierno, se convoquen, cuanto antes, elecciones generales. Se puede afirmar que hace muy escasos días esa convocatoria parecía descartada. Cuando escribo esta columna, lunes 19 de noviembre, mi impresión es que esa posibilidad de convocatoria en fecha no lejana, no está descartada. 

La situación es variable y la opción contraria seguramente, hoy, es igual de válida. Está pendiente, es bien sabido, la elección andaluza que puede aconsejar un compás de espera a quien decide en espera de ese resultado que alguna luz arrojará.

Aparte de esos cálculos continúan vigentes los argumentos en favor de una convocatoria inmediata o, por lo menos, cercana. El principal es el propio reconocimiento de un dato fundamental: el hecho de que, finalmente, no habrá Presupuestos aprobados. Es obvio la importancia de este dato porque como es bien sabido, los Presupuestos son el instrumento clave en la política económica, y por tanto, en la política general de todo gobierno. La piedra angular. 

En el caso que nos ocupa, decidir que se va a gobernar con los presupuestos del gobierno anterior “reformándolos”, un gobierno en los antípodas del de Sánchez es pura y simplemente una chapuza indigna de un país medianamente serio y que se respete a sí mismo y a la ciudadanía. Esa “opción” no vale. Como no vale el gobernar mediante decretos-leyes. Puede valer formalmente pero no políticamente. 

Se trata de instrumentos excepcionales y no de empleo permanente. Sobre todo cuando hay encima de la mesa gubernamental muchos y muy importantes temas que encarar y resolver, lo que no cabe hacer a golpe continuado de decretos-leyes. Esto se puede calificar como usar “resquicios legales”.

Si el gobierno no logra superar el anunciado voto en contra de los nacionalistas catalanes y hace muy bien en no llegar a acuerdos en este punto con los mismos vistas sus peticiones (un acuerdo con ellos sería un muy mal síntoma), la conclusión es que no habrá Presupuestos y descartada también la chapuza comentada solo queda disolver y convocar. 

Y además de paso el Presidente cumple lo afirmado tras su toma de posesión tras la caída de Rajoy, procedimiento por cierto impecablemente legal y legítimo, conviene insistir tras el pataleo de los derrotados y sus corifeos. 

Y es muy bueno y muy didáctico que los políticos (empezando por el más importante de todos, el Presidente del gobierno, el que sea) cumplan sus promesas. Adelante por lo tanto.

Creo que hay otro argumento para mí el más poderoso: convocar elecciones en la actual situación de un Gobierno sin suficiente respaldo en el Parlamento es la opción democrática, la única digna y lógica en una democracia. Poner las urnas y que decida la ciudadanía, Todo lo demás son argucias escasamente democráticas. Es, como se dice más arriba, utilizar “resquicios legales”.

Vamos a esperar y ver si finalmente el buen criterio se impone y se convoca a la ciudadanía. No descartemos sorpresas en este asunto pues, como estamos viendo, la situación es muy fluida y hay muchos intereses, de signo contrario, por medio. Seguramente habrá que esperar al resultado de las elecciones andaluzas. Veremos.

(*) Economista del Estado

https://www.republica.com/el-replicante/2018/11/20/elecciones-generales-a-la-vista/ 

¿Qué es un "ultraje"? / Ramón Cotarelo *

Dejemos de lado la sospecha de que acabaremos con más cómicos en la cárcel o en el exilio que en el ejercicio libre de su profesión. Si es una forma de fomentar la circulación en los puestos de trabajo parece algo drástica. Y, desde luego, no ayuda a los ejercientes a dar libre rienda a esa libre profesión.

Desde el punto de vista jurídico, el asunto es meridiano. El art. 543 del Código penal es claro y lo que ha hecho Dani Mateo entra de lleno en el delito de ultraje y el juez ha de actuar. Si se cree excesiva la acusación, modifíquese el Código penal, pero no se cuestione al juez.

No obstante, algo podrá decirse sobre cómo el asunto será vapuleado dentro de unos años en el TEDH cuando se invoque la libertad de expresión que también ampara quemar banderas. Y la utilidad, por cierto, aunque no sea jurídicamente importante. El gesto de Dani Mateo contribuye a prevenir la quema de banderas. 

Fuera de bromas, sonarse los mocos en la bandera española es un ultraje a la bandera española en cuanto símbolo de España.

Bien. Y ¿qué es un ultrajar? Según la RAE: 1) Ajar o injuriar. 2) Despreciar o tratar con desvío a alguien. 3) En El Salvador y Venezuela, violar (tener acceso carnal con alguien en contra dee su voluntad).

El predominante y el que usa el juez es el 1) sobre todo, ajar, manosear, maltratar, arrugar. ¿Qué se ha ajado aquí? Algo material, pues solo lo material se aja; lo espiritual o ideal, nunca. La rosa se aja y se marchita; la idea de la rosa, no. Algo tiene que ver el tiempo, pero no lo perdamos ahora. Si los mocos de Dani Mateo ajan algo, es un trapo, que usa como pañuelo de sonarse. Eso no puede ser un ultraje.

Claro que lo es, razona el juez y quienes instan su acción, porque lo que se ultraja (o aja) no es el paño, sino lo que simboliza, el símbolo de España.

Al margen de que lo simbolizado nunca se podrá ultrajar, queda por determinar que alcance tiene el símbolo de España. Para no irnos muy lejos, el art. 123 del Código penal de 1944 declaraba entes ultrajables en España "la Nación española o el sentimiento de su unidad, el Estado o su forma política, así como sus símbolos y emblemas". 

 

La forma de Estado de entonces, la dictadura, ya no es ultrajable sino, al contrario, objeto de toda clase de injurias y vejaciones, tan aceptables como los "ultrajes" de antaño. Nada. Las dictaduras no son ultrajables. Pero son o han sido símbolo de España, que muda de símbolos como di pensiero. ¿Y qué decir del "sentimiento de la unidad de España" que hoy ya no es ultrajable, al menos claramente?

A la nación española aquí ultrajada del juez le pasa como a la forma de Estado del dictador, que venga a ser ultrajable y hasta con razón. No hace falta el paso del tiempo para comprobarlo. Puede hacerse ahora mismo: esa nación española ultrajada del juez, no es la nación de muchos sectores en la sociedad española que reniegan de esa nación porque tienen la suya.

El juez que diligentemente se apresta a hacer justicia a la nación española lo hace frente a unos acusados que niegan a su nación el derecho a juzgarlos por ultraje.

¿No estamos despistando? En absoluto. El ultraje de Dani Mateo es a lo material, pero el de los independentistas es mucho más grave, pues apunta a la base de legitimidad de la conciencia nacional española. Es mucho más que un ultraje y por eso los procesan por rebelión y sedición. 

¿Acaso no está la ultrajable nación española ajada, manoseada, maltratada y marchita? La idea de que su símbolo solo sirve para sonarse los mocos es perfectamente respetable a fuer de crítica y hasta excelsamente patriótica, mucho más que los hipócritas que la denuncia, pues nace de la desesperación al ver el desastre a que ha llevado el país una mezcla de delincuentes e ineptos. Algo en lo que están todos de acuerdo. Hasta los jueces.

Especialmente los jueces.

Dejen a Dani Mateo en paz. Su gesto refleja un estado de ánimo muy extendido. 

 

(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED

Hacienda insiste: no hubo malversación / José Antich *

Primero fue el Ministerio de Hacienda bajo las órdenes de Cristóbal Montoro, del Partido Popular; ahora es el Ministerio de Hacienda comandado por María Jesús Montero, del PSOE, pero la conclusión siempre es la misma: no hubo delito de malversación en los preparativos y en el referéndum del 1 de octubre del 2017. 

Se han imputado una serie de gastos a la consulta del 1-O en conceptos varios vinculados fundamentalmente al Diplocat pero no alcanzan los 200.000 euros que la ley establece para que sean considerados malversación. 

Todo aparece muy detallado en un informe que Hacienda ha entregado al juzgado número 13 de Barcelona que inició la instrucción y que debería ser clave a la hora de que el Supremo y la fiscalía revisaran, llegado el momento, sus conclusiones.

No sorprende la posición del Ministerio de Hacienda, ya que parece muy extraño que lo que no vieron Mariano Rajoy y Montoro, pese a que lo buscaron sin descanso, lo descubrieran ahora los socialistas. En un país mínimamente serio, el informe debería ser ya un problema para la fiscalía y para el propio tribunal. A medida que pasan las semanas se van cayendo supuestos delitos y allá en el Supremo y en la Fiscalía General del Estado todo el mundo hace oídos sordos. 

Es evidente que a estas alturas los delitos de sedición y rebelión no se los cree ningún jurista mínimamente serio. Como no se lo creyeron los países europeos que tuvieron o tienen políticos catalanes exiliados y que una vez juzgados han quedado en libertad y las órdenes de extradición presentadas por España se han retirado.

No obstante, la causa general contra el independentismo sigue su curso sin atender a razones. Pero no por avanzar a ciegas se va a llegar a algún sitio que no sea el descrédito de las instituciones a nivel internacional y, en este caso, el del poder judicial, que tendrá dentro de unos años un revolcón espectacular si sigue por este camino. Todo eso, sin embargo, parece descontado con el cálculo de que cuando llegue el momento vaya usted a saber dónde estaremos todos. 

El Estado español hace tiempo que decidió pagar este coste y, por ello, también se mantiene contra toda lógica a los presos políticos catalanes en prisión provisional y en algún caso, como es el de los Jordis, habiendo superado la escalofriante cifra de los 400 días en la cárcel sin que se haya celebrado el juicio ni haya expectativas de que salgan en libertad antes de su celebración.

No sucederá nada de todo ello, pero no hay que dejar de insistir en dos puntos: los delitos de sedición y rebelión no existen y, por tanto, la causa debería volver al TSJC y a la vista que Hacienda también concluye que no hay malversación debería quedar solo para ser juzgado el de desobediencia. La causa inventada por la monarquía, el poder político español, la justicia y los medios de comunicación, queda como mucho en esto. 

Otra cosa es lo que se quiere llevar a cabo, y que se parece mucho más al Tribunal de Orden Público (TOP) que a lo que debiera ser la justicia actual.

(*) Periodista y ex director de La Vanguardia

https://www.elnacional.cat/es/editorial/jose-antich-hacienda-malversacion-1-octubre_327816_102.html

Diversidad productiva y economía sana / Gumersindo Ruíz *

Hace poco nos dio una conferencia el profesor Pier Paolo Saviotti, de la Universidad de Pisa, cuya idea central era que las regiones y países que producen de manera diversificada, son las más capacitadas para hacer frente a las crisis; son economías más desarrolladas, con más productividad y renta, y oportunidades de empleo. 

Siempre me ha llamado la atención cómo en Suiza junto a las granjas están las fábricas, cultivan un turismo de alto nivel -no incómodo-, que permite pagar bien al personal, y tienen unos servicios financieros y tecnológicos sofisticados; incluso hay una importante flota con bandera suiza, aunque esto es una excentricidad que sale cara a un país sin mar. Una economía así diversificada permite adaptar el empleo, reorientándolo hacia nuevas ocupaciones, pues hay alternativas y mano de obra que se cualifica permanentemente. 

El pasado fin de semana falleció Ambrosio Sempere Flores, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Murcia, y alumno de la primera promoción de economistas de Andalucía en la facultad de Málaga. En una vida dedicada a la docencia y la investigación, defendió, precisamente, que la economía productiva debería apoyarse en una inversión tecnológica muy intensa para competir y diversificarse. 

Sus estudios sobre la agricultura y el agua, que se remontan a hace más de cuarenta años, bajo la dirección del estadístico y económetra cordobés Alfonso García Barbancho, van en esta línea de aplicar la tecnología del más alto nivel disponible en cada momento para hacerla competitiva internacionalmente, y además crear actividades relacionadas. 

Hoy día, si en la agricultura se hubiera invertido adecuadamente en investigación y sus desarrollos, incluyendo aplicaciones de tecnología de la información, bases de datos, e inteligencia artificial a la ingeniería de productos, al marketing y la demanda, tendríamos no uno sino varios sectores relacionados, con un potencial inimaginable. 

Ambrosio Sempere vio muy pronto que la agricultura sufría el mismo proceso que otras industrias, y era desplazada por la construcción y el turismo, que se consideraban más rentables, lo que podía ser cierto con una agricultura muy tradicional, pero de ninguna manera para las producciones que se abren a partir de una agricultura de muy alto nivel. 

Sus trabajos sobre la huerta de Murcia y el uso del agua son pioneros y generalizables a otros espacios de nuestra tierra; tuve ocasión de colaborar con él en uno de los primeros trabajos que se hicieron sobre agricultura, urbanismo, e impacto ambiental. 

Hay otro aspecto a destacar de la vida académica de Ambrosio Sempere, pues en una época en que aparecen tantas imágenes frívolas de la Universidad y la enseñanza, hay que poner ejemplos de personas que escribieron textos útiles, dirigieron tesis doctorales de nivel, crearon equipos de trabajo, dedicaron tiempo a instituciones científicas-entre otras, Ambrosio fue presidente de la Asociación de Ciencia Regional, y de Arethuse, la asociación de las universidades de la Europa del Sur, que nació en Andalucía en 1981-, y quedan entre nosotros como una referencia de que hay cosas valiosas por las que seguir trabajando.

(*) Catedrático de Política Económica en la Universidad de Málaga

Un apasionado de la economía

Ambrosio Sempere Flores inició su carrera docente como profesor ayudante de clases prácticas, que era como se entraba en la Universidad de Murcia (UMU). Cubriendo etapas con brillantez, llegó a ser catedrático de Economía Política y Hacienda Pública, cátedra que posteriormente pasó a denominarse Economía Aplicada. 

Empezó sus enseñanzas en la vertiente de economía en la Facultad de Derecho, publicando un libro sobre esta materia, que fue de gran utilidad para los estudiantes. Después, pasaría a las enseñanzas de Hacienda Pública en la Facultad de Economía y Empresa con la denominación de Economía del Sector Público. 

Fue un profesor que, en la estructuración de la Universidad de Murcia en departamentos, trabajó con inteligencia y la debida persuasión e insistencia hasta conseguir el departamento de Hacienda y Economía del Sector Público, del que fue director durante mucho tiempo. Su magisterio era muy bien recibido por sus alumnos, tanto por los de la Facultad de Derecho como por los de Economía y Empresa. 

Ambrosio Sempere compatibilizó su actividad universitaria con la presidencia de la Asociación Internacional de Economistas Arethuse y fue también director regional de la Asociación de Economía Regional Española. Él era una persona encantadora, con un finísimo sentido del humor, e intentaba que sus amigos lo fueran cada día en mayor medida.

Durante todos los años que lo he tratado y he gozado de su amistad, he podido comprobar que la inteligencia y la simpatía eran los rasgos reconocidos unánimemente por todas las personas que lo conocían. 

Ayer, en la iglesia parroquial de la pedanía murciana de Santo Ángel, se celebró una misa de difuntos a la que asistimos cuantos tuvimos el gozo de compartir su vida.
 

Los seminarios españoles prohibirán la entrada de seminaristas homosexuales

MADRID.- El nuevo secretario-portavoz del Episcopado, Luis Javier Argüello, no se esconde en maniobras clericales y contesta a todas las cuestiones que se le plantean, incluso las más complicadas. Por ejemplo, pide que se conjugue "razón y sentimiento" para abordar el tema catalán y el de cambio de sexo o reconoce abiertamente que los seminarios españoles se van a cerrar para los gays, según El Mundo.

En el caso del tema catalán o de cambio de sexo, a juicio del secretario de los obispos "se ha elevado a categoría jurídica el sentimiento". Y ante eso, se pregunta retóricamente: "¿Sólo el sexo sentido puede ser suficiente para algo tan serio como el cambio de sexo?" Y, por supuesto, se responde que "en asuntos tan serios, hay que conjugar el respeto a los sentimientos de las personas y la racionalidad".

Ese mismo argumento hay que aplicarlo, según Argüello, a las tensiones que estamos viviendo como pueblo y, refiriéndose implícitamente al procés, se vuelve a preguntar retóricamente: "¿Es el sentimiento la única categoría a tener en cuenta a la hora de cambiar la configuración del Estado?". 

Evidentemente que no, porque "cuando hablamos de diálogo, hacemos referencia al 'logos' o razón, que tiene que conjugarse siempre con el sentimiento".

En el tema del eventual acceso de los homosexuales a los seminarios españoles, Argüello fue todavía más contundente y, desde la amplia experiencia que le da el haber sido, durante muchos años, formador y rector del seminario de Valladolid, sostiene que "la Iglesia tiene derecho a seleccionar sus candidatos y a elegir su perfil".

Por eso, entre las cualidades que exige a los candidatos a curas (a pesar de le penuria vocacional por la que está atravesando) es que "se reconozcan y sean enteramente varones y, por tanto, heterosexuales" y, además, que "quieran ser célibes".

Dos requisitos que impone, por otra parte, el Vaticano y que, como tales, van a figurar en la próxima aprobación de la Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis en España, que se concretará en un plan de formación que va a regir próximamente en todos los seminarios españoles.

Horas más tarde, Argüello ha enviado un audio en el que pide disculpas por sus palabras "desafortunadas" y se disculpa "si ha podido molestar a algunas personas". 

"No puedo ni quiero decir que los varones homosexuales no sean perfectamente varones", explica el secretario de los obispos, que ha pedido que se circunscriba su declaración a la pregunta que se hacía en la rueda de prensa, sobre el sacerdocio: "La Iglesia pide que los candidatos sean varones y que su orientación no sea la atracción por el mismo sexo", ha aclarado.

Exención del IBI

Por otro lado, los obispos insisten en que no piensan renunciar a la exención del IBI, ni siquiera ante la amenaza de que este u otro Gobierno les obligue a ello. Se escudan, como dice el vicesecretario de Asuntos económicos, Fernando Giménez Barriocanal, en que la ley de mecenazgo se lo permite a la Iglesia y a otras muchas organizaciones no lucrativas, porque "están aportando valor a la sociedad".

Ofrecen también los prelados españoles diálogo, tanto en este tema como en el de la "reforma educativa que se ha filtrado" y que les tiene preocupados "no sólo por la clase de Religión y por la enseñanza concertada, sino por el tema más amplio de la educación en España en todas sus dimensiones".

A este respecto, el portavoz episcopal pide al Ejecutivo que sea consecuente "con el diálogo y el pacto educativo que pedía, cuando estaba en la oposición". La Iglesia, que mantiene siempre lo mismo, "quiere diálogo y pacto educativo", que no esté al albur de los cambios de Gobierno, porque "el corazón de este pacto está en la Constitución" y, por eso, reclama "que lo que ahí se dice se respete y se cumpla"

Eso es lo que la CEE va a plantear en la próxima reunión que el secretario general va a mantener con la ministra de Educación, sin olvidar, por supuesto, la defensa de la clase de Religión como derecho de los padres, recogido en los Acuerdos Iglesia-Estado, y que contribuye a una formación humanista.

Por su parte, el gerente del episcopado, Fernando Giménez Barriocanal, presentó un año más las cuentas de la Iglesia, estimando que va a recibir 256 millones de euros a través de la asignación tributaria, lo que representa un 2,3% de incremento con respecto al año anterior.

El grueso de este dinero se destina a pagar el salario y la seguridad social del clero. Los curas, que cotizan por el salario mínimo interprofesional, reciben al jubilarse unos 600 euros, que las diócesis complementan, "para que puedan seguir siendo unos buenos mileuristas", explicó el portavoz, Luis Argüello.

El Banco de España multa a Bankia y BMN con 2,1 millones por deficiencias burocráticas en 2014

MADRID.- El Banco de España ha impuesto dos multas a BMN, que suman 1,2 millones de euros, y una a Bankia, de 900.000 euros por deficiencias burocráticas en contratos del año 2014, que ahora tendrá que asumir en conjunto el grupo cotizado.

Según ha informado el supervisor, las sanciones están recogidas en la Ley sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito.

Bankia, en su condición de sucesora universal de BMN, entidad con la que se fusionó el año pasado, asumirá las tres multas, por un montante conjunto de 2,1 millones de euros. Fuentes de la entidad financiera señalaron que estas sanciones corresponden a deficiencias burocráticas en contratos del ejercicio 2014.
Una de las multas impuestas a BMN (300.000 euros) y la de Bankia (900.000) se refieren a una infracción grave tipificada en el artículo 5 de la Ley, "consistente en la realización de actos u operaciones con incumplimiento de normas dictadas al amparo del número 2 del artículo 29 de la Ley de Economía Sostenible, y, en concreto, con incumplimiento de la Orden 2899/2011 y de la Circular 5/2012 del Banco de España".
La segunda multa a BMN, de 900.000 euros, es por una infracción muy grave tipificada en el artículo 4 de la Ley sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, "consistente en la realización de actos u operaciones prohibidas por normas de ordenación y disciplina con rango de Ley o con incumplimiento de los requisitos establecidos en las mismas, salvo que tenga un carácter meramente ocasional o aislado".

La OCDE pide que las autonomías gasten menos a las puertas de las elecciones

MADRID.- La OCDE ha querido dar hoy un tono conciliador en sus impresiones sobre la economía española en presencia del Gobierno, después de que ayer rebajara sus previsiones de crecimiento , junto al FMI. 

El secretario general, Ángel Gurría, ha dado esta mañana una rueda de prensa con la ministra de Economía, Nadia Calviño, en Madrid en la que ha mostrado su apoyo a la subida del 23% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). «La utilidad del salario mínimo es ser un mínimo de protección social para evitar que haya empleos de extrema precariedad», ha aseverado y recoge Abc.

El propio Gurría, con Calviño a su vera, ha valorado que en plena desaceleración global, España lo está haciendo «mejor que otros países» si bien los mercados son «menos pacientes y tolerantes». Una defensa que el informe sobre España que presentó ayer el organismo no incluye, al estar repleto de deberes y advertencias para el Gobierno.

 La OCDE pide que las comunidades autónomas apliquen con más rigor la regla de gasto –el tope al desembolso ligado al crecimiento del PIB– en lugar del déficit. 

«Las comunidades autónomas únicamente aplican la regla de déficit, lo que en parte explica que sus gastos sean más cíclicos», denuncia la institución con sede en París.

«Es preciso (...) que la regla de gasto sea el instrumento principal para alcanzar la sostenibilidad de las finanzas públicas», sentenció. 

El objetivo es que así vayan reduciendo su abultada deuda, del 24,7% del PIB, que según la Ley de Estabilidad debe bajar al 13% en 2020 –un objetivo imposible–. Pese a que las regiones ahora tienen déficits más acotados, la regla de gasto aseguraría que destinaran sus superávits a reducir el pasivo.
La petición del organismo no es casual y llega unos meses antes de las elecciones regionales. Las comunidades, hasta agosto, dispararon su gasto computable a efectos de la regla un 2,7%, por encima del límite del 2,4%. 

Aragón, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña y Valencia: siete de las ocho tienen elecciones en mayo. Junto a ello reclama «recurrir a los impuestos ambientales y al IVA» para elevar la recaudación, recomendando elevar el tributo a productos con tipos reducidos y súperreducidos en el impuesto al consumo.
También exige eliminar y deducciones en el Impuesto de Sociedades, así como aumentar los impuestos sobre los combustibles. Tanto en su recomendación sobre el IVA como en impuestos medioambientales –tanto a combustibles como a emisiones– cifra cada alza tributaria en 4.800 millones de euros adicionales. 

Otro de los reproches van dirigidos a las diferencias de regulación entre comunidades: reclama potenciar la ley de unidad de mercado y eliminar distorsiones, ya que los servicios públicos difieren considerablemente, lo que arroja distintas tasas de abandono escolar y productividad entre regiones. 

También pidió la OCDE «ampliar el periodo de referencia» para calcular la pensión, que ahora está en los últimos 21 años, y «el número de años de cotización exigidos para cobrar una pensión completa». De esta forma se endurecería el cobro de la prestación, que ahora exige 35 años y seis meses trabajados.
El secretario general de la OCDE también ha recomendado al Gobierno «disminuir los incentivos a la jubilación anticipada», así como «vincular la edad de jubilación obligatoria a la esperanza de vida en el momento de la jubilación».
Ello significa elevar la edad de jubilación, que ahora está en 65 años y 6 meses. 

«Hay que prolongar la vida activa y elevar la edad de jubilación, para hombres y mujeres», ha añadido Gurría, que apostilló que es necesario aumentar también las cotizaciones sociales de empleados y empleadores, además de fomentar los planes de pensiones privados. A ello se le suma que Gurría ha instado a recortar las pensiones y «sus beneficios» en relación al porcentaje del último salario que se cobra en la primera pensión.

 La OCDE apunta que en el mercado laboral, España debe mejorar sus salarios y proteger con más ahínco a los desempleados de larga duración. «El riesgo de pobreza es significativo, con un 15% de la población viviendo en hogares pobres en 2014», subraya, para remarcar también la elevada pobreza infantil. 

En España el 20% que más posee gana seis veces más que el 20% más pobre, por encima de la media de la OCDE. Curiosamente, la desigualdad de ingresos es mayor internacionalmente que la de riqueza, que está por debajo de la media de los 35 países desarrollados incluidos en el organismo.
Por ello denuncia que las transferencias públicas son menores a los más pobres que a los más ricos: el 20% con menores ingresos recibe solo un 55% más que el hogar medio mientras que el 20% más rico recibe un 60% más. Ello se debe a que muchas de las exenciones fiscales en España «tienden a ser regresivas», como ocurre con los tipos reducidos del IVA.

El Supremo prohíbe el uso de la vivienda familiar a los divorciados con hijos si entra a vivir una nueva pareja

MADRID.- El Tribunal Supremo ha establecido que el padre o la madre que vive con sus hijos en una vivienda familiar en régimen de gananciales y que lleva su nueva pareja a convivir con ellos de manera estable, pierde el derecho a disfrutar del uso de esa casa.

En la sentencia, el Pleno de la Sala Primera del Supremo explica que el progenitor, una vez que se liquide la sociedad de gananciales, deberá abandonar la vivienda.
La resolución desestima el recurso de casación de la Fiscalía contra una sentencia de la Audiencia Provincial de Valladolid que había acordado la extinción del derecho de uso de la vivienda por considerar que la entrada de una tercera persona en el inmueble hacía perder a este su antigua naturaleza de vivienda familiar, al servir ahora en su uso a una familia distinta y diferente.
En este caso, una pareja de Valladolid se divorció y la mujer se quedó con sus hijos en la vivienda familiar. Pasado un tiempo, entró a vivir su nueva pareja, por lo que su ex marido la demandó.
El Supremo afirma que el derecho a residir en la vivienda familiar se mantiene "en tanto que se conserve este carácter familiar".
Sin embargo, en el caso que ha estudiado la Sala, dicho carácter "ha desaparecido, no porque la madre e hijos hayan dejado de vivir en ella, sino por la entrada de un tercero, dejando de servir a los fines del matrimonio".
Y explica: "La introducción de una tercera persona hace perder a la vivienda su antigua naturaleza por servir en su uso a una familia distinta y diferente".
La Sala recuerda que "el interés de los hijos no puede desvincularse absolutamente del de sus padres, cuando es posible conciliarlos", por lo que "el interés en abstracto o simplemente especulativo no es suficiente".
Por tanto, "la misma decisión adoptada en su día por los progenitores de poner fin al matrimonio, la deben tener ahora para actuar en beneficio e interés de sus hijos respecto de la vivienda."
Y recuerda que el carácter ganancial del inmueble facilita otras soluciones económicas que permiten precisamente esa conciliación de intereses como, por ejemplo, que el tercero compre la parte de la casa que le corresponde al que no reside en ella.

El juez ordena la "suspensión inmediata por riesgo de las obras" del 'Edificio España'

MADRID.- Jarro de agua fría para la cadena hotelera Riu, dueña del Edificio España. El juzgado de primera instancia numero 67 de Madrid acaba de ordenar la "suspensión inmediata por riesgo en las obras del Edificio España". Accede de este modo a la petición, según el propio juzgado, "del propietario de los locales comerciales" del inmueble, que denunció irregularidades en el refuerzo de la estructura.

Según ha podido confirmar El Confidencial por fuentes jurídicas, el juzgado no ha entrado aún en razonamientos jurídicos y se limita a dar curso a la petición del dueño de la superficie comercial. 

Junto al auto, el juzgado emite la orden ejecutiva de paralizar temporalmente las obras de manera inminente y acuerda "el reconocimiento pericial" de las mismas antes de la próxima vista. 

Apercibe asimismo a Plaza de España 19 Development, sociedad de Riu responsable del inmueble, a que, en caso de no cumplir con la orden de paralización, "podrá procederse" contra ella "por desobediencia a la autoridad judicial".

Fuentes de Riu aseguran no haber recibido notificación alguna por parte del juzgado hasta esta misma mañana. Por su parte, desde Grupo Baraka confirman que ellos sí la han recibido y que el grupo hotelero no se personó en la causa y por eso no ha sido notificado.

La propiedad de los locales, de hecho, es un punto de polémica. 

Desde Riu aseguran que el 100% del edificio es suyo mientras Baraka asegura que tiene una opción de compra sobre los establecimientos comerciales. 

En este contexto, el Juzgado de Primera Instancia número 51 de Madrid desestimó el pasado 15 de noviembre la demanda del empresario murciano Trinitario Casanova, dueño de Baraka, contra la cadena por no escriturar a su favor la zona comercial del inmueble.

Quién es el dueño

El juzgado rechazó la petición de medidas cautelares que solicitaban una anotación preventiva en el registro de la propiedad que manifestase que sobre dicho inmueble existía un pleito abierto. Según Baraka, que tiene recurrida esta decisión judicial, el juzgado desestimó su demanda por un defecto de forma, no de fondo.

Hace algo más de un mes, el empresario murciano interpuso otra demanda contra Riu en la que pedía que se paralizasen las obras del edificio ya que temía incluso que puediera producirse una catástrofe, y acusaba a la cadena hotelera de "primar la reducción de costes y plazos de la ejecución de la obra en detrimento de la seguridad del inmueble". 

Esta última denuncia correspondería con el proceso que sigue el juzgado de primera instancia 67 ya mencionado que ha llevado a la paralización.

En aquel momento, Riu declaró que "no existe ningún fundamento en las críticas que provengan de personas, ya sean cualificadas pero no involucradas en la obra como no cualificadas". 

El proyecto de la cadena hotelera contempla construir un hotel con 26 plantas y 550 habitaciones.

Es imposible echar a un funcionario en España: tan sólo 500 inhabilitaciones desde 1996

MADRID.- Conseguir una plaza de funcionario en España implica tener trabajo garantizado de por vida, a diferencia de lo que sucede en la mayoría de países, donde los empleados públicos pueden ser despedidos por multitud de razones, de forma similar a lo que sucede en el sector privado. En Suecia, por ejemplo, tan sólo el 1% de los trabajadores de la Administración ostentan la condición de funcionario, recuerda https://www.libremercado.com.

En España, sin embargo, no sucede lo mismo. Una vez obtenida la plaza, es casi imposible despedir a un funcionario. Y la prueba esta en el escasísimo número de ceses registrado en los últimos años. La Fundación Civio acaba de publica un detallado informe al respecto, y las cifras hablan por sí solas.

Tan sólo 524 funcionarios perdieron su plaza desde 1996. En concreto, 19 lo hicieron tras una sanción administrativa -la mayoría por dejar de ir a trabajar- y los otros 505, el grupo más numeroso, perdieron la condición de funcionario tras haber sido condenados por sentencia firme. Esto supone una media de apenas 20 funcionarios inhabilitados al año, equivalente al 0,0007% de la plantilla pública, que en la actualidad ronda los 3 millones de trabajadores. 

Entre los condenados solo hay 45 mujeres (frente a 460 hombres), pese a que estas representan más de la mitad del funcionariado.

Hay cinco formas de perder una plaza en España, tal y como señala el estudio: por renuncia, por pérdida de la nacionalidad, por jubilación, por sanciones administrativas o por condena. En este último caso, la sentencia debe marcar la inhabilitación, ya sea absoluta (para cualquier puesto) o especial (para un sector o profesión concreta). 

Esta última es habitual, por ejemplo, cuando se veta que alguien vuelva a trabajar con menores tras ser condenado por abusos.

El delito de inhabilitación más frecuente es la malversación, cometido por 109 de los funcionarios cesados. "Un ejemplo: el concejal de Palma de Mallorca que gastó 50.000 euros de dinero público en prostíbulos, o la pareja formada por el decano de la facultad de Medicina de la Universidad del País Vasco y la directora de Estomatología, que falsificaron decenas de facturas para llevarse fondos de la facultad". 

Le siguen los delitos de falsedad documental (94) y cohecho (61).

El cuerpo donde más funcionarios han perdido su plaza por condenas es la Policía Nacional, con 201 casos. Sus delitos más comunes son aquellos contra la salud pública, vinculados al trapicheo de drogas, y los de detenciones ilegales y secuestro, con 28 casos para cada uno de ellos. 

Otros de los cuerpos con más presencia en la lista son los administrativos, con 97 pérdidas de plaza, o las 87 de los cuerpos de servicios postales. En este último caso, además de malversación y falsedad, se suman a los delitos más comunes dos relacionados con su empleo: infidelidad en la custodia de documentos y revelación de secretos.

Le siguen los 41 funcionarios de Justicia, solo uno de ellos juez. 

Igualmente, 31 profesores de todos los niveles perdieron su plaza por condena desde 1996, 23 de ellos maestros. Su delito más común fue el de abusos sexuales (9). Le siguen los 16 de la administración local, en su mayoría interventores, y, a la cola, un meteorólogo condenado por el delito más común, la malversación.