domingo, 21 de enero de 2018

Siemens, Bankia, Gas Natural Repsol y Sabadell renuevan sus hojas de ruta este año

MADRID.- Las compañías del Ibex van por buen camino para cumplir con sus planes y cinco empresas harán pública su estrategia para los próximos ejercicios. En un 2018 en el que los analistas consideran al Ibex como el gran índice de la eurozona con más potencial pero también con más riesgo, varias compañías del selectivo presentarán al mercado sus planes estratégicos para los próximos ejercicios. Así, Bankia, Sabadell, Gas Natural, Repsol y Siemens Gamesa han confirmado que saldrán a la palestra para dar a conocer su hoja de ruta, según revela elEconomista.

Esto en un contexto en el que la mayoría de los planes de negocio que son públicos -muchas cotizadas o bien no cuentan con uno o bien no lo han dado a conocer al inversor minorista- van bien encaminados. Las dos únicas firmas que han fijado un mes concreto en el calendario para presentar sus próximos objetivos han sido Siemens Gamesa y Gas Natural, pero ¿qué es lo que espera el mercado de ambas?
En el caso de la primera, las metas que presente adquieren especial relevancia después de que haya tenido que lanzar dos profit warning durante los últimos meses. El grupo ya ha anunciado que espera unas ventas de entre 9.000 millones y 9.600 millones de euros en 2018 y un margen ebit de entre el 7 y el 8 por ciento. 
De momento, los analistas esperan que su margen operativo se quede por debajo del objetivo, en el 6,6 por ciento, pero que su cifra de negocio alcance la parte alta del rango previsto por la firma. Sin embargo, será en febrero cuando la empresa presente su plan financiero a 3 años.
Tras un 2018 que se espera que sea de transición y con unos resultados débiles -apenas se estiman 180 millones de beneficio neto y 650 de operativo-, el consenso prevé que en 2020 roce un ebit de 940 millones y que el resultado neto supere los 500 millones. Además, estiman que podrá repartir el 30 por ciento de las ganancias en forma de dividendos. 
"A pesar de que se enfrenta a cambios estructurales por la presión en precio, creemos que el escenario que descuenta su cotización es razonablemente superable", señalan en Norbolsa.
En el caso de Gas Natural, la firma presentará su nuevo plan en el mes de febrero y este tendrá que desvelar cómo utilizará los fondos recibidos con las últimas desinversiones, los objetivos de endeudamiento y cuál será su retribución al accionista. La compañía ha captado 3.200 millones de euros mediante la venta de activos y en Credit Suisse creen que "aumentará su dividendo mínimo desde 1 euro a 1,1 euros por acción" y que "un buyback es también una posibilidad". 
Con todo, los expertos esperan un recorte del 14 y el 17 por ciento de las estimaciones previas de resultado neto y bruto para 2020, hasta 1.550 millones y 5.000 millones, respectivamente, algo que "no será una sorpresa" para los inversores, según el banco helvético.
El consenso espera que la firma pueda incrementar paulatinamente su dividendo hasta los 1,09 euros por acción, lo que implicaría una rentabilidad del 5,3 por ciento -una de las más altas del Ibex- y un payout (porcentaje de las ganancias destinadas al dividendo) del 70 por ciento.
Repsol será la tercera compañía energética que presentará su guía a los accionistas. La petrolera tendrá que desvelar un plan en un contexto muy distinto al del último presentado para el periodo 2016-2020 y que pronto ha dejado atrás. 
En aquel momento, el foco estaba puesto en la -por entonces- elevada deuda e incluso en su capacidad para salir a flote en un entorno en el que el precio del barril de crudo no dejaba de hundirse.
Ahora, los analistas esperan conocer nuevos detalles sobre su política de retribución, cuál será su estrategia con respecto a Gas Natural y si se girará hacia una política más verde de la mano de la gasista o lo hará invirtiendo directamente en renovables. 
"La idea es si perseguirá la transición energética como accionista de Gas Natural o si lo hará por su cuenta con los fondos procedentes de la venta de la participación", destacan en Credit Suisse. Con respecto al dividendo, la petrolera ha anunciado que en la próxima junta de accionistas pretende reformular su política de retribución y todo apunta a que comenzará a recomprar acciones para evitar parte de la dilución que supone el pago en scrip. 
"En un entorno de 60 dólares por barril, Repsol debería ser capaz de cubrir el 50 por ciento de la dilución al tiempo que se sigue desendeudando", señalan en Macquarie.

La banca doméstica

Finalmente, Bankia y Sabadell tendrán también su cuota de protagonismo al presentar un plan estratégico que ambos bancos habían aplazado aunque por motivos diferentes.
En el caso de Bankia, el último plan estratégico de la entidad fue el del periodo de 2012 a 2015. 
Ahora, tras la adquisición de BMN, se convierte en imperiosa la necesidad de dibujar las líneas maestras de su nuevo plan. Con la rentabilidad de todo el sector bajo el punto de mira, los expertos esperan que en 2020 Bankia logre alcanzar una rentabilidad sobre el capital por encima del 7,5 por ciento y que el beneficio crezca a un ritmo cercano al 10 por ciento anualizado. 
En el equipo de análisis de UBS estiman que la entidad podría dar a conocer sus planes en la segunda mitad de febrero y creen que "las perspectivas sobre la contribución de BMN serán particularmente relevantes".
 Además, resaltan que "cualquier guía sobre cómo se usará el exceso de capital, el crecimiento del volumen y la mejora de la rentabilidad serán aspectos claves, especialmente si hay alguna previsión sobre los ingresos netos de intereses".
Finalmente, en cuanto al banco catalán, su plan estratégico se ha retrasado un año, ya que en diciembre del 2016 anunció que lo aplazaba -se esperaba que lo presentase en el primer trimestre de 2017- para centrarse en TSB. 
Los expertos esperan que el Sabadell pueda alcanzar un ROE del 8 por ciento en 2020, que sus ganancias crezcan a un ritmo por encima del 11 por ciento y que los costes sobre los ingresos caigan hasta el 53 por ciento.
Entre los grandes bancos del Ibex es el único que cotiza con un descuento importante -del 20 por ciento sobre el valor contable- y en UBS consideran que el nuevo plan "puede actuar como un catalizador para reducir el descuento relativo que ofrece". 
Desde la casa de análisis también esperan que dé a conocer su plan en la segunda mitad de febrero y consideran que "las suposiciones sobre los beneficios de TSB son conservadoras, lo que limita el riesgo a la baja".

La Audiencia de León declara nulas las comisiones por descubiertos en las cuentas bancarias

LEÓN.- La Sección Primera de la Audiencia Provincial de León ha declarado la nulidad de las cláusulas de comisión de descubierto y de gastos de comunicación y gestión por petición de reembolso de posiciones deudoras del contrato de cuenta corriente de una súbdita de un país del Este residente en León, a la que un banco tendrá que devolver las cantidades que se consideran cobradas indebidamente por este concepto, que ascienden a más de 5.000 euros, publica hoy en exclusiva Diario de León.

«Los bancos siempre tratan de argumentar que hacen gestiones de cobro y que por eso pueden cobrar la comisión. Pero por enviar un mail (normalmente lo hace un software) o enviar una carta, o hacer una llamada no se pueden cobrar 39 euros. Las comisiones solo se pueden cobrar por prestar un servicio (reclamar al cliente no es un servicio prestado al cliente) o justificar un gasto. 
El gasto tendría que ser equivalente a los 39 euros para poder cobrar la comisión, y normalmente no existe ni siquiera un gasto por el franqueo, porque por la carta que te envían, todavía te cobran (ilegalmente también) el precio del correo, argumentó a este periódico Celestino García Carreño, el letrado asturiano con despacho en Avilés que representa los intereses legales de la demandante junto a su compañera de bufete Victoria Yáñez.
«Se rechazan totalmente los argumentos expuestos por la entidad bancaria», dice la sentencia «que se limita a considerar válida la cláusula porque respeta el marco de la normativa aplicable y es el resultado de un acuerdo entre las partes, que además cuenta con información precontractual respecto de las condiciones de la cuenta. 
Pero no se trata de valorar el consentimiento en la fecha de la firma del contrato de cuenta corriente, ni de la información que previamente se suministró al consumidor, sino que nos encontramos ante una cuestión de abusividad de una condición general de la contratación que ocasiona al cliente un desequilibrio relevante en el sentido desarrollado en anteriores párrafos», según consta en la sentencia, que data del 10 de enero del presente año.
«El recurso ha de ser estimado en parte para declarar la nulidad de la cláusula de comisiones por descubierto y gastos por petición de reembolso de comisiones deudoras, manteniendo la condena a la devolución de las cantidades indebidamente aplicadas por estos conceptos, que constan en el extracto de cuenta aportado», se hace constar.
Se trata de la primera demanda que interpone el gabinete jurídico asturiano en la provincia de León. Corrige la sentencia de instancia, por la cual el Juzgado de Primera Instancia de La Bañeza no había decretado la nulidad de las comisiones aunque había estimado parcialmente la demanda. Tampoco había impuesto las costas bancarias a la entidad financiera.
García Carreño asegura que, de acuerdo al fallo «el banco va a tener que devolver todas las comisiones cobradas a la cliente desde el principio del contrato, en el año 2004 y que ascienden a mas de 5.000 euros (a razón de 39 euros en la actualidad por descubierto) y pagar las costas del procedimiento. La cuantía se determinará en ejecución de sentencia pues después de interpuesta la demanda y celebrado el juicio el banco ha seguido cobrando las comisiones hasta el día de hoy», lamenta.
Contra la sentencia cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo, según se hace constar en el texto. La Audiencia Provincial impone las costas de la Primera Instancia al banco pero declara de oficio las correspondientes al recurso de apelación.

Así será la batalla por el 'impuesto al sol' que se va a librar en Europa este año

MADRID.- La opinión del Parlamento Europeo conocida esta semana en Estrasburgo era la tercera pata de un banco al que se tendrán que sentar también la Comisión Europea y el Consejo Europeo para que antes de que finalice 2018 todos los ciudadanos del Viejo Continente gocen de unas pautas en materia energética. De esta manera, tendrán la guía que les marque el camino a seguir hacia el objetivo comprometido por todos en 2015: cumplir con el Acuerdo de París de descarbonización total en 2050 que revierta el cambio climático, recuerda hoy El Confidencial.

Sin embargo, el camino elegido para lograr ese histórico y elevado objetivo común ha sumido a Europa en una batalla política en la que cada país demuestra sus intereses particulares. España, por su parte, también. 
Pero además, las últimas cumbres comunitarias están aflorando las diferencias internas de España, cuya polémica más evidente es el 'impuesto al sol'. Este gravamen, denominado de forma oficial como 'peaje de respaldo', fue alumbrado en la primera legislatura de Mariano Rajoy
El exministro de Industria, José Manuel Soria, y el entonces secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, trazaron esta normativa que añade un recargo a aquellos usuarios que realicen autoconsumo siempre y cuando estén conectados a la red y tengan una potencia instalada de más de 10 KW.
La medida fue duramente criticada desde algunos sectores de la sociedad mientras que las grandes eléctricas y el operador del sistema se mostraron satisfechos. Una normativa que hoy se sostiene gracias al veto de Ciudadanos con el PP en el Congreso de los Diputados a la proposición de ley que pretendía tumbarlo. El revuelo acabó con denuncias que el Tribunal Supremo ha zanjado desestimando los recursos contra la normativa. 
La única victoria que lograron los beligerantes del 'impuesto al sol' fue el pasado 2017, cuando el Tribunal Constitucional tumbó el artículo que prohíbe el autoconsumo compartido, después de que la Generalitat de Cataluña hiciera un recurso contra esta normativa, que también obliga a Industria a que el registro de autoconsumidores sea potestad de las Comunidades Autónomas y no del Ministerio de Energía.
Con este panorama nacional, la batalla se ha elevado a Europa. Ambos bandos, los partidarios del tributo y los que no lo son, centran ahora sus fuerzas en lo que suceda en Bruselas, donde este año tendrá que alumbrarse una directiva sobre energías renovables que también tendrá que discutir este punto. 
Se trata de la madre de todas las batallas por este asunto, ya que lo que salga adelante deberá ser transpuesto a las legislaciones nacionales, con lo que lo que está en juego tendrá mayor rango legal que todo lo aprobado en el ámbito nacional en España hasta ahora.
A mediados de enero, ya están fijadas las posiciones por parte de los actores que deberán negociar. En primer lugar, está el Consejo Europeo. Se trata del organismo que reúne a los máximos responsables políticos de cada país. En este asunto en concreto, a los 28 ministros de Energía de la Unión Europea. El representante de España, Álvaro Nadal, volvió a finales de diciembre contento de la cumbre comunitaria.
 Según señaló entonces su ministerio: "Es muy positivo el tratamiento del autoconsumo. España comparte la orientación que ha propuesto el Consejo, que refleja claramente que no debe haber discriminación ni subsidios cruzados entre consumidores y que estos deben sufragar los costes del sistema de forma equitativa, independientemente de que autoconsuman o no".
La posición del Consejo es muy importante. Los Estados son quienes financian las iniciativas por lo que su voz se tiene muy en cuenta. Algunas fuentes explican que la posición que fijó en diciembre esta institución estuvo marcada por la urgencia de Estonia, el presidente semestral quería cerrar su etapa al frente del Consejo y algunos estados aprovecharon para apurar sus opciones. También Nadal con el impuesto al sol.
Sin embargo, no todo lo decide el Consejo, ahora tendrá que vérselas con el Parlamento en los trílogos, que son las negociaciones a tres bandas entre Eurocámara, Consejo y Comisión. Aquí ha jugado un papel determinante José Blanco, exministro socialista y eurodiputado encargado de fijar la posición del Parlamento en materia de renovables. 
Una de las líneas rojas marcadas por el gallego tenía que ver precisamente con el 'impuesto al sol'. Su proposición "blinda el autoconsumo como un derecho. Los Estados miembros no podrán gravar el autoconsumo de energía si esta permanece fuera de la red y no podrán establecer ningún tipo de recargo como el llamado 'impuesto al sol'. Esta propuesta es opuesta a la del Consejo.
La votación de las dos enmiendas relativas al autoconsumo dio un resultado contundente: 594 votos a favor, 67 en contra y 20 abstenciones. Además la votación dejó algunos titulares. El Partido Popular Europeo votó a favor de la medida propuesta por el miembro del socialismo europeo José Blanco. Todos excepto los populares españoles y húngaros, que votaron en contra. El tema del 'impuesto al sol' es ignorado más allá de los Pirineos. Los más de cincuenta eurodiputados que intervinieron en el debate previo a la votación de la propuesta de renovables no hicieron ni una sola mención a este asunto.
Pese a que el Consejo optó por la tesis de Nadal respecto al autoconsumo, su victoria no está clara. La voz del Consejo suele tener mayor fuerza que la del Parlamento, pero la amplia mayoría que recibió esta propuesta le pondrá las cosas difíciles. El propio José Blanco ha afirmado en reiteradas ocasiones que él no se levantará de la negociación sin resolver este asunto. 
Otro hándicap para el consejo, explican algunos expertos, es que estará liderado por Bulgaria, quien tiene la presidencia rotatoria los próximos seis meses. Muchos opinan que se trata de un país con poco peso dentro de la Unión y que no tendrá la fuerza que podría ejercer Francia o Alemania.
Con este panorama, cobra especial relevancia el papel que juegue la tercera pata del banco negociador: la Comisión Europea. Y además, tendrá un marcado acento español porque el responsable en la materia es el comisario de Energía y Acción contra el Cambio Climático Miguel Arias Cañete. La actitud que adoptará en los trílogos puede ser determinante y es una incógnita dados los conflictos internos a los que va a tener que enfrentarse.
Blanco le lanzó esta semana un mensaje directo: "Espero que me ayude a sacar adelante el mandato del Parlamento Europeo, que se ha visto reforzado con una amplia mayoría a favor". Sin embargo, a nadie se le escapa que Arias Cañete es miembro del Partido Popular. Que viene del Gobierno de Rajoy y que fue el presidente quien apoyó su candidatura al Ejecutivo comunitario. Sin embargo, procede del ramo de Agricultura y Medioambiente, que está impulsando todo lo que tiene que ver con la lucha con el cambio climático. 
No obstante, en Moncloa la ascendencia de Álvaro Nadal, quien fue director de la oficina económica y al frente de la cual está ahora su cuñada Eva Valle (mujer de Alberto Nadal), es muy superior a la de sus compañeros del ministerio de Isabel Tejerina.
Fuentes conocedoras de la casuística aseguran que Arias Cañete quiere dejar cerrada la directiva de renovables antes del verano, ya que después se arriesga a que quede en manos de otro. Desde alguna compañía ven a Cañete, dado el puesto que ocupa, como un referente contra el cambio climático tras la abdicación de Barack Obama. Sin embargo, el nuevo presidente francés, Emmanuel Macron, está haciendo todo lo posible por liderar esa causa.
Con el Consejo Europeo a favor del 'impuesto al sol' y el Parlamento comunitario claramente en contra, la clave puede estar en manos de Arias Cañete, que tendrá que lidiar entre las presiones que le lleguen de Madrid y la posibilidad de estampar su firma para la posteridad como el comisario que cerró la directiva más ambiciosa en la lucha contra el Cambio Climático, el gran reto mundial que se dieron los estados en el Acuerdo de París. Y entre medias decidir cómo queda el polémico 'impuesto al sol'.

Cuentakilómetros a cero en 'Navantia'

FERROL.- Dos años después de que Navantia anunciase oficialmente la necesidad de impulsar un plan estratégico para despejar su futuro, mañana se constituirá en Madrid la mesa de negociación en la que participará no solo la dirección de la compañía pública y sus sindicatos, sino también su accionista único, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), publica hoy La Voz de Galicia.

Las conversaciones tendrán por objetivo despejar un escenario para el período comprendido entre el 2018 y el 2022 en el que la firma esté saneada económicamente -en los últimos ejercicios las pérdidas se han disparado-, con unas plantillas adecuadas a las necesidades y al nuevo escenario en el que se mueve la empresa, con medios e instalaciones adaptadas a la industria del futuro y con un volumen de carga de trabajo que garantice su viabilidad futura. El establecimiento de un nuevo marco de relaciones laborales único para toda la compañía es otro de los retos que se pretende salvar con el desarrollo de este programa de futuro, en cuya necesidad están de acuerdo tanto los responsables de la empresa como los representantes de los trabajadores.
Tras el cumplimiento del fallo del Tribunal Supremo que tumbó el cuarto convenio colectivo de la empresa pública -y el restablecimiento de todos los derechos recogidos en el tercero- se han restañado las heridas abiertas entre la parte social y la empresarial y han eliminado los conflictos de los últimos meses. Así, el clima con el que arrancarán las conversaciones se desarrolla con plena disposición al diálogo.

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El Estado exige retirarse a los 67 mientras la 'estatal' Bankia prejubila a los 56

MADRID.- Esta semana se han producido dos noticias desde instancias vinculadas al Gobierno que enfrentan teoría y realidad. Por un lado, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, lanza el plan para que los trabajadores que agoten su vida laboral y trabajen hasta los 67, puedan elegir sus 25 mejores años de cotización para cobrar más pensión. Es, sobre el papel, un acertado intento de estímulo para evitar jubilaciones anticipadas que minan el sistema y al tiempo, un alivio para los penalizados por la crisis, según publica hoy El Mundo.

A la vez, el ex secretario de Estado del PP y jefe de Recursos Humanos de Bankia, Juan Chozas, ha puesto sobre la mesa de la negociación con los sindicatos ampliar el impresionante Expediente de Regulación de Empleo con prejubilaciones a partir de 56 años de edad y la posibilidad de salidas forzosas. El 60% del capital de Bankia es propiedad del estatal Frob, controlado por el Gobierno.
Este ERE de Bankia, el más importante del momento en una España en la que Rajoy promete empleo y el quinto año de alto crecimiento consecutivo, ha provocado malestar en Moncloa y en varios ministerios, incluido el de Empleo, por duro e inoportuno. No obstante, fuentes gubernamentales añaden que el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, actúa con criterios de gestión privada. Ésa fue la condición que puso para sustituir a Rodrigo Rato en 2012 y no le está yendo mal.
El EREes duro, porque afecta a 2.510 personas sobre una plantilla que, sumando Bankia y BMN, ronda los 17.000. Un 15% a pesar de que Goirigolzarri afirmó esto el pasado junio: «Los solapamientos son mínimos (...) no hay ninguna fusión entre un banco grande y un mediado con este nivel de complementariedad». Lo mantiene, pero subraya que una fusión con otra entidad habría desatado más recorte aún de personal
En la memoria justificativa del ERE -y de la que Chozas exige confidencialidad-, se argumentan duplicidades con BMN, pero también el difícil entorno de rentabilidad en que se mueve Bankia, los bajos tipos de interés que merman los márgenes, la morosidad que aún sufre el sector, la digitalización... 
En resumen, que sobra mucha gente y, para que el ERE sea voluntario, la vía menos traumática es la prejubilación: mandar a 2.500 personas al paro con un porcentaje de su sueldo que le complemente la prestación por desempleo y, después, que siga con esa renta hasta que pueda jubilarse a los 61. Goirigolzarri no hace, sino lo que se ha hecho y se hará en otros bancos con la lógica de que el sector ya no se puede permitir tantas oficinas ni trabajadores. 
También el Santander lanzó un ERE tras quedarse el Popular. Pero ahora se trata de un banco con mayoría gubernamental y muestra cómo los intentos del mismo Ejecutivo de que los trabajadores sigan hasta los 67 chocan dramáticamente con la realidad. Hay siete ministros, incluido Rajoy, a los que se les ofrecería la prejubilación si trabajaran en Bankia, dada su edad. También contrasta con el brochazo del PSOE de más impuestos para las pensiones.
Los sindicatos calculan que hay unos 1.700 trabajadores con más de 56 años en Bankia, con lo que Goirigolzarri tendrá que rebajar aún más la edad para prejubilaciones voluntarias. En el Gobierno recuerdan que, en todo caso, el coste del ERE deberá ser pagado por Bankia, como hizo Telefónica en 2011, puesto que se trata de una entidad con beneficios, pero eso no es consuelo para el omnipresente contribuyente.
Lo que no pone el banco por escrito en la memoria justificativa del ERE pero sí explica en privado es otra triste realidad: la única manera de que el Estado recupere más de los 22.000 millones inyectados en Bankia es que la entidad sea más rentable y eficiente y con menos coste laboral. Por cierto, aunque los bonus de Goirigolzarri y su equipo están a años luz del Santander y otros rivales, deberían renunciar a ellos en este año de tamaño ajuste de personal.
Todo apunta a que habrá acuerdo con cerca de 2.000 trabajadores de Bankia a la calle con al menos un 60% del salario hasta la jubilación y una entidad más rentable, pero será otro ejemplo de los letales efectos a corto y medio plazo de la cuarta revolución industrial. Un estudio de MacKinsey para el Foro de Davos asegura: «En las cinco grandes economías europeas (Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y España) hay 62 millones de trabajadores con 1,9 billones de salario que pueden ser reemplazados por tecnología».
En la España de Puigdemont y El Bigotes, estremece la bajísima posición que ocupa en la agenda política este formidable reto para la clase media, sostén del sistema.

A por otro año al frente

La presidenta de Prosegur, Helena Revoredo, ha cumplido 70 años y controla personalmente una participación en su empresa valorada actualmente ¡en 2.100 millones! El que crea que con esta fortuna y tantos años de trabajo -incluidos los 30 últimos tras enviudar- Revoredo está pensando en jubilarse es que no estuvo presente el jueves en la cena de la Chambre. La Cámara Franco-Española de Comercio e Industria otorgó su premio anual a esta incansable mujer, que hizo suya la frase de Marie Curie sobre que "no hay que pensar nunca en lo que se ha hecho, sino en lo que queda por hacer" y apostó por el crecimiento de Prosegur, que bajo su impulso se ha convertido en el tercer grupo de seguridad del mundo. Ella suele decir que "en la vida hay que arriesgarse" y, salvo excepciones como cuando aceptó -en mala hora- ser consejera del Banco Popular en 2007, no le ha ido nada mal.

"Pésima asesoría"


El máximo ejecutivo de Atlantia, Giovanni Castellucci, frecuenta cada vez más España para mantener contactos discretos en su renovado intento de comprar Abertis asegurando que va a superar la contraOPA de ACS. En el Gobierno descalifican «la pésima asesoría» no solo política, sino legal, que ha recibido Castellucci en la presentación de su OPA, ignorando las normas españolas. Según el folleto de Atlantia, su asesor en el Derecho español es DLA Piper, el bufete internacional cuyo consejo mundial ha abandonado ya el ex presidente del Gobierno, José María Aznar. Por otro lado, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, sigue sin descartar pedir la suspensión cautelar de la OPA de Atlantia para abortar el precedente de que se haya autorizado en la CNMV sin cumplir trámites, aunque analiza el riesgo. Si el Tribunal de la UE termina condenando a España, el Estado deberá indemnizar.

Quinielas, pero...

El ministro Portavoz, Iñigo Méndez de Vigo, tenía preparada respuesta por si le preguntaban si Luis de Guindos iba a ser candidato a la vicepresidencia del BCE: "Aún no hay decisión al respecto". 
Rajoy tiene hasta el 19 de febrero para anunciar, así que, en calendario mariano, queda un siglo. Eso no quita que hasta Reuters sitúa ya a Guindos como "favorito" para el cargo y empieza a haber quinielas con, por ejemplo, el secretario de Estado de Presupuestos, Alberto Nadal, al alza. 
El jefe de la Caixa, Isidro Fainé, agasajó con olfato a Nadal el lunes en Barcelona en cena privada como suele hacer con personalidades relevantes. Por otro lado, ojo a la experta visión del ex consejero del BCE José Manuel González Páramo, que sostiene en privado que la candidatura del ministro para la independiente institución de Fráncfort es un error.

Así es el F-35B, el avión de combate que quiere la Armada española

 
MADRID.- Esta misma semana, el Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada (AJEMA), almirante general Teodoro Esteban López Calderón, abordaba los retos actuales y futuros de la Marina española, entre los que destacaba las futuras fragatas F-110, el nuevo submarino S-80, que esperan recibir a partir de 2021, o la renovación de su Ala Embarcada, se escribe en La Razón.

Respecto de ésta última, en lo que se refiere al Ala Rotatoria (helicópteros), la preocupación está en las «viejas» once unidades operativas del SH-3D, pues a partir de este año «seríamos los únicos que los tendríamos». A la espera de la versión navalizada de los NH-90, seguirán sustituyéndolos temporalmente por otros SH-60F de segunda mano.
En lo que respecta al Ala Fija, el AJEMA fue claro al señalar que «la única alternativa» para sustituir a los Harrier es el F-35B estadounidense, a pesar de su elevado precio. Y es que, es el único que puede embarcar en el buque «Juan Carlos I», concebido pensando en estos aviones. 
«Si Defensa quiere contar con esta capacidad, la tendrá. Y si no, pues no la tendrá», ha sentenciado. Eso sí, dejó claro que no es una prioridad principal para la Armada a pesar de estar incluida en ese nuevo ciclo inversor, pues los «Harrier» tienen garantizada la vida hasta 2025, pudiendo extenderse incluso hasta 2030. Con todo ello, la Armada confía en que con el nuevo ciclo inversor “salgan adelante” todos sus programas.
Pero, cómo ¿es este avión de combate polivalente que presta sus servicios en algunos de los principales ejércitos occidentales, entre ellos Estados Unidos, Reino Unido, Israel, Noruega o Italia?
El F-35, fabricado por Lockheed Martin, es una aeronave de quinta generación, monoplaza y con capacidad furtiva, desarrollado bajo el programa Joint Strike Fighter para reemplazar al F-16, A-10, F/A-18 y al AV-8B en misiones de ataque a tierra, reconocimiento y defensa aérea. Fue diseñado en tres versiones distintas: el F-35A para despegue y aterrizaje convencional (CTOL), el F-35B capaz de realizar despegues cortos y aterrizajes verticales, que es el que necesita la Armada española para su buque “Juan Carlos I”, y el F-35C que es una variante naval capaz de operar en portaaviones.​
Este avión es el descendiente del X-35 presentado por Lockheed-Martin en el programa Joint Strike Fighter (JSF), en el que compitió contra el X-32 propuesto por Boeing. El 24 de octubre de 2001 el prototipo X-35 fue anunciado como vencedor del concurso, que traía aparejado un contrato de 200.000 millones de dólares para fabricar el nuevo avión.
En la financiación del programa colaboran, además de los Estados Unidos, Reino Unido, Italia, Australia, Canadá, Dinamarca, Países Bajos, Noruega y Turquía, que aportaron fondos adicionales, razón por la cual a España le costaría más cara su compra, al incorporarse a un proyecto en el que no ha participado desde el inicio.​ Además, también los han adquirido Israel, Japón y Corea del Sur.
En su diseño y fabricación han colaborado un grupo de empresas aeroespaciales liderado por Lockheed Martin, con BAE Systems y Northrop Grumman como socios principales. El F-35 realizó su primer vuelo el 15 de diciembre de 2006.​
En lo que se refiere al modelo concreto que quiere la Armada, el F-35B STOVL, actualmente presta servicio en la Marina de Estados Unidos y en la de Reino Unido, teniendo sus bases en las bases aéreas de Yuma (Arizona) y Beaufort (Carlonia del Sur), en el caso estadounidense. La Fuerza Aérea italiana también ha incorporado algunos de estos aparatos.
El F-35 es un caza de peso medio y monomotor, similar a una versión más pequeña, más convencional y con un solo motor, del Lockheed Martin F-22 Raptor pesado y bimotor, y de hecho ambos modelos comparten muchos elementos comunes.
La versión STOVL F-35B está diseñada para reemplazar a la segunda generación del Harrier, que fue el primer avión operacional de aterrizaje vertical y despegue corto, cuya participación en la Guerra de las Malvinas en 1982 demostró su efectividad en las operaciones de guerra desde portaaviones ligeros.
La RAF y la Armada Británica utilizarán este avión para reemplazar a los Harrier GR9 en sus portaaviones, mientras que el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos usará los F-35B para sustituir a los AV-8B Harrier II y a los F/A-18 Hornet.
El F-35B es similar en tamaño al F-35A de la Fuerza Aérea estadounidense, pero carece del cañón automático, que es opcional y debe ser transportado externamente en un contenedor bajo el fuselaje, ya que su lugar tras la cabina del piloto está ocupado en el F-35B por el impulsor vertical, innovación que fue uno de los factores decisivos en la selección del diseño ganador del programa JSF.
Para el despegue/aterrizaje vertical el F-35B utiliza un sistema distinto a las toberas giratorias del motor Pegasus de los Harrier. Consiste en una turbina, patentada por Lockheed Martin, desarrollada por Rolls-Royce y muy similar al sistema empleado en el Yakovlev Yak-141, en el que un turbopropulsor incrustado verticalmente en el centro del fuselaje proyecta su chorro de propulsión hacia abajo por medio de dos toberas situadas a cada lado del fuselaje, al mismo tiempo que se abren una pequeñas compuertas en la parte superior del avión para dejar pasar el aire al motor. Este sistema se complementa con la tobera del motor principal, de empuje vectorial y situada en la cola del avión.
La planta motriz del F-35B actúa como un multiplicador del flujo, de manera similar a un turbofán y consiguiendo el mismo efecto que la turbina principal del anterior caza Harrier. Sin embargo todo este mecanismo adicional es un peso muerto durante el vuelo normal del avión y reduce la capacidad de carga de armas y combustible del avión, así como limita su capacidad de ejecutar maniobras de altas G.
Durante el diseño, se utilizaron dos estructuras para realizar las pruebas de esta versión: el Lockheed X-35A (que más tarde sería convertido en el X-35B) y el X-35C, de mayor envergadura. 55​ Una de las primeras demostraciones de la capacidad del X-35 fue durante las pruebas de vuelo para la calificación en el programa JSF, en LAS que el X-35B despegó tras una carrera de menos de 150 metros, alcanzó velocidad supersónica y aterrizó verticalmente. Un logro que el modelo de Boeing no pudo igualar.​
El F-35B realizó su primer vuelo el 25 de febrero de 2009 y el 3 de octubre de 2011 comenzó sus pruebas iniciales de toma vertical sobre la cubierta del buque de asalto anfibio, de tipo LHD, USS Wasp.57​58​
Sin embargo, el avión, a pesar de sus características, ha recibido numerosas críticas, entre otras cosas por su elevado coste, ya que los costes del proyecto se dispararon. De hecho, Donald Trump amenazó con suspender el programa por el precio y sustituir los F-35 por la versión modernizada del F-18, aunque finalmente siguió adelante y se mantiene su fabricación.
De hecho, uno de los mayores inconvenientes de este avión, al menos para España, es su elevado precio, pues cada unidad costaría entre 90 y 130 millones de euros, sin contar el motor, y la Armada no compraría más de una docena de aparatos. Por este motivo, el Ejército del Aire estudia si se une a la compra y lo incorpora también a su flota, con el objetivo fundamental de sustituir a los F-18.

Características
Tripulación: 1 piloto
Longitud: 15,67 m
Envergadura: 10,7 m
Altura: 4,33 m
Superficie alar: 42,7 m²
Peso vacío: 13 300 kg
Peso cargado: 22 470 kg
Peso máximo al despegue: 31 800 kg
Planta motriz: 1× turbofán con postquemador Pratt & Whitney F135.
Empuje normal: 28 000 lbf (125 kN) de empuje.
Capacidad interna de combustible: 8.382 kg
Rendimiento
Velocidad máxima operativa (Vno): 2 205 km/h (1 370 MPH; 1 191 kt) (Mach 1,8)
Autonomía: 2 220 con combustible interno
Techo de vuelo: 18 288 m (60 000 ft)85​
Empuje/peso: 0,87
Límite de fuerzas soportadas: 9 G
Armamento
Cañones: 1× cañón rotativo de 4 cañones General Dynamics GAU-22/A Equalizer de calibre 25 mm, montado internamente con 180 proyectiles
Puntos de anclaje: 6 pilones subalares con capacidad para 6.800 kg y 2 bodegas internas con cuatro pilones cada una con una capacidad total de 8.100 kg para cargar una combinación de bombas de propósito general: Mark 82, Mark 83 y Mark 84; bombas de racimo: Mk 20 Rockeye II, con capacidad de guiado WCMD; bombas guiadas por láser de la serie Paveway; bombas guiadas por satélite de la serie JDAM; GBU-39 Small Diameter Bomb; bomba nuclear B61
Misiles aire-aire:
De corto alcance: AIM-132 ASRAAM, AIM-9X Sidewinder e IRIS-T
De medio/largo alcance: AIM-120 AMRAAM, MBDA Meteor (pendiente de ser integrado) y el futuro JDRADM (a partir de 2020)
Misiles aire-superficie:
Misiles de crucero: AGM-154 JSOW, AGM-158 JASSM y SOM (Turquía)
Misiles antitanque: Brimstone
Misil antibuque JSM

Los afectados por las cuotas recurren la sentencia de la CAM en el Supremo


ALICANTE.- Esta misma semana, antes de que expire el plazo establecido, la Plataforma de Afectados de la CAM ha interpuesto un recurso de casación en el Tribunal Supremo ante la sentencia de la Audiencia Nacional que condenó el pasado mes de octubre a los directores generales de la CAM, Roberto López Abad y María Dolores Amorós, así como los ejecutivos Teófilo Sogorb y Francisco Martínez por falseamiento de cuentas, según adelanta hoy El Mundo

López Abad y Amorós fueron condenados a tres años de prisión; Martínez a dos años y nueves meses de cárcel; y Sogorb a cuatros años. Ahora, los afectados de las cuotas participativas quieren que se les indemnice ya que se sienten perjudicados de los delitos societarios por los que han sido condenados todos ellos, pese a que la sentencia de la Audiencia Nacional no observa que exista responsabilidad civil alguna en las actuaciones de los directivos, evitándoles así el pago de posibles indemnizaciones.
Muy al contrario, la Plataforma que representan Diego de Ramón y Carlos Pena asegura en un extenso estudio jurídico que pueden acogerse a la figura legal del «tercero perjudicado». 
 En este sentido consideran que son perjudicados de los delitos cometidos por los responsables de la caja, independientemente de en que momento se falsearon las cuentas, simplemente por el hecho de que les afectó esa falsedad en sus inversiones. 
«Si como consecuencia de dichos delitos de falseamiento de cuentas y administración desleal se derivan perjuicios directos a los adquirientes de cuotas participativas y otros productos financieros como Participaciones Preferentes y Deuda Subordinada que hubieran adquirido con anterioridad a la publicación de las cuentas declaradas falsas», esgrimen, «la respuesta no puede ser otra que sí, puesto que dada la configuración del tipo del artículo 290 del Código Penal, son igualmente sujetos pasivos del delito los adquirentes de productos financieros adquiridos con anterioridad a la publicidad de las cuentas falsificadas».
De hecho, la Plataforma de Afectados fueron los denunciantes originales allá por octubre de 2011 de los desmanes que se habían cometido en la caja de ahorros alicantina. No obstante, aseguran, «las presiones políticas obligaron a que se separase la causa en una principal de la que nos sacaron, la de la sentencia, y en otra subordinada relativa a las cuotas participativas, que se ha archivado en cuatro ocasiones», señala Pena.
Por eso, entendiendo que si la sentencia atribuye a un delito societario, debe ser la aseguradora Caja de Seguros Reunidos, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. (Caser) la que se haga cargo de indemnizar a los afectados por las cuotas. 
Y es que para ello sólo tienen que demostrar que poseen un contrato jurídico con la entidad -que son las propias cuotas- y el perjuicio de haber sido víctimas del delito societario que sí resultó probado en el juicio que dio lugar a la sentencia condenatoria de López Abad, Amorós, Martínez y Sogorb. 
Entre otras cosas, porque muchos de ellos no vendieron sus cuotas precisamente porque los dirigentes de la caja les estaban engañando sobre la solvencia de una entidad financiera cuyo rescate ha terminado por costar cerca de los 11.000 millones de euros. 
«Considerando los hechos probados como constitutivos de un delito del art. 282 bis del CP sobre la estafa de inversores, se ha verificado que como consecuencia de la publicidad de las cuentas anuales declaradas falsas se han realizado inversiones en productos financieros de las CAM con el correspondiente perjuicio económico de forma efectiva a los adquirentes de cuotas participativas, participaciones preferentes y deuda subordinada de la CAM que realizaron su inversión tanto con anterioridad como con posterioridad a la publicación de las cuentas declaradas falsas, por lo que procede en consecuencia el reconocimiento de las responsabilidades civiles derivadas del delito», sostienen.
A lo que añaden en su recurso que no tiene que ver el plazo temporal de las cuentas falsificadas: «La inclusión dentro del ámbito objetivo a los adquirentes de productos financieros con anterioridad a la falsificación de las cuentas de los años 2010 y 2011, ni modifica sustancialmente los hechos ni cambia su calificación jurídica, puesto que los hechos son los mismos y la calificación jurídica sigue siendo la inicialmente propuesta: art. 290 CP». 
Y concluyen: «Lo trascendente es que el art. 290 CP prevé como sujetos pasivos a personas que no necesariamente tienen por qué haber comenzado su relación con la entidad después de elaborarse las falsedades: ello es evidente en el caso de los socios, y por lo tanto la misma interpretación ha de mantenerse en relación con los terceros».


La confusión de Ballesta / Ángel Montiel *


La novela Los audios de Roque tiene un final cantado: dimisión del protagonista. Ésta puede ser voluntaria o forzada. La variable sólo está en el adjetivo. Si es voluntaria, el PP atenuará daños; si es forzada, asistiremos de nuevo a un replay del caso PAS.

Repasemos lo aprendido. Ciudadanos, el partido bisagra, exige la dimisión del presidente del Gobierno popular, sin mayoría absoluta. Éste se niega a dimitir. Mientras tanto, el PSOE presenta unilateralmente una moción de censura. El PP cree que no será apoyada por Ciudadanos y, por tanto, resiste. Pero veinticuatro horas antes de la votación llega el mensaje fatídico de los de Rivera: dimisión o apoyo a la moción. El dilema es: ¿quiere perder el PP el Gobierno para defender a su presidente, que igualmente caerá, o prefiere aparcar al presidente para mantener el Gobierno? La respuesta es obvia: dimisión, y a seguir.

El caso Roque Ortiz es un calco. Ciudadanos pide la dimisión del concejal de lenguaje desenvuelto. Éste se atrinchera en el cargo, su alcalde lo apoya, y ambos esperan a que pase la marea. Por si pasara. Pero el PSOE, segundo partido más votado en la capital, anuncia una moción de censura. Otra vez la misma situación. Si Ciudadanos la apoya, adiós al PP, en el sobreentendido de que los grupos de IU y Podemos (Cambiemos y Ahora) no pondrán pegas al objetivo clave declarado: sacar a los populares del gobierno. 

¿Perderá el PP el ayuntamiento de Murcia antes que destituir al concejal de Fomento o prescindirá de éste para seguir en el poder? El antecedente de PAS nos anuncia la resolución del presente caso.

Ahora bien, en las actuales circunstancias, la posición de Ciudadanos es todavía más sofisticada. Y esto porque si declararan públicamente que apoyarán la moción socialista, el asunto quedaría resuelto mañana mismo. Así que esa carta no la sueltan de manera explícita, salvo como versión extraoficial. La oficial es, para que nos entendamos: «Roque Ortiz debe dimitir; si no lo hace, tomaremos las decisiones que consideremos oportunas». Sin concretar qué decisiones serían.

De este modo, todavía transmiten al PP la posibilidad de que no activen ´la decisión final´. Si el alcalde, José Ballesta, sigue concibiendo la esperanza de que la marea descenderá, el asunto se seguirá cociendo en el interior del propio PP, y las grietas que han aparecido en la relación entre San Esteban y La Glorieta crecerán de tamaño. 

A Ciudadanos le interesa que el PP cruja. Pero en último término, registrada la moción de censura socialista, quedará claro que las ´decisiones oportunas´ a que alude Ciudadanos consistirán en apoyarla si quince minutos antes no dimite Roque Ortiz. Porque no hay otras ´decisiones oportunas´ que contengan un mecanismo más expeditivo.

A fuego lento
Ciudadanos dispone de una situación privilegiada en este asunto. Y es legítimo que la aproveche. Sólo le basta emitir un mensaje: «Roque Ortiz, dimisión». A partir de ahí, espera a ver qué hace el PP... y el PSOE. Ni siquiera ha puesto plazo a esa petición de dimisión. Cuanto más tarde en producirse, mejor para sus intereses, pues las consecuencias del caso, una vez que el concejal de Fomento no asumió sus responsabilidades desde el primer momento, han sido:

1. La difusión pública del reconocimiento interno de un funcionamiento clientelista en que se asienta el poder de los populares, expresado sin encontrar reproche o matiz en el alcalde de Murcia, Ballesta, ni en el coordinador general del PP, Miralles, oyentes impertérritos de la singular arenga de Roque Ortiz a los pedáneos murcianos.
2. Poner en evidencia que el alcalde, José Ballesta, ha reaccionado como cualquier político convencional del PP, decidido a defender contra viento y marea y sin un argumentario sensato, por lo demás imposible de elaborar, a su concejal de mayor confianza, amigo y colaborador a lo largo de su trayectoria pública. 
Ballesta ha quedado marcado por este gesto. Por tanto, en su cartera de méritos hay ya valores básicos que descontar: la lealtad política interna se impone a la lógica política pública. El cambio sustantivo que parecía suponer Ballesta ha quedado en suspenso en un epígrafe fundamental.
3. Tensar las relaciones entre la dirección regional del PP y el gobierno municipal de Murcia con declaraciones cruzadas en las que el portavoz del partido, Víctor Martínez, señala la puerta de salida al concejal, a lo que el alcalde opone la ´independencia´ del grupo municipal para negarse a acatar esa sugerencia. 
Ni en los tiempos de Valcárcel y Cámara, que eran el perro y el gato que conviven en el mismo apartamento, se había reproducido una indisciplina de tal naturaleza entre los dos centros básicos de poder, Roma y Bizancio. La paradoja es que Ballesta, que no pertenece a la ´vieja guardia´ que acosa al presidente López Miras, se ha revelado involuntariamente como un bastión que mina la autoridad del nuevo aparato del partido.

Ante este panorama, ¿qué prisa puede tener la oposición en sacar de La Glorieta a Roque Ortiz? Ninguna. El PP se castiga a sí mismo, enseña sus costuras, publicita sus miserias, exhibe sus contradicciones y quema en su propia hoguera a quienes se constituyen como sus referencias políticas más sólidas. 

En el caso de Ballesta, con su propia contribución voluntaria, pues si fuera, como se sobreentendía, un político de vista larga, habría percibido desde el primer instante que su concejal de Fomento es un cadáver político y que mantenerlo en el puesto es un esfuerzo infantil, pues hasta que caiga traerá sufrimiento para su función de alcalde y para su partido, y anula toda perspectiva de renovación en modos y maneras en un espacio, el ayuntamiento de Murcia, que en esa cuestión, hasta ahora, parecía estar a cubierto después de la larga noche de Cámara y sus mariachis. 

Dar por liquidado el ´error de Roque´ con una petición de disculpas de éste por sus palabras es una ironía, pues en el discurso que hizo ante los pedáneos no hubo exabruptos, insultos o calentones (nada que respondiera a su ´carácter volcánico´) sino una desprejuiciada, razonada y meditada exposición que respondía a una mentalidad incompatible con el desempeño público, de tal manera que, incluso admitiendo el ´error´ de haberla emitido debiera provocar vergüenza en el propio protagonista, un hombre inteligente y culto que seguro ha leído algunos libros de Historia en que se relatan las consecuencias del paternalismo y del servilismo políticos.

Roque Ortiz, para decirlo todo, es un profesional muy bien preparado y un experimentado gestor, pero la política no es lo suyo, según ya constaba desde antes del último caso por su trayectoria anterior, que contiene algún episodio chungo en el que no es preciso insistir. Su propia solvencia personal le ha conducido a actitudes de prepotencia y de desprecio de unas normas elementales, escritas y no escritas, que ni una continuidad forzada podrían ocultar. 

Él mismo lo admite implícitamente cuando alude a su inadaptación a la ´nueva política´, y lo peor es que de casi todas las frases de las declaraciones posteriores a la difusión de su audio ante la asamblea de pedáneos se deduce su desconcierto e irritabilidad. Su enunciación bíblica acerca de que «quien esté libre de pecado que tire la primera piedra» es una confesión en aparente modo de disculpa.

Pero aun así, y precisamente por su desentendimiento de siempre acerca de la cortesía en el juego político, Ortiz tiene a estas alturas menos responsabilidad que el propio Ballesta, pues éste no ha sido capaz de leer la trascendencia del caso y ha preferido dilatarlo inútilmente con el resultado previsible de que sólo conllevará desgaste para su figura política. 

En ese contexto, el de Fomento tal vez debiera despertar, despejar a los moscones bienpagados que lo adulan y salir de su burbuja para compensar a su amigo Ballesta con un gesto imprescindible con que aliviar la posición política en que lo ha situado. Esto significaría largarse cuanto antes. «Cualquier día es bueno para dimitir», ha dicho. ¿Qué tal el lunes, ya que el domingo hay que respetar el descanso del Señor?

Un final anunciado
A todo esto, hay un escenario que no se debe descartar. ¿Y si Ballesta decidiera dimitir junto a su concejal? Podría ocurrir si mantuviera hasta el final su concepción de que el Grupo Municipal del PP es ´independiente´ de la dirección regional de su partido. Si el alcalde se sintiera airado por observar una presión a su voluntad que no procediera de la oposición sino desde San Esteban (sede del Gobierno) y de González Adalid (del partido) podría tomar el camino de enmedio. Vale, parece impensable, y las consecuencias serían tremebundas (incluidas las que afectarían a la imagen del propio Ballesta) pero conviene apuntar todas las posibilidades.

El PP de Rajoy ha anunciado, tras el varapalo que Ciudadanos le ha endilgado en Cataluña y la extensión a las encuestas de un posible ´sorpasso´ nacional, una campaña para contrarrestar al partido de Rivera. La imagen de ´colaboradores necesarios´ empieza a saltar por los aires una vez que compiten a codazos. En esta tesitura, Ciudadanos no va a facilitar las cosas al PP, y menos en el municipio de Murcia, donde el único acuerdo político relevante que han mantenido ambos partidos fue el de la investidura del alcalde Ballesta a cambio de nada y donde los populares han avanzado en la gobernabilidad mediante pactos presupuestarios con el PSOE, aunque el último esté, también a consecuencia del mitin de Roque, en el aire.

La resistencia de Ballesta a hacer lo que tiene que hacer (o, desde otra perspectiva, la de Roque Ortiz a facilitar las cosas a su alcalde) es lo mejor que le podría estar ocurriendo a Ciudadanos, que tiene la sartén por el mango y está dispuesto a ponerla al fuego para hacer el huevo frito, pero se toma paciencia para que antes de tener que recurrir a esto, el huevo del PP se cueza a fuego lento. En el PP conocen muy bien el propósito de Ciudadanos, que les ha sido comunicado informalmente como advertencia. 

Pero los de Rivera no tienen prisa en hacer oficial el lema que recitaba ayer la portada de este periódico («La cabeza de Roque o la moción de censura»), pues creen que facilitaría las cosas al PP regional ante Ballesta, y aspiran a que, en la secreta esperanza de que la moción de censura no prospere, el alcalde todavía se desgaste más, tanto en su imagen de gestor político ´diferente´ como en sus relaciones internas de partido, que tienen la derivada de poner en cuestión la autoridad política del equipo de López Miras.

Ciudadanos tiene escrito el final, pero aspira a que, aparte de la dimisión de Roque, el trayecto hacia él traiga todavía más ruina al PP. Se lo ponen fácil.


María González ¿la candidata de Diego Conesa para la alcaldía de Murcia?

La portavoz socialista en el ayuntamiento de Murcia, Susana Hernández, ha anunciado el inicio de contactos con el resto de grupos de la oposición para presentar una moción de censura contra el alcalde, José Ballesta, por la negativa de éste a destituir al concejal de Fomento, Roque Ortiz. Si esa moción prosperara, Hernández sería alcaldesa durante el año y medio que resta de mandato. Y la pondría en la rampa de salida para liderar la candidatura de su partido a las próximas municipales. 

Esto, curiosamente, podría trastocar las previsiones que en algunos mentideros se adjudican al líder regional del PSOE, Diego Conesa, quien tendría unos planes mucho más atrevidos para 2019. El proyecto surge del campo de la rumorología, y no ha podido ser contrastado, pero es tan compacto que merece la pena detallarlo. 

Se sugiere que Conesa podría mandatar a su principal competidora en las pasadas elecciones primarias para la secretaría general, María González Veracruz, para que optara a la alcaldía de Murcia. La actual diputada nacional tendría que obtener la plaza a través de primarias, pero no sería difícil que las ganara a la vista de que en las celebradas para liderar al PSOE en la Región ganó con creces en las agrupaciones de la capital. Con esta operación, Conesa imitaría en cierto modo a Pablo Iglesias, que destinó a Íñigo Errejón a la candidatura a la Comunidad de Madrid tras el congreso de Podemos de Vistalegre II en que ambos compitieron. 

Este modelo añadiría ventajas políticas para el propio Conesa. En primer lugar, daría la campanada con una candidata de buen perfil, en perfecto estado de revista, cuyo otro destino sería quedar al margen de la política. Además, ofrecería una imagen de integración, y sumaría a su propia candidatura a la presidencia de la Comunidad a la mitad del partido que no lo apoyó en las primarias regionales. Eliminaría así reparos a su liderazgo, compartiría riesgos en las urnas con sus adversarios internos y daría lustre a la opción municipal capitalina con una candidata experimentada y popular.


Trabajando sin cobrar a la espera de que la Justicia condenara al Ayuntamiento

Una primera sentencia de lo laboral restituye sus derechos a una de las trabajadoras del Museo Ramón Gaya, de Murcia, y se supone que es el antecedente de las que vienen detrás, que afectan al conjunto de los empleados del patronato con que se gestiona ese centro. Más de un año acudiendo al trabajo, día a día, y sin cobrar ha sido, todavía es, el calvario de estas personas que todos los usuarios de esa casa reconocen como excelentes profesionales. 

No han sido los políticos quienes han resuelto el caso, sino los tribunales, y esto supone indemnizaciones por el tiempo trabajado, actualizaciones de la condición laboral respectiva, funcionarización y dotación de sueldos estimables. Todo de plena justicia. Pero los políticos han estado ausentes de la solución, desde el sobreentendido de que paga el contribuyente. Que esta sea otra herencia más de la etapa Cámara no exime de responsabilidad a quienes han permitido este estado de cosas verdaderamente escandaloso.


(*) Columnista


http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2018/01/21/confusion-ballesta/891698.html

Por ética y por estética / Alberto Aguirre de Cárcer *

(...) Muchos políticos olvidaron, olvidan, que, además de gestionar, legislar y velar por el cumplimiento de la ley, una parte esencial de su labor como representantes y servidores públicos es proyectar valores y erradicar comportamientos incompatibles con una sociedad más justa y democrática. 

Y, entonces como ahora, forma parte de las obligaciones de los periodistas, en cuanto depositarios del derecho a la información de los ciudadanos, desvelar e informar de esas conductas reprobables, delictivas o no, cualquiera que sea el coste para su persona o su medio de comunicación y sin menoscabo del derecho a la presunción de inocencia de nadie. 

Sin embargo, los abogados de la senadora y exalcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, declararon a las puertas del Tribunal Supremo que los medios de comunicación deberían pedirle perdón mientras ella declaraba por cinco presuntos delitos de corrupción apuntados por el juez Velasco, dos fiscales de la Audiencia Nacional y la Guardia Civil ¿Perdón? ¿Por qué?

Hace unos años, en una de las dos únicas conversaciones privadas que recuerdo con la entonces alcaldesa, Barreiro me apuntó que no había nada irregular o ilegal en las acusaciones basadas en las relaciones del Ayuntamiento con su antecesor, el exalcalde socialista José Antonio Alonso. Le respondí que no me correspondía a mí valorar si era legal o no, pero que en mi opinión era muy cuestionable que quien fue primer edil municipal representara a empresas que llegaban a acuerdos económicos con el Ayuntamiento. Por ética y por estética. 

Sería inconcebible, le dije, que una situación similar se diera, por ejemplo, en Madrid, y que era mi obligación informar con rigor de todos los asuntos de interés público en su municipio, fueran favorables o no para sus protagonistas. 

Luego explotó el largo proceso de instrucción del ‘caso Novo Carthago’, que volvió a situarla en el primer plano de la actualidad. 

La última vez que la vi, en un acto público solo unas semanas antes de la ‘operación Púnica’ y antes de que se archivara su implicación en ‘Novo Carthago’, mantuvimos una conversación (irreproducible) ante la mirada entre atónita y temblorosa de un bragado exconsejero del Gobierno regional. Solo ella sabía allí que había llegado a un acuerdo con la trama ‘Púnica’, como reconoció ante el Supremo, para limpiar su imagen en internet de cara a las elecciones, enterrando en las profundidades del buscador de Google todas aquellas noticias que le fueran desfavorables.

 (Antes de la explosión digital, otros relevantes alcaldes, hoy caídos en desgracia, optaban por retirar las suscripciones de los centros de mayores o incluso por comprar todos los ejemplares impresos cuando llegaban a los quioscos para tapar sus vergüenzas).

Barreiro se quedó sorprendida cuando dos meses después de ese último encuentro la invité a un foro de Vocento en Valladolid para hablar del espectacular trabajo de recuperación del patrimonio histórico de Cartagena, un éxito en el que ella tuvo mucho que ver. Supongo que muchos políticos en apuros siempre ven inquinas personales o al menos así lo justifican ante los suyos, cuando se encuentran en apuros por sus propios líos. 

Es el Tribunal Supremo quien debe decidir si en su actuación ha existido ilegalidad y si merece algún tipo de reproche penal. Lo que resulta el colmo del cinismo es reclamar que se le pida perdón tras haber declarado ante la juez que efectivamente contactó con la trama ‘Púnica’ para tratar de mejorar su reputación, manipulando la opinión pública con algoritmos informáticos en la Red y una red fantasma de diarios digitales que difundían propaganda en su favor. 

A efectos legales tiene mucha relevancia si ese contrato lo iba a pagar el PP o se sufragaría con dinero público de la Consejería o del Ayuntamiento, pero desde el punto de vista de la ética pública cualquiera de las dos alternativas resulta inaceptable y debería llevarla a asumir responsabilidades políticas. 

Pedir perdón, que no lo hará, no sería suficiente. Y eso también es aplicable al concejal Roque Ortiz, protagonista de una arenga clientelar en una reunión con pedáneos populares. Hubiera delito o no, hubiera prescrito o no, ya resultó indigerible aquel viaje con el exalcalde Cámara a Turquía en el ‘jet’ privado de un constructor con intereses en el municipio. Lo suyo no tiene un pase más. Lo que dijo y donde lo dijo solo añade gravedad a unas declaraciones políticamente impúdicas.


(*) Periodista y director de La Verdad


Sé fuerte, Pilar, y hazlo tú / Joaquín García Cruz *

Al abogado José Pardo Geijo (por lo demás, un gran penalista) le parece que la Prensa debe pedir perdón a su clienta Pilar Barreiro, «porque la pobre lo está pasando muy mal» (sé fuerte, Pilar), y ya antes le sucedió que «la crucificaron los medios y al final el Supremo archivó» su imputación en el ‘caso Novo Carthago’

Allí estaba Pardo Geijo, a las puertas del alto tribunal, rodeado de periodistas que únicamente querían saber si la senadora seguía imputada tras su declaración (respuesta afirmativa), pero se toparon de repente con un sermón del letrado, para quien «hay una cosa que es la lógica aristotélica, y hay otra lógica que es la de Lewis Carrol, el de Alicia en el País de las Maravillas». 

Ojipláticos debieron de quedarse los informadores, además de contritos por no haberse arrodillado ante la senadora al momento y arrepentirse de tantas noticias publicadas que la relacionan con una trama urdida con el objetivo aparente de saquear las arcas públicas manipulando el rastro en internet de las felonías de no pocos políticos de España. 

Pardo Geijo explicó a los periodistas de Madrid que no es dado a utilizar en Derecho la lógica fantasiosa de Charles Lutwidge Dodgson, el autor de ‘Alicia en el País de las Maravillas’ oculto bajo el seudónimo de Lewis Carroll, sino que prefiere recurrir a la lógica de Aristóteles para poder distinguir con más claridad entre un argumento sólido y otro falso, y salta a la vista que, si comentó su inclinación filosófica de forma tan ilustrativa, fue con la única finalidad de inferir que una ruin investigación de la UCO arrastró al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, primero, después a la Fiscalía, y por último a la magistrada del Tribunal Supremo Ana Ferrer, al error de señalar a la senadora del PP sin la fuerza probatoria necesaria. 

Es verdad que el razonamiento peripatético al que Pardo Geijo apela requiere de premisas sólidas (hechos, no conjeturas) para alcanzar una conclusión irrefutable, así que conviene recordar los hechos -objetivos, indiscutibles- que se ciernen sobre la inocencia, y no sé si también sobre la conciencia, de Pilar Barreiro: 

1) Contrató con la ‘Púnica’ publicidad en periódicos digitales montados por la trama. 
2) La Guardia Civil sospecha que tales contratos se pagarían con cargo al Ayuntamiento de Cartagena o la Consejería de Educación. 
3) La exalcaldesa reconoció el lunes pasado ante el Supremo sus tratos con la red, pero arguyó que serían abonados por el PP, no por el Ayuntamiento ni la consejería.  
4) Consta en autos que el PP de Cartagena negó por escrito, a requerimiento del juez Velasco, que hubiera solicitado o abonado servicio alguno a las empresas de Púnica, y no consta, sin embargo, que pensara hacerlo en el futuro para lavarle la cara a Pilar Barreiro. 
5) El juez instructor de la Audiencia Nacional da crédito al informe acusatorio de la Guardia Civil y a la voluminosa investigación de sus agentes de la UCO, que incluye pinchazos telefónicos y correos electrónicos
6) Ana Ferrer, la instructora del asunto en el Supremo, aprecia asimismo indicios suficientes para investigar a la senadora en cinco presuntos delitos: prevaricación continuada, fraude, malversación de caudales públicos, cohecho y revelación de información reservada.  
7) Tras su declaración judicial en presencia de su abogado, Pilar Barreiro sigue imputada, pendiente de que el Supremo sobresea las diligencias o la conduzca a juicio. 

No es fácil decir esto
Fin de la cita. Hechos sólidos. Lógica aristotélica. Premisas incontestables, ninguna de las cuales lleva a entender por qué la Prensa habría de disculparse ante Pilar Barreiro, aun en el supuesto de que la imputación quedara finalmente en nada y el Supremo archivara la causa.

 ¿No será más bien que es ella, Pilar Barreiro, quien debería pedir perdón, por pasearse por el Senado con cinco imputaciones metidas en el bolso, por comprometer más aún la maltrecha credibilidad de las medidas anticorrupción de su partido, la imagen pretendidamente regeneradora del PP regional de López Miras y hasta el apoyo de Albert Rivera a Mariano Rajoy en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado? 

¿No es más cierto que la exalcaldesa pensaba facturar a su partido el precio de su lavado de imagen personal (y esto, dando por buena su propia versión), y que hacerlo merece por sí solo un reproche ético y social, con independencia de la suerte que más adelante corra en el Supremo la investigación de la que es objeto? ¿No debería disculparse la exalcaldesa de Cartagena por sus viajes de placer sufragados por la empresa del servicio municipal del agua, razón por la cual se ve también bajo sospecha en el ‘caso Pokemon’, que instruye un juzgado de Lugo? 

¿Acaso no son, todos estos, motivos bastantes para disculparse ante los ciudadanos y también ante su partido -y razones de sobra para dimitir-, por el daño reputacional que ha infligido a sus compañeros de filas?

Cuesta trabajo expresar arrepentimiento, es cierto. El británico Nick Clegg, hasta 2015 líder del Partido Liberal Demócrata, grabó en 2012 un vídeo para pedir perdón por haber apoyado como socio del Gobierno una subida de las tasas universitarias que él había criticado durante la campaña electoral. Lo tituló ‘No es fácil decir esto’

La exalcaldesa haría bien en tomar nota de la valentía de Nick Clegg, porque tarde o temprano deberá agachar la cabeza y olvidarse de la altivez que la llevó a decir «en Cartagena mando yo».

Bill Clinton pidió perdón públicamente por su relación «no apropiada» con la becaria Monica Lewinsky. Barack Obama lo hizo por la muerte de dos rehenes en una operación de sus comandos secretos en Pakistán. El Rey Juan Carlos se disculpó ante los españoles por su cacería en Botsuana. José María Aznar pidió perdón a los gallegos por los errores del Gobierno en la crisis del Prestige, y Mariano Rajoy hizo lo popio dos veces; la primera, en agosto de 2013, cuando le estalló en las manos el ‘caso Bárcenas’ -«Me equivoqué»-; y la segunda, un año más tarde, en el Senado, al destaparse precisamente la trama ‘Púnica’, el mismo caso en el que Pilar Barreiro está envuelta: «En nombre del PP, quiero pedir disculpas a todos los españoles». Más claro, agua. Y es el presidente del Gobierno, además de gallego.

Las dotes dialécticas del abogado José Pardo Geijo, bien conocidas en los juzgados de Murcia, explican sin duda su pretensión -legítima- de darle la vuelta a la tortilla en su comparecencia informativa ante el Tribunal Supremo para proteger a la senadora. Está en su derecho, pero la Prensa no tiene por qué pedir perdón a Pilar Barreiro, aunque sea cierto, y no hay por qué dudarlo, que «la pobre lo está pasando muy mal».

Reponte, Pilar, sé fuerte y pide perdón.


(*) Columnista


Legitimidad y eficacia / Ramón Cotarelo *

Estos de la CUP sí que hacen política; en el Parlamento y en la calle. No como Podemos que no la hace en ninguno de los dos sitios. En Cataluña, en general, se hace política; es el único lugar del Estado en que se hace. En el resto se miente, se fanfarronea, se roba, se va el personal por los cerros de Úbeda o se pone a bramar contra Cataluña al unánime grito de "¡A por ellos!".

Precisamente por eso, la política de Cataluña es complicada. La CUP se ha quedado en cuatro diputados después del 21 de diciembre; de ellos, dos son necesarios para la mayoría absoluta independentista. Pero la importancia de la organización es muy superior a la magnitud de su representación. El apoyo de los cupaires garantiza la perseverancia del objetivo estratégico, la independencia. Esa conciencia como factor de legitimación es la que permite a la CUP un tono de crítica elevado con la política institucional del bloque independentista ("el discurso de Torrent es autonomista") y sus apoyos sociales ("la ANC y Ómnium ya no movilizan a la gente"), más dura e incisiva de lo que su importancia numérica justificaría. 
 
Tras dejar claro en el primer momento que la prioridad era la República, la restauración del govern i l'investidura del seu legitim president, la CUP cumple una función casi de censor al estilo romano, vigilante del recto comportamiento de sus socios independentistas, ERC y JxC. Ambos, por su lado, reconocen esta especie de actitud admonitoria de rectitud independentista porque, de no querer hacerlo, podrían sellar una alianza con los Communs-Podem que aumentaría su margen de mayoría, pero al precio de renunciar a la independencia o, cuando menos, jugar a la ambigüedad de los últimos. 
 
Sin embargo, esa posibilidad ni se plantea: el socio natural es la CUP porque el objetivo sigue siendo la República Catalana independiente. La CUP, de minúscula representación, aporta legitimidad. Pero el bloque mayoritario indepe aporta la eficacia y ninguna puede ir separada de la otra. La pureza ideológica extrema la legitimidad hasta hacerla inoperante y la absoluta dedicación a la eficacia convierte la acción en puro oportunismo. En el fondo, los tres vértices del triángulo independentista son imprescindibles y se necesitan mutuamente. Un fallo de uno es un fallo de todos.

Ocurre como con la relación entre el movimiento y las personas. Maragall advierte de que el primero está por encima de las segundas. Sin duda alguna, pero sin olvidar al mismo tiempo la importancia que las personas -según sus circunstancias- tienen para el movimiento. Buscar un equilibrio aquí también es vital. Será difícil encontrar personas valiosas para el movimiento si el movimiento prescinde de las personas como de la muda diaria.

E igual también con la política en la calle que la CUP quiere dinamizar a través de los CDR. Por expresarlo de forma que intente resumir esta complejidad: la política de la calle, en donde, además, se demuestra inventiva, ha producido buenos resultados y los producirá mejores, pero los ataques por los que el unionismo ha reaccionado con violencia han ido dirigidos a las instituciones y la carga represiva la han padecido fundamentalmente los dos partidos, así como la injusticia están padeciéndola individual y personalmente sus miembros, encarcelados, exiliados, embargados. 
 
Aquí una buena ocasión para plantear en concreto la citada relación entre el movimiento y las personas. No consigo imaginar que el movimiento independentista abandone a quienes han dado todo por él, ignorando la máxima socrática de que más vale padecer la injusticia que infligirla.

Insisto, como la política en la calle. Quizá no sea del todo justo acusar a la ANC y Ómnium de abandonar las movilizaciones cuando tienen a sus líderes injustamente presos y llevan una ejecutoria de movilizaciones por su liberación muy apreciable.

La unidad del objetivo es incuestionable. La forma luego de colaborar en él varía lógicamente. Pero una cosa es cierta: si todos proceden de buena fe, el posible (aunque no necesariamente probable) fracaso jamás podrá atribuirse a la mala intención de alguien. Las opciones son y seguirán siendo diferentes pero, hasta la fecha, nadie ha hecho nada en detrimento del objetivo y todos han tenido que sacrificar mucho.

Que siga así, uniendo legitimidad y eficacia, el rasgo más significativo de esta revolución catalana.
 
Dando vueltas al atajo
 
Me llamó José Luis García, de lainformación.com para hablar conmigo sobre Podemos y Cataluña. Estaba escribiendo una historia sobre la formación morada con motivo de su cuarto aniversario, tema que da para mucho como ejemplo práctico del sic transit gloria mundi o de cómo no todas las leñas arden a igual velocidad. La encina dura más que el pino. 
Lo mismo pasa con las formaciones políticas. Algunas son como pinos, chisporrotean mucho, pero se consumen rápidamente; otras arden en silencio, pero permanecen, porque son duras, como la encina. 
 
Además, entre él y su colega, Laura Martínez, decidieron ampliar la indagación preguntando a Julio Anguita y al final les ha quedado una pieza bien guapa con dos puntos de vista que son distantes y, curiosamente, complementarios. Por eso me decido a incluir el enlace aquí: Podemos: lejos de asaltar el cielo...

Podemos ha hecho en cuatro años lo que la socialdemocracia hizo en cuarenta y el comunismo en veinte, pasar de la frase revolucionaria al hecho conservador. 


(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED

El miedo: que la gente lo pueda escuchar / José Antich *

Francisco Javier Dago Elorza, número dos de la embajada española en Dinamarca con sede en Copenhague, tiene una curiosa manera de entender la diplomacia y sería bueno que no hiciera extensivos sus criterios profesionales. Con estas palabras ha salido al paso Dago Elorza al ser preguntado por la visita del president Carles Puigdemont a la capital danesa aceptando una invitación de la Universidad de Copenhague y otra de un grupo de diputados del Folketing (el Parlamento danés): "No nos gusta que la gente lo pueda escuchar".

Lo cierto es que, queriendo o no, el segundo de la cancillería diplomática de la embajada española en Dinamarca ha hecho diana respecto a cual ha sido la actitud española ante todas y cada una de las reivindicaciones llegadas desde Catalunya: no las queremos escuchar. Y eso es lo que ha hecho imposible cualquier avance. De ahí la perversión en el lenguaje. Primero, Catalunya quiso negociar y se le cerraron todas las vías. No hay nada a negociar, fue el insistente mensaje emitido desde la Moncloa. Dialogar. Se bajó un escalón y se ofreció desde Catalunya dialogar. Tan solo dialogar.

No hubo camino para ello. A cualquier petición de diálogo, la respuesta siempre era la misma: ¿dialogar sobre qué? Por no hablar de cada vez que se planteaba en algún foro público la necesidad de dialogar. La respuesta era de manual: con el independentismo no hay nada a dialogar. Sorprendente pero real. Los más moderados tuvieron que borrar de su vocabulario negociar, dialogar y hablar.

Pero tampoco era suficiente, Dago Elorza acaba de ofrecernos la versión más descarnada del posicionamiento español: no nos gusta que la gente lo pueda escuchar. Así de sencillo: enmudezcamos la palabra del representante de más de dos millones de catalanes. Del líder del bloque independentista catalán. ¡Que no pueda hablar!

Qué fácil que es hacer política así: se hace desaparecer al adversario de en medio o se lo elimina políticamente y punto. Que la gente no lo escuche, no sea caso que la opinión pública internacional tenga su propio criterio y no guste en Madrid.


(*) Periodista y ex director de La Vanguardia