lunes, 9 de abril de 2018

Ciudadanos ya le saca casi un millón de votos y 9 escaños de ventaja a un PP en caída libre


MADRID.- Las convulsiones políticas y los grandes escándalos relacionados con el Partido Popular –de Catalunya a Cifuentes, pasando por Gürtel– tienen un impacto decisivo sobre la aritmética electoral, que apunta a un fenómeno inédito en España: cuatro formaciones situadas en 'fila india' entre los 60 y los 100 escaños. Ciudadanos ya supera al PP en cuatro puntos y también lo adelanta por vez primera en número de diputados, según las estimaciones de Jaime Miquel para 'Público'.

Ya no hay vuelta de hoja: el Partido Popular se desploma, incapaz de sobreponerse a su cascada de escándalos y fracasos, entregando el liderazgo electoral de la derecha a un Ciudadanos que capitaliza las carencias del PP pese a no demostrar muchas más virtudes. El panorama político español está a punto de cambiar para siempre.
Si en este momento se celebrasen unas elecciones generales, la formación de Albert Rivera aventajaría a la de Mariano Rajoy en casi un millón de votos y –pese al injusto sistema electoral impuesto tras la muerte del dictador– por vez primera batiría también en escaños al hasta ahora partido hegemónico de la derecha, según las estimaciones del gabinete demoscópico de Jaime Miquel y Asociados (JM&A) –basadas en el desk research de los más importantes sondeos recientes, incluido el del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS)– para el Observatorio Continuo de Público.
La caída libre del PP parece no tener fondo, y ahora C's no sólo obtendría nueve diputados más (batiéndolo por 97 a 88 escaños), sino que le arrebataría dos millones de sus fieles votantes... igual que le quitaría tres cuartos de millón de votos al PSOE.
El fenomenal ascenso de Ciudadanos en los sondeos podría ser un espejismo, pero la unanimidad de todos los estudios demoscópicos, durante los últimos meses, sobre el descenso en picado del partido en el poder, a causa de un trasvase masivo de votantes hacia su nuevo rival derechista, augura una debacle de las huestes de Rajoy en beneficio de los seguidores de Albert Rivera.

C's ganaría hoy 65 escaños y el PP perdería 49

Tan espectacular es el crecimiento de C's que JM&A prevé que obtendría hoy un inédito aumento de 65 escaños –hasta rozar el centenar–, a costa de la drástica reducción de los diputados del PP (-49) y de otros 20 parlamentarios que ganaría al PSOE (-8) y a Unidos Podemos (-12).
"Estamos dando nuestras posiciones electorales actualizadas ahora que se está realizando el trabajo de campo del barómetro de abril del CIS [Centro de Investigaciones Sociológicas del Gobierno] para así poder comparar ambas estimaciones" cuando el CIS anuncie sus resultados, explica Jaime Miquel.
"Dadas las características de la LOREG [Ley Orgánica del Régimen Electoral General] y de la distribución de los apoyos populares de los partidos, Ciudadanos necesita casi tres puntos de votos válidos de ventaja sobre el PP para empatar en escaños", detalla Miquel. "La misma ventaja que necesitan Unidos Podemos y sus  confluencias para empatar con el PSOE".
Así que lo que se produciría si hoy se celebrasen elecciones generales sería una división de los votantes entre cuatro opciones: "Se trata de una aritmética electoral inédita en España, con cuatro candidaturas en fila india entre sesenta y cien escaños", afirma el analista electoral de Público.
Por tanto, el fin del bipartidismo está más que garantizado, pero no hay que lamentarlo en demasía, según Miquel: "Lo que sucumbe es una cultura política autoritaria e irreflexiva que llamamos postfranquista. Y el PSOE está atenazado por el mismo problema: o aterrizan ahora donde despegaron, que es en la comprensión plurinacional de España y en la moción de censura a Rajoy, al lado de Podemos para hablar con ERC y los demás –cosa que no creo que vayan a hacer– o lo harán en las próximas generales con un hundimiento como los del PASOK griego, del PS francés o del Partido Democrático italiano de Renzi".
Ante este panorama, la caída prevista de 2,3 puntos del PSOE e incluso la de tres puntos justos de Unidos Podemos parecen una minucia, ya que la catarata de votantes derechistas que fluye a borbotones desde el PP hasta C's hace palidecer cualquier otro flujo electoral de cara a las próximas elecciones generales.
En cuanto al factor territorial,  se aprecian claramente las comunidades que dan el vuelco electoral decisivo para el hundimiento del PP en toda España: C's gana 11 escaños en Andalucía, 8 en Castilla y León, 7 Castilla-La Mancha y Madrid; y 6 en València y Catalunya... la gran mayoría arrebatándoselos a los populares.

El ascenso meteórico de C's no tiene precedentes

Y ese ascenso meteórico de Ciudadanos no tiene precedentes en la mayor parte de las comunidades: salta de 0 a 7 diputados en la comunidad manchega; de uno a 9 en Castilla la Vieja; de 7 a 18 en Andalucía, de 6 a 13 en Madrid, de 5 a 11 en València y de 0 a 4 en Galicia. Un despegue que roza lo inverosímil y que, de producirse, puede llegar a sentenciar la muerte del partido que hoy gobierna.
"Lo que se destruye son expresiones políticas con las que convivimos que son imposibles en la Unión Europea del siglo XXI, como las banderas a media asta por Jesús de Nazaret o el somos novios de la muerte del Gobierno", opina Jaime Miquel.
El Partido Popular ha entrado en un torbellino autodestructivo, con la corrupción y Catalunya como ejes de su naufragio, que se acelera con su empeño en mantener posiciones insostenibles, como el falso máster de Cifuentes.
Si Rajoy logra resistir hasta el final de la legislatura, podría ser no sólo su último mandato de gobierno sino también el último del PP.

Fomento y su plan estrella en carreteras chocan con Hacienda

MADRID.- La historia se repite y el Ministerio de Fomento vuelve a tener aparcado un importante plan de inversiones en el departamento de Hacienda, mientras se escuchan argumentos críticos contra distintas medidas desde la Abogacía del Estado. El programa en cuestión es el Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras (PIC), que fue presentado en julio del año pasado como una palanca de estímulo por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y que aún está por ver aprobado el pliego base de licitación de los proyectos, revela hoy Cinco Días.

Con un presupuesto global de 5.000 millones, las dos peculiaridades del PIC residen en que serán las empresas privadas quienes inviertan, tras años sin que Fomento recurra al sistema concesional, y que se busca reanimar la obra civil en carreteras tras legislaturas de claro foco en el desarrollo de la infraestructura ferroviaria de la alta velocidad. Pero la puesta en marcha no está siendo un camino de rosas.
Las empresas (ya hay 17 consorcios interesados) intentan eludir el riesgo del coste de las expropiacion de suelo más allá del presupuesto estimado por Fomento y expresado en los pliegos. Y es que tienen muy presente el precedente de las autopistas radiales de Madrid. 
Los 400 millones previstos en compra de terrenos se encarecieron en 1.800 millones por justiprecios otorgados por los tribunales a los propietarios, lo que hizo quebrar a las concesionarias y motiva el actual rescate de esas infraestructuras.
Ante esta posición del capital privado, que comparten los potenciales fondos y banca financiadora de las concesiones del PIC, Fomento ha buscado fórmulas para suavizar el riesgo expropiatorio y facilitar la captación de interés por la decena de carreteras que saldrán a concurso. Pero Hacienda y la Abogacía del Estado están mostrando disconformidad.
Consultados por este periódico, distintos altos cargos del Ministerio que lidera Íñigo de la Serna se han limitado a reconocer que los pliegos del PIC están en revisión y “se hará lo que marque la ley”. Eso implica buscar la cuadratura del círculo, a juicio de fuentes jurídicas.
El Gobierno busca lanzar inversión extrapresupuestaria siempre que no suponga un impacto negativo en el déficit. Para ello debe atender la norma de contabilidad de Eurostat en lo referente a las asociaciones público-privadas. Esta permitiría clasificar como no públicos los activos del PIC, y por tanto dejarlos fuera del balance de las Administraciones Públicas, si el consorcio privado que se adjudica la carretera asume el riesgo de construcción y al menos el de disponibilidad (garantizar el buen estado de la infraestructura) o el riesgo de demanda (asumir las caídas de tráfico). 
En el caso del Plan apadrinado por Rajoy, las concesionarias corren con los citados riesgos de construcción y disponibilidad. Pero Eurostat también suele ser taxativa derivando el riesgo expropiatorio para acometer las obras al socio privado.
Así fue en 2010, cuando las constructoras ya trataton de esquivar cualquier posibilidad de sobrecoste expropiatorio en los proyectos del Plan Extraordinario de Infraestructuras (PEI), y tanto ellas como Fomento se toparon con la negativa de la oficina estadística de la Comisión Europea (CE).
Técnicos conocedores de las entrañas del PIC explican que "la penúltima versión de los pliegos buscaba una conciliación entre los intereses del Gobierno y los del capital privado", eliminando el riesgo de expropiación en las concesiones urbanas y dejando en manos de los inversores el 100% en las carreteras interurbanas. 
Pero esta fórmula habría sido rechazada y se tantea otra alternativa mixta en la que los inversores asumen hasta el 150% del presupuesto de expropiación, si es que este se ve sobrepasado a la hora de comprar el suelo; del 150% al 250% respondería la Administración, y a partir del 250% volvería a ser la concesionaria privada la que cargaría con el coste.
El hecho es que la Abogacía del Estado se ha mostrada crítica, a través de un informe, con el reparto de riesgos recogido en el borrador de los pliegos del PIC. Bajo su puento de vista, las constructoras y operadoras de las carreteras proyectadas apenas tendrían riesgo operacional.
Respecto a otros puntos que arrojan incertidumbre al inversor figura el canon a percibir. Este permite cubrir la inversión en obras, el gasto en mantenimiento y la rentabilidad del negocio. Entre las interesadas en el PIC se habla de la indexación -a parámetros distintos al IPC- del tramo de mantenimiento, lo que solo representa alrededor del 15% del citado canon y amenaza con encarecer los pagos iniciales.
Otra cuestión crítica es la de la aplicación de la conocida como cláusula de progreso (artículos 259.4 de la Ley de Contratos), por la que que las concesionarias están obligadas a la continuada incorporación de innovaciones técnicas en la infraestructura según evolucione la normativa. El sector privado quiere conocer los casos en que se produciría un reequilibrio económico de la concesión por inversiones extra, aunque ya dan por descontado que esta incertidumbre motivará el encarecimiento de las ofertas.

Cuatro proyectos anunciados

2.000 millones en 2018. Fomento prevé licitar proyectos del PIC este año por 2.000 millones, dejando un volumen de 3.000 millones para 2019. Según la agenda del Ministerio, las dos primeras carreteras deben salir a concurso este mes.
Las dos primeras, en Murcia. Se espera que el Eje Norte-Sur de la autovía murciana A-30 (305 millones) y el Eje Este-Oeste de la A-7 entre Alicante y Murcia (626 millones) estrenen el PIC. En rampa de salida también están la prolongación de la A-7 en Castellón (432 millones) y el tramo Vigo-O Porriño de la A-52 (367 millones).
El PIC, totalmente independiente del presupuesto de Fomento y sin cómputo en el déficit, será financiado en un 40% por el BEI, las constructoras deben aportar otro 20% y levantar financiación de la banca comercial por el 40% restante.

Hacienda afronta una factura histórica por la ola de jubilaciones de funcionarios

MADRID.- La oleada de jubilaciones de funcionarios está desbordando todas las previsiones. Las cifras hechas públicas por el Gobierno en su proyecto de Presupuestos del Estado para 2018 revelan que el año pasado dejaron su puesto de trabajo en la Administración para irse a sus casas más de 210.000 empleados públicos con derecho a pensión, 85.000 más de los que preveía el Ejecutivo, según publica www.lainformacion.com

Este año la tendencia se acentuará. Respecto a lo presupuestado en 2017 el número de pensiones a funcionarios civiles que tendrá que pagar el Estado se incrementará en 275.000 lo que hará que la factura por este concepto supere por primera vez los 10.000 millones.
Las previsiones elaboradas por el Gobierno para su proyecto presupuestario parecen haberse adaptado, al cabo, a un fenómeno sobre el que los sindicatos han venido advirtiendo en las últimas semanas: el incremento significativo de las solicitudes de jubilación de los empleados públicos en los últimos meses ante el temor de que la entrada en vigor del Factor de Sostenibilidad el próximo 1 de enero de 2019 reduzca la prestación de jubilación a la que son acreedores. 
El asunto viene alimentado por la singularidad del Régimen de Clases Pasivas que regula la jubilación de buena parte de los empleados públicos y que permite a éstos a retirarse voluntariamente a los 60 años sin ningún tipo de penalización en su pensión, al contrario de lo que sucede con los trabajadores asalariados que o bien tienen bloqueada esa posibilidad o bien pueden acceder a ella con fuertes penalizaciones.
Los sindicatos han advertido al Gobierno también de que el tema puede tener una incidencia muy negativa sobre los servicios de la Administración. Uno de cada seis funcionarios civiles del Estado en ejercicio tiene más de 60 años y hay algunas dependencias, particularmente en el ámbito de la Seguridad Social, que ya están siendo atendidas con programas de contingencia por las carencias de personal.

Un problema creciente
Un vistazo a los presupuestos de los últimos años (ver gráfico) permite vislumbrar las consecuencias  de este régimen especial para empleados públicos sobre las plantillas de la Administración. Tras la reducción media del 5% del salario de los funcionarios en la era Zapatero y la supresión de la paga de Navidad de 2012 por parte del Gabinete Rajoy la cifra de funcionarios civiles jubilados no dejó de desbordar las previsiones oficiales hasta el año 2015, precisamente el ejercicio en que Cristóbal Montoro empezó a devolver una porción de esa paga extra. Ese año se jubilaron 'solo' 43.000 empleados públicos de los cerca de 200.000 que el Gobierno previó que se irían a su casa.
Al año siguiente, en el que el Ministerio de Hacienda devolvió la otra mitad de la paga extra de diciembre de 2012 pendiente, la diferencia entre la previsión gubernamental y la realidad fue también inapreciable. En 2017, con la paga extra de 2012 ya en el bolsillo y una subida salarial del 1%, las jubilaciones de funcionarios se volvieron a disparar por encima de las previsiones generando al Ejecutivo una factura extra de más de 50 millones de euros.
El balance final subraya que desde 2012 cerca de un millón de funcionarios han accedido a la jubilación y la factura por este concepto ha pasado de menos de 7.000 millones a los más de 10.000 millones que el Gobierno prevé gastar en 2018. Este año, por cierto, la cifra de funcionarios civiles jubilados con derecho a prestación desde el régimen de clases pasivas superará también por primera vez los cuatro millones.
La secuencia no pasó desapercibida al Gobierno y la ministra de Empleo, Fátima Báñez, incluyó la revisión del sistema de jubilaciones anticipadas del Régimen de Clases Pasivas dentro del catálogo de materias a tratar que el Gobierno trasladó a la Comisión del Pacto de Toledo. 
Lo hizo no sólo por la factura que le supone a las arcas públicas sino también por la situación de desigualdad de trato en la que sitúa a los empleados públicos adscritos al Régimen General frente a los encuadrados en el Régimen de Clases Pasivas. 
Según fuentes del Pacto de Toledo, este asunto todavía no ha sido tratado en la Comisión y no hay ninguna decisión al respecto.

La Región debe al Estado el 77% de su pasivo e incumple el déficit con un riesgo muy elevado de insostenibilidad


MADRID.- Después de un sexenio financiándose a través de préstamos del Ministerio de Hacienda, los bajos tipos de interés están animando a las autonomías a plantearse una vuelta en masa a los mercados. Andalucía y Baleares actúan de avanzadilla, y ya han pedido permiso al Gobierno para endeudarse. El objetivo que persiguen es el de "desligarse progresivamente" de los mecanismos de liquidez y eludir así "el excesivo control" que ejerce el ministro Cristóbal Montoro a quienes se benefician del FLA y la Facilidad Financiera (FF), según avanza elEconomista.

Andalucía, con vencimientos de 4.556 millones este año, ha trasladado al Ejecutivo la intención de emitir en los mercados hasta 1.000 millones, ahora que "los deberes se han hecho" y se ha cumplido el déficit -lo dejó en el 0,22 por ciento en 2017 frente al límite del 0,6 por ciento al que estaba obligada-. El Consejo de Ministros aún no ha dado luz verde a la operación.
Desde la Consejería de Hacienda andaluza se argumenta que el objetivo es el de ir abandonando los mecanismos de liquidez, porque si bien éstos "permitieron acceder a financiación cuando los mercados estaban cerrados", su uso impuso "límites a la autonomía financiera" de las regiones y "duras condiciones" en ocasiones "claramente recentralizadoras".
Baleares, por su parte, ha sido menos ambiciosa y ha pedido al Ejecutivo poder endeudarse por valor de 162 millones, cantidad que le correspondería recibir de la Facilidad Financiera en el cuarto trimestre de este año. 
Según la consejera del ramo, Catalina Cladera, el objetivo es el mismo que el andaluz: una "desvinculación gradual" de la tutela de Hacienda. El Gobierno de Francina Armengol reconoce que los mecanismos han permitido a la región ahorrarse intereses, pero también ha provocado que se acumulen amortizaciones y que no se pueda gestionar el calendario de vencimientos con más flexibilidad.
El gesto andaluz y balear llega en un momento clave, con el debate de la financiación autonómica encallado en un órgano secundario del Consejo de Política Fiscal y Financiera y pocas posibilidades de pacto a corto plazo entre los dos partidos que deben acordar el futuro marco, el PP y el PSOE.

La reestructuración, clave

El propio Montoro confirmaba hace solo unos días el interés de varias autonomías por desligarse del FLA y la Facilidad Financiera, aunque añadía que, para la clausura de los mecanismos, esas administraciones exigían una reestructuración de la deuda que mantienen con el Estado. Nada que oculten las peticionarias, por cierto. 
A día de hoy, sobre un pasivo total de más de 280.000 millones, las autonomías deben a la Administración Central 157.000 millones por los préstamos recibidos (que por otro lado ascienden a 261.000 millones.
Un asunto, el de la quita o reestructuración, que levanta una enorme polvareda en el seno de los partidos, sobre todo en el seno del PP. Porque esta formación gobierna en autonomías saneadas como Galicia y Madrid, que no están dispuestas a un perdón selectivo de deuda; y en otras como Murcia, que debe un 77 por ciento de su pasivo al Estado, incumple el déficit y presenta un riesgo de insostenibilidad "muy elevado", según la AIReF.
En el PSOE el debate está algo más soterrado, dado que, a excepción de Asturias, en mejor posición, el resto de autonomías en las que gobierna se beneficiarían de manera importante de un alivio pilotado por Montoro. 
Valencia, en manos de Ximo Puig, presenta el porcentaje de deuda sobre PIB más elevado de España (más del 41 por ciento) y debe un 78 por ciento de ese pasivo al Estado. Andalucía, a su vez, debe el 70; Castilla-La Mancha el 72; y Baleares el 68.
Montoro se muestra dispuesto a estudiar el fin de los mecanismos, y por eso sugiere que es favorable a una reestructuración a la griega, con perdón de intereses y alargamiento de plazos, incluso para regiones saneadas. 
Pero la realidad es otra: sin el concurso del PSOE, Hacienda no está dispuesta a dar ningún paso. Menos aún sabiendo que, con el FLA y la FF, puede mantener a raya los plazos autonómicos del pago a proveedores y el cumplimiento del déficit, políticas que han constituido la gran prioridad política del ministro.

Nueve sanitarios del SMS, seleccionados para actuar en emergencias humanitarias

MURCIA.- Nueve profesionales sanitarios del Servicio Murciano de Salud han sido seleccionados para formar parte del Equipo Técnico Español de Ayuda y Respuesta en Emergencias (Start), promovido por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y liderado por la Agencia Española de Cooperación (Aecid), para actuar en caso de emergencias humanitarias.

Este grupo técnico, bautizado como 'chalecos rojos' por su indumentaria, estará formado por 48 profesionales del Sistema Nacional de Salud capaz de intervenir en menos de 72 horas en los casos de emergencia humanitaria en los que Cooperación Española decida actuar.
El consejero de Salud, Manuel Villegas, se ha reunido este lunes con el grupo de sanitarios de la Región seleccionados, liderado por Amparo Cerón, del Hospital Morales Meseguer, con el objetivo de coordinar las actuaciones que se deriven de la cesión de estos profesionales que, de forma voluntaria, se incorporarán a este equipo de élite nacional.
El grupo lo integran seis enfermeros del Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia y del Centro de Salud Mariano Yago de Yecla, un anestesista del Hospital Santa Lucía de Cartagena, así como un traumatólogo y un internista del Hospital Morales Meseguer de Murcia.
Manuel Villegas ha destacado que la Región de Murcia "tiene excelentes profesionales sanitarios de gran nivel que, desde la vocación y entrega hacia los demás, están preparados y acreditados para atender cualquier situación crítica y de emergencia humanitaria que se presente".
A su juicio, la Región "está totalmente implicada en este proyecto que sitúa a España como referencia en el ámbito europeo e internacional en acción humanitaria y del que estoy convencido que sus profesionales, por su experiencia y preparación, serán de gran ayuda para contribuir de modo eficaz a la hora de asistir, proteger y salvar vidas".
El responsable de Salud ha asegurado que "esta cesión es esencial para la constitución de este colectivo médico internacional", y ha señalado que "el personal sanitario que lo integra estará operativo todos los días del año dentro de este mecanismo de reacción rápido, capaz de desplegarse en tiempo récord".
La creación del equipo médico internacional, que se inició con el acuerdo de 26 de marzo de 2015 del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, supone la cesión necesaria de profesionales por parte de las comunidades autónomas, de la que surge una base de datos formada por profesionales sanitarios dispuestos a participar en las tareas de intervención frente a emergencias de salud pública de importancia internacional.
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y la Aecid llevan tiempo colaborando para la creación de este mecanismo formal de movilización para la cooperación española. El proyecto sitúa a España como una referencia tanto en el entorno europeo como en el ámbito internacional, junto a países como Australia, Japón o Bélgica.
Start está conformado por profesionales que acreditan amplia experiencia. Tendrá un sistema logístico propio y disponible todos los días del año, y contará en sus intervenciones de emergencia con un hospital de campaña de nivel 2, con capacidad quirúrgica.
Además de médicos y enfermeros, estará compuesto por ingenieros expertos en agua y saneamiento, logistas o expertos en electricidad y electrónica, entre otros.

La oposición critica a 'Urbamusa' por no dejar que auditen sus cuentas

MURCIA.- La empresa municipal urbanizadora de Murcia (Urbamusa) tuvo unos beneficios de unos 47.000 euros en 2017, según las cuentas aprobadas hoy en su consejo de administración, que han recibido las críticas de la oposición por no estar auditadas por la intervención local.

En el consejo y la junta general de la sociedad reunida esta mañana, su director gerente, Alberto Pérez-Albacete, ha defendido sin embargo que se llevaron a cabo el año pasado 8 auditorías externas en materia laboral, contable, de contratación y de transparencia para avalar que la empresa cumple con la legislación.
Ciudadanos, Ahora y Cambiemos han votado en contra de las cuentas y el PSOE se ha abstenido, lo que finalmente ha permitido su aprobación.
El concejal de Ciudadanos Carlos Peñafiel ha hablado de falta de fiscalización y de cumplimiento con los compromisos de destinar los beneficios obtenidos en 2017 y en 2016 a fines sociales y de vivienda, pues se han incorporado a los fondos propios de la sociedad.
Para la edil de Ahora Ángeles Moreno recurrir a auditorías externas en lugar de a los propios servicios municipales es un ejercicio de "oscurantismo" que puede ocultar practicas contrarias a la ley de contratos, por lo que ha pedido que la empresa sea liquidada.
El concejal de Cambiemos Sergio Ramos ha exigido un mayor "rigor" en el control financiero de las empresas públicas locales.
En cuanto a las actuaciones de Urbamusa, uno de sus principales cometidos es la explotación de aparcamientos, pues gestiona hoy 1.318 plazas, 1.075 de ellas públicas municipales.
Sobre este punto, los concejales socialistas Sebastián Peñaranda y Maite Espinosa han reivindicado un plan de viabilidad de los públicos para evitar las importantes pérdidas que generan cada año a las arcas municipales.
Pérez-Albacete ha puesto en valor la recuperación de la actividad de gestión de cooperativas de Urbamusa y ha destacado que en 2017 se pusieron en marcha tres nuevas cooperativas vinculadas a ella, las primeras desde 2004.
Asimismo, se han presentado los principales proyectos municipales que gestiona, como son el Plan Especial de Protección del Sitio Histórico de Monteagudo y el de Cabezo de Torres, así como varios de los de Murcia Río y la rehabilitación de los pabellones 1 y 2 del antiguo cuartel de Artillería, entre otros.

Los servicios jurídicos de la Asamblea tumban la proposición de ley sobre ITV

CARTAGENA.- La Mesa de la Asamblea Regional de Murcia no ha admitido hoy a trámite en virtud del informe de los servicios jurídicos de la Cámara la proposición de ley consensuada por el PP y el PSOE sobre el nuevo modelo de estaciones de inspección técnica de vehículos (ITV).

Fuentes de la Asamblea han señalado que el informe de los letrados del Parlamento remarca que el reglamento impide admitir una proposición de ley en el mismo periodo de sesiones cuando haya sido tramitada y votada anteriormente en pleno una iniciativa similar.
El pleno de la Cámara rechazó el pasado 28 de marzo con los votos del PP, el PSOE y Podemos la proposición de ley sobre el régimen jurídico de las ITV propuesta por Ciudadanos, que apostaba por la liberalización.
Por ello, los servicios jurídicos han dictaminado que no se puede admitir a trámite la nueva iniciativa hasta el siguiente periodo de sesiones, que comenzará el próximo septiembre.
De esta forma, el régimen jurídico de las ITV en la Región de Murcia vive un nuevo episodio tras los ocurridos anteriormente, que comenzaron el 4 de septiembre de 2017 cuando la oposición derogó el decreto ley aprobado por el Gobierno murciano sobre esta materia.
Semanas más tarde, el PP y el PSOE comenzaron las negociaciones para consensuar un texto que contara con la mayoría parlamentaria, mientras que Ciudadanos registró en la Asamblea una proposición de ley que fue rechazada el pasado marzo.
La intención del PSOE y el PP era tramitar de urgencia su iniciativa para que el hemiciclo la aprobara a finales de este mes, de forma que la región tuviera de nuevo una legislación autonómica en la materia, lo que no ocurrirá al menos hasta septiembre.
El texto de estos dos partidos, registrado el mismo día que tumbaron la propuesta de Ciudadanos, apuesta por el sistema de licencia condicionada, que permitirá la libre entrada de operadores siempre que "no se ponga en riesgo la viabilidad" de la red existente.
De esta forma, las solicitudes que se presenten a partir de la aprobación de la nueva norma deberán incluir un plan de viabilidad económica realizado por un organismo de derecho público independiente y basado en las inspecciones que realizan las tres estaciones más cercanas al lugar donde quieren ubicarse las nuevas.
En el caso de que haya varias solicitudes en trámite que afecten a las mismas instalaciones ya establecidas o en curso de autorización, la Dirección General de Energía y Actividad Industrial y Minera comprobará la viabilidad de la primera petición presentada y cuya documentación esté completa.
El Ejecutivo murciano, señala el texto, desestimará la solicitud de una nueva apertura cuando estime que las inspecciones realizables por la ITV proyectada generen menos del 95 % de los gastos que tendrá la instalación.
También rechazará la petición cuando incida o altere la oferta y demanda de servicio de las estaciones autorizadas, es decir, su viabilidad económica.

La bomba política que amenaza al Gobierno por caducar el peaje de la autopista AP-7

MADRID.- Primero será entre Burgos y Álava; después, entre Tarragona y Alicante y, por último, entre Sevilla y Cádiz. En apenas año y medio, País Vasco, Cataluña, Andalucía y Castilla, las 'cuatro Españas', van a vivir el vencimiento de concesiones estatales que pasan por sus territorios, obligando así al Gobierno, y a todo el Parlamento, a tomar una decisión sobre qué van a hacer con estos peajes, tal como recuerda www.elconfidencial.com.

Sobre la mesa está un debate que va más allá de estas tres carreteras, ya que está en juego definir qué modelo económico queremos para nuestras vías de alta capacidad, con el añadido de que, si no se adopta una solución uniforme en todo el país, se seguirá hurgando en la herida de las diferencias entre regiones, con el agravante que supone cuando afecta, directamente, a las dos regiones más nacionalistas.
Una patata demasiado caliente para el momento político actual, seriamente marcado por las tensiones independentistas y los problemas presupuestarios, y con un calendario electoral que invita a hacer electoralismo en un tema que debe abordarse como un asunto de Estado.
La pelota está en el tejado del Ministerio de Fomento, que por el momento se ha limitado a señalar que buscará un gran pacto con toda la oposición, buenas palabras todavía pendientes de cristalizar, difíciles de poner en práctica cuando la región más afectada, Cataluña, sigue sin Gobierno, y con el tiempo jugando en contra.
Dentro de apenas siete meses, caerá la primera carta de este castillo de naipes con el vencimiento de la AP-1 entre Burgos y Armiñón (Álava), una vía marcada por su proximidad con la frontera francesa, lo que se traduce en mucho tráfico pesado (el que más estropea las carreteras y tiene mayores costes de siniestralidad), y turismos extranjeros.
Estos dos elementos están sobre la mesa de la propuesta que ha hecho Seopan, la patronal de las constructoras, a Fomento, en la que defiende seguir cobrando peaje una vez venza la concesión, pero bonificando al máximo el tránsito de los vecinos de la zona.
Según sus cálculos, si esta carretera pasa a ser gratis, el tráfico medio diario se incrementará un 36% y un tercio del mismo serán camiones, muchos procedentes de diferentes países europeos, donde mayoritariamente se les obliga a pagar por utilizar sus vías de alta capacidad.
En términos fiscales, las arcas públicas dejarán de recibir 23 millones al año, al tiempo que deberán asumir 6 millones por costes de mantenimiento cada ejercicio, según los cálculos de Seopan, cifras que la patronal eleva a 1.000 millones si se considera toda la red de pago.
"La decisión que adopte el Gobierno para esta concesión deberá mantenerla en el resto, porque no puede tener un modelo en Burgos y otro en Cataluña", señala un empresario del sector. Desde Seopan, descartan pronunciarse sobre si apoyarían una solución como la propuesta para la AP-1 en la AP-7, cuya concesión vencerá en noviembre de 2019 en el tramo que une Alicante y Tarragona.
Precisamente, una parte de este trazado, el que circula entre Vilafranca del Penedès Sur y la localidad de Ulldecona, casi en la frontera con Castellón, acaba de ver como Fomento, Generalitat y los alcaldes de los municipios afectados se han puesto de acuerdo para bonificar al 100% a los vecinos de la zona, mientras se mantiene el peaje para el resto del tráfico.
Félix Alonso, portavoz de Podemos en la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados y alcalde de Altafulla, una de las localidades beneficiadas por esta media, defiende este tipo de soluciones, que corrigen la situación de inequidad existente, en la que unos españoles pagan por salir de su casa en coche, y otros no.
De cara al debate nacional, reconoce que Unidos Podemos todavía carece de una postura definida, ya que existen sensibilidades diferentes —en Comú Podem, por ejemplo, defiende implantar la viñeta—, pero, aunque sea como medida transitoria hasta que haya un gran acuerdo de Estado, sostiene que soluciones como la pactada para el citado tramo de la AP-7 van en la buena dirección.
En Ciudadanos, su portavoz en la Comisión de Fomento, Fernando Navarro, reconoce carecer de una posición definitiva, e insta al ministro Íñigo de la Serna a tomar la iniciativa y hacer una propuesta. Donde sí se muestra tajante es a la hora de afirmar que "estamos en contra de seguir prorrogando las concesiones a cambio de más obras" y que "la solución que se adopte, debe ser para todos", lo que convierte a la AP-1 en la piedra de toque de todo el debate.
A este deberá añadirse también el hecho de que la Diputación de Guipúzcoa sí que ha implantado ya el sistema de cobro para camiones en dos de sus carreteras de alta capacidad que estaban libres de pago, la N-1 y la GI-632, mientras que Álava prevé seguir los pasos de su vecino y empezar a cobrar al transporte pesado.
Por el momento, Fomento ha dejado entrever que su postura pasa por no prorrogar la gestión a los actuales concesionarios, pero sin determinar si en un futuro estaría dispuesto a volver a licitar estas carreteras. Además, el debate de cobrar o no puede resolverse también manteniendo el control público y que sea el propio Estado el que cobre, ya sea solo a pesados, a turismos no residentes en la zona o a todos.
En el supuesto de que terminasen adoptándose fórmulas de bonificación máxima a los vecinos, y cobros en función del uso y/o la contaminación, fuentes del sector explican que, si la explotación de la carretera es pública, corresponde al Estado financiar los peajes de los turismos exentos; mientras que si vuelve a sacarse a concurso la concesión, con la exigencia de bonificaciones, estas corresponden a la empresa privada.
La más afectada de todas ellas por el inminente vencimiento de los peajes es Abertis, que acaba de protagonizar una controvertida guerra de opas, y que además se enfrenta al vencimiento, en 2021, del trazado de la AP-7 que une Barcelona con La Junquera y Tarragona; y el de la AP-2 Zaragoza-Mediterráneo.

El Gobierno apuesta por un Estado de Bienestar más reducido que en la UE

MADRID.- Durante la presentación de los Presupuestos, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, explicó que el objetivo del Gobierno a medio plazo es que la recaudación permanezca en el entorno del 38% del PIB. Dado que tiene el compromiso con Bruselas de bajar el déficit a cero, eso implica que el gasto público acabará en ese 38%, lejos del 48,1% que se alcanzó en 2012, cuando se disparó por las ayudas bancarias, el paro, la caída del PIB, los intereses de la deuda y las pensiones. Si se compara el 38% con cifras europeas, la decisión del Gobierno es una apuesta clara por un Estado de Bienestar más reducido que en la UE, publica El País.

De las palabras de Montoro se infiere que la estrategia del Ejecutivo consiste en seguir aumentando los gastos pero menos de lo que crezca el PIB. El gasto per cápita podrá incluso subir. Pero de esta forma el Estado de Bienestar irá perdiendo tamaño respecto a la tarta de la riqueza nacional, incluso si el envejecimiento de la población exige en el futuro más recursos para las pensiones o incluso si España es uno de los países de la UE que menos ayudas brinda a las rentas bajas.
En relación al PIB, los desembolsos públicos quedarían en cotas similares a los de países anglosajones o del Este de Europa. Se situarían incluso al mismo nivel que EE UU, que tiene mucho gasto militar pero no recoge en sus Presupuestos una parte sustancial del gasto sanitario, de educación o de pensiones, ya que en buena medida se financian de forma privada. Pero con unas diferencias sustanciales en contra de España: una natalidad peor, una productividad más baja, menos población trabajando y menos pensiones privadas.
En esas circunstancias, España se colocaría lejos de la media de la UE, que alcanza el 46,3%, y de la media de la zona euro, en el 47,6%. Y se encontraría aún a mayor distancia de los países del Centro y Norte de Europa. 
Como explica José Ignacio Conde-Ruiz, profesor de la Universidad Complutense, los países que optan por un Estado más pequeño también pueden disfrutar de unos estándares de vida elevados. Sin embargo, eso requiere una sanidad y una educación mayoritariamente privadas. 
“España debería tener un debate abierto sobre qué Estado de Bienestar quiere tener, qué es lo que se pretende proveer y cómo se financia”, dice. Algunos economistas apuntan que la presión creciente de las pensiones hará que esta estrategia del Gobierno se derrumbe. Y el límite del 38% se antoja todavía más estricto cuando se soporta una deuda de casi el 100% del PIB.

Menos para la pobreza y las familias

Según datos de Eurostat, España gasta en la actualidad lo mismo en pensiones que la media de la UE, un 12,8% frente a un 12,9%, y algo por debajo del 13,5% de la zona euro. Destina casi el doble a desempleo. En cambio, dedica mucho menos a las familias con hijos a su cargo, los servicios sociales, las ayudas para atajar la pobreza y el acceso a la vivienda.
Al tener un desembolso en pensiones similar al de la UE pero una partida para protección social incluyendo sanidad más pequeña (un 25% del PIB de gasto social frente a un 29% de la UE), el resultado es que España está entre los países de Europa que más dedican de sus presupuestos a las pensiones. 
Las prioridades se fijan en función de una población que envejece y cuyo voto cuenta. Pedro Saura, portavoz de Economía del PSOE, señala que, sin subir poco a poco la presión fiscal, el ajuste se centra en las partidas que modernizan la economía como la inversión o el I+D. O en aquellas que deberían paliar la desigualdad.
Los expertos también destacan que se emplea bastante poco para la formación de parados si se tiene en cuenta el elevado desempleo. Por eso, muchos defienden que hace falta elevar algo más la recaudación sobre PIB. Si bien la mayoría admite que no se puede hacer de un día para otro sin hacer daño a la economía y que, por mucho que sea necesario, tampoco cabe esperar que esto se consiga simplemente combatiendo el fraude fiscal.
De hecho, la cifra del 38% de ingresos que escoge Montoro no sale al azar. Se trata de la media de recaudación de España desde 1995. La media del gasto entre 1995 y 2017 ha sido del 41,9%. Entre 2000 y 2007, permaneció en el 39%. Pero con la crisis se disparó, tocando en 2009 el 45,8%, el peor año sin ayudas financieras. 
El informe de los expertos para una reforma tributaria que se presentó en 2014 recordaba que España siempre generó déficit y deuda cuando el gasto superó el 38-40%. ¿Quiere eso decir que España no puede recaudar más?
Como sostiene un ex alto cargo de Hacienda, uno de los problemas es que los españoles parecen sufrir una suerte de esquizofrenia fiscal: “Reclaman más servicios pero tienen la impresión de que pagan muchos impuestos”, afirma.
Otro serio inconveniente es que el sistema tributario se ha convertido en una especie de Frankenstein, montado a fuerza de parches que dejan muchos agujeros por los que escapa la recaudación y que tienen poco que ver con una redistribución eficiente y equitativa. Entre deducciones, exenciones, tipos reducidos, módulos, planificaciones fiscales o contribuyentes que se fugan a sociedades, el sistema acaba como un queso gruyer, subrayan los expertos.

Las jubilaciones anticipadas bajan por primera vez en tres años

MADRID.- Una de las recomendaciones más escuchadas de expertos y organismos internacionales a España para garantizar la sostenibilidad futura del sistema de pensiones es que desincentive lo más posible la jubilación anticipada (aquella que implica que el trabajador se jubile antes de cumplir la edad legal de retiro), recoge hoy Cinco Días.

El pasado año se registraron en España 309.157 nuevos jubilados, un 0,7% más que el año anterior. Y de todos ellos, 134.329 se jubilaron de forma anticipada, antes de haber cumplido la citada edad legal (65 años y cinco meses en 2017; 65 años y seis meses en 2018).
De esta forma, el 43,5% de todos los retiros fueron anticipados el pasado año, frente al 44,6% del total que representó esta modalidad en 2016.
Se trata, por tanto, de la primera vez en tres años que descienden las jubilaciones anticipadas, que desde que se inició la recuperación habían aumentado consecutivamente un 3,1% en 2014; un 3,5%, en 2015; y un 7,8% en 2016.
El motivo por el que se recomienda a España restringir estas jubilaciones anticipadas no es otro que su mayor coste para el sistema. Esta modalidad de retiro es más cara para la Seguridad Social que la jubilación ordinaria, porque el pensionista deja antes de cotizar y cobra más años pensión.
Según los últimos datos disponibles de febrero de 2018, la pensión media de los nuevos jubilados anticipados es de 1.573 euros al mes, un 40% superior a la cuantía media que reciben los que acceden al retiro con más de 65 años y cinco meses, que cobran 1.125 euros al mes de media.
Este mayor coste se produce a pesar de que, por lo general, la cuantía de la pensión de los jubilados anticipados se recorta con los denominados coeficientes penalizadores, que suponen una disminución de alrededor del 6% por cada año de anticipación respecto a la edad legal de jubilación. En concreto, casi siete de cada diez jubilados anticipados ve recortada su pensión para el resto de su vida por el efecto de estos coeficientes. En términos generales, casi un tercio de todas las nuevas pensiones de 2017 (el 29,3%) se vieron aminoradas por estos ajustes.
Pese a ello, el elevado uso de esta modalidad de retiro–que llegó a suponer la mitad de todas las nuevas jubilaciones de 2004– llevó al primer Gobierno de Mariano Rajoy a adelantar a 2013 el endurecimiento del acceso a todo tipo de jubilaciones anticipadas (ordinarias y parciales), algo que estaba previsto para 2024, según la reforma de pensiones socialista de 2011.
Si bien, en 2013 no se endureció el acceso a la jubilación anticipada en todos los casos, sino que se estableció un periodo, hasta el 1 de enero de 2019, en el que se permitía a muchos trabajadores seguir accediendo al retiro anticipado con las condiciones más ventajosas previas a la reforma de 2011. De hecho, el pasado año la mitad de las jubilaciones anticipadas aún se produjeron con estas condiciones más beneficiosas para el jubilado pero más caras para el sistema.
Pero a partir del próximo 1 de enero ningún trabajador se podrá jubilar anticipadamente con estas condiciones más ventajosas previas a 2011. Esto podría hacer que el descenso de las jubilaciones anticipadas que se ha producido en 2017 se interrumpiera en 2018. Esto ocurriría por un efecto anticipación de jubilaciones para poder beneficiarse de las condiciones más ventajosas que dejarán de existir en enero del próximo año.
No obstante, de momento, antes de saber si se producirá o no un nuevo repunte de las jubilaciones anticipadas, lo único cierto es que la caída de esta modalidad en 2017 ha hecho repuntar la edad media real a la que se jubilan los españoles.
En febrero pasado esta edad era de 64,3 años de media, la mayor registrada nunca y que ya se dio en 2013, cuando por efecto del endurecimiento del acceso a la jubilación parcial esta modalidad pasó de representar el 42,2% del total de nuevos retiros en 2012 al 38,2% al año siguiente.
Según estas cifras, la edad media de jubilación de los asalariados es más baja que la media, ya que se retiran a los 63,9; mientras que son los autónomos quienes presionan al alza de la edad media del sistema, ya que se retiran en promedio a los 65,9 años. Sus peores carreras de cotización justifican que se retiren más tarde para elevar la cuantía de su pensión.

Cocido, albóndigas o leche condensada: la dieta de un «súper» soldado español


MADRID.- Los soldados del Ejército de Tierra se enfrentan a exigentes jornadas que incluyen sesiones de entrenamiento, formación militar o guardias en la base en la que están destinados. Un esfuerzo que debe verse compensado en su alimentación, especialmente en los casos de aquellos militares que se encuentren destinados en misiones o de maniobras. Una tarea que, desde hace años, recae en empresas externalizadas que deben acogerse a una extensa lista de requisitos y hacerse cargo de todo el proceso, según publica Abc

«Desde la contratación de su personal y su formación, a la adquisición de sus ingredientes o la elaboración de los menús, entre otras cosas», explica Blas Juan Vita, teniente coronel médico del Ejército de Tierra.
«Los menús los hacen estas empresas, que proponen al Ejército una lista mensual para su aprobación. Además de los requisitos nutricionales tienen que ajustarse a nuestra cultura o nuestras costumbres», señala Vita. 
En la comida de los soldados nada queda al azar. Ni siquiera la cantidad de kilocalorías ni nutrientes que debe incluir, que se recogen en los llamados Pliegos de prescripciones técnicas (PTT) y en el Manual técnico: Alimentación en el ET, que recoge todas las normas relativas a la alimentación del Ejército. «Para las bases y cuarteles, el PTT indica que se debe asegurar un mínimo de 2.900 kilocalorías diarias dispuestas de la siguiente forma: 12-15 % proteínas, 55-60 % hidratos y un 30-35 % grasas», especifica este militar.
«En condiciones normales, el aporte es de 3.000 calorías diarias. Si hay un trabajo físico intenso y bajas temperaturas, 3.500. Y en el caso de las operaciones especiales, por ejemplo tropas de montaña, 4.000 calorías», apunta Luis Arcarazo, médico militar en la Academia de Zaragoza.
Vita asegura que, pese a que el Ejército debe tener planificación para un uso permanente de la cocina, salvo en los casos de las guardias de 24 horas o las misiones, los soldados solo suelen hacer una comida en las bases.

Las raciones individuales de combate

La situación cambia cuando, desde el cobijo de un cuartel, el Ejército despliega a los soldados. En estos casos, la alimentación se enfrenta a un doble reto: el de dar de comer a personas cuya «actividad física es superior a la media de la población» pero, en muchas ocasiones, «en entornos adversos».
Para ello, las Fuerzas Armadas (los tres Ejércitos y la UME) cuentan con las raciones individuales de combate (RIC). Unas cajas verdes, de pequeño tamaño, que esconden tres paquetes para cubrir las comidas de un día. Su origen se remonta a las guerras napoleónicas, aunque con el paso del tiempo se han modernizado y estandarizado de forma que en ellas todo está regulado. 
Desde los ingredientes al color, pasando por el la tipografía de su envoltorio. En total, están sometidas a 77 leyes nacionales y de la OTAN. 
La comandante Olga Serrano es la encargada de redactar los pliegos de prescripción técnica en los que se recogen estas especificaciones. Ella es la jefe del Laboratorio de la Unidad de Estudios Proyectos y Laboratorio del PCAMI (el centro de abastecimiento del Ejército de Tierra), desde donde se elaboran los menús de estas raciones, así como su control de calidad y las investigaciones de nuevos productos, debido a que una de las preocupaciones de este laboratorio para adecuarse a las necesidades tácticas de los militares. Situado en Villaverde (Madrid) alberga una nave de almacenamiento de las RIC, con capacidad para 2.300 palets.
Su misión no es la de fabricarlas, de ello se encargan empresas externas que ganan un concurso abierto y firman un acuerdo marco (de 2+2 años). En la actualidad, y desde 2016, es una UTE española la encargada de hacer estas raciones (a las que se les exige que la materia prima sea nacional), aunque puede postularse cualquier compañía sin importar su origen, explica la comandante Serrano a Abc. El importe estipulado fue de 16.715.760 euros y, para 2017, se fabricaron hasta 180.000 raciones individuales de combate, además de otros tipos.
«Tenemos cinco tipos de menús, y dos para personal musulmán con el sello de garantía Halal de la Junta Islámica de España», explica la comandante. «Esta es una de las peticiones que nos hicieron desde Ceuta y Melilla porque, al no tener la certificación, no se comían las raciones», apunta. 
La comandante Serrano insiste en la importancia de que este tipo de alimentación se ajuste a lo que cualquier soldado come en su hogar. Para conocer el nivel de satisfacción utilizan encuestas y catas, y cuando un producto del menú no gusta, lo cambian. 
«Por ejemplo, los callos», recuerdan esta militar y la jefa del laboratorio de Bromatología. Otros, en cambio, se sustituyen si presentan algún tipo de complicación. «Con el pulpo nos pasó. Quizá era la calidad u otro factor...pero se deshacía, y se quitó», apuntan.

Otra parte fundamental del trabajo de este equipo, compuesto por militares y civiles, son los controles de calidad de los alimentos, en los que someten a múltiples pruebas los envases de estas raciones. Algunas para medir su aguante a temperaturas extremas; otras, para ver cómo reaccionan al peso y si, por ejemplo, cuando se apilan unas sobre otras se abollan. Y, por último, un estudio microbiológico.
En él, primero se incuban los alimentos durante 7 días a 55 grados; después, durante otros a 32 grados para así estudiar si existen alteraciones como un cambio en el PH de la comida, que esta se salga del envase o que se hayan desarrollado microorganismos en la lata.
Desde este laboratorio también se estipulan las fechas de caducidad de este tipo de raciones especiales. En el caso de las comidas, hasta 4 años. En los desayunos, 18 meses debido a la presencia de lácteos (la leche condensada) y azúcares que facilitan la aparición de organismos.
«Estamos intentando encontrar una alternativa para estos productos para aumentar estos tiempos», reconocen a Abc. Sin embargo, inciden en que desde el Ejército «se estima a la baja» la fabricación de estos productos. «Se tiende a ajustar las peticiones a las necesidades reales existentes. Por ello, si existieran excedentes, se redistribuye a otras Unidades que puedan necesitar esas raciones», explica la comandante Serrano. Lo que en ningún caso se puede hacer es distribuir un paquete caducado o a punto de perecer. Tampoco se puede comercializar con ellos. 
Además de las raciones individuales, existen las raciones colectivas, que se usan para abastecer a 10 personas y tienen una caducidad de 36 meses. Estas cuentan con 10 menús diferentes, que incluyen ensalada de pasta, cocido madrileño o fabada asturiana, entre otros platos. 
Desde este laboratorio también se controlan las raciones individuales de emergencia, que solo pueden usarse en situaciones desesperadas o bajo orden. A estas se suma la ración de refuerzo, que aporta más calorías en escenarios especiales (como pueden ser los rescates de montaña).
 Por último, las Fuerzas Armadas cuentan con el llamado batido equilibrado de valor energético, al que se recurre en escenarios nucleares, ataque biológico, químico o radiológico. Este producto de sabor fresa o chocolate, cuenta la comandante Serrano, se mezcla con agua y se ingiere a través de una cánula que va a la máscara que portan los militares.

¿Cómo supervisan las universidades españolas los títulos de máster?

MADRID.- Cada año las universidades ofertan miles de másteres para que los alumnos puedan perfeccionar sus conocimientos y se especialicen en ámbitos concretos, pero ¿cómo supervisan las facultades que los alumnos han cumplido sus obligaciones para obtener el título? Varios centros consultados responden.

Estos títulos están de actualidad tras el caso del máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que investiga la Fiscalía a raíz de la denuncia presentada por asociaciones de estudiantes por las posibles irregularidades cometidas por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) en sus notas.
La vicerrectora de Docencia de la Universidad Pompeu Fabra, Cristina Gelpí, explica que en el caso de su centro cada máster establece sus condiciones para superarlo, está formado por un conjunto de asignaturas y cada una de ellas tiene un "plan docente" que recoge los objetivos de las materias.
En ese plan se detallan "las reglas de juego" para superarlo y, aunque "no hay una fórmula única, por supuesto se garantiza que en todos hay un seguimiento de la actividad que realizan los estudiantes".
La autorización para impartir un máster, indica Gelpí, la realiza en su caso la Dirección General de Universidades y solamente se autorizan los que está previamente verificados, es decir, los que han pasado auditorías internas y externas.
"Si le preguntas a cualquier universidad, por lo menos catalana, te dirá que el control de calidad que se exige a un máster es muy alto, porque estamos auditados externamente", sostiene la vicerrectora de Docencia.
Señala que en la Pompeu Fabra, universidad que es de las pocas españolas que suele quedar en puestos relevantes en las listas internacionales, los másteres "no se modifican en función de la persona". Hay unas normas comunes en la universidad y unas específicas de cada máster, pero, insiste, "no hay adaptaciones ad hoc por la situación personal".
Subraya que las obligaciones de los estudiantes de másteres de la universidad catalana son las mismas que las de cualquier estudiante del centro, determinadas en la normativa académica publicada y aprobada por el consejo de gobierno.
Asistir a clase, si la enseñanza es presencial; un comportamiento "ético por encima de todo"; la producción y elaboración de los trabajos previstos; en definitiva, "unos derechos y deberes establecidos en cualquier normativa o estatuto, nada raro", indica Gelpí.
Fuentes de la Universidad Autónoma de Madrid afirman que la expedición de cualquier título oficial "se efectúa una vez que el sistema y el gestor del título verifican el cumplimiento de todos los requisitos académicos y administrativos por parte del estudiante, incluyendo, obviamente, el pago de las tasas de expedición del mismo".
Asimismo, sostienen que todos los títulos oficiales de la Autónoma "están aprobados antes de su implantación por la Agencia Nacional de Evaluación de Calidad y Acreditación (Aneca), y cada uno de ellos cuenta con una memoria de verificación, que recoge todos los requisitos exigibles".
Las mismas fuentes resaltan que la normativa establecida para conseguir el título se detalla "exhaustivamente" en las guías docentes de cada título, que se encuentran disponibles en la web de la universidad madrileña.
Gelpí defiende la calidad de los másteres que se imparten al menos en el sistema universitario catalán. "Todos los que han pasado por un proceso de acreditación y verificación externos son de calidad, porque en eso estamos como sistema universitario catalán todos de acuerdo, ya que no nos hacemos ningún favor si nuestros productos no son buenos", añade.
Según la estadística del informe Universidades, centros y titulaciones curso 2017-2018 del Ministerio de Educación, los másteres han pasado a ser 3.540, cuando el pasado año eran 3.772. De ellos, 2.780 son de universidades públicas, y 779 de privadas.
Si se compara con el curso anterior, el número de másteres impartidos disminuyó en las universidades públicas (3.015 impartidos en 2016-17) y aumentó ligeramente en las privadas (776 impartidos en 2016-2017).

'Huermur' denuncia ante la Guardia Civil obras en la rueda de Alcantarilla


MURCIA.- La Asociación para la Conservación de la Huerta y el Patrimonio de Murcia (Huermur) ha presentado una denuncia en el Seprona de la Guardia Civil ante la sospecha de que las obras y los trabajos que está realizando la Junta de Hacendados en el monumento de la Rueda de Alcantarilla, declarada Bien de Interés Cultural, se estén llevando a cabo presuntamente sin las correspondientes autorizaciones que debe de haber expedido la Dirección General de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura, antes del inicio de las obras sobre el monumento protegido.

Por ello ha solicitado a la Guardia Civil que requiera a los responsables de la obra y a la Junta de Hacendados, como promotora de las mismas y propietaria de la Rueda, los permisos pertinentes de la Consejería de Cultura, así como la correspondiente licencia urbanística municipal que debe de haber expedido el Ayuntamiento de Alcantarilla.
En el mismo sentido, Huermur solicitó información a Cultura la semana pasada acerca del derribo de unas estructuras adosadas a la Rueda de Alcantarilla, así como de los trabajos que se están realizando desde primeros del mes de marzo en el BIC de la Rueda de Alcantarilla, todo ello debido a la falta de carteles en la propia obra que informen sobre que trabajos se están ejecutando, fecha de inicio, referencia de autorización, etc.
Igualmente Huermur se personó en la Dirección General de Bienes Culturales de la Comunidad Autónoma el pasado miércoles para para preguntar por lo que estaba ocurriendo y para ver los expedientes solicitados, pudiendo comprobar como en los expedientes facilitados en la Dirección General no había presuntamente autorizaciones o permisos para intervenir sobre el BIC.
De esta forma, el colectivo conservacionista ha solicitado a la Consejería de Cultura que inspeccione las obras y trabajos que se están realizando desde hace semanas en el BIC de la Rueda de Alcantarilla, y si procede inste la paralización cautelar de los trabajos hasta que se aclare la situación, aparezcan los permisos, y si finalmente Cultura apreciara indicios de alguna presunta irregularidad, aplique el régimen sancionador de la Ley de Patrimonio Cultural de Murcia.
Por último Huermur también ha solicitado información al Ayuntamiento de Alcantarilla acerca de las obras, ya que en las mismas no hay ningún cartel que indique ni el expediente de la licencia urbanística municipal, ni la fecha de concesión de la misma.

Convocan nuevas plazas de magistrados y jueces suplentes en Murcia


MURCIA.- La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha convocado 24 plazas de magistrado suplente y de juez sustituto, para el año judicial 2018/2019, en el ámbito del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia en un concurso en el que tendrán preferencia para ser nombrados los concursantes que hubieran desempeñado funciones judiciales o de secretarios judiciales o de sustitución en la carrera fiscal.

En total, son cuatro plazas de magistrado suplente, dos para el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia y otras dos para la Audiencia Provincial de Murcia, y 20 plazas de jueces sustitutos para Murcia, Caravaca, Cartagena, Cieza, Jumilla, Lorca, Molina de Segura, Mula, San Javier, Totana y Yecla.
Como consecuencia del carácter excepcional de la actuación de magistrados suplentes y jueces sustitutos, se podrá tener en cuenta en la selección de los concursantes la residencia habitual de éstos en el municipio de la provincia o Comunidad en la que tenga su sede el órgano judicial para el que pretenden el nombramiento, a los efectos de acreditación de la disposición de facilidad de desplazamiento al municipio donde tenga su sede el órgano judicial para el que se pretende el nombramiento. 
Dichos nombramientos se acordarán para el año judicial 2018/2019 y tendrán eficacia hasta el 31 de agosto de 2019.
Quienes deseen tomar parte en este concurso público dirigirán sus solicitudes, según la plaza que se pretenda, al presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, en el plazo de 20 días naturales a contar desde el siguiente al 26 de marzo, fecha de publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Lluvia y posibilidad de nieve mañana martes en la Región

MURCIA.- La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para mañana, martes, en la Región de Murcia cielo poco nuboso, tendiendo a nuboso o cubierto, con precipitaciones generalizadas a partir de la tarde, más intensas y frecuentes en el Noroeste. La cota de nieve bajará hasta los 1.200 metros a últimas horas. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Los vientos soplarán del suroeste, aumentando en el litoral a fuertes con rachas muy fuertes.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este martes cielos poco nubosos, tendiendo a nubosos o cubiertos, con precipitaciones generalizadas a partir de la tarde, más intensas y frecuentes en el noroeste. La probabilidad de la precipitación oscilará entre el 40 y el 100% en los diferentes puntos de la Región.
La cota de nieve bajará hasta los 1.200 metros a últimas horas. Las temperaturas sufrirán pocos cambios, con máximas que oscilarán entre los 14 y 20 grados y mínimas que se situarán en torno a los tres y los 11ºC.
Los vientos soplarán del suroeste, aumentando en el litoral a fuertes con rachas muy fuertes, lo que conlleva la activación del aviso naranja por fenómenos costeros en el litoral de Cartagena y Mazarrón, y el aviso amarillo en el de Águilas, Lorca y el Valle del Guadalentín. Además, el campo de Cartagena y Mazarrón estará en aviso amarillo por viento.

Fuerte oleaje hoy en la costa murciana y alerta amarilla por viento en la sierra de Segura

MADRID.- Las temperaturas descenderán este lunes 9 de abril en buena parte de la Península, donde volverán a predominar las lluvias así como las rachas fuertes de viento, sobre todo en zonas de Canarias, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). La nieve volverá a poner en aviso por riesgo a Huesca, Cuenca, Guadalajara, Ávila, Burgos, León, Segovia, Soria, Zamora, Lérida, Madrid, Navarra, Cáceres y La Rioja.

Las provincias de Cuenca y Guadalajara tendrán nieve este lunes por encima de los 1.000 a 1.400 metros, informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su página web. Asimismo, Albacete tiene también nivel amarillo en Alcaraz y Segura por rachas de viento de hasta 70 kilómetros.
Además, el fuerte oleaje afectará a las provincias costeras de Almería, El Hierro, Gran Canaria, La Gomera, Tenerife, Cantabria, Tarragona, La Coruña, Pontevedra, Ibiza y Formentera, Bizkaia, Gipuzkoa y Murcia, donde se han decretado avisos por riesgo. Asimismo, todo el archipiélago canario estará en aviso por riesgo de viento.
La Región de Murcia está hoy en alerta amarilla (riesgo) por temporal marítimo y olas que alcanzarán entre 3 y 5 metros.
Durante este lunes, se producirá un descenso de las temperaturas diurnas en la vertiente atlántica y litoral de Alborán, descenso que será localmente notable en el centro de la Península. 
Por el contrario, aumentarán en el noreste peninsular y en el resto del país se registrarán pocos cambios. Según la predicción de la AEMET, los cielos estarán este lunes nubosos o cubiertos en buena parte de la mitad norte peninsular, con precipitaciones que pueden ser localmente fuertes, que en Pirineos podrán producirse ocasionalmente con alguna tormenta.
Asimismo, estará nuboso con precipitaciones en el resto de la vertiente atlántica peninsular, Ceuta y Melilla, que serán menos probables por el suroeste peninsular y tendiendo a remitir a lo largo del día. 
En el resto del área mediterránea los cielos estarán poco nubosos tendiendo a nubosos. En Canarias, predominarán los cielos nubosos en el norte con lluvias en las islas de mayor relieve, e intervalos nubosos en el sur.
En cuanto a las cotas de nieve en la Península, se situará entre los 1.200 y 1.600 metros, aunque en el oeste de la meseta y el Sistema central oscilará en torno a los 800 y 1.100 metros en las primeras horas del día. 
Finalmente, el viento será de componente norte en Canarias y oeste en el resto, así como fuerte con rachas muy fuertes en zonas de Canarias. Además, habrá intervalos de intensidad fuerte en puntos de los litorales cantábrico y del sureste peninsular, Baleares y en zonas altas del este.
La Aemet avisa de que con la alerta amarilla no existe riesgo meteorológico para la población en general, aunque sí para alguna actividad concreta.

El master de Cifuentes hunde la convención del PP / José Hervás *

Decenas de dipu­tados po­pu­lares que han asis­tido el fin de se­mana a la con­ven­ción del Partido Popular en Sevilla están in­dig­nados con la to­davía pre­si­denta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Critican en pri­vado con du­reza que no haya adop­tado la de­ci­sión de di­mitir ante el gra­ví­simo pro­blema de imagen que ha pro­vo­cado en el par­tido. 

Les parece un intento suicida tratar de buscar pistas en las redes del que los colaboradores más próximos de Cristina Cifuentes califican de ‘montaje’ contra la presidenta de la Comunidad. Según las fuentes consultadas por Capitalmadrid.com, este intento solo serviría para alargar el proceso, mientras Ciudadanos sigue cosechando votos populares. Cuanto más se hunda Cifuentes más crecen ellos.

El problema no está en saber quien ha difundido todo lo que se sabe sobre las irregularidades del master de Cristina Cifuentes en la Universidad Rey Juan Carlos.

Cuando la Universidad admite que se ha falseado el título, que las firmas que lo acreditan son falsas, que el tribunal no existió, que dos asignaturas suspendidas figuran después con notable, que el director del curso dice en una entrevista a la SER que se vio obligado por el Rector a buscar una salida digna para la presidenta, que Cifuentes se matriculó tres meses más tarde de que se iniciara el curso, que no asistió a las clases cuya presencia era obligatoria, que no hubo exámenes, que el tribunal que firma el título denuncia que no existió tal tribunal, y cuando no ha aparecido el trabajo fin de máster, trabajo que lleva acreditado la parte fundamental de los créditos del mismo, de poco vale quien haya ‘mecido la cuna’ para que se conozcan todas estas irregularidades.

La conclusión para un destacado grupo de líderes populares es que un servidor público no puede mantenerse por más tiempo en estas condiciones en su cargo. Añaden el temor adicional ahora, de que cuando aparezca el trabajo, si es que aparece, evidencie que está lleno de plagios.

No lo descartan porque, añaden, que para una persona con el nivel de ocupación como el de una delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, hacer un trabajo de 60-80 páginas no resulta sencillo.

El daño se está haciendo no solo a las expectativas electorales del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, sino a todo el partido que estaba empeñando todo su esfuerzo y compromiso en transmitir una nueva imagen de regeneración y lucha contra la corrupción.

Este desmoronamiento de la imagen llega en un momento de agudización de la crisis catalana en la que hace falta el apoyo de las principales fuerzas políticas constitucionalistas cuyo enfrentamiento en Madrid hace imposible ningún acuerdo de ámbito nacional.

El tuit que emitía, Enrique Ossorio, portavoz del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, a mediodía del domingo amenazando tanto al equipo de Gabilondo como al de Pedro Sánchez asegurando que “tienen que dar muchas explicaciones sobre si conocieron la comisión de un presunto delito en la Universidad Rey Juan Carlos y la ocultaron a la Fiscalía”, no pasa de una amenaza a la desesperada.

Su conclusión en el mencionado mensaje de que “la moción de censura no solo nació muerta, puede estar manchada por una oscura trama” no pasa de ser otro intento más por no afrontar la equivocación mayúscula de la presidenta desde una posición de humildad y de asumir que cuando se comete un error existe la palabra dimisión.

Permitir que durante semanas, tanto Ciudadanos como PSOE y Podemos, sigan hurgando en la herida de esta equivocación del ‘máster fantasma’ supondría añadir más equivocaciones a las muy graves ya cometidas. Como ha resumido el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, ‘si no tiene el máster, nos ha mentido’, y la conclusión sería más que evidente. A buen entendedor con pocas palabras basta. Alguien tendría que decirle ‘basta ya’.



(*) Periodista

Huéscar y Dinamarca en guerra / Adrián Ángel Viudes *

Si afirmo que hasta el año 1981 el pueblo de Huéscar, estuvo en guerra con Dinamarca, más de uno de mis lectores me diría: -don Adrián critique pero no fabule.

No, no es cuento, la granadina localidad, bañada por el río Guardal que junto con el Castril estuvieron a punto de ser donantes del primer trasvase proyectado para saciar la sed secular de nuestra Región, declaró la guerra al país nórdico. Fue una contienda larga, pero en ella nunca combatieron ejércitos, por lo que no hubo bajas; por no haber no hubo ni conocimiento por parte de los daneses de la existencia de este enfrentamiento. 

El 'conflicto internacional' existió, porque en 1809 el Cabildo de Huéscar declaró la guerra al país nórdico. 

En el albor del siglo XIX, con un ambiente bélico que enfrentaba a las potencias mundiales, entre cambios de alianzas, desencuentros diplomáticos y asumiendo una resolución de las Cortes españolas, el cabildo oscense ordenó la publicación de un bando instando a los vecinos "a atacar a las fuerzas danesas en cualquier parte que se hallen, vengar los insultos recibidos y no cesar las hostilidades hasta que un mutuo convenio de Corte a Corte y un tratado estipule las condiciones de paz". 

Ese día llegó, eso sí doscientos años después, y en 1981 en el pleno municipal más extraordinario de cuantos se han celebrado en Huéscar, se selló definitivamente la paz entre los pueblos.

Al ritmo que vamos no nos debe extrañar que antes de lo que creemos podamos contemplar, con asombro, alguna que otra declaración de guerra entre regiones, o entre municipios, o entre militantes de partidos, o entre regantes de una u otra cuenca, o de la misma, vaya usted a saber.

Porque, aunque creamos haber evolucionado, somos gente de sangre caliente, bravucones y peleones, intransigentes en grado sumo, y envidiosos; a pesar de que proclamo que las virtudes que nos adornan, y de las que hago merced de no enumerar por no cansar a mis lectores, compensan con creces nuestros atávicos defectos.

¿Puede haber remedio? La clave está en la educación. No estamos educando a nuestros jóvenes de la mejor manera para conseguir la deseada convivencia en paz y en el respeto a nuestros semejantes. Los modales brillan por su ausencia; no se respetan a padres, ni a profesores, ni a los mayores en edad.. 

Algunos partidos políticos presumen de sus secciones de juventud; y allí sabemos que se fomenta el desprecio y aversión al oponente. Hitler y Musolini fueron unos enamorados de las juventudes nazis y de los camisas negras, y ya sabemos lo que pasó poco más tarde.

Sé que es difícil luchar con algo que genéticamente nos condiciona, no somos solidarios, sino ferozmente individualistas. “Pequeña pero mía” reza más de una leyenda grabada en el frontispicio de varias casas de nuestra Huerta.

Nuestras pequeñas y medianas empresas se resisten a aumentar de dimensión para que sus fundadores no pierdan el control; y prefieren acudir al crédito a corto antes que a la ampliación de capital para financiar inversiones a largo.

Nuestros equipos de futbol, salvo muy raras excepciones, triunfan gracias al fichaje de foráneos; la cantera se descuida y se desprecia. En cambio triunfamos en deportes individuales: golf, tenis, natación, ciclismo, atletismo; incluso tenemos campeón mundial de lanzamiento de huesos de oliva.

Pretendemos imponer siempre nuestro punto de vista, y porfiamos en el empeño. No hay mas que seguir los debates políticos en el Parlamento, en ayuntamientos o asambleas regionales; y no digamos esas tertulias televisivas o radiofónicas, o las del bar, donde lo de menos es aportar algún punto de vista, lo importante es derrotar al oponente, aunque, las más de las veces, ni siquiera sepamos qué opina porque no lo escuchamos.

Menos mal que en la guerra que da pie a este artículo, uno de los contendientes, al estar tan lejos, ni se enteró.

Hago votos porque si alguna región, municipio o partido político estuviera pensando declarar la guerra, pudiera el ofendido razonar como aquel buen marido, aunque, naturalmente, cambiando los términos.

“Señor que mi mujer no me engañe, que si me engaña no me entere, y que si me entero no me importe”


(*) Ex presidente de la CHS y de la Autoridad Portuaria de Cartagena



(Publicado hoy en La Verdad)

Pensionistas, egoístas y demagogos / Julio Carabaña *

Nunca los pensionistas han estado mejor que ahora, ni en términos absolutos ni por comparación con el resto de la población. En los años de la crisis, la renta media de los pensionistas se ha situado por encima de la renta media del resto de la población, cosa que nunca había ocurrido antes. En estos mismos años, la pobreza de los pensionistas ha venido a menos mientras la pobreza del resto de la población iba a más, llegando esta a doblar la de los pensionistas.

Las pensiones de jubilación pueden verse como transferencias de los que están en situación de trabajar (potencialmente activos) a los que no lo están, la mayor parte por su edad. Los que piden una subida general de las pensiones están diciendo que los pensionistas tienen derecho a más y los potencialmente activos, a menos. ¿Es esto así? Consideremos primero la cuestión de derecho (¿cuánto debe transferirse?) y luego la cuestión de hecho (¿cuánto se está transfiriendo?).


¿Cuánto deberían recibir los retirados de los potencialmente activos? Como punto de partida, parece razonable estipular que los dos grupos tienen derecho al mismo nivel de vida, y que, por tanto, las pensiones deberían igualar la renta media de unos y otros. No solo es este un criterio razonable, sino que se aproxima mucho a lo que ocurre en Europa, nuestro modelo habitual.

Eurostat nos pone fácil comprobarlo. La oficina europea de estadística ofrece estimaciones de la renta disponible equivalente desde mediados de los años noventa para diversos grupos de edad. La renta disponible equivalente, o por unidad de consumo, se considera un indicador preferible a la renta per capita porque tiene en cuenta el tamaño de los hogares; Eurostat cuenta el primer miembro del hogar como 1, el segundo como 0,7 y el resto como 0,5 (escala OECD). Al tomar grupos de edad, asumimos un error ignorando a la gente entre 16 y 64 años que no puede trabajar, pero aun así es una aproximación razonable.

Y bien, ¿qué encontramos? A mediados de los años noventa, en la Europa de los Quince las personas mayores de 64 años tenían una renta media igual al 87% de la renta de las personas entre 16 y 64 años; en Reino Unido esa cifra era del 73%; en Finlandia, del 82%; en Alemania, del 90%. 

Hace unos diez años, justo antes de la crisis, en el conjunto de la zona euro la renta media de los mayores también equivalía al 87% de la renta de los de 16 a 64 años; en Reino Unido la razón era del 75%; en Finlandia, del 74%; en Alemania, del 87%. En 2015 (último año para el que hay datos), las cifras han cambiado a 96% en la zona euro, a 86% en Reino Unido, al 86% en Finlandia y al 85% en Alemania. 

Es decir, durante los últimos veinte años parece haber dominado en Europa el criterio de que los maduros cumplen con transferir a los mayores una renta algo menor que la suya.

¿Se aparta más España del criterio de igualdad que Europa? Las mismas tablas de Eurostat nos lo dicen. En 1996 la renta de los mayores de 65 años era el 92% de la renta de maduros, por encima de la media europea. Desde entonces, ¿ha habido cambios perjudiciales para los pensionistas? 

En los años siguientes hasta 2007, es decir, en el período de mayor crecimiento económico, la renta media de los maduros aumentó más que la renta media de los mayores, reduciendo la ratio entre ambas al 85%, más o menos en la media de la zona euro. Durante los años de crisis la renta media de los mayores se ha mantenido constante, mientras la renta de los maduros ha descendido, quedando incluso un poco por debajo; para 2015, las cifras exactas que da Eurostat son 16.086 euros por cada mayor de 64 y 15.842 por cada persona entre 16 y 64 años. Es decir, aproximadamente una razón de uno a uno.


Para completar el panorama, podemos tener en cuenta a los menores de 16 años; durante todo el período que va de 1996 a 2015, la renta disponible de los estos jóvenes se ha mantenido en torno al 90% de renta de los maduros y en 2015 era un 10% inferior a la renta de los mayores.

Puede objetarse que los pensionistas no protestan por el nivel medio, sino por la desigualdad, y en particular por las pensiones más bajas. Pues bien, es sabido que la desigualdad entre los pensionistas es menor que entre la población potencialmente activa. Ello se debe a que hay menos pensionistas ricos, pero también a que hay menos pensionistas pobres.


Veamos otra vez los datos de Eurostat, que muestran las siguientes tasas de pobreza relativa (por debajo del 60% de la mediana) por edades. Entre 16 y 64 años: 18% a mediados de los años noventa, 17% a mediados de la década pasada, 23% en los años posteriores a la crisis. Para la población mayor de 65 años: 16% a mediados de los años noventa, 29% en los años anteriores a la crisis, 12% en los años tras la crisis. El 23% es la tasa de pobreza más alta de los últimos veinte años para los potencialmente activos y el 12% la más baja para los retirados. 

Exactamente al contrario ocurrió antes de la crisis, cuando las tasas de pobreza de los jubilados llegaron al 29%. En cuanto a los menores de 16 años, su riesgo de pobreza estuvo en torno al 25% desde los años noventa a la crisis, pero con esta subió al 29%, tan alta como la de los mayores de 64 en sus peores momentos.


A nadie se le ocurrió pedir más para los pensionistas en los momentos en que su situación relativa empeoraba (los de la burbuja); quizás fuera porque al compararse consigo mismos sentían que iban mejor, sin importarles que a los jóvenes les fuera mejor todavía. Pero justo cuando su poder adquisitivo medio es más o menos igual que el de los activos y hay entre estos muchos más pobres, los pensionistas llenan las grandes avenidas reclamándoles más. Parecen bastante egoístas, pero también debe de haber ingenuos que se dejan manipular por demagogos. 

A estos, a los demagogos, les corresponde una mayor responsabilidad por el desatino, pues saben, o deberían saber, que si la renta relativa de los pensionistas empeora cuando las cosas van bien y mejora cuando van mal es porque los gobiernos protegen las pensiones del ciclo económico. Y saben también que eso mismo es lo que harían ellos si gobernaran.


Los pensionistas han quedado al margen de la crisis; deberían esperar un tiempo hasta beneficiarse del crecimiento. Podrían esperar, por ejemplo, hasta que los niños los igualen en rentas medias y en tasas de pobreza.


(*) Catedrático de Sociología (emérito) en la Universidad Complutense de Madrid.