El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha sentenciado este martes que quemar fotos de los Reyes es un acto de libertad de expresión.
Igualmente, ha condenado a España a indemnizar a los dos jóvenes de
Girona a los que la Audiencia Nacional les había impuesto 15 meses de
prisión, una pena que fue sustituida en su día por una multa de 2.700
euros.
El TEDH concluye en su resolución, que ha sido
aprobada por unanimidad de los magistrados, que el Estado español tiene
comportamientos autoritarios. Es evidente que estamos ante un nuevo
revolcón de los tribunales europeos a sentencias emitidas anteriormente
por la justicia española y resueltas en su día, seguramente, con la
fórmula de que "hoy se sentencia en España y Europa ya resolverá en su
momento". ¿Cuándo? En el momento en que el caso no sea de rigurosa
actualidad y el daño causado, en buena medida, sea irreparable.
En este suceso, estamos hablando de unos hechos que tuvieron lugar en
septiembre del 2007, con hasta tres pronunciamientos de instancias
judiciales españolas, todas contrarias a los dos jóvenes, incluidas la
Audiencia Nacional y el Tribunal Constitucional. Y que Europa resuelve
ahora sin matiz alguno que el TC había limitado
ilegítimamente la libertad de expresión de los dos jóvenes y la
capacidad de criticar políticamente al jefe del Estado con el objetivo
principal de protegerle.
En los últimos años, el TEDH ha emitido varios pronunciamientos
contra el Estado español, alguno de ellos de tanta envergadura como el
relativo al expresidente del Parlamento Vasco Juan Maria Atutxa
y dos miembros de la Mesa por negarse a disolver el grupo parlamentario
de Sozialista Abertzaleak por su presunta vinculación a Batasuna. Pese a
la absolución del Tribunal de Justicia del País Vasco, el Supremo acabó
condenando en 2003 a los tres miembros de la Mesa.
El pasado mes de
junio, el tribunal europeo tumbó el fallo del Supremo. Fue uno de los
cinco reveses de la justicia española ante el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos del 2017, una cifra significativa pero inferior a los
12 del 2016. Del 2017 también es la sentencia en contra de España por
llevar a cabo devoluciones en caliente de inmigrantes en Ceuta y Melilla
por violar convenios europeos de derechos humanos.
¿Qué importancia tiene todo esto? En el terreno de la inmediatez
política, seguramente ninguno. La vida política es el momento presente y
si los tribunales españoles son lentos de por sí la sentencia
revocatoria de un tribunal europeo tarda muchos años.
De ello se
aprovecha el gobierno español y la justicia española provocando
situaciones absolutamente injustas y anómalas como la de los presos
políticos catalanes, la inviabilidad de las candidaturas de Carles Puigdemont y Jordi Sànchez para
ser investidos como presidentes de la Generalitat por el Parlament, la
negativa a que Sànchez pueda salir de la prisión para su investidura, o
la anómala situación que supone que el Supremo retenga políticos en
prisión y se resista a presentar euroórdenes por miedo a ser tumbadas
por la justicia de otros países.
Por todo ello, la sentencia del TEDH es un rayo de esperanza en medio
de obstáculos propios y ajenos que nadie sabe muy bien cómo apartar.
(*) Periodista y ex director de La Vanguardia
