Al Gobierno de Rajoy le entró un tembleque cuando los servicios de
inteligencia alertaron de que esa noche, la del viernes, 17 de
noviembre, otras noventa pateras habían zarpado de Argelia, todas ellas
con la bocana del puerto de Cartagena en los vectores de navegación. Ya
habían arribado esa misma tarde 200 inmigrantes en una veintena de
chalupas, pero de camino venían 900 'sin papeles' más.
La puesta en
libertad de muchos de los 284 argelinos interceptados dos semanas antes,
debido a la falta de sitio en el CIE de Sangonera y en las comisarías,
había generado un 'efecto llamada' que empujó a las mafias a
desencadenar una operación masiva que el nuevo delegado del Gobierno,
Francisco Bernabé, no dudó en tildar de «ataque coordinado y sin
precedentes contra la Unión Europea».
La bondad inusual del clima en
esta época del año, con el agua del mar a una temperatura rayana en los
20 grados, y la facilidad para sobornar a unos policías a los que la
Administración de Bouteflika no paga el sueldo desde hace meses,
hicieron el resto.
Para formarse una mejor idea de la dimensión
del fenómeno migratorio con destino en Cartagena, hay que sumar a los
200 'sin papeles' atendidos el 17 de noviembre los casi 300 que fueron
liberados a principios de mes, y los 405 arrestados en la segunda semana
de octubre: casi un millar de irregulares en apenas un mes, y otros
tantos surcando el Estrecho, también rumbo a Cartagena, en las noventa
pateras que aquella noche del viernes pusieron de los nervios al
Gobierno de Rajoy.
Ningún otro puerto de España había recibido a tantos
inmigrantes de una tacada, y la previsión meteorológica, de un lado, y
la agudización de las difíciles circunstancias socioeconómicas que sufre
Argelia, por otra parte, presagiaban que la oleada se repetiría.
Mientras
la Cruz Roja desplegaba su labor humanitaria en los muelles de
Cartagena, un gabinete de crisis nunca visto antes en la Región
coordinaba la asistencia de los cientos de 'sin papeles' ya
desembarcados y aceleraba al máximo las diligencias tendentes a su
expulsión, para lo que se habilitó un polideportivo con víveres y
literas y se montaron, de acuerdo con el Tribunal Superior de Justicia,
'juzgados de campaña' con abogados de oficio que en un santiamén
ordenaban -no sin las críticas de algunos colegas en las redes sociales-
el internamiento provisional de los inmigrantes hasta que pudieran ser
devueltos a Argelia una vez verificada su identidad, ardua tarea porque
suelen viajar sin documentos y algunos se declaran menores de edad con
el fin de evitar su deportación.
La diplomacia se pone en marcha
Aquel
'día D', La Moncloa tomó cartas en Cartagena. Fuera del foco de
atención de los medios de comunicación, otras gestiones tenían lugar en
Murcia y Madrid a un ritmo frenético. El presidente de la Comunidad
Autónoma, Fernando López Miras, estuvo en contacto telefónico constante
con el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, y el delegado del
Gobierno en Murcia hacía lo propio con la secretaria general de
Inmigración y Emigración.
El dispositivo que se puso en marcha perseguía
tres objetivos. Antes que nada, se imponía cambiar el 'efecto llamada'
por el 'efecto puerta cerrada', para que los GPS de las mafias argelinas
viraran hacia otros lugares y -como parece que finalmente sucedió- se
olvidaran por un tiempo de tocar costa española.
La segunda finalidad
del operativo era la de evitar que los 'sin papeles' reventaran la
capacidad de los servicios sociales de España con una irrupción masiva y
la consiguiente saturación asistencial de un solo lugar, Cartagena en
este caso. Para lograrlo, se ordenó neutralizar en alta mar a las
noventa pateras adicionales detectadas por los servicios de inteligencia
y distribuir a sus tripulantes en varios puertos, entre ellos, Almería y
Alicante; tres embarcaciones de Salvamento Marítimo y patrulleros de la
Armada Española y de la Guardia Civil levaron anclas de noche e
interceptaron algunas barcazas; otras, al saberse sorprendidas, optaron
por dar la vuelta y regresar a Argelia.
De los casi 500 'sin papeles'
que, aun así, pisaron tierra en Cartagena, 474 fueron trasladados a la
cárcel sin estrenar de Archidona (Málaga) por los antidisturbios de las
UIP (unidades de intervención policial) enviados desde Madrid por la
Dirección General de Policía. Hasta la ONU ha censurado el arresto entre
rejas de estos inmigrantes, que cometieron una falta administrativa
(entrar sin permiso en el país), pero no un delito que deba castigarse
con la reclusión.
Y eso, pese a que, contra lo que algunas ONG denuncian
estos días, su estancia en la cárcel tiene la cobertura legal de la
jurisprudencia del Tribunal Supremo, siempre que no se les mezcle con
presos condenados ni se les retenga más allá de 60 días. Después de
aquel viernes que puso al Gobierno en jaque, han arribado a Cartagena de
forma escalonada otros 120 argelinos, la mayoría de los cuales
permanecen en el CIE de Madrid a la espera del papeleo.
Pero aquel
dispositivo especial al que dio lugar el «ataque coordinado y sin
precedentes contra la Unión Europea» en Cartagena tenía un tercer
objetivo, este de carácter diplomático. Zoido le leyó la cartilla en
Madrid a la embajadora de Argelia, a quien reclamó -veremos si con
éxito- que Bouteflika ponga coto a las mafias que engatusan a los
inmigrantes. Aunque pecara de impetuoso al adjetivar como «ataques» las
llegadas masivas de pateras, Francisco Bernabé acertó con su apelación a
la UE, que no puede quedarse al margen de lo sucedido en Cartagena,
porque España forma parte de sus fronteras exteriores.
Cuesta confiar en
que Bruselas se ocupará de unos cuantos miles de argelinos que solo
pretenden mejorar sus condiciones de vida y recalan aquí de paso hacia
Francia y Bélgica, donde cuentan con amigos, familiares y oportunidades,
si antes no los pillan. La Comisión Europea se enfrenta a su mayor
crisis humanitaria desde la Segunda Guerra Mundial, con un millón de
peticionarios de asilo, muchos de los cuales huyen realmente del
infierno.
Pero tendrá que engrasar mejor su maquinaria legal y reforzar
los mecanismos de solidaridad. Solo el año pasado, llegaron a sus 28
países miembros 720.000 inmigrantes, el triple de los que recibieron en
conjunto EE UU, Canadá y Australia, por lo que el presidente de la
Comisión, Jean-Claude Juncker, anunció en su último discurso sobre el
estado de la Unión un programa de ayuda a África, algo parecido a un
'plan Marshall', con el que combatir en origen la pobreza y las
desigualdades sociales.
Ojalá funcione. Si la buena intención de
Juncker no se traduce en una recuperación de la dignidad al otro lado
del Mediterráneo, no habrá barcos para rescatar a tantos inmigrantes ni
dispositivos capaces de atenderlos ni aviones ni ataúdes donde meterlos.
(*) Columnista
http://www.laverdad.es/murcia/cartagena-20171126084511-nt.html
No hay comentarios:
Publicar un comentario