MADRID.- El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha dicho hoy en el Senado que
el trato dado, en el Registro Civil de Murcia, a dos madres lesbianas
que al acudir a inscribir a su hijo se les exigió un documento del
centro de fertilidad, fue «una mala práctica que está siendo corregida».
Lo
ha señalado Catalá al ser preguntado por el PSOE sobre si el Gobierno
considera que la inscripción en el Registro Civil de un nacimiento cuyos
progenitores son una pareja de mujeres debe tener requisitos diferentes
a los del resto de situaciones.
«En absoluto, no lo considera el
Gobierno ni tampoco la ley», ha asegurado el ministro, que ha recordado
que en 2015 se aprobó una norma que establece, por iniciativa del PP,
que «no tenga ninguna singularidad la inscripción de las parejas del
mismo sexo». «Se aplica y debe aplicarse en todos los Registros Civiles
de España», ha señalado.
Para el senador socialista Juan Luis
Soto, el trato que recibieron las dos madres en Murcia es «injusto,
inaceptable e impropio del siglo XXI». Asimismo, ha recordado a Catalá
la huelga convocada hoy por jueces y fiscales contra sus políticas y ha
argumentado que para el Gobierno «la igualdad no va ni creen en ella ni
están dispuestos a dignificar a las personas LGTBI».
Según Soto,
las leyes por la «igualdad real y efectiva» se debe a los socialistas
mientras que el PP recurre al Tribunal Constitucional (TC), en
referencia a la ley que permite matrimonios de personas del mismo sexo.
«Nos acusan de adueñarnos de la bandera de la igualdad y lo hacemos con
orgullo porque ustedes se envuelven en una bandera en blanco y negro
para tapar el conservadurismo y la derecha más rancia de Europa», ha
añadido.
Catalá ha insistido en destacar que el PSOE hablaba de
«un caso puntual en Murcia» cuando en España hay 8.300 registros civiles
llevados por jueces «en el ejercicio de su función de independencia».
También ha criticado que Soto pudiera «estar insinuando que el
Ministerio tiene que decir a los jueces lo que tienen que hacer».
Asimismo,
Catalá ha especificado que en el caso citado «un juzgado en Murcia ha
tenido la aplicación de un criterio» que casualmente es «una ley
aprobada en 2006» con gobierno socialista, y que pide que cuando una
pareja del mismo sexo esperan un hijo, la madre embarazada acredite que
han accedido a un sistema de fertilización autorizado.
El ministro
ha recordado además que en 2015, con el PP, se aprobó la reforma del
Código Penal para fortalecer penas y prevenir los delitos en materia
sexual y contra la mujer y el odio por razón de sexo, que el PSOE no
apoyó, al igual que pasó con la reforma del Registro Civil para superar
el texto socialista de 2006 y que dos mujeres que van a tener un hijo no
tengan que «acreditar nada».
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