El memorándum de Urkullu / Enric Juliana *

“Lehendakari, convocaré elecciones”. Este es uno de los mensajes clave de los espesos días de octubre en Catalunya. El jueves 26 de octubre, entre las diez y las once de la mañana, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, confirmaba al presidente del Gobierno vasco, Iñigo Urkullu, la decisión de convocar elecciones para evitar la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Catalunya. Siete horas más tarde, después de un mediodía muy convulso, el presidente catalán daba marcha atrás.

La Vanguardia ha informado en los dos últimas semanas sobre los detalles de una complicada mediación que estuvo a punto de desembocar en una convocatoria electoral pilotada por la Generalitat, con el precinto de la autonomía intacto. Hoy podemos aportar más datos sobre la mediación vasca.

Puigdemont y Urkullu establecieron un contacto regular, casi diario, sobre la situación en Catalunya, a partir del 19 de junio, fecha en la que ambos dirigentes se reunieron en Barcelona con ocasión del 30.º aniversario del atentado de ETA en Hipercor. El lehendakari se volcó en el seguimiento de la situación catalana, según consta en un memorándum que obra en poder del Euskadi Buru Batzar, órgano ejecutivo del Partido Nacionalista Vasco. (Anotación al margen: en el nacionalismo vasco, el presidente se debe al partido. En Catalunya, el partido se debe al presidente, según la tradición instaurada por Francesc Macià en 1931).

El 19 de julio, Urkullu fue recibido en la Moncloa por Mariano Rajoy, con la cuestión catalana en el orden del día. Al día siguiente, el lehendakari recibió en el palacio de Ajuria Enea de Vitoria al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. El 26 de agosto tuvo que regresar a Barcelona con motivo del atentado terrorista en la Rambla. Precavido ante la enorme tensión política que presidió la manifestación de rechazo –estaban presentes el Rey y el primer ministro Rajoy, que ­fueron abucheados por una parte del público–, optó por ubicarse entre los manifestantes, a una cierta distancia de las cabeceras.

El 20 de septiembre, Urkullu llamó a Rajoy para expresar su protesta por la detenciones de altos cargos de la Generalitat efectuadas por la Guardia Civil. Aquel mismo día envió un mensaje sobre la situación creada en Barcelona al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker.

El 5 de octubre, un día después del discurso del Rey en televisión, empezó a trabajar en un plan que pudiese evitar la intervención de la autonomía catalana y el consiguiente golpe de péndulo en toda España contra los nacionalismos periféricos. El discurso del Rey es fundamental en los acontecimientos de octubre. 

Dirigida a la comunidad internacional, a todas las instancias del Estado y a la opinión pública española, la enérgica alocución de Felipe VI ahuyentaba la mediación internacional afanosamente buscada por la Generalitat y llamaba a filas al PSOE, que el 3 de octubre había presentado una moción de reprobación contra la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría por las cargas policiales del 1 de octubre en Catalunya. Al cabo de una semana, esa moción ya había sido retirada. Urkullu prepara un documento titulado Propuesta de declaraciones concordantes y encadenadas.

El 8 de octubre habla por teléfono con el arzobispo de Bolonia, Matteo Zuppi, de la Comunidad de San Egidio, para conocer la disposición del Vaticano a la mediación. Resultado negativo. La Iglesia de Roma no piensa intervenir, pero deja que el arzobispo de Barcelona, cardenal Juan José Omella, mantenga conversaciones con políticos catalanes para evitar una situación sin salida.

El 10 de octubre por la mañana, Puigdemont comunica a Urkullu que dejará en suspenso la DUI en el Parlament de Catalunya. Por la tarde, el presidente catalán le informa de las dificultades que ha tenido con ERC y la CUP antes del pleno y le da las gracias por todas las gestiones que está realizando. (Marta Rovira, secretaria general de ERC, amenazó con dimitir aquella tarde como portavoz de Junts pel Sí). Contactos con Rajoy y Sánchez. Se abre un tenso periodo de espera, mientras el Gobierno prepara la tramitación del 155.

El 19 de octubre, Urkullu efectúa una declaración institucional. Afirma que Puigdemont no ha declarado la independencia y que por lo tanto no hay motivo para aplicar el 155. “Hago un llamamiento a la distensión y al diá­logo. Hay abierta una oportu­nidad al diálogo”. Ajuria Enea ­envía copia de esas declaraciones a Jun­cker y a Donald Tusk.

El día 20 remite unas consideraciones por escrito a Puigdemont y vuelve a conversar con Pedro Sánchez. El 25 recibe en Ajuria Enea a cuatro profesionales y empresarios catalanes (Emilio Cuatrecasas, Juan José López Burniol, Marian Puig y Joa­quim Coello), que le ayudan a coser un pacto de última hora. Puigdemont convocará elecciones, y el Gobierno dejará en suspenso la aplicación del 155, cuya aprobación en el Senado ya no puede ser evitada. El PSOE presenta una enmienda en el Senado para facilitar el compromiso, nunca escrito. 

Primero, un paso; después, otro. Declaraciones encadenadas. Puigdemont acepta. Oriol Junqueras calla y se reserva. La voz más contraria vuelve a ser la de Marta Rovira. Lloros y alguna estridencia en una tormentosa reunión que acaba a las tres de la madrugada del jueves 26. El jueves a las once, reunión del grupo parlamentario de Junts pel Sí. Más lágrimas. Puigdemont mantiene la decisión de convocar y así se lo comunica a Urkullu. Rajoy llega a tener el borrador de la convocatoria electoral encima de su mesa. Todo está preparado, pero la presión ambiental hace mella en el presidente catalán. 

En la plaza de Sant Jaume le llaman traidor, en Twitter su fotografía aparece cabeza abajo y el diputado Gabriel Rufián emite: “155 monedas de plata”. ERC maniobra para capitalizar la decepción. Los consellers Jordi Turull y Josep Rull, del PDECat, hoy en prisión, le imploran que reconsidere su decisión. Dos diputados del partido del presidente dimiten. Los alcaldes convergentes están aterrorizados.

A las dos de la tarde, Puigdemont escribe a Urkullu: “Tengo una rebelión. No puedo aguantar”.

Un mes después, en Sabin Etxea, sede central del PNV, dicen: “Hicimos todo lo que pudimos”.

(*) Periodista y director adjunto de La Vanguardia

http://www.lavanguardia.com/politica/20171127/433237113094/memorandum-urkullu-catalunya.html 

La voz del exilio / Ramón Cotarelo *

En su exilio en Bruselas, Puigdemont, digno sucesor de Marx, que se pasó allí unos años hasta que lo expulsaron, tiene un enorme impacto en España. Si hubiera que buscarle un simil histórico más ajustado sería el del general De Gaulle quien, desde su exilio londinense, encabezó la recuperación de la France Libre, entendiéndose con sus seguidores a través de la radio y la resistencia. Puigdemont lo hace a través de la televisión, los vídeos, las redes, en las que es muy activo, y personalmente. 

Su eficacia está fuera de duda. Acaba también de presentar la lista del presidente con el nombre de Junts per Catalunya, que apunta a lista de país con un fuerte liderazgo personal. Se lo explica a Ricard Ustrell en la interesante entrevista que este le hace en Bruselas. No es una lista del PDeCat, sino una del presidente, transversal, insiste, en que entran el PDeCat e independientes. Mutatis mutandis, un toque gaullista, destinado a animar a unas clases medias que pueden querer la independencia, pero no de un determinado color.

El entrevistado es claro al sostener su condición de  presidente legítimo de la Generalitat, no de ex-presidente, como le plantea Ustrell y, de hecho, este se dirige a él siempre como "president". La entrevista está llena de aclaraciones muy necesarias en asuntos en los que reinan las brumas de las tertulias. 

El presidente no acata el 155, entre otras cosas porque se aplicó unilateralmente. La cuestión de la unilateralidad consumió un tiempo precioso siendo irrelevante. Una vez estuvo claro que el 155 no se retiraría aunque Puigdemont convocara elecciones, la unilateralidad era cosa del Gobierno.

La amenaza de los muertos. Reducirla al puro nominalismo es un modo de esquivar la cuestión. Hubo amenazas de responsabilidad por consecuencias impresivibles y una de ellas, obviamente es la posibilidad de muertes.

La presidencia de la Generalitat. Dependerá del resultado de las elecciones y el acuerdo de coalición que se establezca. Puigdemont encabeza una candidatura con ánimo de ganar, con el mismo derecho que los demás. 

La renuncia a la violencia. Expresa por parte de la Generalitat, de Puigdemont, de Junqueras, del independentismo al completo. La cuestión aquí es por qué no hay también una renuncia expresa a la violencia por parte del Estado, ya que se trata de un conflicto político que debe resolverse negociando y pactando. No reprimiendo.

La aceptación de los resultados. El verdadero caballo de batalla. Nadie tiene claro que el bloque nacional español respete los resultados del 21D si no le gustan. Para ello tiene ya preparada una justificación: sean cuales sean aquellos, el gobierno catalán tendrá que acatar la legalidad. La legalidad como la entiende el bloque nacional español. 

Y eso es justamente lo que está por ver.

Además de la entrevista a Preguntes Freqüents Puigdemont concedió otra a un canal público de la TV israelí, Canal1 Kan en la que abordaba asuntos de política exterior europea, que no abordó en la otra conversación. Lo que allí fue teoría: "soy el presidente legítimo de la Generalitat", aquí es práctica: este presidente legítimo plantea una consulta en Cataluña sobre la pertenencia a la UE. Otro toque gaullista que, curiosamente, refuerza su imagen de lider nacional catalán nada fácil de contentar. Europa no puede contar con una aceptación acrítica de su fuerza de atracción.

Igualmente es fácil imaginar cómo suena en Israel la pregunta de Puigdemont en la tele ¿quién me garantiza un trato justo en un contexto en el que hay vídeos de dirigentes políticos reclamando mi encarcelamiento y participando en manifestaciones con grupos neonazis?.

Las elecciones son parecidas a las guerras: se sabe cómo se entra en ellas, pero no cómo se sale.

 

 

 

(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED

Revista de Prensa / A. R. Mendizabal *

Lunes con la re­saca tras la nueva sor­presa eu­ró­foba que ha sa­cado Puigdemont de la chis­tera y los aná­lisis de las en­cuestas del fin de se­mana ante el 21-D. Metroscopia para El País do­mi­ni­cal: los in­de­pen­den­tistas y los no em­patan a 46%. NC Report para La Razón: Cs su­biría 4 es­caños, PSC 3 y PP re­pite, mien­tras el bloque se­pa­ra­tista pierde 6 dipu­tados. Este lu­nes, El País pu­blica la se­gunda en­trega: sólo el 24% de los ca­ta­lanes quiere se­guir con el ‘procés’, y el 60% de los vo­tantes del PSC que­rrían un acuerdo con PP y Cs. Otra en­cuesta de Advice Strategic Consultants en Confidencial Digital: bajan los na­cio­na­listas y suben poco los cons­ti­tu­cio­na­lis­tas. Dos lec­turas de la si­tua­ción: El Periódico: El voto ur­bano de­ci­dirá la con­tienda del 21-D; y La Vanguardia: CDC y Esquerra ob­tienen me­jores re­sul­tados cuando van por se­pa­rado que en coa­li­ción. 

Algunos ti­tu­lares des­ta­cados sobre Cataluña. En La Razón, Pilar Ferrer dice que Puigdemont se guarda la baza de la de­ten­ción. En El Español Daniel Montero y Alejandro Requeijo cuentan que Puigdemont pide a los ex con­se­llers de su par­tido aguantar en pri­sión hasta el 21-D. En ABC, Àlex Gubern e Itziar Reyero cuentan cómo todos los par­tidos fi­chan can­di­datos is­lá­micos en busca de los 170.000 votos clave de esa co­mu­ni­dad. El Mundo dice que el Gobierno con­gela in­ver­siones por estar con­cen­trado en Cataluña, y Confidencial Digital añade que Rajoy anun­ciará una in­ver­sión in­dus­trial mi­llo­naria en Cataluña en plena cam­paña elec­to­ral. 

Otros ejes de ac­tua­lidad in­cluyen la tri­buna de Goitirgolzarri en va­rios me­dios al cum­plirse mañana martes el quinto aniver­sario del res­cate de Bankia y la si­tua­ción de las pen­siones en el mes de la ex­tra, con vuelta a las an­dadas de echar mano de la hucha y del cré­dito. En Vozpopuli, Teresa Lázaro avanza que el Pacto de Toledo re­co­men­dará poner un suelo al Fondo de Reserva para evitar que se agote. En Capital Madrid, José Hervás dice que los par­tidos dan por hecha la subida de im­puestos para ga­ran­tizar las pen­sio­nes. 

Otros ti­tu­lares des­ta­ca­dos. Expansión: Multa de 100.000 euros dia­rios a España por la ley hi­po­te­ca­ria: Bruselas pide la san­ción por el re­traso en l apro­ba­ción de la norma, que no se apli­cará hasta 2018. El Economista: Iberdrola y Endesa re­claman 605 mi­llones a Extremadura: la Junta im­puso en 1997 una eco­tasa para gravar la ge­ne­ra­ción de Almaraz (Rubén Esteller). Capital Madrid: El fu­turo de Portugal Telecom re­torna a Telefónica: los pro­blemas fi­nan­cieros de Altice com­pro­meten sus planes en la ope­ra­dora lusa, que ha que­mado cuatro CEOs en dos años y medio (José Alves). En El País, Miguel Á. Noceda en­tre­vista a Álvaro Nadal, mi­nistro de Energía: 'La po­lí­tica ener­gé­tica la hace el Gobierno, no las em­pre­sas'. 

OPINIÓN

Editorial en El Periódico: 'La par­ti­ci­pa­ción, una de las claves del 21-D: el au­mento del voto ur­bano será de­ci­sivo si los par­tidos no in­de­pen­den­tistas quieren tener la ma­yoría en las ur­nas'. José A. Sorolla en el mismo dia­rio: 'Puigdemont se echa al mon­te'. Editorial en La Vanguardia: ‘Presuntos de­litos de odio en Catalunya‘. Enric Juliana en el mismo dia­rio: 'El me­mo­rándum de Urkullu: el pre­si­dente vasco re­sume en un in­forme todas sus ges­tiones sobre Catalunya '. 

Jordi Juan en el mismo dia­rio: ‘A la bús­queda del voto del so­be­ra­nista des­con­cer­ta­do’. Antoni Puigverd en el mismo dia­rio: '¿La plaza de los dis­cre­pan­tes? La hu­mi­lla­ción es el broche de oro con que los ven­ce­dores piensan ce­rrar la ab­surda etapa po­lí­tica que se ha dado en llamar pro­cés'. Beatriz Navarro en el mismo dia­rio: 'Frankfurt, el gran test de España: la apuesta por si­tuar a Guindos en el BCE pone a prueba la in­fluencia en Europa tras el fiasco de la EMA y el Eurogrupo'. Editorial en ABC: ‘Pensiones, una de­sidia inacep­ta­ble‘. Otro edi­to­rial: ‘Las lec­ciones del 155’. 

Editorial en El País: ‘TV3 debe ser neu­tral - los me­dios pú­blicos ca­ta­lanes se juegan su fu­turo en la co­ber­tura elec­to­ral‘. ‘Alfredo Pérez Rubalcaba en el mismo dia­rio: ‘Reforma cons­ti­tu­cio­nal, tan di­fícil como ne­ce­sa­ria’. Claudi Pérez en el mismo dia­rio: ‘La huida an­ti­eu­ropea de Puigdemont’. Stephan Israel en el mismo dia­rio: 'La ge­ne­ra­ción más es­tú­pida: como pasó con los de­fen­sores del Brexit, Puigdemont ha pro­vo­cado una rup­tura sin hoja de ru­ta'. 

Editorial en La Razón: ‘El 155 ha de­vuelto la le­ga­lidad de­mo­crá­tica a Cataluña‘. Editorial en El Mundo: ‘El procés lastra la le­gis­la­tu­ra‘. Otro edi­to­rial: ‘La raíz po­pu­lista del in­de­pen­den­tis­mo’. Miquel Giménez en Vozpopuli: ‘Cataluña ya tiene un líder de ex­trema de­re­cha: Puigdemont’. Miguel Alba en el mismo me­dio: ‘La úl­tima ocu­rrencia de Nada: na­cio­na­lizar las eléc­tri­cas’. Nacho Cardero en El Confidencial: ‘Junqueras no tiene un pro­blema sino tres: Puigdemont, Rovira y las en­cues­tas'. 

Editorial en El Economista: ‘Las de­bi­li­dades del sector ex­te­rior‘. Otro edi­to­rial: ‘El co­mercio tra­di­cional con­vive con el on­li­ne’. Otro edi­to­rial: ‘Decisión clave paraa el fu­turo de Almaraz’. Joaquín Gómez en el mismo dia­rio: ‘La gran men­tira de España: la in­sos­te­ni­bi­lidad frau­du­lenta del ac­tual sis­tema pú­blico de pen­sio­nes, que­brado en el más corto que medio pla­zo’. 

Editorial en Cinco Días: ‘Comprar el coche al fa­bri­cante con un clic, el nuevo pa­ra­digma que toma fuer­za‘. José Ignacio Goirigolzarri en el mismo dia­rio: ‘Rescatar a Bankia, una buena de­ci­sión. Ángeles Gonzalo Alconada en el mismo dia­rio: ’35 años de si­len­cio: el libro per­dido sobre las cuentas B de Banca Catalana’. Daniel Guitérrez en La Carta de la Bolsa: 'Bancos, los cazas an­glo­sa­jones y no an­glo­sa­jones se lanzan en pi­cado. ¿Regalará el Estado a Bankia?...'. 

(*) Periodista


https://www.capitalmadrid.com/news_links/2499 

Belén Castejón, alcaldesa: 'El Ministerio de Fomento olvida una vez más a Cartagena con el AVE'

CARTAGENA.- La secretaria general del PSOE y alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, ha puesto de manifiesto su indignación porque el Ministerio de Fomento "ha dejado de nuevo a Cartagena fuera" de sus planes para licitar diversos tramos del AVE en la Región, en una entrevista en Radio Cartagena-Cadena SER.

La alcaldesa ha solicitado que se celebre una reunión de la Sociedad Alta Velocidad y que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) participe en la misma para exponer sus exigencias y conocer de primera mano los planes inmediatos para Cartagena.

"No podemos tolerar este nuevo desplante del Ministerio de Fomento. El presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia aseguró que las obras del AVE al municipio comenzarían en 2018 y, según el último anuncio del ministro de Fomento, no va a ser así", ha indicado Castejón.

Y es que, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, anunció que seis tramos de la conexión de alta velocidad entre Murcia y Almería, incluida en el Corredor Mediterráneo, podrán licitarse durante el segundo trimestre de 2018, obviando el tramo que llegará hasta Cartagena.

"Nuestro municipio acoge el polo industrial más importante de la Región y el cuarto puerto más importante de España. La llegada del Corredor Mediterráneo hasta Cartagena no es un capricho, es una necesidad para toda la Comunidad Autónoma y para España y así se lo haremos entender al ministro", ha precisado Castejón.

La secretaria general del PSOE de Cartagena ha señalado que "sólo un compromiso expreso del ministro, asegurando una partida presupuestaria de al menos 50 millones para los presupuestos de 2018, permitiría creer en la palabra dada por el presidente de la CARM".

En este sentido, Castejón ha anunciado que el PSOE va a solicitar al grupo socialista en el Congreso que interpele al ministro para conocer cuál es su postura al respecto y solicitarle que incluya esa partida.

Podemos pide que se escuche a todos los colectivos para la elaboración de la nueva Ley Regional de la Música

MURCIA.- La Secretaría de Cultura de Podemos ha calificado hoy la Ley de Música propuesta por el Partido Popular en el día de ayer como una chapuza apresurada. "Nos parece muy negativo que no se haya contado con colectivos tan importantes como las bandas de música o los coros en la redacción de esta ley".

Tania Rojo y Víctor Egío, portavoces de la formación en este área han manifestado que "Parece que el objetivo de esta propuesta es más bien silenciar las críticas de las bandas por la falta de apoyo del gobierno regional, que dar respuesta a sus verdaderos problemas, algo para lo que es imprescindible que se escuche la voz de todos los colectivos directamente implicados".

No obstante desde la Secretaría de Cultura de Podemos Región de Murcia, han asegurado que "Se va a continuar trabajando duro para sumar aportaciones con las asociaciones y colectivos musicales y que ésta no sea una nueva oportunidad perdida".

Del mismo modo desde la formación se ha resaltado que "el gran colectivo musical de la Región, que sólo en el caso de las bandas de música tiene a más de 50.000 personas detrás, se merece que todos los partidos, asociaciones y entidades implicadas se sienten y trabajen juntas, dejando de lado el oportunismo y la improvisación".

En este mismo sentido, el diputado regional de Podemos, Miguel García Quesada ha avanzado que se creará un grupo de trabajo para trabar en las enmiendas a esta Ley donde se contará con los expertos en este ámbito, es decir, con las distintas asociaciones y escuelas de música de la Región.

Veracruz pide que el anuncio sobre la llegada de la alta velocidad a la Región no vuelva a ser nueva venta de humo

MURCIA.- La diputada socialista por la Región de Murcia en el Congreso de los Diputados María González Veracruz ha calificado como "una nueva venta de humo" el anuncio del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, de licitar los seis tramos para la conexión de la alta velocidad entre Murcia y Almería, incluida en el Corredor Mediterráneo, en el segundo trimestre de 2018.

"Es una realidad que ante las movilizaciones sociales y la presión política, el Gobierno de Rajoy parece haber reaccionado, pero a estas alturas y con tantas mentiras acumuladas los anuncios no son suficientes".

González Veracruz señaló que las promesas hay que materializarlas en el BOE, y en este momento no tienen reflejo documental, "lo que nos lleva a no creer en las palabras del Gobierno de España".

La diputada socialista indicó que si bien es preciso evitar tramos inconexos en el trayecto y abordar la llegada de la alta velocidad desde una visión de conjunto, para garantizar el mejor trazado para la Región, también es fundamental tener en cuenta que aunque el trazado propuesto es el lógico, a efectos de los municipios afectados estos tramos implican llevar a cabo diversas actuaciones que no estaban previstas.

Entre ellas destacan, por un lado, el soterramiento hasta Nonduermas; conocer qué alternativa se plantea respecto del paso del tren por Alcantarilla, que precisa de una solución a las vías que parten el municipio, además del soterramiento en Lorca.

González Veracruz añadió que "una cosa son los proyectos y otra muy distinta los hechos, y los murcianos y murcianas están muy escarmentados de los engaños del Partido Popular sobre la llegada del AVE a nuestra Región y quieren realidades y una alta velocidad en las mejores condiciones". 

El PSOE estará vigilante desde todas las instituciones para que este anuncio no quede en una promesa más.

ASAJA Murcia vaticina una “hecatombe agrícola” si no hay agua en el campo murciano para el próximo mes de enero

MURCIA.- ASAJA de la Región de Murcia ha vaticinado que si los agricultores y ganaderos de la Región de Murcia podrían asistir a una “hecatombe agrícola” si no hay agua en el campo murciano el próximo mes de enero de 2017.

Según ha explicado un portavoz de ASAJA Murcia, “estamos muy preocupados, porque si no llega agua, podría asistir a un gran empobrecimiento del sector agroalimentario murciano, que no podemos permitir”.

Además, ha apuntado también que “la falta de agua ha puesto en serias dificultades a la campaña de hortalizas de otoño, con producciones más reducidas, por lo que necesitamos este bien tan escaso, por lo que a nuestro juicio, es de máxima prioridad, buscar soluciones efectivas, y lo más importante, que se ejecute el Plan Hidrológico Nacional para solucionar el déficit hídrico estructural que caracteriza a la Cuenca del Segura”.

Además, el portavoz de ASAJA Murcia ha señalado de forma contundente que “las pérdidas son incalculables desde el punto de vista económico, y lo más lamentable, es que si no llega agua, se pueden perder muchas explotaciones y puestos de trabajo, y lo más lamentable, se va a producción un retroceso agrario muy importante, pues necesitamos agua urgentemente”.

Finalmente ha apuntado que “nos vamos a movilizar donde haga falta para encontrar agua para nuestra agricultura y ganadería, pues el sector agroalimentario, es fundamental para el crecimiento de la economía regional”.

'Ahora Murcia' reclama para el paseo del Malecón una rehabilitación que le saque de su "inadmisible aspecto"

MURCIA.- Ahora Murcia reclama para el Paseo del Malecón una rehabilitación que le saque de su "aspecto mugriento y abandonado", inadmisible en un elemento patrimonial que es de los más queridos por todos los murcianos y que representa una de las señas de identidad del municipio. 

La formación recuerda que este BIC es de titularidad municipal, por lo que corresponde al Ayuntamiento su mantenimiento y su posible rehabilitación, que es precisamente la actuación que Ahora Murcia considera "muy necesaria" llevar a cabo, por lo que llevará esta demanda al próximo Pleno.

Ahora Murcia lamenta que este importante monumento presente "un estado de conservación preocupante en toda su extensión, desde su entrada por el Plano de San Francisco, en la ciudad, hasta llegar a la estatua en homenaje de D. José María Muñoz".

Angeles Micol destaca "el pésimo estado de los muretes del paseo, repletos de grietas, hundimientos, desconchados, suciedad y pintadas", así como las "enormes roturas provocadas en algunos puntos por las barandillas". 

La concejala pone de relieve "el vergonzoso aspecto" que presenta la histórica puerta del Huerto de los Cipreses, "que precisa de una urgente restauración que le otorgue de un aspecto digno".

"Demandamos una rehabilitación, pero que no caiga en los derroches a los que nos tiene acostumbrados el PP municipal. Los proyectos y las rehabilitaciones se pueden hacer de manera racional y sin gastar a manos llenas el dinero de todos los murcianos", afirma Micol, que recuerda el carísimo proyecto de peatonalización de Ballesta para la mitad del paseo Alfonso X y apunta también al proyecto Murcia Río.

 "Ballesta hace promesas de megaproyectos cuando lo primero que debería hacer es evitar que el patrimonio que tenemos se caiga a trozos. Es una actitud de 'nuevo rico' y muy poco respetuosa con nuestro patrimonio y nuestra Historia. Es un comportamiento irresponsable e inadmisible".

La concejala destaca el importante papel del Paseo del Malecón "como nexo de unión entre la ciudad de Murcia y la Huerta," y que es "uno de los principales espacios del municipio para el paseo y el ocio, siendo frecuentado por multitud de vecinos de la ciudad y de las pedanías cercanas, así como por muchos de los que visitan nuestro municipio".

Este importante paseo fue declarado monumento histórico-artístico por Real Decreto 1396/1982, de 30 de abril, y tiene la consideración de Bien de Interés Cultural (BIC), con categoría de monumento, conforme a la disposición transitoria primera de la Ley 4/2007, de 16 de marzo, de Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

A propósito de la protección legal que ostenta el BIC del Paseo del Malecón caben recordar los deberes de conservación y efectiva protección que la normativa de patrimonio cultural impone a los propietarios de BIC, y que vienen recogidos en el artículo 8.1 de la Ley 4/2007 de Patrimonio Cultural de la Región de Murcia, que estipula que "los propietarios, poseedores y demás titulares de derechos reales sobre bienes de interés cultural deberán cumplir las siguientes obligaciones: a) Conservarlos, custodiarlos y protegerlos para asegurar su integridad y evitar su destrucción o deterioro. (.)".

"Tras leer esto, se hace patente la necesidad de que por parte de este Consistorio, propietario del monumento del Paseo del Malecón, se lleven a cabo las tareas y actuaciones necesarias para reparar los desperfectos que presenta", señala la concejala de Ahora Murcia, "y conseguir que luzca la imagen que se merece, sin necesidad de recurrir a grandes costes".

Micol apunta que el Ayuntamiento, conforma a la ley, deberá presentar las correspondientes solicitudes y proyectos en la Dirección General de Bienes Culturales de la Comunidad Autónoma, así como los preceptivos informes de este departamento autonómico.

Ciudadanos pide en el Congreso de los Diputados la limpieza de la rambla de Librilla

MURCIA.- Ciudadanos ha llevado al Congreso de los Diputados dos grandes problemas que acucian al municipio de Librilla: la situación de su rambla y los ruidos derivados del tráfico de la A-7 a su paso por el municipio. 

El diputado José Luis Martínez, quien visitó la localidad recientemente, ha pedido al Gobierno y la CHS una limpieza urgente del cauce de la rambla de Librilla y actuaciones para frenar los vertidos de aguas fecales que la contaminan. 

Al mismo tiempo, Martínez ha pedido a Fomento que cumpla con el compromiso de instalar barreras acústicas y pantallas antisónicas en el tramo de tres kilómetros de la Autovía del Mediterráneo A7 que discurre junto al casco urbano. 

“Son reivindicaciones justas y de sentido común de un municipio al que los grandes partidos han mantenido en el olvido durante muchos años”, ha explicado Martínez, “pero para Ciudadanos no hay municipios grandes o pequeños, ni vecinos de primera o de segunda: solo hay ciudadanos que reclaman mejores servicios y, en este caso, a lo que tienen todo el derecho del mundo”.

En el caso de la Rambla de Librilla o de Orón, se trata de un cauce que divide en dos el municipio antes de alcanzar el Guadalentín. Cuenta con un gran valor paisajístico, “sin embargo, a su paso por el municipio se encuentra completamente abandonada, llena de suciedad y escombros, recibiendo incluso vertidos de aguas fecales, como pudimos comprobar de primera mano en nuestra visita”, ha apuntado Martínez.

Este diputadoha preguntado al Gobierno y la CHS si tienen previstas actuaciones en el cauce a corto plazo para mejorarlo.

Sobre los ruidos que soportan los vecinos más cercanos al trazado de la autovía, Martínez ha destacado que el propio Ministerio de Fomento “ya calificó en 2012 estos tres kilómetros junto al casco urbano como ‘zona de conflicto’ y sugirió como solución la instalación de barreras acústicas, por lo que no entendemos que la única medida adoptada hasta ahora haya sido reducir con poco éxito la velocidad en ese trayecto a 80 kilómetros por hora”.

“Los vecinos han elevado su protesta varias veces, igual que el propio Consistorio y solo han obtenido excusas o silencio”, ha señalado el diputado naranja.

 “Ahora queremos respuestas y que digan claramente si existe el Plan de Acción contra el Ruido del que Fomento habla y si en el mismo se contemplan actuaciones para Librilla y sus vecinos”.

López Pagán exige al Gobierno regional que se ocupe de los problemas de los ciudadanos y deje de interferir

CARTAGENA.- El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista Joaquín López Pagán exige al Gobierno regional que no siga cometiendo injerencias sobre la actividad y cuentas de otras instituciones como la Asamblea Regional y se ocupe de los problemas de los ciudadanos, que son muchos.

"La división de poderes está clara, por lo que la Asamblea es un organismo autónomo, una institución pública que funciona con plena transparencia y con una gestión económica impecable, realizada en este momento por la presidenta de la Asamblea".

López Pagán subrayó que el Gobierno tiene que entender que aunque tiene un acuerdo con Ciudadanos "no puede ser obstáculo para el buen funcionamiento del parlamento, que gobierna el PSRM, ni para poner en duda la buena marcha de las instituciones y en este caso de la Asamblea Regional", finalizó.

El PP solicita al Gobierno de España planes de apoyo a la exportación para la aceituna negra

CARTAGENA.- El diputado del Partido Popular en la Asamblea Regional, Jesús Cano, ha registrado en la Cámara autonómica una moción en la que se insta al Gobierno de España a que continúe con los planes de apoyo a la exportación de la aceituna negra, incluyendo la variedad de la aceituna de cuquillo, autóctona de la Región de Murcia.

Cano ha destacado la necesidad de respaldar a este sector productivo en unos momentos en que los productores españoles de aceitunas negras están siendo objeto de injustas decisiones por parte de la Administración al imponer unos aranceles bajo el pretexto de competencia desleal por parte de la Administración Trump.

El diputado popular ha aludido al anuncio realizado por el Gobierno de los Estados Unidos de imponer unas tasas a las exportaciones de la aceituna negra al escudarse en que pueden estar beneficiándose de ayudas por parte de la Unión Europea lo que, según el Gobierno norteamericano, les permitiría vender por debajo del precio del mercado.

Jesús Cano ha manifestado que los productores y comercializadores españoles de aceituna negra, con el apoyo de la Administración, tienen que volcarse en demostrar que las acusaciones de Estados Unidos no tienen fundamento, ya que las subvenciones están avaladas por la Organización Mundial del Comercio”..

Hay una gran sensibilidad por parte de todas las Administraciones, ha afirmado Cano, ya que lo que está en juego es el sistema de ayudas de la Política Agraria Común (PAC). En consecuencia, y ahora más que nunca, ha concluido, debemos ayudar a nuestros agricultores en la comercialización y exportación de sus productos.

Las aceitunas negras son el fruto maduro del olivo y de origen mediterráneo cuya composición tiene efectos muy saludables. Los productores españoles exportaron a Estados Unidos el año pasado 32 millones de kilogramos de este tipo de oliva por valor de 70 millones de euros, lo que representa el 36% de las aceitunas de mesa vendidas al exterior.

Los murcianos pagan el agua potable seis veces más cara que en Soria o Palencia

MADRID.- Pese a la sequía, el precio que se paga en España por el agua es uno de los más baratos de Europa, aunque hay diferencias abismales entre provincias, hasta el punto de que el esfuerzo que tiene que hacer un murciano es hasta 6,6 veces superior al de un residente en Soria o en Palencia.

Un informe de la Fundación de Cajas de Ahorro (Funcas) sobre el precio del agua en las ciudades, publicado esta semana, ha analizado el precio de este servicio público en los principales municipios españoles, capitales de provincia, ciudades autónomas y ciudades de más de 100.000 habitantes.

De los 79 municipios examinados, 33 optan por la gestión directa (por los propios ayuntamientos y, sobre todo, por empresas de capital municipal o entes públicos supramunicipales) y 46 por la gestión indirecta (mediante concesión o empresas mixtas).

Siete de las diez ciudades españolas más pobladas cuentan con gestión directa, dos lo hacen a través de empresas mixtas y sólo uno mediante concesión privada. Esta última modalidad es frecuente, en cambio, en las capitales de provincia con menos de 100.000 habitantes como Teruel, Ávila, Zamora, Ciudad Real, Palencia, Pontevedra, Toledo, Guadalajara o Cáceres.

Funcas asegura que el estudio detallado ha permitido concluir que el modelo de gestión directa o indirecta no es determinante para explicar el precio del agua que pagan los hogares en España.

Sí lo es, en cambio, el coste del suministro, en un sentido amplio, que viene definido por los factores geoclimáticos relacionados con el acceso y disponibilidad de recursos hídricos en la zona (precipitaciones y altitud) y la estructura urbana (número de viviendas, dispersión y población estacional).

Esto, además, resulta obligado para cumplir con la directiva marco europea del agua, según la cual el suministro, saneamiento y depuración de agua debe regirse por el principio de recuperación de costes y no debe subvencionarse.

De acuerdo con el informe de Funcas, el recibo que los usuarios domésticos pagan por el servicio urbano de agua depende de muchos factores, el más importante de ellos el del precio que se paga por el agua que se consume.

La mayoría de los principales municipios grava el suministro domiciliario de agua mediante tarifas dicotómicas, es decir, con una parte fija o cuota de servicio y otra variable o cuota de consumo.

Excepto en Pamplona y San Sebastián, municipios en los que toda el agua consumida se factura al mismo precio, en el resto de ciudades la parte variable se divide en bloques de facturación con precios crecientes.

A partir de estos datos, se puede apreciar que no existe una relación predefinida entre el precio del agua y el sistema de gestión, ya que las más caras están gestionadas de modo indirecto, pero también las más baratas.

Más bien aprecia Funcas una relación de tipo geográfico, dado que que la mayoría de las ciudades con un índice de esfuerzo superior a la media son insulares o se sitúan en las zonas muy secas, como el sur (todas las ciudades andaluzas, excepto Algeciras) y el sureste de la península Ibérica (Murcia, Cartagena y Albacete).

Por contra, el esfuerzo es menor entre las ciudades del norte y nordeste peninsular, mucho más húmedas.

Mientras que en el caso del agua el esfuerzo que las familias españolas tienen que hacer para pagar la factura es el segundo menor de Europa, en el caso de la electricidad y en el del gas es el tercero mayor.

Un estudio destapa diferencias abismales entre provincias


Pese a la sequía, el precio que se paga en España por el agua es uno de los más baratos de Europa, aunque hay diferencias abismales entre provincias, hasta el punto de que el esfuerzo que tiene que hacer un murciano es hasta 6,6 veces superior al de un residente en Soria o en Palencia.
El informe de la Fundación de Cajas de Ahorro (Funcas) sobre el precio del agua en las ciudades, publicado esta semana, ha analizado el precio de este servicio público en los principales municipios españoles, capitales de provincia, ciudades autónomas y ciudades de más de 100.000 habitantes.

De los 79 municipios examinados, 33 optan por la gestión directa (por los propios ayuntamientos y, sobre todo, por empresas de capital municipal o entes públicos supramunicipales) y 46 por la gestión indirecta (mediante concesión o empresas mixtas).
Siete de las diez ciudades españolas más pobladas cuentan con gestión directa, dos lo hacen a través de empresas mixtas y sólo uno mediante concesión privada. Esta última modalidad es frecuente, en cambio, en las capitales de provincia con menos de 100.000 habitantes como Teruel, Ávila, Zamora, Ciudad Real, Palencia, Pontevedra, Toledo, Guadalajara o Cáceres.
Funcas asegura que el estudio detallado ha permitido concluir que el modelo de gestión directa o indirecta no es determinante para explicar el precio del agua que pagan los hogares en España.
Sí lo es, en cambio, el coste del suministro, en un sentido amplio, que viene definido por los factores geoclimáticos relacionados con el acceso y disponibilidad de recursos hídricos en la zona (precipitaciones y altitud) y la estructura urbana (número de viviendas, dispersión y población estacional).
Esto, además, resulta obligado para cumplir con la directiva marco europea del agua, según la cual el suministro, saneamiento y depuración de agua debe regirse por el principio de recuperación de costes y no debe subvencionarse.

El recibo depende de muchos factores

De acuerdo con el informe de Funcas, el recibo que los usuarios domésticos pagan por el servicio urbano de agua depende de muchos factores, el más importante de ellos el del precio que se paga por el agua que se consume. La mayoría de los principales municipios grava el suministro domiciliario de agua mediante tarifas dicotómicas, es decir, con una parte fija o cuota de servicio y otra variable o cuota de consumo.
Excepto en Pamplona y San Sebastián, municipios en los que toda el agua consumida se factura al mismo precio, en el resto de ciudades la parte variable se divide en bloques de facturación con precios crecientes.
A partir de estos datos, se puede apreciar que no existe una relación predefinida entre el precio del agua y el sistema de gestión, ya que las más caras están gestionadas de modo indirecto, pero también las más baratas.
Más bien aprecia Funcas una relación de tipo geográfico, dado que que la mayoría de las ciudades con un índice de esfuerzo superior a la media son insulares o se sitúan en las zonas muy secas, como el sur (todas las ciudades andaluzas, excepto Algeciras) y el sureste de la península Ibérica (Murcia, Cartagena y Albacete).
Por contra, el esfuerzo es menor entre las ciudades del norte y nordeste peninsular, mucho más húmedas.
Mientras que en el caso del agua el esfuerzo que las familias españolas tienen que hacer para pagar la factura es el segundo menor de Europa, en el caso de la electricidad y en el del gas es el tercero mayor.
El siguiente listado recoge, ordenado de mayor a menor, el índice de esfuerzo de los usuarios domésticos para el pago del abastecimiento de agua en los principales municipios españoles, partiendo de una base 100:

• Murcia 247,37 | Cuenca 93,30
• Telde 200,60 | Melilla 91,02
• Las Palmas 199,02 | Segovia 90,57
• Ceuta 196,29 | La Coruña 88,40
• San Sebastián 191,05 | Jaén 85,63
• Mataró 177,82 | Gijón 83,10
• Cartagena 172,12 | Zamora 82,81
• Almería 164,84 | Teruel 80,98
• Córdoba 160,18 | Pontevedra 79,38
• Elche 153,00 | Alcobendas 69,20
• Tenerife 151,38 | Alcorcón 69,20
• Badalona 149,04 | Fuenlabrada 69,20
• L'Hospitalet 149,04 | Getafe 69,20
• Santa Coloma 149,04 | Leganés 69,20
• Barcelona 149,04 | Madrid 69,20
• Cáceres 144,47 | Móstoles 69,20
• Alicante 144,07 | Parla 69,20
• Palma 138,64 | Torrejón 69,20
• Tarragona 138,21 | Salamanca 68,15
• La Laguna 138,20 | Castellón 67,26
• Valencia 132,37 | Baracaldo 62,57
• Huelva 132,07 | Bilbao 62,57
• Jerez 131,25 | Burgos 62,15
• Albacete 128,44 | Toledo 61,96
• Málaga 127,60 | Logroño 60,90
• Marbella 126,62 | Guadalajara 58,93
• Terrassa 121,11 | Santander 58,22
• Granada 117,13 | Lugo 54,25
• Alcalá Henares 115,69 | Zaragoza 54,15
• Lérida 115,24 | Valladolid 53,90
• Dos Hermanas 115,09 | Pamplona 53,04
• Sevilla 115,09 | Ávila 52,71
• Cádiz 113,20 | Oviedo 51,57
• Badajoz 108,18 | Huesca 50,72
• Reus 105,11 | Gerona 47,17
• Vigo 102,72 | Vitoria 42,30
• Sabadell 101,34 | León 41,17
• Ciudad Real 100,18 | Ourense 40,07
• España 100,00 | Palencia 37,10
• Algeciras 95,03 | Soria 37,10

Valencia le disputa a Barcelona la «capitalidad» mediterránea

VALENCIA.- «La Comunidad Valenciana siempre sufre especialmente las crisis económicas pero en tiempos de aceleración crece por encima de la media». La máxima del vicepresidente de la CEOE José Vicente González vuelve a cumplirse y, en el actual ciclo se refuerza por la inestabilidad política catalana, según lo que publica Abc. 

Los servicios de predicción de entidades como Funcas o el BBVA sitúan a la región a la cabeza del crecimiento ecomómico en España tanto este año como para el siguiente. Justo lo contrario que su vecina Cataluña, víctima de los efectos de la deriva separatista.
Aunque las elites empresariales y políticas eviten admitirlo en público, las consecuencias del golpe al estado de derecho del destituido Gobierno catalán han brindado una oportunidad para la Comunidad Valenciana y han espoleado la propuesta pragmatica del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que en esta estrategia camina de la mano de la patronal y los sindicatos.
Tanto Puig como los empresarios valencianos han advertido el momento histórico que tienen ante sí para resolver al alimón el «problema valenciano» y levantar la «hipoteca reputacional» que ha pesado como una losa sobre la imagen de la región durante los últimos años.
Los indicadores de llegada de turistas extranjeros y exportaciones, ambos en cotas históricas, contrastan con los de Cataluña, y especialmente Barcelona. Además, Madrid ha superado a Cataluña como el principal cliente de las empresas valencianas.
En este contexto, el frente común para reclamar un nuevo modelo de financiación autonómica (que comparte el PP valenciano pese a evitar fotos incómodas en las manifestaciones) pasa por plantear una reivindicación «desde la lealtad a España» y alejada del «rupturismo» de los soberanistas catalanes.
El Gobierno valenciano ha comprobado en sus propias carnes los efectos nocivos del proceso secesionista, pero a la inversa. Las dos grandes entidades financieras catalanas -CaixaBank y Banco Sabadell- han trasladado sus sedes a Valencia y Alicante. Conforme recalca el consejero delegado de la primera, Gonzalo Gortázar, los bancos catalanes tienen «plena confianza en la estabilidad» que les brinda el Ejecutivo autonómico y su traslado no es temporal.
A pesar de que solo un doce por ciento de las empresas que han abandonado Cataluña han escogido la Comunidad Valenciana como de destino para sus sedes sociales, la región aglutina la mayoría de la facturación, un 40%, lo que supone 11.007 millones, de acuerdo con un estudio del Centro de Predicción Económica (Ceprede) elaborado a principios de este mes.

El presidente de la patronal autonómica valenciana, Salvador Navarro, pronostica que la crisis catalana propiciará un «desvió de las inversiones» a la comunidad vecina. Un vaticinio ratificado por el servicio de estudios económicos de Funcas presentado esta semana, que prevé que la Comunidad Valenciana crezca cerca del doble que Cataluña el próximo año.
En ese mismo acto, Ximo Puig defendió que se está consiguiendo «la mayor etapa de crecimiento de la Comunitat Valenciana respecto a la media española desde el cambio de milenio», al encadenarse cinco ejercicios seguidos de crecimiento por encima de dicha media.
En esa línea, el Gobierno que forman PSPV-PSOE y Compromís, pese a los postulados defendidos en el pasado por algunos de sus más destacados dirigentes, ha optado por la vía práctica y marca distancias con las tesis separatistas con los factores económicos por encima de las banderas, a pesar de las discrepancias internas en la coalición que lidera Mónica Oltra.
El «renacimiento valenciano» al que aspira la clase política y empresarial está condicionado, no obstante, por dos factores que escapan de su ámbito directo de decisión: la financiación autonómica y la inversión estatal en grandes infraestructuras.
En el primer caso, todos los informes de expertos avalan que la Comunidad Valenciana percibe 1.600 millones de euros menos al año de lo que en realidad necesita para afrontar el gasto social. En su propuesta al Gobierno presentada este viernes, la Generalitat ha reclamado la condonación de 20.245 millones por lo que considera «insuficiencias» del actual modelo, vigente desde el año 2009.
La urgencia de revisar el actual modelo al alza junto con la reclamación de las obras del Corredor Mediterráneo constituyen las dos cuestiones nucleares que concitan unanimidad.
La Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), con el presidente de Mercadona, Juan Roig, a la cabeza, se ha puesto al frente de una campaña para reivindicar la ejecución de las obras del eje ferroviario con la idea de pasar de «una España radial a una circular». 

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, cuya interlocución con Juan Roig es directa, ya ha dado los primeros pasos con el proyecto de la plataforma entre Valencia y Tarragona, que incide en un modelo en el que la Comunidad Valenciana aspira a aprovechar el caldo de cultivo generado por la inestabilidad política catalana para ocupar el papel protagonista que no ha sido capaz de desempeñar en las últimas décadas y que había quedado reservado para Barcelona.

Ciudadanos está de subidón / Ángel Montiel *

A Iceta, el líder de los socialistas catalanes, le han enviado un manual de campaña en el que los estrategas de imagen de su propio partido le exigen que en los actos electorales del 21D no prescinda de la corbata y, sobre todo, que no se le ocurra bailar. El candidato a la Generalidad ha replicado que hará lo que pueda para atender esas indicaciones, pero que no puede prometer nada. Es obvio que en algún momento se saltará esas reglas, pues los hay irreductibles. Y, además, ciertas reglas están para esquivarlas.

En la Región contamos con algún político al que los manuales de imagen les traen al fresco. Puede que acaten el resto de normas de régimen disciplinario que conlleva la militancia en un partido, pero en lo que se refiere a guardar determinadas composturas se resisten como esos niños que se niegan a reglamentarse y aspiran a crecer asilvestrados. 

Un caso obvio es el de Miguel Sánchez, portavoz de Ciudadanos. Sus compañeros lograron hace algún tiempo que se sometiera con regularidad a un tratamiento de peluquería y vestuario que el protagonista abandonó al poco dejando plantados a sus benefactores. Tal desentendimiento le costó el pasado verano una bronca, cariñosa pero no menos intensa, de la líder de su partido en Cataluña, Inés Arrimadas. Ocurrió en la manifestación ciudadana posterior a los atentados yihadistas de Barcelona. Varios representantes de Ciudadanos en Murcia acudieron a ese acto, para lo que recibieron de su partido una comunicación con normas de vestuario que Sánchez no acató. 

Se trataba de lucir, en cuanto a los varones, algún pantalón sport, camisa clara y chaquetilla fina o cazadora ligera (recuérdese que aquellos sucesos ocurrieron en pleno mes de agosto), pero el líder murciano se presentó en bermudas, obviando el protocolo y atendiendo con más lógica a la presión atmosférica. Ocurría, además, que la delegación murciana había sido situada en un lugar preferente de la representación del grupo de Ciudadanos, de modo que la indisciplina no pasó desapercibida para Arrimadas, quien se dirigió a Miguel Sánchez sin demasiada contención: «¡Pero Migueeel...! ¿Cómo se te ocurre venir así?». 

Todo quedó en esa amonestación casi maternal, aunque en el fondo algunos de los presentes envidiaron que la jefa del partido en Cataluña hubiera prestado una atención preferente a Sánchez, aunque fuera por causa del atuendo.

POLÍTICAS DE IMAGEN.

La imagen. No vamos a descubrir ahora su importancia en la vida política, aunque en ocasiones los preceptos de los gurús, quizá para pretextar su función, aprieten demasiado las tuercas y violenten a políticos como Iceta, Miguel Sánchez y otros que, en cierta forma, han conquistado parte de su relevancia pública al desprenderse de normas de estandarización y actuar en la política con una desenvuelta espontaneidad, que a fin de cuentas es uno de los aspectos que exige la nueva política, si acaso quedara algo de ella.

A Ciudadanos empieza a interesarle mucho la imagen a partir de esta temporada, pero no tanto ya en cuestiones superficiales como las que comento más arriba, sino respecto a su política, que parece dar frutos a pesar de que transita por iniciativas arriesgadas. Hay un fenómeno fácilmente detectable: el partido está de subidón. No sólo se aprecia en las encuestas, donde podría alzarse por encima de Podemos, sino también en el observatorio de la calle. Hay una nueva corriente de simpatía hacia los de Rivera, no tanto por éste como por el ´efecto Arrimadas´, que se está traduciendo en un río de solicitudes de militancia. 

Es verdad que se combinan dos fenómenos: uno, la buena recepción de la actitud de Ciudadanos respecto a la cuestión catalana y el cupo vasco, lo cual crea nuevas disposiciones naturales a apoyar esa opción. Otra, más forzada, procede del hecho de que las listas electorales de ese partido se seguirán elaborando mediante un sistema de primarias que requerirá de cada aspirante la disposición de activistas internos que defiendan su opción no solo con su voto sino también con su movilización para obtenerlo. Esto es lo que impulsa a algunos dirigentes a incrementar las gestiones para captar nueva militancia, especialmente entre los respectivos círculos de confianza. Pero incluso en este caso no sería fácil la incorporación de nuevos militantes si no existiera una buena siembra política para los potenciales seguidores.

EL ´EFECTO ARRIMADAS´.

El ´efecto Arrimadas´ está dando mucho juego. Incluso dentro de Ciudadanos se escuchan voces que la prefieren a Rivera sin que esto signifique el germen de una desafección hacia éste; a fin de cuentas el staff murciano está compuesto por decisión de los colaboradores directos del jefe nacional. No cabe duda de que la catalana lo tendrá complicado el 21D y que no cabe esperar milagros, a pesar de que lidera la oposición por encima del PSC y del PP, pero un buen resultado todavía lanzará con más energía a Ciudadanos tanto en España como en la Región de Murcia, un terreno propicio por causa de las ´movidas´ a que ha estado sometido el PP, de modo que la transferencia electoral, en teoría, será menos sufrida.

La baza principal de Ciudadanos para impulsar su crecimiento se la ha ofrecido el propio PP, es verdad que no voluntariamente, como cabe suponer, aunque de manera obligada. Para conseguir el sí de Ciudadanos a los presupuestos de 2018, el Gobierno popular ha tenido que aceptar enmiendas de los de Miguel Sánchez de un alcance inusitado hasta ahora: 175 millones de euros, más del doble de los que les concedió para los de 2017 a fin de conseguir la abstención entonces. 

Como cabe suponer, las enmiendas de Ciudadanos no se han referido a capítulos en que refrendan políticas impopulares, sino todo lo contrario. Son epígrafes dulces que aluden a sectores importantes y atienden demandas retenidas hasta ahora, políticas sociales, de inversión y de servicios. Es decir, Ciudadanos se va a poner muchas medallas si consigue, en el seguimiento de los próximos presupuestos, que éstos se cumplan y sabe vender que los beneficios que aporten proceden de su colaboración. Porque esa es otra: el pacto presupuestario con el PP incluye que éste no debe interferir en la publicitación de los resultados políticos de ese derrame presupuestario de 175 millones.

DOS ´GOBIERNOS´.

De este modo, casi podría decirse que habrá dos Gobiernos: el que gobierna propiamente y el que ha aprobado los presupuestos de la gobernación y venderá públicamente que la ejecución de los 175 millones de euros, uno a uno, ha dependido de su voluntad. Al parecer, Ciudadanos va a poner todo su empeño en lanzar a la sociedad el mensaje de que su ´colaboración´ con el PP no responde a sumisión a las políticas de éste, sino que es el PP, al necesitar a Ciudadanos, el que se ha visto obligado a cederle una parcela de actuación precisa y definida que, además, deberán ejecutar dócilmente los consejeros populares.

2018 es el año decisivo para la consolidación del futuro marco político de la Región, y las cuestiones de imagen pública van a jugar un importante papel, más que hasta ahora. Pero aparte de los aspectos anecdóticos con que se iniciaba este artículo, lo que nos venderán PP y Ciudadanos no será una pasarela de moda de vestir sino acción política. No compartida, sino repartida. Es el diseño que viene.

Junts per Puerto Lumbreras

En Puerto Lumbreras no ganan para sustos con las cosas de la vida política. Lo último: Jordi Sánchez, presidente de ANC, una de las asociaciones supuestamente culturales del activismo independentista catalán, ahora encarcelado junto al otro Jordi, éste Cuixart, de Omnium Cultural, tiene sus raíces en esa localidad. Nada que pueda extrañar demasiado, a la vista de que la mayoría de los nombres de referencia del independentismo tienen parientes murcianos o andaluces, pero en Puerto Lumbreras salen primos del de ANC desde cada esquina y corre que vuela su árbol genealógico. 

El abuelo de este Jordi se llamaba Juan Sánchez, tenía una panadería detrás de la iglesia del pueblo, la de Los Benignos. Los padres del que será número dos para el 21D, tras Puigdemont, en la candidatura de Junts per Catalunya, emigraron en los años 60 a Badalona, donde abrieron una carnicería, que era conocida como La Murciana. A la familia que queda en Puerto Lumbreras se la denomina de ´los Sánchez´ y hay quien especula con que pudiera tener un parentesco lejano con otros Sánchez, los de la rama del exalcalde del pueblo y luego presidente de la Comunidad. 

En el carné de identidad del padre del Jordi lumbrerense se indicaba que había nacido en Lorca, pues fue expedido antes de que Puerto Lumbreras se municipalizara. Tal vez el espíritu independentista del ahora encarcelado nazca de los paisanos de sus padres que en su día promovieron con éxito que ese núcleo se segregara de Lorca, del que hasta entonces era una pedanía, cosa que ocurrió en 1958.

(*) Columnista


http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2017/11/26/ciudadanos-subidon/878290.html 

Cartagena, 'día D' / Joaquín García Cruz *

Al Gobierno de Rajoy le entró un tembleque cuando los servicios de inteligencia alertaron de que esa noche, la del viernes, 17 de noviembre, otras noventa pateras habían zarpado de Argelia, todas ellas con la bocana del puerto de Cartagena en los vectores de navegación. Ya habían arribado esa misma tarde 200 inmigrantes en una veintena de chalupas, pero de camino venían 900 'sin papeles' más. 

La puesta en libertad de muchos de los 284 argelinos interceptados dos semanas antes, debido a la falta de sitio en el CIE de Sangonera y en las comisarías, había generado un 'efecto llamada' que empujó a las mafias a desencadenar una operación masiva que el nuevo delegado del Gobierno, Francisco Bernabé, no dudó en tildar de «ataque coordinado y sin precedentes contra la Unión Europea». 

La bondad inusual del clima en esta época del año, con el agua del mar a una temperatura rayana en los 20 grados, y la facilidad para sobornar a unos policías a los que la Administración de Bouteflika no paga el sueldo desde hace meses, hicieron el resto.

Para formarse una mejor idea de la dimensión del fenómeno migratorio con destino en Cartagena, hay que sumar a los 200 'sin papeles' atendidos el 17 de noviembre los casi 300 que fueron liberados a principios de mes, y los 405 arrestados en la segunda semana de octubre: casi un millar de irregulares en apenas un mes, y otros tantos surcando el Estrecho, también rumbo a Cartagena, en las noventa pateras que aquella noche del viernes pusieron de los nervios al Gobierno de Rajoy. 

Ningún otro puerto de España había recibido a tantos inmigrantes de una tacada, y la previsión meteorológica, de un lado, y la agudización de las difíciles circunstancias socioeconómicas que sufre Argelia, por otra parte, presagiaban que la oleada se repetiría.

Mientras la Cruz Roja desplegaba su labor humanitaria en los muelles de Cartagena, un gabinete de crisis nunca visto antes en la Región coordinaba la asistencia de los cientos de 'sin papeles' ya desembarcados y aceleraba al máximo las diligencias tendentes a su expulsión, para lo que se habilitó un polideportivo con víveres y literas y se montaron, de acuerdo con el Tribunal Superior de Justicia, 'juzgados de campaña' con abogados de oficio que en un santiamén ordenaban -no sin las críticas de algunos colegas en las redes sociales- el internamiento provisional de los inmigrantes hasta que pudieran ser devueltos a Argelia una vez verificada su identidad, ardua tarea porque suelen viajar sin documentos y algunos se declaran menores de edad con el fin de evitar su deportación.

La diplomacia se pone en marcha

Aquel 'día D', La Moncloa tomó cartas en Cartagena. Fuera del foco de atención de los medios de comunicación, otras gestiones tenían lugar en Murcia y Madrid a un ritmo frenético. El presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, estuvo en contacto telefónico constante con el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, y el delegado del Gobierno en Murcia hacía lo propio con la secretaria general de Inmigración y Emigración. 

El dispositivo que se puso en marcha perseguía tres objetivos. Antes que nada, se imponía cambiar el 'efecto llamada' por el 'efecto puerta cerrada', para que los GPS de las mafias argelinas viraran hacia otros lugares y -como parece que finalmente sucedió- se olvidaran por un tiempo de tocar costa española. 

La segunda finalidad del operativo era la de evitar que los 'sin papeles' reventaran la capacidad de los servicios sociales de España con una irrupción masiva y la consiguiente saturación asistencial de un solo lugar, Cartagena en este caso. Para lograrlo, se ordenó neutralizar en alta mar a las noventa pateras adicionales detectadas por los servicios de inteligencia y distribuir a sus tripulantes en varios puertos, entre ellos, Almería y Alicante; tres embarcaciones de Salvamento Marítimo y patrulleros de la Armada Española y de la Guardia Civil levaron anclas de noche e interceptaron algunas barcazas; otras, al saberse sorprendidas, optaron por dar la vuelta y regresar a Argelia. 

De los casi 500 'sin papeles' que, aun así, pisaron tierra en Cartagena, 474 fueron trasladados a la cárcel sin estrenar de Archidona (Málaga) por los antidisturbios de las UIP (unidades de intervención policial) enviados desde Madrid por la Dirección General de Policía. Hasta la ONU ha censurado el arresto entre rejas de estos inmigrantes, que cometieron una falta administrativa (entrar sin permiso en el país), pero no un delito que deba castigarse con la reclusión. 

Y eso, pese a que, contra lo que algunas ONG denuncian estos días, su estancia en la cárcel tiene la cobertura legal de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, siempre que no se les mezcle con presos condenados ni se les retenga más allá de 60 días. Después de aquel viernes que puso al Gobierno en jaque, han arribado a Cartagena de forma escalonada otros 120 argelinos, la mayoría de los cuales permanecen en el CIE de Madrid a la espera del papeleo.

Pero aquel dispositivo especial al que dio lugar el «ataque coordinado y sin precedentes contra la Unión Europea» en Cartagena tenía un tercer objetivo, este de carácter diplomático. Zoido le leyó la cartilla en Madrid a la embajadora de Argelia, a quien reclamó -veremos si con éxito- que Bouteflika ponga coto a las mafias que engatusan a los inmigrantes. Aunque pecara de impetuoso al adjetivar como «ataques» las llegadas masivas de pateras, Francisco Bernabé acertó con su apelación a la UE, que no puede quedarse al margen de lo sucedido en Cartagena, porque España forma parte de sus fronteras exteriores.

 Cuesta confiar en que Bruselas se ocupará de unos cuantos miles de argelinos que solo pretenden mejorar sus condiciones de vida y recalan aquí de paso hacia Francia y Bélgica, donde cuentan con amigos, familiares y oportunidades, si antes no los pillan. La Comisión Europea se enfrenta a su mayor crisis humanitaria desde la Segunda Guerra Mundial, con un millón de peticionarios de asilo, muchos de los cuales huyen realmente del infierno. 

Pero tendrá que engrasar mejor su maquinaria legal y reforzar los mecanismos de solidaridad. Solo el año pasado, llegaron a sus 28 países miembros 720.000 inmigrantes, el triple de los que recibieron en conjunto EE UU, Canadá y Australia, por lo que el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, anunció en su último discurso sobre el estado de la Unión un programa de ayuda a África, algo parecido a un 'plan Marshall', con el que combatir en origen la pobreza y las desigualdades sociales.

Ojalá funcione. Si la buena intención de Juncker no se traduce en una recuperación de la dignidad al otro lado del Mediterráneo, no habrá barcos para rescatar a tantos inmigrantes ni dispositivos capaces de atenderlos ni aviones ni ataúdes donde meterlos.

(*) Columnista


http://www.laverdad.es/murcia/cartagena-20171126084511-nt.html 

¿Y la europea? / Jorge Moruno *

Desde hace ya varios años y sobre todo a raíz de la crisis económica, ha tomado fuerza política una vuelta al refugio de las identidades nacionales, normalmente de tinte reaccionario, que abogan por la disolución de la UE como vía para resolver los problemas derivados de la crisis: Make Europe shit again. 

Hasta ahora los mandatarios de la UE vienen celebrando frenar a la extrema derecha electoral en países como Francia y Holanda, sin embargo no hace falta ganar en votos para condicionar el aire que se respira en sociedad. Ejemplos como Hungría, Austria, el ascenso de AfD en Alemania con la consecuente inestabilidad para formar gobierno no resuelta, o la reciente manifestación nacional polaca, hacen que éste sea un problema de primer orden. 

A ésto podemos añadir e ir anticipando que los efectos de la retirada de los estímulos monetarios del BCE no aportarán nada bueno, especialmente a países como España. Ante los sucesivos ‘desafíos’ planteados, independientemente del origen y la motivación de la crítica, la UE ha respondido siempre del mismo modo. Su actitud fue la misma contra Syriza hasta que alcanzó el gobierno, instante desde el cual la UE –y la socialdemocracia-, lejos de aprovechar su victoria como una oportunidad para salvar a Europa decidió enterrarla y destrozar a Grecia para escarmentarles, a ellos y a quien demande una mayor democratización.

Pero, ¿qué nos dice esa actitud de la UE cuando insiste en negar las causas que ponen en peligro su viabilidad futura? Si bien el 57% de los europeos observan a la UE como algo bueno, una “comunidad de estabilidad presupuestaria” tal y como la imaginaban los ordoliberales alemanes, solo puede concebirse como un mero y frágil cálculo de cuentas. Toda identidad necesita de elementos emocionales impermeables a los argumentos racionales y la débil construcción de la identidad europea carece de ellos. 

El problema de Europa es la anemia pasional que arrastra, porque tal y como recuerda quien fuera Presidente de la Comisión Europea, Jacques Delors, “nadie se enamora de un mercado común, se necesita otra cosa”. Desde el momento en que se buscan respuestas ante la incertidumbre, este déficit de pertenencia en la identidad europea provoca y facilita el retorno a lo nacional.

La identidad europea, en su incapacidad y su negativa por atender lo suficiente a estos elementos inherentes a la vida pasional colectiva, esto es a la vida social, ha permitido que acaben encontrando en la certeza de lo nacional una salida donde poder desfogarse de la peor manera. Negando asumir la condición humana, la UE ha provocado que la dimensión afectiva acabe por refugiarse en aquellas construcciones que ofrecen un marco que simboliza al mundo, nuestra presencia y convivencia en él. Tratando de dejar atrás los nacionalismos y el siglo XX, la UE ha dejado atrás los elementos constitutivos de toda forma de identidad, que de haber forjado la europea, podría haber reducido los nacionalismos, lo cual no significa disolver las distintas formas de pertenencia en aras de una lectura plana “cosmopolita”.

Carl Schmitt, tan lúcido como reaccionario, consideraba que “la unidad global del mundo corresponde a la visión técnico industrial del mundo”. El problema reside en que la técnica pretende sustituir a lo que es insustituible, esto es, que “el problema crucial del orden mundial es siempre un problema político”. Europa ha intentado construirse de ese modo anodino que describe Schmitt, tratando de olvidar la política y elevar la técnica como modo de organizar la convivencia. 

La UE, en lugar de hacerse cargo, no de las expresiones antieuropeistas por supuesto, sino de las motivaciones que las impulsan y canalizan, opta por despreciarlas en virtud de una superación aristocrática-técnica que no es capaz de acogerlas en su seno. En lugar de preocuparse por ofrecer una brújula y un fin deseable a esa búsqueda de sentido por parte de las sociedades europeas, la UE parece regañar a los pueblos. El secuestro de la democracia bajo la omnímoda presencia de las necesidades financieras, condiciona y desgarra cualquier forma de comunidad.

Si el problema de la UE es que se centra solo en los efectos y se olvida de las causas, eso significa que la propia UE se convierte en la causa de los problemas: el nacionalismo del siglo XXI ensalza lo nacional en defensa de una Europa enfrentada a la UE. El retorno al nacionalismo comparte en sus diferencias el mismo origen señalado: Europa. 

Una manera inicial de construir identidad europea puede pasar por invertir esa relación. Sentir pertenecía gracias a que se comparte un mismo origen: Europa. La identidad, cualquiera que ésta sea, necesita de lazos que generen apego, significaciones e imaginarios compartidos que doten de sentido a la realidad. 

Compartir derechos y bienestar que emane de Europa, junto con una mayor capacidad de intervención democrática, es un primer paso que necesariamente obliga a revisar la arquitectura institucional de la UE. No parece ser hoy la tendencia actual, pero el objetivo democrático no puede ser otro que construir la federación de los ‘Estados Unidos de Europa’.

(*) Sociólogo y escritor

https://www.cuartopoder.es/ideas/opinion/2017/11/25/ue-y-la-europea/#more-80340 

Puigdemont y la unilateralidad / José Antich *

Que la política catalana ha entrado de lleno en la campaña electoral es una evidencia. Como lo es también que por más que haya intentos desesperados de algunos por presentar esta campaña como normal no tiene nada de ello. Absolutamente nada. 

Sino, cómo se entiende que El Nacional haya tenido que viajar hasta Bruselas para entrevistar al president de la Generalitat en el exilio. ¿Porque está en el exilio, no? ¿O cómo debe denominarse el lugar donde está el president catalán que ha sido desposeído de su cargo no por el Parlament, tampoco por el pueblo de Catalunya, sino por el gobierno español?

La Junta Electoral puede obligar a los medios públicos a que no le consideren el president en el exilio y prohibirles que empleen esta expresión, pero es como poner puertas al campo. Josep Tarradellas era president en el exilio y Puigdemont también lo es. Digamos que la campaña catalana se juega entre Barcelona y Bruselas y tiene permanentemente una mirada en las prisiones de Estremera y Alcalá-Meco, donde están los consellers presos y los Jordis, Sànchez y Cuixart.

Puigdemont está fuerte y animoso. Se expresa con contundencia y claridad. Directo en sus respuestas. Muy enfadado con las falsedades que se publican y de las que hace responsables a los grandes grupos de comunicación de allá y de aquí y al Estado español en sus diferentes actores desde Felipe VI al delegado Millo. No acepta que se consideren normales estas elecciones. No da ninguna de las partidas por perdidas y confía en la respuesta de la gente el 21-D. Las elecciones que deben restaurar en las urnas el Govern legítimo de Catalunya. Se muestra dispuesto al diálogo y a la negociación, como siempre.

Pero, atención, no renuncia a la unilateralidad y tampoco al referéndum del 1 de octubre, que considera plenamente vigente, y a la aprobación de la República por el Parlament de Catalunya. El 21-D también se podrá votar su legitimidad y pide a la ciudadanía que derrote el 155 —a la banda del 155, dice— y que diga no a lo que considera literalmente un golpe de estado. Una entrevista intensa que merece ser leída. Y guardada.

(*) Periodista y ex director de La Vanguardia

http://www.elnacional.cat/es/editorial/jose-antich-puigdemont-unilateralidad_216147_102.html 

El referéndum pactado es este / Ramón Cotarelo *

Vamos a ahorrarnos las habituales observaciones sobre los sondeos, la oportunidad de su publicación, su posible intencionalidad. Sobre eso está ya todo dicho. Vamos, incluso, a dar por buenos los resultados de Metroscopia para El País. Lo que nos interesa es el carácter de estas elecciones y sus consecuencias.

Fueron convocadas vía artículo 155 por el presidente del gobierno, al tiempo que suspendía la autonomía catalana y destituía a sus gobernantes, la mitad de los cuales está en la cárcel y la otra mitad en el exilio. Lo fueron como elecciones autonómicas y debidas a la presión de la Unión Europea. Es obvio que la consulta no favorece al bloque nacional español. Lo cual no obsta para que la vicepresidenta se la atribuya, haciendo de necesidad virtud y pensando que la gente es tonta y no se entera.

Desde el primer momento, aun considerando las elecciones ilegales e ilegítimas en la perspectiva de la legalidad catalana, los indepes decidieron participar en ellas. Y desde el primer momento también se entendieron como un referéndum en torno a la cuestión en debate, independencia sí o no y, más en concreto, consolidación de la República Catalana ya efímeramente proclamada o renuncia a la independencia. Es decir, la consulta formalmente autonómica entre diversas opciones políticas, dadas las circunstancias, se convertía en una elección dicotómica, un referéndum de hecho.

Cierto que los indepes han decidido ir por separado, en contradicción con su idea de la consulta como referéndum, pero se han apresurado a explicar que se trata de una opción táctica (determinar el apoyo real de cada partido) que no empece la unidad estratégica. Es decir, las elecciones del 21D son un referéndum desde el punto de vista de los indepes. República Catalana sí o no.

Ahora también lo es para el bloque nacional español, según se desprende del lenguaje de El País. Para este, el "bloque constitucionalista" empata con el independentista. Semántica. Otros lo llaman "bloque del 155" y otros "bloque nacional español" y hasta "triunvirato" (Rajoy, Sánchez, Rivera). El nombre da igual. Lo importante es que todos hablan de "bloque". Un "bloque" contra otro bloque. Una opción dicotómica. Un referéndum, se le ponga el nombre que se le ponga. 

Si los dos bloques empatan o uno de ellos gana al otro se verá el 21D y por cuánto.

Hay en esta situación una enseñanza que serviría para algo si quienes han protagonizado esta historia en los últimos años tuvieran una capacidad mínima de autocrítica. 

¿Acaso no es evidente que todo el desbarajuste organizado para evitar un referéndum de autodeterminación pactado no ha servido para nada? ¿No lo es que las represiones, los apaleamientos, las intervenciones, los procesos, las algaradas, las agresiones, los encarcelamientos, el exilio, la parálisis de las administraciones, etc., nos han llevado precisamente el punto que pretendían evitar, la celebración de un referéndum de autodeterminación?

¿No lo es que quien se ha visto obligado a convocar un referéndum que trató de suprimir a toda costa, incluida la violencia, debiera dimitir? Como debiera haberlo hecho mucho antes a cuenta de los sobresueldos.

Pero la política de la derecha consiste en enfrentarse a los hechos cambiándoles el nombre. Se trata de unas elecciones autonómicas, no de un referéndum. Para ella, este empecinamiento es base suficiente para justificar su actitud según sea el resultado. Dicho de otro modo, si el resultado es favorable a la República Catalana, el bloque nacional español querrá no aceptarlo y, para ello, habrá de prorrogar ya sine die el artículo 155, lo cual llevará al país a un conflicto con Europa.

(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED