martes, 22 de mayo de 2018

Zaplana, el fiel centurión a la derecha de Aznar

MADRID.- La historia de Zaplana es la historia del PP de Aznar. Acebes, Esperanza, Mayor Oreja…formaban parte del núcleo duro, del equipo de confianza del líder de la neoderecha española. Su equipo de confianza, sus peones de brega, sus incondicionales… Siempre estuvieron ahí, arracimados en torno a su jefe. Con dudas pero sin fisuras, según rememora hoy www.vozpopuli.com.

Eduardo Zaplana no es valenciano, sino murciano. Nació en Cartagena hace 61 años, pero el arranque, despegue y consagración de su carrera política van ligados a la Comunidad Valenciana. Hijo de un oficial de la Armada, que derivó luego en industrial, estudió Derecho y saltó raudamente a la política.
Zaplana ha sido un peso pesado en la era Aznar. Uno de sus más fieles centuriones, miembro de su guardia de corps, leal, astuto, dotado de un enorme instinto político, buen encajador y alma de ‘killer’. Su trayectoria es un ejemplo de carrera meteórica. Arrancó en el lado liberal de la UCD, como tantos. 
Oteó el horizonte, divisó el futuro y pasó con celeridad al PP. Concejal por Benidorm, saltó a la alcaldía en 1991, merced a una tránsfuga del PSOE que le puso el Ayuntamiento en bandeja. Apuntaba maneras. Aznar se fijó en él. Un político joven, con encarnadura de líder, dispuesto a todo, buena presencia, seductor, amable y con una cabeza organizada para la escala. 
En 1995 se hizo con la presidencia de la Comunidad Valenciana, tras lograr el éxito ímprobo de expulsar a los socialistas de la que pensaba su casa. Allí estuvo casi ocho años. Le dio la vuelta a la región, la parachutó en el ranking de las regiones españolas, y europeas. Le plantó cara al pancatalismo, por entones en ebullición, y transformó la faz de su territorio de forma radical.
Aznar se lo trajo a Madrid en 2002. Le encargó el Ministerio de Trabajo donde impulsó algunas medidas sobre pensiones que supusieron un avance sin precedentes en ese complicado territorio. Se las tuvo con los sindicatos, pero  su habilidad para el regate le granjeó importantes victorias políticas. 
Ya se había granjeado por entonces importantes enemigos. En especial, en el ámbito de los medios de comunicación. Desde algunas cabeceras importantes le buscaron afanosamente las cosquillas, con Tierra Mítica como principal argumento. Nada lograron. Zaplana seguía en pie, envuelto en sospechas pero sin pisar un juzgado. Ganó aquel pulso.
Le atribuyeron incluso aquella frase de “estoy en política para forrarme”, que nunca pronunció. Una variante más perversa que la de Sara-Mago de Esperanza Aguirre. En las postrimerías de su mandato, Aznar le renovó en Trabajo y le encolomó además la portavocía del Gobierno en sustitución de Mariano Rajoy. 
Tiempos duros, inhóspitos, erizados de polémicas y de turbulencias. Nació por entones la palabra ‘crispación’ aplicada a la política. Un estrambote feroz al gobierno de la mayoría absoluta, del repunte económico, de la conquista de un cierto relieve internacional. La boda de El Escorial, la guerra de Irak, el rancho de Bush, el Yak 42...El crepúsculo del PP. Zaplana lo pasó mal. “Fueron los tiempos más difíciles”. Pero nunca dio un paso atrás.
Mantenía excelentes relaciones con destacada gente del PSOE, como Bono o Rubalcaba. Se movía con soltura por los pasillos del Congreso, por los meandros del mundo empresarial, por las covachuelas de los medios. 
Tras la hecatombe del 11-M, Mariano Rajoy, ya al frente del PP, le rescató, como a otros firmes centuriones de Aznar, como Ángel Acebes, para labores de segundo orden. Zaplana se encargó de pastorear el grupo parlamentario, con más acierto del que exigía el cargo. Remaba a la contra. 
El presidente del partido, que venció el pulso a la titubeante familia aznarista precisamente en el Congreso de Valencia, apenas contaba con él. Zaplana y Acebes, los dos miembros más caracterizados del ‘antiguo régimen’ del PP, pasaron a la reserva. Y de ahí, a la empresa privada.

El 5 volverá a ser la nota mínima para optar a una beca universitaria

MADRID.- La nota mínima para optar a una beca de matrícula universitaria volverá a ser un 5 y no un 5,5 como lo era ahora, según ha anunciado hoy el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo en el Senado.

Lo ha afirmado en la sesión de control del Senado al ser preguntado sobre la convocatoria de becas para el próximo curso y donde ha dicho que esta medida y el resto de las novedades sobre el sistema de becas para el curso 2018-2019 están contempladas en un real decreto que presentará en la Conferencia Sectorial de Educación del próximo 5 de junio.
Además, este real decreto contempla "becas de excelencia", que premiarán con un complemento de 200 euros a los estudiantes que "saquen más de un 8" durante el curso universitario, así como becas para los hijos de víctimas de violencia machista.
El requisito de tener como mínimo un 5,5 de nota y no un 5 para acceder a una beca para la matrícula de un grado fue establecido en 2012 por el entonces ministro de Educación José Ignacio Wert y causó el descontento de estudiantes, rectores y partidos políticos de la oposición, que cada curso vuelven a pedir al Ministerio que lo rebaje al 5.
El ministro ha explicado que estas modificaciones -para que las becas sean más inclusivas, integradoras y garanticen la igualdad- se han podido hacer porque "los aires difíciles han quedado atrás y el sistema es sostenible", y se ha referido al "agujero permanente" que el sistema del PSOE había creado y con el que se encontró el PP a su llegada al Gobierno en 2011.
Méndez de Vigo ha recordado que desde 2011 los populares han ido aumentando la partida de becas, a la que se dedica el 66 % del presupuesto de Ministerio de Educación, con una dotación para los presupuestos generales del Estado para 2018 de 1.436 millones de euros.
El futuro real decreto, ha precisado el ministro, tendrá dos objetivos: "premiar la excelencia" y "permitir que más alumnos tengan becas de matrícula para acceder a la universidad".
Este real decreto contemplará que la nota para optar a una beca universitaria sea de 5, dejará en 6,5 la nota para mantenerla y premiará con un complemento de 200 euros a "quienes se esfuerzan" y obtienen más de un 8.
Asimismo, Méndez de Vigo ha anunciado que habrá becas para los hijos de víctimas de violencia de género, que se potenciará la investigación con las becas Beatriz Galindo -que tendrán una dotación inicial de 10 millones de euros- y que se incrementarán en un 16 % las becas Erasmus Plus (hasta los 200 millones de euros).
El ministro ha contestado de esta manera al senador del PSOE Francisco Menacho Villalba, que le ha recordado el encierro de los estudiantes el pasado mes de julio para demandar la reducción de la nota a un 5 para la matrícula universitaria y le ha reprochado que las familias "tengan que esperar hasta abrir para recibir el dinero" de sus becas. 
"La beca es un derecho y nadie debe dejar de estudiar por razones económicas", ha subrayado Menacho .
Méndez de Vigo también ha confirmado en el Senado que Educación presentará en la Conferencia Sectorial del 5 de junio un real decreto que actualice la Formación Profesional Dual, que hará referencia a la contraprestación económica a los alumnos, al refuerzo de la labor de los tutores educativo y de la empresa y a una mayor coordinación entre el centro educativo y el productivo.
En respuesta al senador popular José Ortiz, el titular de Educación ha destacado que espera que este tipo de FP cuente con 100.000 alumnos en 2020 y que uno de los objetivos pendientes es que más pequeñas y medianas empresas se adhieran al programa.

Finaliza el registro con Zaplana en su domicilio de Valencia

VALENCIA.- Poco antes de las 14 horas, abandonaba su domicilio el exjefe del Consell en un vehículo oficial, con varios agentes de la Benemérita en el interior. Zaplana ha salido del edificio entre gran expectación, con algún que otro abucheo y algún grito de "sé valiente, Eduardo".

Al exministro de Trabajo de Aznar lo acompañan agentes de la UCO desde primera hora de la mañana para registrar su domicilio en Valencia. La investigación la dirige el juzgado de instrucción nº 8 de esta ciudad y en principio no guarda relación con la trama Lezo ni con la operación Púnica.
"Ah, ¿que han detenido a Zaplana?", "pues ya era hora" o "otro más pa' adentro" han sido las frases más repetidas este martes en la acera de Pascual i Genis.
Tras la salida del exministro,  los agentes de la UCO han intervenido en el garaje de la finca dos vehículos de alta gama, recientemente matriculados.
Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han intervenido dos vehículos de alta gama en el garaje de la vivienda del expresident de la Generalitat y exministro Eduardo Zaplana en la ciudad de València, tras el registro que han realizado esta mañana en el inmueble.
El exministro, detenido hoy en una operación contra el blanqueo de capitales, ha salido por el garaje del edificio, situado en la calle de Pascual y Genís 12, en pleno centro comercial y financiero de Valencia, minutos antes de las 14 horas, en el asiento de detrás del copiloto de un todoterreno de color azul oscuro.
Cinco minutos antes ha abandonado el edificio otro coche en el que viajaban agentes de la UCO de paisano con las cajas con el material intervenido en el registro llevado a cabo desde las nueve de la mañana en la casa de Zaplana.
Tras la salida del exministro, los agentes de la UCO han intervenido en el garaje subterráneo de la finca dos turismos de alta gama y con matrícula reciente, que han sido traslados por dos grúas, estacionadas en la zona una media hora antes de la salida de Zaplana de la vivienda.
Según han informado fuentes de la investigación, tras esta actuación policial que ha durado algo más de cinco horas, Zaplana ha sido trasladado a su chalet en Benidorm, de donde fue alcalde (1991-1994) gracias a una moción de censura apoyada por una tránsfuga antes de acceder a la presidencia de la Generalitat tras las elecciones autonómicas de 1995.

La trama de Zaplana defraudó 10 millones con comisiones ilegales

MADRID.- Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil siguen la pista a 10 millones de euros que los empresarios adjudicatarios de las ITV y del plan eólico abonaron como presuntas comisiones ilegales, según han confirmado a Vozpópuli fuentes del caso, que especifican que se trata de una estimación que deberá ser confirmada en la investigación judicial del 'caso Zaplana'.

El exministro Eduardo Zaplana, detenido este martes por presunto blanqueo de capitales, prevaricación y malversación de caudales públicos en relación con las concesiones de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) y un plan éolico, pudo haber recibido una parte de ese dinero en comisiones presuntamente ilegales. Al parecer, Zaplana blanqueaba el dinero desde paraísos fiscales.
Además, también han sido arrestados dos empresarios que son sobrinos del exvicepresidente del Gobierno valenciano y exdirector de la Policía Nacional, Juan Cotino: Vicente y Juan Cotino.
La familia Cotino se benefició de las concesiones de las ITV de la Comunidad Valenciana, hecho que estaría en el origen de la operación policial. 

El hombre que cambió Valencia bajo la sombra de la sospecha


MADRID.- El hombre que cambió Valencia llegó, contra pronóstico, de Cartagena. De temprana vocación política, Eduardo Zaplana Hernández-Soro (1956) recaló en las filas del PP después de la desintegración de UCD, donde había dado sus primeros pasos mientras cursaba la carrera de Derecho en Alicante, tal como recuerda hoy El Español. 

Bien casado en Benidorm con Rosa Barceló, hija de un próspero empresario local con la que tuvo tres hijos, la mujer más famosa en su currículum político es sin embargo Maruja Sánchez, inventora del tamayazo avant la lettre. Sin la intervención de esta concejal socialista es probable que Zaplana no hubiera desarrollado su exitosa carrera política. No al menos a la velocidad en la que lo hizo. Es su pecado original.
Con treinta y pocos años y gracias al voto de esta tránsfuga, Zaplana llegó a la alcaldía de Benidorm, la capital turística de una Comunidad Valenciana que era feudo socialista desde las primeras elecciones democráticas, una década antes. De aquel primer Zaplana, blanquecino, tirando a rollizo y de verbo obtuso, pronto no quedó ni rastro. Su transformación es un ejemplo del poder de la voluntad.
Todo estuvo a punto de irse al traste por una grabación telefónica obtenida irregularmente en el caso Naseiro, que investigaba las finanzas de los populares. En las cintas salía Zaplana comentando de manera informal que gracias a la política podría cambiarse de coche. Sus rivales corrieron la voz de que sus palabras eran "estoy en política para forrarme", y aún hay quien así lo cree, por más que nunca pronunciase tal frase.
Meses después de suceder en el liderazgo del PP valenciano a Pedro Agramunt -famoso estos días por haber tenido que abandonar el Consejo de Europa al ser acusado de corruptelas varias- emergió un Zaplana absolutamente nuevo: moreno, fibroso, con carisma, desacomplejado, capaz de mitinear sin un solo papel y con todos los datos imprescindibles en la cabeza listos para desenfundar.

A lo grande

Los vientos, que ya soplaban en contra de un PSPV-PSOE y un Joan Lerma agotados y ninguneados continuamente por Felipe González, terminaron de impulsar a Zaplana, que ganó con autoridad las elecciones. Y ahí cambió la historia reciente de la Comunidad Valenciana, para bien y para mal.
Zaplana tuvo la audacia de pensar a lo grande y el coraje político de afrontar muchos de los problemas pendientes que tenían la sociedad y el propio PP valencianos. Sus enemigos siempre denunciaron que lo hacía en beneficio propio. Las dudas sobre su tren de vida y el supuesto incremento de su patrimonio estuvieron sobre la mesa desde los comienzos, pero sin pruebas... a expensas de lo que descubra ahora la operación que dirige el Juzgado 8 de Valencia.  
Como presidente de la Generalidad desatascó infraestructuras clave para el desarrollo regional, caso de la construcción de la autovía con Madrid (A-3); puso la primera piedra de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, aliándose con Rita Barberá en la transformación de la capital; se sumó y alentó con gusto el boom de la construcción; entró a saco en Canal 9, la televisión autonómica, convertida durante años en azote del centro-derecha; apartó de la primera línea de la contienda política el conflicto lingüístico creando una Academia de filólogos y expertos; introdujo nuevas fórmulas de administración, como la gestión privada de hospitales; fagocitó a Unión Valenciana, el partido que amenazaba la hegemonía de los populares; centró ideológicamente a un PP que todavía olía a rancio y, en definitiva, en esta España de las autonomías, puso a la Comunidad Valenciana en el mapa, convirtiéndola en pieza clave de las futuras victorias electorales de Aznar.
Dice mucho de cómo era Zaplana su determinación de organizar en Mestalla el mitin previo a las generales de 1996, en contra de las advertencias de quienes en su entorno veían con absoluto pavor la posibilidad de un pinchazo ante los mismísimos bigotes de Aznar. El mitin resultó apoteósico.
No salió victorioso, ni mucho menos, de todos sus envites. Fracasó estrepitosamente en la creación del parque temático Terra Mítica, Canal 9 implosionó como consecuencia de la mala gestión, los sobrecostes de algunos megaproyectos dispararon la deuda de las arcas autonómicas... 

La herencia de Zaplana

Su herencia la recogió Paco Camps, tras un pequeño interinaje de José Luis Olivas provocado por la llamada de Aznar al Gobierno de España, donde se estrenó como ministro de Trabajo en 2002. Ambos, Olivas y Camps, están siendo investigados en distintos sumarios por corrupción.
Zaplana aún tuvo tiempo de ser portavoz del Gobierno, y como tal vivió los atentados del 11-M. Tras la derrota de 2004 pasó a ser el portavoz del grupo popular en el Congreso. No congenió con Rajoy y en 2008 lo fichó Telefónica como representante para Europa, poniendo fin así a una carrera política de más de tres lustros plagada de luces y sombras.
Hace dos años se le detectó una grave enfermedad, por la que tuvo que ser sometido a un trasplante de médula. Precisamente ha sido detenido ahora en Valencia cuando acudía a una revisión. 
Se le investiga por tratar de repatriar dinero que habría sacado de España fruto de comisiones ilegales en su etapa de presidente valenciano. El PP le ha suspendido cautelarmente de militancia y Telefónica ha suspendido también su relación laboral con él, donde ahora se desempeñaba como adjunto al secretario general de la compañía.
Su nombre había salido en varias ocasiones relacionado con el del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González en la operación Lezo. Incluso se llegó a publicar que había sido imputado, pero el juez sólo le ha llamado a declarar como testigo. 
Sin embargo su capacidad política, su reconocimiento como fino analista, su reputación, en una palabra, seguía limpia hasta hoy. Viejos fantasmas del pasado han vuelto y amenazan con arruinar al hombre que se inventó a sí mismo y que cambió Valencia.

Las autonomías gastarán este año 2.500 millones más de lo que fija la ley

MADRID.- Las comunidades autónomas extenderán la chequera un 4% más que el año pasado y volverán a incumplir la regla de gasto, que les permitía aumentarlo un máximo del 2,4%. De esa manera, y por segundo ejercicio consecutivo, la administración autonómica se saltará la Ley de Estabilidad, pondrá en riesgo el déficit y desembolsará 2.500 millones de euros más de lo que permiten las normas. Así se desprende del Observatorio Fiscal y Financiero sobre este subsector que publica Fedea, que en esta ocasión está elaborado por Manuel Díaz y Carmen Marín, según publica hoy El Economista.

Según el citado documento, las autonomías pasarán de un gasto ejecutado de 149.924 millones de euros en 2017 a bordear los 156.000 millones en el año en curso, y ello en un momento en el que la regla de gasto les hubiera permitido alzas de hasta 153.500 millones como tope. Los proyectos presupuestarios de todas ellas exceden en esos 2.500 millones el máximo permitido. Y ello pese a que hay dos, Cataluña y Asturias, que no han sido tenidas en cuenta en el estudio porque no han podido aprobar sus propias Cuentas Públicas.
Cabe recordar que en 2019 se celebran las elecciones autonómicas, y el aumento previsto de los desembolsos puede tener mucho que ver con este hecho, tal y como apuntan los autores del informe, que aún así no describe qué administraciones se pasarán más con el gasto. 
La pista, aún así, la dio hace pocas semanas el Ministerio de Hacienda, que situó a Navarra, Castilla y León y la Comunidad de Madrid como las que más se pasaron con los desembolsos en 2017. Un total de 10, de hecho, incumplieron de largo la regla de gasto.
El mayor problema, a ojos de Fedea, es que el aumento previsto del gasto puede poner en riesgo el objetivo de déficit para el subsector, del 0,4%; y por ende, el de todas las Administraciones Públicas, del 2,2% según pactaron el Ejecutivo y Bruselas. 
Mucho más en un ejercicio en el que el Gobierno ha aprobado subir las pensiones con el IPC; elevar el mínimo exento de pago del IRPF; la rebaja de este impuesto para rentas inferiores a los 18.000 euros; o el aumento del 16,5% en la inversión para infraestructuras y obra pública.
Y ese no sería el único motivo. Manuel Díaz y Carmen Marín advierten en su trabajo de que, además del aumento de gasto previsto, de 6.000 millones, las comunidades prevén elevar ingresos en 8.000 millones en relación a lo observado en 2017. Un cálculo, a juicio del think tank, que se pasa en exceso de optimismo.
Si bien es cierto que los Presupuestos contemplan un aumento de las entregas a cuenta de 4.000 millones de euros -que, además, podría no producirse si por sorpresa las Cuentas no se aprueban-, hay otros 4.000 millones de aumento de ingresos por impuestos (un 9% más que el año anterior) sin casi justificación, porque "no se han tomado medidas adicionales".
Si bien los autores creen que tributos como el de Transmisiones Patrimoniales (ITP) como el de Actos Jurídicos Documentos (AJD) podrían incluso propiciar una sorpresa positiva "por la buena marcha del sector inmobiliario", dejando 8.800 millones en las arcas regionales, hay otras figuras que generan más dudas.
Es lo que sucede con el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, en un momento en el que varias autonomías están legislando para bajar el tributo. Así ha sucedido en Andalucía, donde gobierna el PSOE con el apoyo de Ciudadanos; y en Madrid, comunidad en la que ostenta el poder el PP también con soporte naranja. Los autores también ponen el acento en la partida Resto de transferencias de capital, que ven sobrepresupuestada.

El catedrático Pérez Ruzafa insiste en «ser cautos y no relajarse» ante la mejoría del Mar Menor

SAN PEDRO DEL PINATAR.- El catedrático en Ecología de la UMU, Ángel Pérez Ruzafa, indicó, en una mesa de trabajo en San Pedro del Pinatar, que la monitorización y seguimiento del Mar Menor es constante desde 2016 y que en los últimos meses se observa una cierta estabilidad, con bajos niveles de nitratos y clorofila, y alcanzándose el mejor punto de visibilidad con respecto al año pasado.

Aunque insistió en la necesidad de «ser cautos y no relajarse», ya que se trata de un equilibrio débil, pues el Mar Menor puede verse afectado por otros factores que modifiquen estas condiciones, como precipitaciones o una subida brusca de temperaturas, como ocurrió el verano pasado.
El Centro de Iniciativas Turísticas de San Pedro del Pinatar acogió una mesa de trabajo a la que asistieron decenas de personas relacionadas con el Mar Menor en la localidad, como asociaciones, vecinos de la zona de Villananitos y Lo Pagán, empresarios turísticos, hosteleros, representantes de la Cofradía de Pescadores, del Instituto Oceanográfico, de la Estación Náutica Mar Menor, y técnicos municipales, entre otros, según informó desde el Consistorio.
Por su parte, el director general del Mar Menor, Antonio Luengo, informó de que actualmente se encuentra en exposición pública la Estrategia de Gestión Integral de zonas costeras del Mar Menor, un documento elaborado con los diferentes sectores sociales implicados y que tiene como objetivo ser un instrumento unificado y común que recoja acciones concretas a llevar a cabo en la laguna para garantizar su mejora y conservación.
Asimismo, resumió las diferentes acciones, proyectos y actuaciones que se están llevando a cabo en el Mar Menor por parte de la Administración regional, entre las que destacó la inversión en conocimiento científico, los programas de sensibilización y concienciación ambiental, la reducción y eliminación de vertidos, la vigilancia de actividades ilegales, o la creación de tanques ambientales y filtros verdes, entre otras medidas.
Entre las nuevas iniciativas destacó la posibilidad de limitar la velocidad de navegación en las zonas de menos profundidad, la creación de balnearios sostenibles en la zona sur del Mar Menor y los fondeos ecológicos en las islas, según indican fuentes municipales.
La reunión, presidida por la alcaldesa de San Pedro, Visitación Martínez, finalizó con la presentación del proyecto 'E-Azul. Empleo azul para un mejor turismo marítimo-costero', a cargo de las representantes del Centro Europeo de Empresa e Innovación en Murcia (Ceeim).
Esta iniciativa, que se desarrolló también en la bahía de Cádiz, tiene como objetivo fomentar el turismo sostenible. Así, se insta a las empresas del sector a formar parte del catálogo 'E-Azul', mostrando su compromiso con la sostenibilidad y la calidad de su oferta turística.
El proyecto pretende formar y asesorar a empresarios y profesionales para mejorar la capacitación y empleabilidad de trabajadores del sector en la gestión de procesos internos y medioambientales de su actividad para mejorar la protección del medio natural marítimo y costero.

La Consejería de Salud promueve que los desplazados a las zonas costeras pidan el cambio de centro al SMS

CARTAGENA.- La Consejería de Salud va a promover que los usuarios del Servicio Murciano de Salud (SMS) desplazados a los municipios de la costa de la Región de manera casi permanente tramiten el cambio de empadronamiento y de centro de salud, de forma que la adscripción de su tarjeta sanitaria esté localizada en el municipio en el que solicita la asistencia. Con esto, la Consejería podrá tener una aproximación real al coste de las prestaciones en los municipios.

Así lo planteó este martes el consejero de Salud, Manuel Villegas, a los representantes de los vecinos de La Manga, con quienes se reunió con motivo de su visita al Centro de Salud Costa Cálida.
Villegas explicó que el SMS ha detectado un crecimiento de la actividad asistencial en las áreas de salud con municipios litorales que en algunos casos supera el 30%, «cuando el número de tarjetas sanitarias se ha mantenido e, incluso, decrecido ligeramente».
El consejero defendió que «es necesario que el número de tarjetas sanitarias individuales adscritas al SMS sea lo más real posible, porque sólo así se podrá obtener una financiación permanente por la asistencia prestada y organizar mucho mejor los servicios sanitarios», independientemente de los mecanismos de compensación establecidos por el Sistema Nacional de Salud para la atención a desplazados.
En este sentido, estimó que sólo en el Centro de Salud de La Manga, que tiene adscritas unas 6.000 tarjetas, son atendidas a lo largo del año unas 25.000 personas de población flotante, que en verano se eleva a 300.000.
«Aunque no sabemos exactamente de esas 25.000 personas cuántas residen casi permanentemente en la zona, sí que queremos analizar en profundidad la situación para que se adscriban a nuestro servicio de salud y dejen de estar considerados desplazados».
Para dar respuesta a las necesidades asistenciales de los desplazados, la Consejería de Salud reforzó la atención sanitaria durante el pasado verano en las zonas de costa con un dispositivo especial para el que se contrataron a cerca de 5.000 profesionales.
El SMS destinó más de 21 millones de euros a este 'Plan Estival de Asistencia Sanitaria' para asegurar la asistencia en las zonas donde se produce mayor concentración de población, como es el caso de La Manga, con el refuerzo de 34 consultas médicas, 25 de enfermería y 3 consultorios médicos adicionales.

El Gobierno regional destituirá este miércoles a Zaplana de la UPCT

MURCIA.- El Ejecutivo murciano llevará este miércoles a la reunión semanal del Consejo de Gobierno la destitución del expresidente valenciano y el exministro de Trabajo Eduardo Zaplana como vocal del Consejo Social de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) «ante los acontecimientos conocidos este martes».

Con este escueto comunicado ha reaccionado el Gobierno presidido por Fernando López Miras a la detención del político cartagenero por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil junto a otras cinco personas en una operación contra el blanqueo de capitales y la malversación de caudales públicos.
El rector de la UPCT, Alejandro Díaz, había afirmado este martes que el Consejo Social de esta institución docente adoptará «las medidas que considere necesarias» sobre la continuidad de Zaplana y ha recordado que fue nombrado para esa vocalía por el Gobierno murciano en noviembre de 2016 en sustitución de Julio Álvarez, cuyo mandato expiraba.
Eduardo Zaplana entró a formar parte del Consejo Social el 24 de marzo de 2017.

La Región registra en abril el mayor crecimiento interanual de empleo turístico de todo el país

MURCIA.- El conjunto de las actividades de Hostelería y Agencias de Viajes daba empleo a finales de abril en la Región a 42.772 trabajadores, lo que la sitúa como la Comunidad que registró el mayor crecimiento interanual de empleo turístico de toda España, con un 5,7 por ciento. Esta cifra se traduce en 2.309 trabajadores más en el sector que en abril de 2017 según el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Con este incremento, la Región supera las tasas de crecimiento de las comunidades con mayor peso turístico como Comunidad Valenciana, un 3,7 por ciento; Madrid, un 3,5 por ciento; Baleares, un 3,3 por ciento; Andalucía, un 3 por ciento; Canarias, un 1,5 por ciento y Cataluña, un 1,4 por ciento. El empleo turístico mantiene así una senda de crecimiento sostenido que ya alcanza 58 meses consecutivos, cerca de 5 años.
La consejera de Turismo y Cultura, Miriam Guardiola, ha destacado que «son unos datos positivos que tienen su correspondencia con los de la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre del año, y que ponen de manifiesto el fuerte ritmo de crecimiento de los ocupados en turismo en la Región, que aumentaron un 16 por ciento respecto al mismo trimestre de 2017, lo que contrasta con el del conjunto de España, donde la media fue del 3,6 por ciento».
De este modo, la Región fue la segunda comunidad con un mayor aumento en la creación de empleo vinculado al turismo en el primer trimestre de 2018, con un 16 por ciento, según la EPA. Una muestra de la creciente desestacionalización turística en los destinos regionales, que está favoreciendo la creación de empleo más estable se puede observar en los diferentes ritmos de crecimiento de la afiliación en hostelería y agencias de viajes en la temporada baja y alta. 
Así, a lo largo de la temporada baja turística 2017/2018 (entre septiembre de 2017 y abril de 2018) se constató un ritmo de crecimiento del 5,2 por ciento, por encima del registrado en temporada alta, en julio y agosto, un 3,8 por ciento.
La consejera ha explicado que «el incremento del empleo en el sector en temporada baja se debe en buena parte al impulso de los productos desestacionalizadores (deportivo, náutico, cultural, activo y de naturaleza, y gastronómico), así como a la puesta en marcha de operativas y de acuerdos de mercadotécnica, lo que está manteniendo unos niveles de demanda inusuales y elevados también en estas fechas».

El ministro Catalá dice que la traba a unas lesbianas para registrar a su hijo en Murcia fue una mala práctica

MADRID.- El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha dicho hoy en el Senado que el trato dado, en el Registro Civil de Murcia, a dos madres lesbianas que al acudir a inscribir a su hijo se les exigió un documento del centro de fertilidad, fue «una mala práctica que está siendo corregida».

Lo ha señalado Catalá al ser preguntado por el PSOE sobre si el Gobierno considera que la inscripción en el Registro Civil de un nacimiento cuyos progenitores son una pareja de mujeres debe tener requisitos diferentes a los del resto de situaciones.
«En absoluto, no lo considera el Gobierno ni tampoco la ley», ha asegurado el ministro, que ha recordado que en 2015 se aprobó una norma que establece, por iniciativa del PP, que «no tenga ninguna singularidad la inscripción de las parejas del mismo sexo». «Se aplica y debe aplicarse en todos los Registros Civiles de España», ha señalado.
Para el senador socialista Juan Luis Soto, el trato que recibieron las dos madres en Murcia es «injusto, inaceptable e impropio del siglo XXI». Asimismo, ha recordado a Catalá la huelga convocada hoy por jueces y fiscales contra sus políticas y ha argumentado que para el Gobierno «la igualdad no va ni creen en ella ni están dispuestos a dignificar a las personas LGTBI».
Según Soto, las leyes por la «igualdad real y efectiva» se debe a los socialistas mientras que el PP recurre al Tribunal Constitucional (TC), en referencia a la ley que permite matrimonios de personas del mismo sexo. 
«Nos acusan de adueñarnos de la bandera de la igualdad y lo hacemos con orgullo porque ustedes se envuelven en una bandera en blanco y negro para tapar el conservadurismo y la derecha más rancia de Europa», ha añadido.
Catalá ha insistido en destacar que el PSOE hablaba de «un caso puntual en Murcia» cuando en España hay 8.300 registros civiles llevados por jueces «en el ejercicio de su función de independencia». También ha criticado que Soto pudiera «estar insinuando que el Ministerio tiene que decir a los jueces lo que tienen que hacer».
Asimismo, Catalá ha especificado que en el caso citado «un juzgado en Murcia ha tenido la aplicación de un criterio» que casualmente es «una ley aprobada en 2006» con gobierno socialista, y que pide que cuando una pareja del mismo sexo esperan un hijo, la madre embarazada acredite que han accedido a un sistema de fertilización autorizado.
El ministro ha recordado además que en 2015, con el PP, se aprobó la reforma del Código Penal para fortalecer penas y prevenir los delitos en materia sexual y contra la mujer y el odio por razón de sexo, que el PSOE no apoyó, al igual que pasó con la reforma del Registro Civil para superar el texto socialista de 2006 y que dos mujeres que van a tener un hijo no tengan que «acreditar nada».

El periodo medio de pago a proveedores en la Región baja y se sitúa en 31,35 días en marzo

MADRID.- El periodo medio de pago a proveedores (PMP) del mes de marzo en la Región de Murcia se ha situado en 31,35 días, lo que supone una reducción que supera los 3 días respecto al dato de febrero (34,54), según ha informado el Ministerio de Hacienda y Función Pública en una nota.

En el conjunto de las autonomías ha quedado en 14,13 días, lo que supone una reducción de 1,57 días con respecto al mes anterior y el segundo mejor dato desde el inicio de la serie en septiembre de 2014. Hacienda explica que esta variación se debe fundamentalmente a la reducción en 4,08 días en la ratio de operaciones pagadas, pasando de 12,97 a 8,89 días; así como al aumento de 1,03 días en la ratio de operaciones pendientes de pago, variando de 18,18 a 19,21 días.
De esta forma acumula 16 meses consecutivos por debajo de los 30 días, ya que desde diciembre de 2016 se sitúa por debajo de ese plazo máximo de pago a proveedores establecido en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).
No obstante, en marzo incumplieron el plazo de 30 días la Región de Murcia (31,35 días) y la Comunitat Valenciana (32,13 días), al igual que en el anterior, en tanto que, como en meses anteriores, ninguna comunidad supera el plazo de 60 días.
Las regiones que, aún cumpliendo el plazo de 30 días, tardan más en pagar son Cataluña (24,84 días), Castilla-La Mancha (23,61), La Rioja (21,94) y Aragón (20,93), seguidas por Extremadura (19,96), Cantabria (18,34), Canarias (17,07), Islas Baleares (15,34), Asturias (4,37) y Castilla y León (4,29).
De las CCAA que pagan en menos de 30 días, Galicia, País Vasco, Andalucía, Navarra y la Comunidad de Madrid son las que, por ese orden, mejor ratio de pagos realizan: a menos 8,57, menos 8,45, menos 3,55, menos 2,99 y menos 0,38 días.
Asimismo, la deuda comercial se ha reducido en 220,51 millones de euros, lo que supone una disminución del 4,29% con respecto al mes anterior, situándose en 4.921,68 millones de euros, equivalente al 0,41% del PIB nacional.
En conjunto, desde 2012 y hasta marzo de 2018, las 14 CCAA que suscribieron un plan de ajuste han reducido su deuda comercial (en términos homogéneos) un 82,36%. El dato de este mes de marzo marca además el menor volumen de deuda comercial comunicado desde el inicio de la publicación de serie en septiembre de 2014.
Respecto a la deuda no financiera, disminuye en 279,74 millones de euros, lo que supone una reducción del 2,94% con respecto al mes anterior, situándose en 9.221,82 millones de euros, equivalente al 0,81% del PIB nacional (sin considerar al País Vasco). Al igual que en el caso de la deuda comercial, el dato supone el menor volumen de deuda no financiera comunicado desde el inicio de la serie.
En cuanto al conjunto de las corporaciones locales (cesión y variables), el periodo medio de pago a proveedores se sitúa en 67,87 días, 23 días más con respecto a diciembre de 2017.
Además, de las entidades que han presentado información en el mes de marzo, la amplia mayoría cumple con el PMP. Concretamente, el 83,92% de las entidades de variables y el 72,97% de las de cesión presentan en dicho periodo un PMP igual o inferior a 30 días.
Si no se tienen en cuenta las entidades con un PMP excesivo (superior a 60 días), y que representan entorno al 14,9% en cesión y el 9% en variables, el periodo medio de pago bajaría hasta los 13,38 días. Desagregadas, las entidades en régimen de cesión presentan en marzo de 2018 un periodo medio de pago a proveedores de 66,10 días, algo más de un día de mejora con respecto al PMP del mes de febrero.
De las principales ciudades, cuatro presentan un PMP superior a 30 días y una de ellas supera los 60 días en junio. Sevilla es la corporación local que peor paga de las grandes, lo hace a 68,76 días, le sigue Las Palmas de Gran Canaria, con 45,02 días mientras que Murcia paga a 38,59 días; Palma de Mallorca lo hace a 31,02 y La Coruña, a 27,77.
Madrid y València pagan a 16,29 y 13,64 días, respectivamente, seguidas de Málaga (1,72 días), Zaragoza (0,77 días) y Barcelona, la ciudad que mejor paga, al hacerlo a menos 4,52 días.

Las enmiendas del PSOE, rechazadas por PP y C's, «supondrían 230 millones más para la Región»

MURCIA.- Las enmiendas del PSOE a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), rechazadas por PP y Ciudadanos, «supondrían 230 millones de euros más para la Región de Murcia y sacarla de la discriminación de los últimos siete años a la que la ha tenido sometida el Gobierno de Rajoy», según afirmó este martes la diputada nacional socialista María González Veracruz.

«Además, el PP y Ciudadanos, al tirar para atrás nuestras enmiendas, rechazan un proyecto de Región, liderado por el PSRM, frente a unos presupuestos que demuestran una carencia de proyectos estratégicos por parte del Gobierno, algo que consideramos muy preocupante», señaló.
Remarcó que el Mar Menor debe ser una cuestión de Estado, por lo que el Ministerio tiene que dar una respuesta a esta situación. «Y creemos que la laguna tendría que tener una partida específica y respuestas específicas, como el plan integral del Mar Menor que llevamos años proponiendo y a lo que se han opuesto», dice.
Según González Veracruz, estas dos fuerzas políticas «le han dicho que no al impulso que necesita la Región de Murcia en materia de infraestructuras, en el cual está trabajando el PSRM-PSOE, con su secretario general, Diego Conesa».
«Nuestra Región, después de los siete años de Rajoy, está en unas condiciones de menor competitividad con el resto por el abandono al que nos ha tenido sometidos», añadió.
Recordó que PP y Ciudadanos «también han dicho que no a que el soterramiento en la ciudad de Murcia se pueda hacer con mayor presupuesto y mayor rapidez».
«Han votado en contra de la autovía del Norte, de 25 millones de euros para la llega del AVE a Cartagena, de un plan de cercanías en una Región en la que no hay ni un kilómetro de línea electrificada, así como del necesario enlace de la autovía hacia la carretea del Carche, y aumentar la inversión para el arco Norte y Noroeste», indicó.
Además, criticó que PP y Ciudadanos «se hayan negado al proyecto de construcción de plantas fotovoltaicas para el abaratamiento del agua desalada gracias a la energía solar, al proyecto de balsas y elevación en Cerro Colorado para que llegue el agua a toda la zona del campo de Totana y alrededores, y la ampliación de la depuradora EDAR Murcia-Este, así como a un aumento de presupuesto en el plan de avenidas, clave para Molina de Segura y el Guadalentín, y a la adecuación de los cauces del Río Mula.
«Y, por si fuera poco, han rechazado aumentar la inversión para que la regeneración de la Bahía de Portmán, después de tantos años, sea una realidad y el Museo Regional Paleontológico de Torre Pacheco, la rehabilitación del castillo de Monteagudo y de la catedral de Cartagena o la declaración de la Isla del Fraile, en Águilas, como Bien de Interés Cultural, entre otras propuestas culturales», indicó.
González Veracruz destacó las enmiendas socialistas que suponen inversiones vitales para los municipios de la Región, como la rebaja del IBI a los afectados por las inundaciones de Los Alcázares, el plan de desarrollo integral de Lorca para la reconstrucción y reactivación tras los terremotos, la construcción de un nuevo pabellón de deportes en Cehegín, o los planes de reindustrialización del Noroeste y el Altiplano.

De Naseiro a Lezo, Eduardo Zaplana siempre aparecía en las quinielas

VALENCIA.- Eduardo Zaplana había salido indemne hasta ahora del festival de casos de corrupción que atenaza al Partido Popular. El nombre exministro de Trabajo y expresidente de la Generalitat valenciana ha estado en las quinielas desde los años noventa, cuando las grabaciones telefónicas del caso Naserio delataron su afán de enriquecimiento, recuerda hoy El Confidencial

"Tú haces de intermediario de la venta (de un solar de Benidorm), que yo no puedo, y tú pides la comisión a Javier Sánchez Lázaro, ¿eh? Y luego nos la repartimos bajo mano", le dijo a su amigo, ya fallecido, Salvador Palop. 
Las cintas fueron anuladas judicialmente y el caso, por el que nunca llegó a ser imputado, cerrado. Han tenido que pasar casi 30 años de aquella confesión en la intimidad para que la Justicia echara el lazo al experimentado político conservador.
Como un sino en su carrera, las grabaciones han perseguido a Zaplana de forma directa o indirecta desde que comenzó su escalada política en Benidorm. Primero fue Naseiro, luego las cintas en las que unos empresarios contratistas de Terra Mítica le implicaban en el presunto cobro de comisiones. 
Nunca se les dio credibilidad y estos contratistas fueron juzgados por fraude fiscal y condenados en un juicio en el que quedaron absueltos exdirectivos del parque temático impulsado por Zaplana. Su nombre volvió aparecer en la operación Lezo, pero sus charlas reveladoras interceptadas por la Policía con el expresidente madrileño Ignacio González no fueron consideradas suficientemente incriminatorias y quedó fuera del listado de imputados de la Audiencia Nacional.
Su arresto este martes por agentes de la UCO, en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción en Valencia, liquida el mito del Zaplana al que salpicaban los casos pero nadie encontraba indicios suficientes como para someterlo al escrutino judicial. Tras dos años de investigación secreta, los fiscales Vicente Torres y Pablo Ponce han dado caza al exministro con una causa que amenaza con destapar más de dos décadas de corrupción, si como apuntan fuentes de la investigación, se vincula la posible repatriación de fondos desde el extranjero (blanqueo de capitales y delito fiscal), con el cobro de comisiones durante su etapa en la Generalitat valenciana o el Gobierno de Aznar. 
Escaló a la presidencia regional en 1995 y se mudó a Madrid en 2002. De ser así, la malversación y la prevaricación estarían prescritas, pero no el intento de repatriar los fondos desde el extranjero a escondidas.
El ‘campeón’, como lo describió Julio Iglesias cuando lo contrató en la Generalitat valenciana para promocionar por el mundo la Comunidad Valenciana a cambio de un jugoso contrato del que se beneficiaron sociedades radicadas en paraísos fiscales, se ha dedicado en los últimos años a los negocios y la ‘consultoría empresarial’ a través de su mercantil Decuria Consulting, con la que ha facturado más de dos millones de euros desde que la constituyó en junio de 2008 (los mejores ejercicios fueron 2012, 2013 y 2014, con más de 400.000 euros anuales de cifra de negocio). 
En 2016 ingresó por sus servicios más de 216.000 euros. Las oficinas de su empresa, que conciden con su domicilio en Madrid, también fueron registradas por los agentes de la UCO.
Las operaciones empresariales en las que Decuria ha participado no son públicas, pero en los cenáculos siempre se ha señalado a ‘Eduardo’ como buen lobista e intermediario en no pocos negocios. 
Uno de los que siempre rondó por su cabeza en sus tiempos de barón territorial y nunca llegó a ejecutarse fue la posible y multimillonaria fusión del Canal de Isabel II con Aguas de Valencia, previa privatización del primero, la operación soñada para cualquier conseguidor.
A partir de 2008, cuando se descabalgó del cargo de portavoz del PP en el Congreso tras haber perdido la confianza de Mariano Rajoy, Eduardo Zaplana pasó a un segundo plano mediático para dedicarse ‘full time’ a sus aficiones preferidas: la conspiración política entre bastidores y los negocios. 
Excelentemente relacionado, amigo de sus amigos e implacable con sus enemigos, tuvo que echar el freno en sus actividades hace más de un año para tratarse una leucemia, de la que todavía se está recuperando, y que le ha obligado a someterse a un trasplante de médula en el Hospital La Fe de Valencia.

Tres de cuatro presidentes investigados

Doctorado en puertas giratorias, fichó por Telefónica como adjunto a la secretaría técnica de la presidencia, donde ha recibido una retribución periódica que nunca se ha hecho pública. Ha tenido desde entonces despacho en la sede de Gran Vía de la cotizada, primero con César Alierta, y ahora, también, con José María Álvarez-Pallete, con quien ha compartido rutas de ‘running’ en compañía de su gran y verdadero valedor en la empresa, su amigo Javier de Paz. 
También es consejero independiente de Logista, la filial de la privatizada Altadis, donde percibe una retribución fija anual de 60.000 euros más dietas.
En cualquier caso llueve sobre mojado en la Comunidad Valenciana. Zaplana es el tercero de los cuatro presidentes autonómicos que ha tenido el Partido Popular con problemas con la Justicia. 
José Luis Olivas ya tiene una condena por falsedad documental y delitos fiscal y Francisco Camps está investigado en causas relacionadas con el Gran Premio de Fórmula 1 de Valencia. 
Solo el actual senador Alberto Fabra se ha librado por el momento.

'El legado de Aznar': 12 de sus 14 ministros están imputados, implicados o cobraron sobresueldos

MADRID.- El expresidente de la Comunidad Valenciana y exministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, ha sido detenido durante la mañana de este martes por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en Valencia. La detención se basaría en un presunto delito de blanqueo de capitales y a otro de delito fiscal. Este nuevo movimiento obliga a actualizar el legado de José María Aznar. 

Tal y como publicó El Plural,  12 de los 14 ministros que formaron el antepenúltimo Gobierno de Aznar (en julio de 2002) están imputados, encarcelados o implicados en asuntos judiciales escabrosos. La mayoría de ellos podrían haber cobrado sobresueldos de la caja B que manejaba el extesorero del partido, Luis Bárcenas, según la documentación que obró en poder del juez Pablo Ruz, cuando instruía el caso Gürtel, que ahora se juzga en la Audiencia Nacional.
Esta lista, que ya publicó elplural.com en 2015, se suman ahora las novedades relativas a Eduardo Zaplana. El juez Eloy Velasco pidió información por su vinculación a la Operación Lezo. En el auto en que el magistrado enviaba a prisión a Ignacio González, acusaba al expresidente madrileño de intentar blanquear dinero junto al exministro de Trabajo de Aznar. Ahora, la UCO le ha detenido, precisamente, por presuntos delitos de blanqueo de capitales y delito fiscal.
Alberto Garzón ya habla de un nuevo hito de la "era Aznar" y el diputado de ERC Gabriel Rufián asegura que ya está "confirmado" que "de la boda de Aznar solo quedan libres los camareros".
Jaume Matas es el ministro de Aznar que más tiempo ha pasado en prisión: un total de nueves meses por su primera condena en el caso Palma Arena. Se le concedió el tercer grado el 31 de octubre de 2014, a los tres meses de entrar en la cárcel, y finalmente salió en libertad en abril de 2015. 
En febrero de este año volvió a ser condenado a tres años y ocho meses de prisión, aunque su ingreso está pendiente del pacto con la Fiscalía para confesar sus delitos. Todavía le quedan nueve causas pendientes.
El fin del milagro
Otro de los grandes señalados de aquel gabinete es Rodrigo Rato, el que fuera considerado artífice del milagro económico y que acabó siendo detenido por la Guardia Civil. La cantidad de casos que carga a sus espaldas son difíciles de enumerar: está imputado por la gestión de Bankia, está implicado en el caso de las tarjetas Black, con la que llegó a gastar en un solo día 3.547 euros en alcohol, 1.000 euros en una zapatería y 17 retiradas en efectivo de 1.000 en cajeros de Bankia.
En 2015, la Fiscalía empezó a investigarle por supuestos delitos de fraude, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales. Por ello, su casa fue registrada y él detenido por el Servicio de Vigilancia Aduanera. Con la publicación de los papeles de Panamá se conoció que había usado varias empresas pantalla para esconder dinero en paraísos fiscales.
Curiosamente, tanto Matas como Rato han sido ensalzados en numerosas ocasiones por el actual presidente del Gobierno. Así, en 2004, Mariano Rajoy afirmó que cuando llegara a la Moncloa quería “un Gobierno para España como el del presidente Matas” en Baleares. Antes, en el 2003, ya se había referido a él como “un amigo” que “tiene personalidad, coraje, determinación y valentía”. 
Respecto a Rato, han sido numerosas las ocasiones en las que Rajoy le ha descrito en público como el “mejor ministro de Economía” que ha tenido España.
El resto de miembros del Gabinete se vio salpicado por el supuesto reparto de sobresueldos sacados de la caja B de dinero negro que manejaba Luis Bárcenas, según la documentación que obraba en manos del juez Pablo Ruz durante la fase de instrucción, aunque el auto de Ruz no mencionaba específicamente los nombres de los dirigentes que habrían cobrado.
Sobresueldos que podrían oscilar desde los 1,58 millones de euros que supuestamente habría percibido Mariano Rajoy entre 1990 y 2011, hasta los 9.000 euros que presuntamente cobró en 2004 Pilar del Castillo, exministra de Educación, Cultura y Deporte. 
Federico Trillo, Miguel Arias Cañete, Ana de Palacio, Ángel Acebes, Jaume Matas, Francisco Álvarez Cascos, Rodrigo Rato, Javier Arenas y Cristóbal Montoro serían otros de los ministros del Partido Popular que según el instructor de la Gürtel habrían recibido cuantiosos sobresueldos, aún sin llegar a los 782.695 euros que por este concepto presuntamente se habría embolsado José María Aznar.

Habrá sanciones a diputados de la Asamblea Regional que hagan 'novillos'

CARTAGENA.- El nuevo Reglamento de la Asamblea Regional contemplará sanciones a los diputados cuyas ausencias no estén justificadas. La presidenta de la Cámara, Rosa Peñalver, ha explicado tras la reunión de la ponencia que está trabajando en el nuevo Reglamento que en el documento se contemplarán sanciones de suspensión de empleo y sueldo a aquellos diputados que no acudan a las comisiones a las que pertenecen o a los plenos que se celebren en la Cámara.

Además de eso, el nuevo Reglamento incluirá que las comisiones sean públicas, por lo que cualquier ciudadano podrá seguirlas y se introducirá el registro electrónico para que se puedan registrar peticiones o iniciativas telemáticamente.
Asimismo, los parlamentarios dispondrán del voto telemático, del que podrán hacer uso cuando estén de baja por paternidad, maternidad o enfermedades graves. Previamente tendrán que haberlo notificado a la Mesa de la Cámara para que les permita hacer uso del mismo.
En cuanto a los debates parlamentarios, se establece que los discursos sean personales e ininterrumpidos y que se puedan hacer explicaciones de voto por grupo y no solo por diputado, algo que se contempla en el caso de que exista un grupo mixto en la Cámara.
 

Murcia tiene la tercera mayor tasa de mortalidad por enfermedades respiratorias

MADRID.- La Región de Murcia registra la tercera mayor tasa estandarizada de mortalidad debido a las enfermedades del sistema respiratorio con 113 fallecidos por 100.000 habitantes, sólo inferior a la registrada por Extremadura (116,5) y Canarias (115,3), según los últimos datos disponibles del Instituto Nacional de Estadística (INE), correspondientes al año 2016.

Las enfermedades respiratorias se mantienen como tercera causa de muerte en España, con 46.812 muertes al año, lo que supone un 11,4 por ciento del total de las 410.611 defunciones que se registran anualmente en la geografía española.
De esta forma, las muertes por patologías del sistema respiratorio decrecieron un 9,7 por ciento en 2016 respecto a 2015, pero a pesar de ello continúan en el tercer lugar entre las dolencias más mortales, después de las enfermedades del aparato circulatorio, con 119.778 defunciones anuales (29,2 por ciento del total), y los tumores, con 112.839 defunciones anuales (27,5 por ciento del total) y que son la primera y segunda causa de muerte en España, respectivamente.
Respecto a los tumores, el cáncer de pulmón fue el primer cáncer encausar mortalidad en los hombres y en las mujeres se observa un aumento en la mortalidad (4.058 en 2014; 4.366 en 2015 y 4.563 en 2016), aunque los primeros en ser causa de muerte entre las mujeres siguen siendo los de mama y colon.
En 2016, las muertes por enfermedades respiratorias decrecieron por primera vez un 9,7 por ciento tras dos años consecutivos de un aumento de esta causa de muerte. Así, en 2015 se registró un gran aumento de fallecimientos por esta causa, del 18,3 por ciento respecto a 2014, cuando en 2014 ya se había producido otro incremento por esta causa de muerte del 3 por ciento respecto a 2013.
Por comunidades autónomas, las tasas brutas de mortalidad más elevadas debido a estas enfermedades se dieron en Castilla y León (143,9 fallecidos por 100.000 habitantes), el Principado de Asturias (140,0) y Extremadura (139,3). Por su parte, Extremadura registró la mayor tasa estandarizada de mortalidad debido a las enfermedades del sistema respiratorio (116,5), seguida de Canarias (115,3) y la Región de Murcia (113,0).
"Además de tres enfermedades crónicas, de amplia prevalencia en la población, como son el asma, la EPOC (enfermedad obstructiva crónica) y la apnea del sueño, la neumología afronta una enfermedad adictiva: el tabaquismo", ha señalado el doctor Juan Antonio Riesco, neumólogo y secretario de Relaciones Institucionales de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), que añade: "En España, la incidencia del cáncer de pulmón es de más de 28.000 casos, y está relacionado íntimamente igual que la EPOC con el consumo de tabaco".
Coincidiendo con este experto, el neumólogo y miembro del Comité de Relaciones Institucionales de SEPAR Agustín Valido ha señalado que la mortalidad en enfermedades respiratorias aumentan, "principalmente, debido a los efectos que el tabaco tiene en el desarrollo de enfermedades como el cáncer de pulmón y crónicas como la EPOC, y algo menos por las epidemias de gripe y por la neumonía". Además, Valido puntualiza que "ya se están observando los efectos de la incorporación de la mujer al hábito tabáquico".
De hecho, los datos del INE muestran que la mortalidad por cáncer de pulmón en mujeres ha aumentado un 12,5 por ciento en solo dos años. Por género, las enfermedades respiratorias fueron la tercera causa de muerte tanto entre hombres como entre mujeres, con una tasa bruta de fallecimiento de 114,9 muertes por 100.000 habitantes en varones y de 87,2 muertes por 100.000 habitantes en el caso de las féminas, de nuevo por detrás de los tumores (primera causa de defunción en hombres, con una tasa bruta de 300,9 muertes por 100.000 habitantes) y las enfermedades del aparato circulatorio (primera causa de defunción en mujeres con una tasa bruta de 272,7 muertes por 100.000 habitantes).
Entre las enfermedades respiratorias causantes de mayor mortalidad figuran los tumores, causantes de una mayor mortalidad, con el cáncer de pulmón en primer lugar, un 2,6 por ciento más de fallecimientos que en 2015, y el cáncer de colon, con un incremento del 2,2 por ciento respecto a ese mismo año, según información del INE.
Así, destaca el cáncer de pulmón, con 22.155 defunciones (17.598 en hombres y 4.557 en mujeres); las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores, con 15.071 defunciones (11.011 en hombres y 4.060 en mujeres); y la neumonía, con 9.310 defunciones (4.090 en hombres y 5.220 en mujeres).
Precisamente, también entre los hombres, estos tipos de tumores fueron los más frecuentes, ya que se registró un aumento de muertes del 2,1 por ciento por cáncer de pulmón y bronquios y del 3,4 por ciento por el de colon. En cambio, entre las mujeres los tumores que causaron mayor mortalidad no afectaron al aparato respiratorio: fueron el de mama, con un aumento de defunciones del 2,4 por ciento, seguido del cáncer de colon, con un incremento del 0,6.
Los mayores descensos de defunciones respecto a 2015 correspondieron a las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores, que comprende la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y sus diferentes formas, tales como la bronquitis crónica y el enfisema. En hombres, las muertes por estas enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores bajaron un 8,8 por ciento respecto a 2015 y en mujeres un 11,8.
"Sin duda, en este descenso se refleja el importante desarrollo terapéutico e investigador que se ha producido entorno a estas enfermedades en los últimos años. Conocemos cada vez mejor la EPOC lo que nos permite un mejor manejo de la misma", ha comentado el doctor Valido.

La Región, tercera en donde se espera más para operarse

MADRID.- Un total de 18,82 pacientes por cada mil habitantes de la Región de Murcia está en lista de espera para operarse, la tercera mayor tasa por comunidades, solo inferior a la de Cataluña (21,7) y Extremadura (20,8), por encima de la media nacional, según el último informe del Ministerio de Sanidad.

La lista de espera quirúrgica del Sistema Nacional de Salud (SNS) demuestran una reducción con respecto a los datos anteriores presentados, concretamente se ha reducido un 2 por ciento respecto a los datos de junio de 2017, y un 3,57 por ciento anual, teniendo en cuenta el dato de diciembre de 2016. El dato negativo es el aumento de la población que está en espera más de seis meses para ser intervenido, el 17 por ciento de los pacientes se encuentran en esta situación, muy por encima del 14 por ciento de seis meses antes y el 13,65 por ciento de un año antes.
Por otro lado, datos que publicados este lunes por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, recopilados hasta el 31 de diciembre, que sitúan la lista de espera en 592.175 pacientes, muestran un aumento en el tiempo medio de demora para someterse a una operación, así, si hace seis meses se destacaba una reducción leve con respecto al datos de diciembre con 104 días - 11 días menos-, seis meses después estos se quedan en los 106 días de espera, 9 menos que en diciembre de 2016.
En este último informe del departamento de Dolors Montserrat se observa como la región con una mayor tasa de pacientes en espera para operarse es Cataluña con 21,7 por cada mil habitantes, seguida de Extremadura (20,8), Murcia (18,82), Castilla-La Mancha (18,74), Asturias (17,47), Cantabria (15,36), Aragón (14,85), Canarias (14,42), La Rioja (14,08) y Galicia (13,69).
Por debajo de la media nacional que se encuentra en 13,13 pacientes por cada mil habitantes, se encuentra Navarra (12,14), Baleares (11,56), Comunidad Valenciana (11,22), la ciudad autónoma de Ceuta (10,77), Castilla y León (10,46), Andalucía (8,35), Madrid (8,15), País Vasco (7,79) y la ciudad autónoma de Melilla (3,83).
En cuanto a la población en espera por CCAA, llama la atención que Canarias es una de las tres comunidades con más población en espera y tiempo medio de espera, así el 34,2 está más de seis meses en espera, mientras que la media para ser intervenido se encuentra en los 177 días; muy a la par se encuentra Castilla-La Mancha con un 36,4 por ciento de la población en espera quirúrgica con más de seis meses en la lista, mientras que la espera media se sitúa en lo 162 días; una tercera comunidad por estos datos es Cataluña, con un 29,7 por ciento de los pacientes con más de seis meses de espera y 148 días de media.
Por el contrario, País Vasco se sitúa como la única comunidad sin pacientes en espera más de seis meses y el tiempo medio es de 51 días; le sigue Madrid con un 0,5 por ciento de los pacientes que supera la lista de seis meses, y 51 días de media para el resto; y, finalmente, destaca Asturias con solo un 0,6 por ciento de pacientes con más de seis meses de espera y una media para el resto de 70 días.
Por especialidades, las que acumulan más pacientes en lista de espera son Traumatología con 160.331 (14.926 menos que en diciembre 2016) y 130 días de media para ser intervenido; Oftalmología 124.482 (1.156 pacientes menos) y 73 días de media; Cirugía General y de Digestivo con 110.841 pacientes (4.769 menos) y 104 días de espera.
Por el contrario, cirugía cardiaca con 3.179 pacientes y cirugía Torácica con 1.436 pacientes, son las especialidades con menos pacientes en espera, y con una demora inferior a la media también (64 y 65 días, respectivamente).
Mientras, las intervenciones con más tiempo de demora son: Cirugía Plástica (174 días de media, y un 29% espera más de seis meses), Neurocirugía (161 días y 32% espera más de 6 meses) y traumatología (130 días de media y un 25% con una espera de más de seis meses).
Por otro lado, el informe de listas de espera también muestra como el tiempo medio para la primera consulta con el médico especialista aumenta hasta los 66 días, 8 días más que seis meses antes (58 días) pero 6 menos que la media en diciembre de 2016.
La media de pacientes que esperan consulta con un especialista es de 45,87 pacientes por cada 1.000 habitantes. Mientras que por especialidades la que mayor demora y mayor porcentaje de pacientes en espera tiene es Traumatología (7,55 pacientes por cada 1.000 habitantes y 78 días de media), seguida de Oftalmología (con 7,55 y 64), Dermatología (6,20 y 53 días), Otorrinolaringología (3,04 y 49 días), Ginecología (2,37 y 53 días), Digestivo (2,22 y 57), Neurología (1,99 y 59), Cirugía General y de Aparato Digestivo (1,71 y 43), Urología (1,92 y 61) y Cardiología (1,67 y 63 días de media de espera).
Asimismo, vuelve a aumenta el porcentaje de pacientes que deben esperar más de 60 días, pasando de junio a diciembre del 40 por ciento al 44,3 por ciento, acercándose al dato anual del 46 por ciento de diciembre de 2016. En Traumatología, Dermatología y Oftalmología más del 50 por ciento de los pacientes tendrán que esperar más de dos meses para la consulta.
Por regiones, donde más se espera por las consultas con el especialista es Canarias, que sube de los 107 días de media en el último informe a 123 en diciembre de 2017, seguida de Cataluña (de 87 a 98), Aragón (de 75 a 91), Cantabria (de 63 a 77), Extremadura (de 61 a los 74 actuales), Castilla y León (de 59 a 70), Asturias (de 60 a 69), Navarra (de 77 baja a 67), Murcia (de 52 sube a 64), Andalucía (pasa de 52 a 56), Comunidad Valenciana (de 42 sube a 51), La Rioja (de 37 a 51 días), Galicia (de 38 sube a 51), Castilla -La Mancha (de 31 sube 46), la Ciudad autónoma de Ceuta (de 36 a 37 días), Madrid (sube de 32 a 37 días), Baleares (de 29 a 35) y la Ciudad autónoma de Melilla (29 a 21) y País Vasco (de 20 a 28).

La Guardia Civil apunta a planes eólicos y concesiones de ITV en la investigación sobre Zaplana

VALENCIA.- Dos agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se han personado este martes en la Conselleria de Economía donde han solicitado el expediente completo del plan eólico de la Comunitat Valenciana de 2003 y el correspondiente a la concesión de las ITV de 1997.

Según han confirmado hoy fuentes de la Conselleria, dos agentes de paisano se encuentran en las instalaciones de Economía analizando documentación relacionada con las adjudicaciones del plan eólico de la Comunitat Valenciana de 2003.
En concreto, se han interesado por la documentación relacionada con la empresa Proyectos Eólicos Valencianos SA, filial de la firma Sedesa, propiedad de Vicente Cotino, empresario detenido este martes en Xirivella (Valencia) y sobrino del exconseller, expresidente de Les Corts y ex director general de la Policía, Juan Cotino.
Además, han requerido el expediente completo de la concesión administrativa del servicio público de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) correspondiente a 1997.
Este registro está relacionado con la operación que dirige el Juzgado de Instrucción nº 8 de Valencia, en la que han sido detenidos, entre otros, el expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana por un presunto delito de blanqueo de capitales y el que fuera su jefe de gabinete en el Gobierno valenciano, Juan Francisco García Gómez.

Zaplana, el político que presumía de no tener mancha

MADRID.- Negó hasta la saciedad haber dicho que entraba en política "para forrarse" y se jactaba de no haber tenido "ningún problema judicial". Eduardo Zaplana (Cartagena, 1956) había logrado escaparse de las manchas que han salpicado al Partido Popular en la Comunidad Valenciana pese a haber ocupado cargos públicos en el partido desde 1991 a 2008, pero ha sido detenido en Valencia por presunto delito de malversación y blanqueo de capitales, recuerda hoy El Mundo

La carrera política de Zaplana arrancó en 1991 en Benidorm cuando una tránsfuga socialista, Maruja Sánchez, firmó la moción de censura para convertirle en alcalde. Al instante, Sánchez pasó a ser asesora de Cultura con un sueldo de 1.760 euros mensuales. Desde la alcaldía inició su escalada que empezó por convertirse en el hombre fuerte del partido en sustitución del ahora senador Pedro Agramunt en 1993, y hasta alcanzar la presidencia de la Generalitat en los comicios de 1995. 
La habilidad de Zaplana para buscar aliados fuera de su partido quedó de manifiesto en su pacto con la extinta Unión Valenciana -el llamado 'Pacto del Pollo'- que le dio la presidencia con el apoyo del partido regionalista de Vicente González Lizondo. Poco a poco, fagocitó a su socio (en afiliados y votos) y acaparó todo el poder popular con una única excepción: Valencia, bajo el control absoluta de Rita Barberá, con quien nunca tuvo sintonía.
Fue la etapa de la transformación de la Comunidad Valenciana, de la apuesta por obras como la Ciudad de las Artes y las Ciencias, el Circuito de Motociclismo Ricardo Tormo o Terra Mítica. 
El parque temático en Benidorm le trajo algún quebradero de cabeza porque uno de los empresarios juzgados por estafa agravada, fraude fiscal y falsedad documental le señaló como beneficiario de un supuesto cobro de comisiones ilegales. Sin embargo, nunca fue llamado ni a declarar. 
Los 22 condenados por la Audiencia de Valencia suman más de 300 años de cárcel y entre ellos está Justo Valverde, entonces cuñado de Zaplana, que fue condenado a cuatro años de cárcel cada uno por delitos contra la Hacienda Pública.
Otra de las polémicas que estalló bajo su mandato fue el llamado caso IVEX, que investigó a Julio Iglesias por un posible delito relacionado con los pagos que recibió por parte del Ejecutivo de Eduardo Zaplana por su labor de promoción exterior de la región. 
En concreto, el cantante cobró seis millones por ser embajador de la Comunidad Valenciana y celebrar 14 conciertos por todo el mundo. El ex presidente ahora detenido siempre se enorgulleció de la operación.
Zaplana dejó la política valenciana el 24 de julio de 2002, cuando José María Aznar le reclamó para convertirse en Ministro de Trabajo y portavoz del Gobierno. Desde entonces, su presencia en al Comunidad Valenciana quedó orillada por sus tensiones con Francisco Camps
En el PP valenciano comenzaron las luchas entre campistas y zaplanistas que provocó que fuera relegado de las listas -tuvo que presentarse como número 5 por Madrid- y que incluso se le prohibiera la asistencia a actos oficiales. Camps quiso borrar todo su legado. 
De hecho, el ex presidente declaró el pasado mes de marzo en la Audiencia Nacional que fue Eduardo Zaplana quien introdujo a las empresas de Francisco Correa y a la trama Gürtel en la Comunidad Valenciana. 
"Sería lo único en lo que habría seguido mis directrices", le respondió con ironía el ex ministro.
En Madrid vivió una de las etapas más difíciles. Le tocó ser la voz del Ejecutivo en el 11-M y, con la derrota en las urnas, fue el portavoz popular en el Congreso de los Diputados hasta que en 2008 decidió abandonar la política.
Desde entonces, su trabajo está ligado a la multinacional Telefónica -actualmente es secretario general- y sus apariciones públicas son contadas. En Valencia se habían intensificado porque estaba siendo tratado de una enfermedad. Hace unas semanas pronunció una conferencia en el Ateneo Mercantil con motivo del 40 aniversario de la Constitución Española. 
Este pasado fin de semana se le pudo ver en el palco del estadio Cartagonova siguiendo en el partido Cartagena-Rayo Majadahonda de la fase de ascenso a Segunda División.

Telefónica "suspende" su relación con Eduardo Zaplana tras su detención por blanqueo

MADRID.- Telefónica ha decidido suspender "con carácter inmediato" su relación con el exministro Eduardo Zaplana, asesor de la compañía desde 2008, tras su  detención este martes  por efectivos de la Guardia Civil en una operación dirigida por un juzgado de Valencia y la Fiscalía Anticorrupción. Zaplana está acusado de un presunto delito de blanqueo de capitales, entre otros, según informa www.eldiario.es

Según fuentes oficiales de Telefónica, "se suspende con carácter inmediato su relación laboral, en el área de asuntos públicos, con la compañía a la espera de conocer más detalles sobre su situación". 
El PP también se ha apresurado a anunciar esta mañana la  suspensión de militancia de Zaplana por este asunto. En un primer momento, fuentes de Telefónica se habían limitado a señalar que estaban recabando información sobre Zaplana.
Por su parte, Logista, otro monopolio privatizados por el Gobierno de José María Aznar que desde hace años tiene a Zaplana como consejero, todavía está analizando la situación del ex ministro, al que renovó recientemente como vocal.
En septiembre de 2016, el exministro se definía en su Linkedin como "adjunto al secretario general" de Telefónica, aunque entonces él mismo matizó, en una conversación con eldiario.es, que su función era la de mero "asesor" en la multinacional, " un puesto funcionarial", según sus propias palabras. 
En ese momento, fuentes de la empresa le definían todavía como "adjunto a la presidencia", que ya entonces ocupaba José María Álvarez Pallete.
Telefónica anunció hace ahora diez años, con César Alierta al frente de la empresa, el fichaje de Zaplana (que acababa de dejar su escaño en el Congreso) como "Delegado de la Compañía para Europa", con un retribución que nunca ha sido pública. Hasta enero pasado, la Secretaría General y el área de Asuntos Públicos de Telefónica estaban bajo la dirección, respectivamente, de los abogados del Estado Ramiro Sánchez de Lerín  y Carlos López Blanco.
El primero está imputado en el 'caso Rato' por haber sido la persona que firmó el contrato entre la Telefónica de Alierta y Kradonara, una sociedad del expresidente de Bankia, por tareas de asesoramiento, mientras que López Blanco fue secretario de Estado con Aznar. 
En la distribuidora de tabaco Logista, donde la retribución de Zaplana como consejero "independiente" sí es pública (99.000 euros en 2017), se limitan a señalar a preguntas sobre este asunto que "aún no tenemos conocimiento de las circunstancias de las actuaciones". Añaden que "Logista continuará cumpliendo escrupulosamente con los Reglamentos y normativas para el buen gobierno de la sociedad".
El reglamento del consejo de administración Logista obliga a dimitir a sus vocales "cuando su permanencia en el Consejo pueda poner en riesgo los intereses de Grupo Logista o puedan perjudicar al crédito y reputación de la misma. En particular, deberán informar al Consejo de las causas penales en las que aparezcan como imputados, así como de sus posteriores vicisitudes procesales". 
Es la fórmula habitual en estos casos.
Zaplana es consejero de esta empresa desde 2012 y en la junta de accionistas de marzo pasado, cuando Zaplana ya se había visto salpicado por el caso Lezo tras diversas grabaciones de sus conversaciones con el expresidente madrileño Ignacio González, la filial de la tabaquera británica Imperial Tobacco renovó el mandato del exministro por otros cuatro años.
Para respaldar su reelección, el consejo de Logista valoró su "conocimiento, experiencia profesional, reconocida solvencia y competencia, responsabilidad para el ejercicio del cargo y ausencia de conflicto de interés", tras considerar que "ha desempeñado el cargo de consejero de la sociedad, con la dedicación adecuada y de una forma eficiente, en cuanto a la calidad del trabajo".
Zaplana compatibiliza sus funciones en estas dos grandes empresas con su actividad en una consultora que administra junto a su hija, Decuria Consulting, que fue constituida unas semanas después de su fichaje por Telefónica y desde entonces hasta 2016 (último ejercicio del que ha presentado cuentas) ha facturado más de 2,3 millones de euros. 
La esposa de Zaplana y sus hijas también gestionan varias empresas del sector inmobiliario y hotelero, algunas  de la órbita del suegro del exministro, el empresario y ex senador del PP Miguel Barceló, fallecido en marzo pasado.

Eduardo Zaplana, un personaje escurridizo en el cieno de la corrupción

MADRID.- Eduardo Zaplana siempre ha sido un personaje escurridizo en el cieno de las turbulentas aguas de la corrupción asociada a los 20 años de gobierno del PP en la Comunidad Valenciana. Las sospechas que levantó su gestión como alcalde de Benidorm y como presidente de la Generalitat han sido tan relevantes como su habilidad para escabullirse del epicentro de los escándalos. Incluso para lograr la retirada de las denuncias en aquellos casos en los que alguien se ha atrevido a llevarle a los tribunales, como ocurrió con los empresarios de la trama de las comisiones de Terra Mítica, recuerda hoy El País.

Esa capacidad de bordear el cepo sin pillarse nunca los dedos ha engrandecido su mito en la Comunidad Valenciana, donde la mayoría de sus colaboradores, lejos de seguir su estela, están imputados, procesados o, simplemente, condenados y encarcelados. Como José Luis Olivas, que fue su mano derecha en la Generalitat y, antes de llevar Bancaja al precipicio, fue su relevo al frente del Gobierno valenciano en 2002, cuando Zaplana dio el salto a Madrid como ministro de Trabajo de José María Aznar. O como el exconsejero Rafael Blasco, que, tras ser expulsado del PSOE por supuestos cohechos y antes de ser recluido por varios delitos, fue su lazarillo en el laberinto administrativo de la Generalitat cuando logró la presidencia en 1995.
La investigación del caso Lezo puso de nuevo a prueba su pericia para escurrirse. Una conversación telefónica entre Zaplana e Ignacio González despertó la curiosidad del juez que inició la investigación, Eloy Velasco, que fue director general de Justicia en el Gobierno del expresidente valenciano. No es la primera conversación telefónica que despierta interés judicial en su trayectoria.
Zaplana irrumpió en la alcaldía del Ayuntamiento de Benidorm en 1991 de la mano de una tránsfuga socialista, Maruja Sánchez, que estuvo escondida en el hotel de un casino hasta que se materializó la operación. El arreglo benefició a todos. Hasta entonces Zaplana solo había hecho algunos pinitos como abogado. El matrimonio con la hija de un hombre fuerte del PP local le abrió grandes oportunidades.
En esos días, en los que se gestionó su primer contrato de concesión de la playa de Benidorm, Zaplana fue grabado en las pesquisas del caso Naseiro, la primera investigación judicial originada por las sospechas de corrupción en la financiación del PP, luego frustrada por la anulación de las escuchas. 
En una conversación telefónica con el concejal de Valencia Salvador Palop, el alcalde de Benidorm aseguraba que estaba “arruinado” y trataba de indagar “cómo podría rascar” para comprarse “un Opel Vectra de 16 válvulas”. Lejos de afectarle, esas grabaciones fertilizaron su carrera.
Como años después diría de él Julio Iglesias, Zaplana corría muy rápido. Su pragmatismo engrandeció su cartel de político kennedyano litoral en unos momentos bajos para el PP. Su momento llegó tras el asesinato de Manuel Broseta por los pistoleros de ETA, quien estaba llamado a liderar el partido en Valencia. 
Con el apoyo de Rita Barberá y el órgano mediático de la derecha valenciana se puso al frente del PP. Otro arreglo auspiciado por la patronal valenciana, el Pacto del Pollo (llamado así por celebrarse en el despacho del empresario avícola Federico Félix) fue su vehículo hasta el Palau de la Generalitat al allanar las diferencias entre Unión Valenciana y su partido para desalojar al PSOE. Hubo para todos.
La de Zaplana al frente de la Generalitat fue una gestión burbujeante. Con Aznar en la oposición, la Comunidad Valenciana se convirtió en el conejillo de indias de España. Todo ocurriría antes allí: la concertación de servicios públicos, la telebasura y los grandes eventos y contenedores, como la Ciudad de la Luz o Terra Mítica, en los que involucró para su desgracia a las cajas de ahorro valencianas. Y lo que ello llevaba implícito. 
Terra Mítica costó a la Generalitat más de 300 millones de euros y se vendió por 65. Su empeño personal en el parque temático de Benidorm, con cuentas investigadas en Suiza, se ha saldado, además, con 22 condenados por estafa agravada, fraude fiscal y falsedad documental.
Pero la Comunidad Valenciana era poco recipiente para su envergadura. Para ensanchar su imagen, Zaplana realizó una gira por varios países de Asia con Julio Iglesias como embajador de la Comunidad Valenciana. El cantante cobró seis millones de euros por ello (3,7 millones más de lo que admitió el presidente valenciano). Luego incluso intentó, sin éxito, presidir el Comité Europeo de las Regiones. 
Y convirtió en colaboradores habituales de Canal 9 a varios periodistas de Madrid que luego amplificaban su eco de político cruzado de Lincoln y Pericles en la Meseta. En 2002, la llamada de Aznar lo elevó a Madrid. Años después, la UDEF concluiría que la financiación ilegal del PP valenciano había empezado ese mismo año. Él no dejaría hasta dos años después la presidencia del partido en Valencia.
Zaplana saltó del tren antes de la explosión que despedazó a su heredero, Francisco Camps, y a Rita Barberá, dañando las partes esenciales de la organización. Sano y salvo, le permitió durante la descomposición del PP valenciano afirmar que se sentía orgulloso de no haber tenido “ningún problema jamás de índole judicial” y reivindicar su gestión frente a quienes le precedieron.
Telefónica le abrió la puerta a su salida de la política, tras los batacazos del PP en 2004 y 2008. Para la memoria dejaba sus intervenciones como portavoz del Gobierno de Aznar durante los atentados yihadistas del 11 de marzo, que en unas memorias inéditas todavía vincula una conspiración ibérica para apartar al PP del poder.
Desde entonces Zaplana ha alternado su función de delegado de Telefónica para Europa con los negocios privados, aunque la sombra de las sospechas le ha acompañado con una fidelidad inquebrantable. 
Un mes después de ocupar el despacho de Telefónica en la Gran Vía fundó la consultora Decuria Consulting, SL, dedicada a la promoción inmobiliaria, organización de eventos y “explotaciones deportivas y de ocio de todo tipo”.
El juez Santiago Pedraz ya puso bajo su lupa a la administradora solidaria de esta consultora, su hija Rosa María, por la presunta comisión de delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública en la trama del hijo menor del expresidente de la Generalitat catalana, Oleguer Pujol.
Las escuchas de su conversación con el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González revelaban intenciones de participar en negocios de manera opaca para blanquear fondos ocultos en el extranjero, con el Canal de Isabel II como escenario. Zaplana no es nuevo en el sector hídrico ni en sus tejemanejes. Se empleó a fondo en el pulso por el control de Aguas de Valencia, que proyectó fusionar con el Canal de Isabel II en los tiempos de Alberto Ruiz Gallardón, y hasta trató que le pagara un medio de comunicación afín. Mucha agua y mucho lodo en el fondo por el que escurrirse.
Ahora la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil lo ha detenido por un presunto blanqueo de capitales y delito fiscal por aflorar dinero negro procedente del extranjero. ¿Volverá a escurrirse?