MADRID.- Los paraísos fiscales parecen no estar entre las preocupaciones más
inmediatas a la ciudadanía. El nombre suena exótico y la estafa parece
ocurrir en países lejanos. Pero esta imagen poco se asemeja a la
realidad. Oxfam Intermón denuncia que la contribución de las empresas
multinacionales al total de la recaudación es cada vez menor, así que el
peso de la financiación del Estado recae cada vez más sobre las
familias, el trabajo y el consumo. Además, los destinos favoritos del
IBEX-35 son lugares como Delaware, Holanda, Irlanda y Luxemburgo, países
cercanos que España no contempla en su lista negra de paraísos
fiscales, pero que tienen prácticas fiscales agresivas, según recoge Cuarto Poder.
Este
3 de abril era el aniversario de la publicación de los Papeles de
Panamá, la filtración masiva de documentos confidenciales de la firma de
abogados panameña Mossack Fonseca, una de las más importantes del mundo
en la creación de sociedades offshore.
La publicación de esta
información supuso un escándalo mundial y, por esto, el Foro Social
Mundial eligió esta fecha para proclamar el Día Internacional contra los Paraísos Fiscales,
una iniciativa que parte de España y a la que se han sumado varios
países.
La Plataforma por la Justicia Fiscal, conformada por sindicados y
organizaciones como ATTAC u Oxfam Intermón organiza una concentración
en Callao. Participarán “los afectados”: el colectivo de
pensionistas, mareas de la sanidad y la educación, y la Plataforma de
Afectados por la Hipoteca, entre otros.
“Los medios de
comunicación más favorables a las políticas neoliberales repiten que no
hay dinero para subir las pensiones, que hay que recortar, que hay que
hacer frente a un déficit que nos está forzando la UE etc., pero en
ningún momento hablan de la gran cantidad de dinero que deja de ingresar
el Estado por evasión fiscal”, explica Ricardo García,
miembro de ATTAC y de la Plataforma por la Justicia Fiscal.
Todas las
empresas del Ibex-35 utilizan paraísos fiscales y su presencia casi
alcanza las 1.000 filiales en estos territorios, según ha contabilizado
Oxfam Intermón.
Los paraísos fiscales rompen con el modelo de sociedad de Europa para
garantizar el llamado estado de bienestar. “Si quienes tienen mayor
capacidad para contribuir no pagan, somos nosotros, la mayoría, los que
estamos pagando”, plantea la responsable de Justicia Fiscal de Oxfam
Intermón, también portavoz de la Plataforma, Susana Ruiz.
La experta explica que las grandes fortunas y las grandes empresas
utilizan los sistemas tributarios desiguales en los distintos países,
muchas veces contrarios entre sí, para ir encontrando “vacíos”.
Esto les
permite, por ejemplo, crear sociedades que tengan la matriz en un
lugar, mientras la marca o la propiedad intelectual se encuentra en
determinados paraísos fiscales, de forma que “fugan” de una forma
artificial sus beneficios.
Es un problema global, que requiere de
soluciones a nivel internacional. Cada vez se suman más escándalos y
filtraciones periodísticas sobre los paraísos fiscales – Paradise Papers, Bahamas leaks, Panama Papers, Luxleaks, Swissleaks…–
y la opinión se muestra más crítica con el fraude fiscal, de forma que
algunas empresas están empezando a cambiar sus malos hábitos.
Sin
embargo, es importante la presión, remarcan las organizaciones
implicadas, que creen que aun queda mucho camino por recorrer. En
concreto, la inversión de España hacia paraísos fiscales se multiplicó
por cuatro entre 2009 y 2016 alcanzando los 9.544 millones de euros,
mientras que la mitad de la inversión que llega al país lo hace a través
de un paraíso fiscal, según recogió Oxfam Intermón en un informe.
La lista negra y otras medidas para combatir el fraude y la evasión fiscal
El
primer paso sería que el Ministerio de Hacienda elaborara una lista
completa de paraísos fiscales, según las organizaciones. Esto
permitiría, por ejemplo, presionar al Estado o a los Ayuntamientos para
que solo contraten a empresas que se encuentren fuera de dicho listado.
El Gobierno actualmente trabaja en una lista de paraísos fiscales que
sustituirá a la de de 1991 para adaptar el ordenamiento jurídico
español al acuerdo alcanzado en el Ecofin el pasado mes de diciembre.
En la línea de los planteado por la OCDE, se había ido dejando fuera a
cada vez más paraísos fiscales y esta es una oportunidad para revertir
la situación. Desde 2003 han ido desapareciendo de la lista paraísos
fiscales como el Principado de Andorra, las Antillas Holandesas,
Emiratos Árabes Unidos, Bahamas, Barbados, Panamá o Singapur.
La
UE tiene una lista negra, que actualmente conforman nueve países, y una
lista gris, en la que se incluyen más de 60 países que son paraísos
fiscales o tienen prácticas fiscales agresivas, pero que han mostrado un
firme compromiso de acabar con la situación.
“Se va por una por buena
dirección, ya que al menos los criterios ya no son los del G-20 y la
OCDE, que tenían en cuenta únicamente la transparencia, y contemplan
otras causas como que tengan prácticas nocivas o sean agresivos con
otros países”, explica Ruiz.
Sin embargo, la lista europea parte de la
exigencia de no incluir a países europeos, como Luxemburgo e Irlanda,
mientras que no se ha publicitado cuales son los compromisos concretos
adquiridos por parte de los países de la lista gris, denuncia la
Plataforma por la Justicia Fiscal.
Además de vigilar el proceso de
la elaboración de la lista por parte del Gobierno, la Plataforma por la
Justicia Fiscal también exige medidas como la protección de los
periodistas que cubren las informaciones relativas a la evasión fiscal
–denuncian que sufren una enorme presión y que incluso pueden ver como
su vida corre peligro– o el refuerzo de la vigilancia contra el fraude.
“En España es imprescindible el incremento de la dotación de recursos
públicos de la Agencia Tributaria para así poder incorporar los avances
de la agenda internacional e ir cerrando agujeros”, explica Ruiz.
“Hay que recordar que la presión ciudadana provocó las dimisiones del ministro (José Manuel) Soria y el exfiscal Anticorrupción Manuel Moix”, indica García. Ambos se retiraron después de aparecer vinculados a sociedades offshore
en los Papeles de Panamá. “Se ha creado un sentimiento y una
sensibilidad ciudadana. En el momento en el que alguien tiene una
sociedad offshore se le invalida políticamente y eso es positivo”,
señala. Hay que seguir luchando para que la ciudadanía sea consciente de
que “nos están robando”, añade.
