sábado, 23 de septiembre de 2017

Más de 4.000 murcianos han registrado su testamento vital desde 2006


MURCIA.- Más de 4.000 murcianos han registrado su testamento vital en el Registro Murciano de Instrucciones Previas desde su puesta en marcha en enero de 2006.

El documento de instrucciones previas fomenta la autonomía del paciente para que cualquier persona mayor de edad, capaz y libre, pueda manifestar de forma anticipada sus deseos sobre los cuidados que desea recibir cuando se produzcan unas circunstancias clínicas que le impidan comunicar personalmente su voluntad.
La directora general de Planificación, Investigación, Farmacia y Atención al Ciudadano, María Teresa Martínez, subrayó la importancia de redactar un documento de instrucciones previas o testamento vital, regulado en la Región por el Decreto 80/2005, «para que se cumplan los deseos de los pacientes en asuntos relativos a su salud, como la donación de órganos, cuidados y tratamiento y el destino de su cuerpo».
En este sentido, Martínez reiteró que para ser donante de órganos no es suficiente con tener el carnet de donante, sino que es fundamental indicarlo en el texto de instrucciones previas.
Martínez precisó que son 4.073 los documentos de instrucciones previas registrados hasta el 1 de septiembre. De ellos, 419 se realizaron en los últimos doce meses, lo que supone un notable incremento respecto a otros años.
El testamento vital recoge los deseos de las personas sobre la donación de órganos, destino del cuerpo al fallecimiento y asistencia religiosa. Lo puede realizar cualquier persona mayor de edad, en sus plenas capacidades, ante tres testigos, también mayores de edad, y el funcionario del Registro de Instrucciones Previas o ante notario.
El documento se puede descargar en el portal sanitario www.murciasalud.es, y debe ser rellenado y formalizado en el registro específico o en el centro de referencia sanitaria del ciudadano. Este es archivado en una base de datos telemática a disposición de los profesionales del Servicio Murciano de Salud.
La directora explicó que este escrito posibilita nombrar a un representante que, en caso de no haber formalizado el documento, será el encargado de poner en conocimiento de los profesionales sanitarios la existencia de dicho documento.
Al respecto, recomendó que «siempre es aconsejable comunicar y hacer partícipes de este tipo de decisiones tan delicadas a los familiares o seres más allegados».
De los 4.073 documentos registrados, el 61% corresponde a mujeres y el 39%, a hombres. En cuanto a la nacionalidad, el 90% de los registrados son españoles, y el 10%, extranjeros.
En cuanto a los motivos de la declaración, el 99% de las instrucciones expresan los cuidados y tratamientos que desean recibir, mientras que la mitad también indican su voluntad respecto al destino de su cuerpo, y un 39% refleja su decisión sobre donación de órganos.
Una vez formalizada la ficha, puede entregarse en el Registro de Instrucciones Previas, dependiente de la Consejería de Salud, que se encuentra en la Calle Pinares, 6 de Murcia, para su inscripción, o en el centro sanitario donde sea atendido.

La Región es la segunda comunidad peor financiada de España


MADRID.- La Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía son las comunidades que cuentan con peor financiación autonómica con el actual sistema, al ser la cuantía que reciben por habitante inferior a la media de las de régimen común. También se encuentran en esta situación Madrid y Cataluña.

Así se refleja en el informe 'La evolución de la financiación de las comunidades autónomas de régimen común, 2002-2015', del experto Ángel de la Fuente, director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), que ha publicado esta semana el BBVA.
En este trabajo se determina la posición relativa de las distintas comunidades autónomas en términos de financiación por unidad de necesidad, al contemplar un conjunto de competencias homogéneas, comunes a todas ellas, por habitante ajustado.
Además, ilustra la evolución de la financiación a lo largo de todos los ejercicios, desde 2002 hasta el 2015, año en el que cinco comunidades autónomas cuentan con un cuantía por habitante ajustado inferior a la de la media.
Las que salen peor paradas son la Comunidad Valenciana, con 2.178 euros y Murcia, con 2.236, frente a los 2.354 del conjunto de comunidades de régimen común. En este grupo por debajo de la media también se encuentran Andalucía (2.272 euros), seguida de Madrid (2.308) y Cataluña (2.312).
Esta situación contrasta con la de Cantabria, con 2.906 euros por habitante, y La Rioja (2.844), que son las comunidades mejor financiadas, según este índice, seguidas de Extremadura (2.693), Baleares (2.553) y Castilla y León (2.515).
Unas diferencias "muy grandes" entre las comunidades de régimen común que son "difícilmente justificables", según Ángel de la Fuente, quien indicó que si el objetivo es que cada autonomía pueda prestar servicios similares lo lógico es que la financiación por unidad de necesidad "fuese muy parecida".
A su juicio, las desigualdades en el sistema parten desde el origen, al salir unas comunidades "con una posición mejor que otras" desde el momento en el que se descentralizaron las servicios que inicialmente prestaba el Estado.
También hay "un componente de negociación", ya que a la hora de negociar la valoración de los traspasos de competencias, unas comunidades "negociaron mejor que otras", explicó De la Fuente.
Después, esas diferencias iniciales "se van manteniendo, porque en cada renovación del sistema siempre ha habido una cláusula de 'statu quo' que tiende a congelar la distribución" de los fondos, a lo que se suman otros factores, como la evolución de las rentas de las comunidades.
Al final, el resultado de la financiación autonómica actual es "bastante discutible", aseguró, a la hora de garantizar la prestación igualitaria de los servicios públicos.
Por eso, como uno de los expertos designados por el Gobierno y las comunidades para revisar el actual modelo de financiación autonómica considera que uno de los objetivos es solucionar esta"dispersión demasiado grande" que hay entre lo que reciben unas comunidades y otras en función de sus necesidades poblaciones.
Las grandes diferencias de financiación que se observan entre autonomías "van en contra del principio de igualdad", advirtió De la Fuente, ya que el sistema ha evolucionado "poniendo parches" y ha mantenido la "desigualdad y arbitrariedad" que ya se observaba en un principio, aunque también ha habido "muchas mejoras puntuales". Por ejemplo, la introducción del Fondo de Garantía y la revisiónal alza de la financiación de Baleares con el sistema de 2009.
El modelo de financiación está pendiente de reforma y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ratificó su voluntad de hacerla este mismo año durante su reciente visita a Valencia.

Una nieta del empresario murciano Tomás Fuertes pierde las formas con la prensa en un alarde de mala educación

 
MURCIA.- Ocurría en un concierto que daba Maluma en Madrid el pasado día 20, antes de visitar anoche la ciudad de Murcia. Felipe Juan Froilán de Todos los Santos y la murciana Mar Torres acudieron al espectáculo y, según han contado varios fotógrafos, la chica empezó a increparles.

"Dejadnos en paz, sois unos desagradecidos y no valéis para nada", afirman los fotógrafos que les dijo la joven, de 19 años. Ellos se defendían diciendo que estaban haciendo su trabajo.
Según informan varios portales del corazón, la pareja abandonó el concierto cada uno por su lado para evitar la foto: ella se fue por el sitio de la prensa y a Froilán le metieron por el garaje. Además, siempre según testigos, se fue haciendo cortes de mangas.
A la pareja no le hizo demasiada gracia que los periodistas quisieran inmortalizar el momento.
La pareja de Froilán se "encaró con la prensa", según han asegurado varios periodistas en el programa que presenta María Patiño. Tal y como han desvelado en 'Socialité', la novia del nieto de Juan Carlos I entró al concierto advirtiendo a la prensa:"Que le dejéis en paz. No le dejáis hacer su vida".
A pesar de que los periodistas insistieron en que "solamente queremos hacer una foto" para que puedan entrar al "concierto tranquilos", Mar Torres se volvió a dirigir a la prensa para criticar su trabajo: "No valéis para nada. Menudo trabajo...". Viendo que los fotógrafos no desistían en su empeño, la novia de Froilán optó por llamar la atención de la Policía.
 "Estaba rodeada de Policías y se puso a gritar para que se acercara y dijeran: '¿Algún problema?'. La Policía pasó, nos vio las cámaras y se percató de que éramos fotógrafos", explicó uno de los periodistas a 'Socialité'.
La cosa no terminó ahí. Los periodistas han confesado a María Patiño que Froilán les dedicó una "afectuosa despedida".
"Salió corriendo desde lejos y empezó a realizar cortes de manga y a sacar los dedos con las dos manos", ha apuntado uno de los periodistas. La actitud de la pareja no ha gustado a los periodistas que han descrito a Mar Torres-Fontes como una "chula, violenta y prepotente".
Mar es hija de Juan Torres-Fontes Suárez y María del Mar Fuertes Quintanilla y descendiente directa del Conde de Roche por vía paterna. 
Su abuelo materno es el chacinero alhameño Tomás Fuertes, uno de los tres propietarios del Grupo Fuertes, uno de los holding empresariales españoles más importantes y cuyo buque insignia es ElPozo Alimentación.

El coronel yeclano Diego Pérez de los Cobos coordinará a los Mossos el 1-O desde el Ministerio del Interior


YECLA.-El yeclano Diego Pérez de los Cobos, director de Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad y coronel de la Guardia Civil, es la persona designada como 'director técnico' por la Fiscalía para coordinar a los Mossos, Guardia Civil y Policía para impedir la celebración del referéndum.

Nacido en el Altiplano murciano en 1964, ha ocupado diversos puestos de responsabilidad dentro de las instituciones españolas en los diferentes gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy.
Su padre, Antonio Pérez de los Cobos Cuadrado, fue candidato de la formación Fuerza Nueva a las elecciones generales de 1977 y su hermano, Francisco Pérez de los Cobos, también yeclano, fue presidente del Tribunal Constitucional.
Diego Pérez de los Cobos es, actualmente, uno de los hombres de la máxima confianza del actual secretario de Estado, José Antonio Nieto, -también lo fue del anterior, Francisco Martínez- y
se le atribuyen directamente, entre otras decisiones, el haber dado orden a la Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional de disolver la polémica Brigada de Análisis y Revisión de Casos (BARC), que elaboró, bajo mandato del exnúmero dos de este cuerpo Eugenio Pino, informes sobre el 11M, Marta del Castillo o el caso Faisán.

Quién es Diego Pérez

El director de Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad y coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, es la persona designada como “director técnico” por la Fiscalía para coordinar a Mossos, Guardia Civil y Policía para impedir la celebración del referéndum el 1 de octubre.
Así se lo ha comunicado el fiscal jefe del tribunal Superior de Catalunya, José María Romero de Tejada, a los máximos responsables de estos tres cuerpos, a los que ha informado primero de que la Secretaría de Estado asumía la coordinación de las actuaciones de todas las fuerzas de seguridad por el 1-O.
Pérez de los Cobos, de 53 años, es coronel de la Guardia Civil y desde hace once años está vinculado al Ministerio del Interior. Es diplomado de Estado Mayor.
En julio de 2006 Diego Pérez de los Cobos se incorporó al Ministerio como asesor en el gabinete del entonces ministro Alfredo Pérez Rubalcaba. Cinco años después, en julio de 2011, cuando asumió la cartera Antonio Camacho, Diego Pérez de los Cobos fue designado para el puesto de director del Gabinete de Coordinación y Estudios que actualmente ocupa, habiendo permanecido en el mismo durante la etapa de Jorge Fernández Díaz como ministro y en la actual de Juan Ignacio Zoido.
 En este puesto tiene las funciones de “desarrollar los planes directores y operativos en materia de seguridad ciudadana, coordinando la actuación de las fuerzas y cuerpos de la seguridad del Estado en dicho ámbito, así como la de estos con las policias autonómicas y locales”, detalla ACN citando a Interior.
“El ejercicio de este cargo obliga a mantener una interlocución fluida con las policías autonómicas; no en vano, es uno de los cuatro representantes del Ministerio del Interior a la Junta de Seguridad de Catalunya, órgano de coordinación policial entre ambas administraciones”, añaden desde el ministerio.
Su padre fue parte de la candidatura en Murcia del partido de extrema derecha Fuerza Nueva para el Congreso de los Diputados en las elecciones generales de 1977.
Es hermano de Francisco Pérez de los Cobos, exmagistrado del Tribunal Constitucional entre 2011 y 2017 y presidente entre 2014 y 2017. Bajo la batuta de su hermano, el 2 de diciembre de 2015 el Constitucional dictó por unanimidad la sentencia clave de toda la ofensiva judicial contra el procés.
En ella declaró inconstitucional y nula la resolución del Parlament de Catalunya sobre el inicio del camino a la independencia. Esa sentencia es en la que se apoyan todos los incidentes de ejecución presentados posteriormente por el Gobierno central.

Cataluña en pie / Ramón Cotarelo *

No estamos asistiendo a la caída de un gobierno, sino al hundimiento de un régimen, el de la III Restauración borbónica. Hasta aquí ha llegado la Monarquía que se inventó Franco. No ha sabido esta desmarcarse de aquel estigma. O los franquistas no le han dejado. Y aquí está entre las tarascadas agónicas de un Estado represivo con una poderosa maquinaria de overkilling que no le sirve para nada. Los antidisturbios atracados en sus barcos de Looney Tunes, en espera de que haya unos disturbios que solo ellos pueden provocar porque el pueblo catalán está en un movimiento amplio, profundo, poderoso, pero al tiempo, pacífico, festivo.

Los jueces y los fiscales (ese nuevo Eliot Ness reprobado por el Parlamento en su lucha por la prohibición) despliegan una actividad intimidatoria, amenazadora, represiva. Multas, denuncias, querellas, con sus correspondientes debates sobre legalidad, procedimiento, abuso de poder, conculcación de derechos llueven sobre círculos cada vez más amplios de personas: cargos públicos, políticos, dirigentes sociales, manifestantes, alcaldes. 
 
Están a punto de caer en la aberración de una causa general contra el independentismo: todo aquel que lleve una estelada es perseguible. Un intento tan delirante como antiguo de eliminar la libertad de expresión y restablecer los "delitos de opinión". Ahora acusan de sedición a los responsables de los actos "tumultuarios" de protesta por los registros de hace dos días. Mañana pueden acusar de rebelión. Por acusar y procesar que no falte, a ver si los indepes deponen su actitud.

Los estudiantes se han echado a la calle. Los fuegos fatuos del 68 se unen con los rescoldos del 15M y confluyen en el proceso independentista, dándole un alcance y fondo imposibles de prever. Se han añadido los curas. La movilización social se ha hecho permanente. Total, quedan ocho días. Y el mundo entero vigilando. Está claro que el Estado no dispone de los medios para hacer frente a la situación en los términos que planeó en un primer momento: que los indepes muerdan el polvo. Dado que esto es ya imposible, el problema es cómo se da marcha atrás o se cambia el rumbo sin que parezca una derrota en toda regla.

Tanto si el referéndum se celebra como si el Estado consigue impedirlo por la fuerza bruta el independentismo habrá ganado. Lo razonable sería pactar el referéndum y dotarlo de esas garantías que tanto reclaman quienes no quieren darlas. Pero el gobierno no es razonable. ¿Podría ayudarlo a serlo la oposición, al menos esa oposición admitida en La Moncloa del PSOE? Sería difícil, aunque no imposible. El problema es que el PSOE participa de la misma ceguera y sinrazón del gobierno.

¿Que creen los dos partidos dinásticos que tendrán el dos de octubre con o sin referéndum? Una situación ingobernable porque la única forma de impedir que los indepes vuelvan a plantear su reivindicación es mantener a Cataluña en este estado oculto de excepción, cosa escasamente viable en Europa. El acopio de fuerzas de seguridad se complementa con la presencia de la Guardia Civil, ese cuerpo híbrido civil-militar que permite reprimir con contundencia sin dar impresión de intervención militar. Nunca, ni en los peores momentos del terrorismo etarra hubo tanta dotación en el País Vasco. Recuérdese cómo entonces se decía que, en ausencia de violencia, podría hablarse de todo. Según puede verse hoy mismo.

El nacionalismo español necesita el concurso del estamento pensante para reconstruir y fortalecer una legitimidad que le permita derrotar el independentismo. Se llama a capítulo a los intelectuales, hasta ahora silentes, y estos empiezan a firmar manifiestos contra el referéndum. En el primero, los intelectuales unionistas piden al pueblo catalán que no vote, que no caiga en la "trampa democrática". Un manifiesto de apostólicos, sin más alcance que este. "Lejos de nosotros, etc".

El segundo manifiesto, firmado por unos doscientos treinta profesores universitarios no solo se opone cerradamente a la celebración del referéndum sino que exige que el Estado haga uso de la violencia legítima. Tiene gracia que muchos de los firmantes fueran parte del movimiento estudiantil de los años sesenta, hoy se encuentren defendiendo lo mismo que atacaban de jóvenes. Lástima de máquina del tiempo. Pero, es cierto, siendo intelectuales, sus razones habían de ser más complicadas que la interpretación de una ley de vida del abuelo Juanito. Y lo son.

Casi todos ellos son creadores y defensores del relato que ha imperado en la esfera pública intelectual, mediática, académica: España ha dejado de ser una excepción en el concierto europeo; ahora es un Estado de derecho, una democracia consolidada en el estilo de la tradición liberal occidental. Lo han escrito, predicado, televisado, radiado. 

Pero no es verdad. Y la prueba es su manifiesto.

En Cataluña hay una revolución nacional y republicana. En España no hay nada. La derecha y la izquierda de orden solo ofrecen un "no" rotundo al referéndum y un vagaroso diálogo para las calendas. La izquierda "verdadera" hace más o menos lo mismo. Sería deseable el referéndum pactado y, antes de tener que pronunciarse sobre si apoyan el referéndum no pactado, el único que hay, se entretienen convocando mesas o asambleas por el diálogo que no son muy verosímiles mientras el PSOE siga uncido al carro de la derecha.

En Cataluña la cosa está clara: habrá referéndum salvo fuerza mayor, pero los indepes tienen una última bala en la recámara: la DUI.

En España no hay nada claro. Ninguno de los cuatro partidos estatales tiene nada en común con los otros como no sea un carácter dinástico más o menos confeso pero que dibuja el auténtico problema del Estado español en relación a Cataluña: la Monarquía. Cosa de cierto relieve por cuanto al Rey corresponde el mando supremo de las Fuerzas Armadas. 

¿Se entiende por qué la izquierda española no ha salido en defensa de los indepes y se niega a reconocer la validez de los resultados del 1/10.
 
 
 
No todo han de ser xerradas a palo seco. No haríamos honor a esta revolución de la alegría, esta transformación entre bromas y veras pero profundísima que está produciéndose en Cataluña, esta ocupación plena del escenario que hacen las multitudes (turbas las llama el fiscal general en prosa de legajo, desde la covacha en que cuece sus amenazas), arrinconando en mutis vergonzosos las flamantes fuerzas de ocupación en navíos atracados en los puertos como si estuvieran en cuarentena. Y en cuarentena están.

Abre el acto Carles Campuzano, portavoz del PDeCat en el Congreso que hablará de las pensiones en la nueva República Catalana. Cosa grata porque si tuviera que hacerlo sobre lo que quede en España, más que xerrada, serían duelos y quebrantos, que diría Cervantes.

Luego, Palinuro intentará hablar sobre la República Catalana desde fuera de Cataluña.Y digo intentará porque ya le es muy difícil hablar de Cataluña desde fuera de Cataluña y, desde luego, le resulta imposible hablar de la República Catalana desde fuera de ella misma, teniendo en cuenta que ese "fuera" sigue siendo una Monarquía que odia mirarse en el espejo de la República Catalana. 

Los españoles tuvieron una República. Los franquistas se la robaron a sangre y fuego. Ahora los catalanes la recuperan sin sangre y sin fuego. Y los españoles, ¿qué hacen? ¿A qué esperan? 

 
 
 (*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED

Anubis en Catalunya / Enric Juliana *

Anubis, el dios de la muerte en el Antiguo Egipto, ha sido la referencia escogida por la Guardia Civil para bautizar la operación policial desarrollada el pasado miércoles en Catalunya en relación a los preparativos del 1-O. 

Las detenciones y registros practicados han convertido en prácticamente imposible la celebración del referéndum, las autoridades catalanas harían bien en reconocerlo cuanto antes Las bases materiales para llevarlo a cabo con garantías han quedado mermadas y los miembros de la Sindicatura electoral han dimitido para evitar la multa de 12.00 euros diarios con la que amenazaba el Tribunal Constitucional.

El 1 de Octubre será, eso sí, una jornada de protesta a la que se sumarán no solo las fuerzas independentistas, sino también muchos ciudadanos descontentos por las actuaciones policiales de los últimos días. El caudal de la protesta se ha ensanchado en Catalunya y la prensa internacional mantiene una actitud crítica con el Gobierno español.


(*) Periodista

Por qué tanta gente se ha hecho independentista / Esteban Hernández *

Sometidos como estamos a la velocidad de los acontecimientos, entre detenciones y multas, con Guindos ofreciendo un mejor encaje fiscal a Cataluña si se retira el referéndum, gente en la calle y agitación en los medios, quizás esté bien analizar algunas de las causas que han generado este sentimiento independentista tan extendido. Aunque esta idea ya no sea muy apreciada, creo que sin conocer bien qué pasa es complicado ofrecer alguna solución. Aquí van algunas reflexiones en ese sentido.

1. Salir bien parados

El Brexit, el giro hacia dentro, más o menos frustrado, de EEUU y el crecimiento de los partidos nacionalistas que desean que su país salga de la UE son parte de un nuevo contexto en el que, vistas las desigualdades, mucha gente piensa que la identidad y la nación son los mejores instrumentos para salir bien parados en un entorno global. En Cataluña esto lo tienen muy claro, especialmente desde las clases medias altas, que se autoperciben como preparadas, con habilidades y posibilidades para triunfar en el exterior, y que entienden que si no están desarrollando del todo su potencial es porque los lazos con el Estado español les ponen demasiadas piedras en el camino.

2. La pérdida material

El sentimiento generalizado de que estamos yendo a peor también juega un papel importante. Es lógico: Cataluña, como otras zonas de España, está atravesando dificultades. Hay menos empleo y más paro, los salarios distan mucho de ser los adecuados y las perspectivas vitales se reducen. La red de pymes y pequeñas tiendas que resultaban esenciales en el tejido de sus ciudades y pueblos se fragiliza producto de la competencia, de la creciente concentración y de la irrupción de los actores globales. 

Entre los diversos efectos de estos factores se encuentra la caída del poder adquisitivo para el catalán medio: un 6% menos que en 2011. Y eso al mismo tiempo que se recortaban considerablemente las prestaciones sociales, a causa de una deuda creciente y de la tendencia gestora impuesta en lo público, que prioriza el ahorro sobre el servicio.

En ese contexto, se unen dos creencias. Una es bastante obvia, y se ha subrayado suficientemente, como es la sensación de que España les está restando recursos, y de que están pagando con un dinero que necesitan las cuentas de comunidades más atrasadas. Como consecuencia de esa idea, el independentismo cobra lógica: yendo solos, tendríamos más opciones.

En segundo lugar, una Cataluña libre aparece también como una solución a esos problemas materiales. El cierre identitario supone no solo la defensa de una lengua o de una cultura, sino de un mejor nivel de vida para todos quienes forman parte de la misma nación. Como ocurrió en Escocia, el independentismo tiene un claro componente transversal que queda reforzado por el carácter de sus medidas sociales. No es casualidad que sea un partido de la izquierda, ERC, el que haya canalizado los votos soberanistas. Ellos se muestran como una esperanza posible, en el sentido de que lograrán dar unos servicios públicos dignos, ayudarán a los ciudadanos que lo necesitan y garantizarán que ese mínimo indispensable que se requiere para vivir esté disponible para todo catalán.

3. El poder individual

El independentismo devuelve algo de poder a personas que se sienten con poca influencia en muchos de los acontecimientos que determinan sus vidas. El trabajo y el futuro parecen un poco fuera de control, pero al menos en la política sí se puede actuar de manera eficaz. La democracia no funciona demasiado bien, pero es posible que despliegue toda su potencia. Si una mayoría vota la salida de España y se lleva a efecto, significa que una voluntad común puede cambiar las cosas. En este sentido y desde su punto de vista, ser independentista es ser de verdad demócrata. Y esta sensación es poderosa cuando todo parece pensado para que nuestra voluntad importe entre poco y nada.

4. El agravio

El soberanismo responde también a una sensación de agravio, que no se subsume en el hecho de ser bien o mal tratados en el reparto fiscal. Existe la idea, que es cierta, de que Cataluña lleva años exigiendo una solución política, llamando a las puertas de Moncloa sin que nadie les dé otra contestación que el silencio. Ante el hecho de no ser escuchados, no queda más opción que la de marcharse. Desde esa mirada, la situación es como la de un matrimonio en el que uno le pide al otro que cambie sin resultado, y al tiempo se cansa y se va de casa.

5. El refuerzo

En este escenario, y cuando el soberanismo está instalado en una parte importante de la población, las posturas de fuerza no hacen otra cosa que alimentar la idea de que se está mejor fuera. Por una parte, se construye un contexto en el que la comunicación no es posible, porque existen solo dos partes, con pocos matices, que se enfrentan en una especie de ring. Por otra, las advertencias sobre las consecuencias de la separación tienden a ser negadas o ignoradas; como ocurrió en el Brexit, o con Trump, todos los avisos acerca del caos que llegará el día después ya no surten efecto. Y, por último, si se intenta recurrir a posiciones contundentes para sofocar a los separatistas, no se hace otra cosa que echar leña al fuego.

Esta suma de factores, un compendio de motivos culturales, económicos y sentimentales, explica por qué el independentismo está tan fuerte hoy en Cataluña. Sin embargo, entender el soberanismo como una solución para todas estas cosas tiene un punto de irrealidad. Son problemas que nos afectan a todos, catalanes, españoles, franceses o griegos, y tienen difícil solución, porque son estructurales. Salir fuera de España no acaba con ellos, y ni siquiera los hace menos potentes.
  
 
La debilidad de la democracia, la desigualdad, la pérdida de opciones vitales, la impotencia del ciudadano aislado, el enorme poder que se está concentrando en manos de unas pocas empresas, la financiarización y demás problemas serios de nuestra época carecen de una respuesta fácil. Desde mi punto de vista, la ruptura no es el mejor camino, por motivos ya expuestos. Pero, en todo caso, todas estas circunstancias construyen un magma al que el soberanismo da una salida. Hay soluciones que deberían darse desde España, pero otras, y muy importantes, solo pueden venir desde el entorno europeo. No parece que Bruselas quiera seguir ese camino que nos vendría bien a todos, por desgracia. Más bien, todo apunta a que estamos destinados a pelearnos los unos con los otros por los recursos que haya. Mala cosa.



(*) Periodista


Rajoy nos lleva a todos al desastre / Carlos Elordi *

Quienes ingenuamente creían que Mariano Rajoy podía rectificar y que el diálogo aún era posible no han tardado mucho en comprobar la vanidad de su sueño. No han pasado ni 48 horas desde la “razzia” de la Guardia Civil del lunes para que el fiscal general haya ordenado la apertura de una causa por sedición, seguramente contra los líderes de Omnium y ANC, y para que el ministro del Interior anuncie el envío de más policías a Catalunya. “Para poder poner bajo sus órdenes a los Mossos d’Esquadra” ha dicho el Gobierno catalán. Con el fin de reprimir a fondo la movilización popular. Y antes del 1-O pueden pasar cosas aún más graves. Y no digamos el día mismo de la consulta.

No es impensable que miembros del Govern, y Puigdemont mismo, estén para esas fechas en la cárcel. Tampoco que las calles de las principales ciudades catalanas estén tomadas por la Guardia Civil y los antidisturbios para impedir concentraciones y manifestaciones y la votación misma. Sobre todo esto último. Puede pasar de todo si eso ocurre. Habrá que ver qué hace la policía catalana. Una ley de 1986 podría ser invocada para ponerla a las órdenes de los cuerpos estatales. ¿Se negará el mayor Trapero a obedecerla? Si algo de eso se produjera, el conflicto ascendería a otro nivel: el de la confrontación entre fuerzas policiales distintas. Casi una guerra.

Más allá de hipótesis tremendistas, que desgraciadamente pueden verificarse, lo que está claro es que el Gobierno del PP no está dispuesto a permitir que se celebre nada que se pueda parecer a un referéndum. Y, por otro lado, también es evidente que los líderes independentistas no van ceder. No hay duda de que saben perfectamente lo que les puede caer encima. Pero mantienen su posición. La declaración de Puigdemont en la tarde del jueves tenía algo de anuncio de tragedia.

Y hay una tercera certeza. La de que después del 2 de octubre las cosas estarán peor que nunca. ¿Qué diálogo se puede entablar con los líderes de un movimiento que están en prisión o amenazados con largas condenas? Únicamente el de su amnistía. Muy improbable, además. Pero ninguno que permita abordar los problemas reales que han empujado al mundo independentista a emprender la vía de la ruptura. En la que hoy seguramente están muchos más catalanes de que los que lo estaban hace tan sólo una semana.

¿Había previsto Rajoy ese escenario sin salida? Seguramente sí. Tan tonto no puede ser. Pero ha sido incapaz de dirigir las cosas en otro sentido. Por su debilidad e inseguridad congénitas. Las de un líder que manda casi por casualidad y que desde hace más de una década ha dedicado lo fundamental de sus esfuerzos a evitar que los suyos le echaran del cargo. El problema que planteaban los independentistas catalanes, nacido de otros muchos, entre ellos de las barbaridades contra el nacionalismo cometidas por el PP, requería, para hacerle frente, de un político con otros registros además de ese. Y con más fortaleza y convicción de su papel como presidente del Gobierno de España. La que habría hecho falta para que se enfrentara al nacionalismo español más burdo. Para que le dijera que esta vez no se impondría. Por muchos votos que le dé. Por mucha capacidad de presión que pueda ejercer.

No se ha atrevido a enfrentarse a los duros, a Aznar en primer lugar. Y ha dejado pasar el tiempo. Porque no sabe hacer otra cosa. Y porque tampoco sabe negociar. No lo ha hecho nunca. Ha dejado correr las cosas haciendo creer, para eso estaban sus corifeos, que eso iba a resolver algo. La política es cruel: las cuentas pendientes siempre se terminan pagando. Y la de Catalunya no se iba a borrar por ensalmo. Al final, Rajoy ha terminado actuando como un gobernador civil del franquismo, que se limitaba a aplicar la brutal legislación del sistema y las órdenes que le venían desde arriba poniendo cara de que estaba haciendo algo importante.

Hay quien asegura que su deriva autoritaria le está produciendo buenas rentas electorales. Que su partido, con él a la cabeza, crecerá en las próximas elecciones, que todo indica que serán el año que viene porque el PNV no va a seguir cambiando cromos con el PP. Demasiado bonito para ser verdad. Porque si la crisis catalana deriva en lo que todo indica que va a derivar, en una rebeldía sin fin y cada vez más nutrida y dramática en defensa de sus derechos democráticos, Rajoy caerá, antes o después. Porque los influyentes de Europa sugerirán esa salida a quienes pueden propiciarla. Hoy por hoy se contienen. Pero los grandes diarios del continente condenan unánimemente la actuación el gobierno de Madrid y prevén lo peor en Catalunya. Y también porque llegará un momento en el que los poderes económicos exigirán que alguien distinto pare el desastre que en ese terreno puede provocar la citada rebeldía. 

Que el PSOE, por sus errores y su debilidad, esté entrampado con este hombre clama al cielo. Más que cualquiera de las crisis internas que ha padecido, y de la que sigue sufriendo, éste es el peor momento del Partido Socialista desde su refundación en 1972. Porque no tiene ni voz ni voto en el entuerto más serio que la democracia española ha conocido desde el intento de golpe de estado de 1981.  ¿Puede hacer algo Pedro Sánchez para salir de este agujero?

Su única opción es entenderse de una u otra manera con las fuerzas que están en contra de Rajoy. Con Unidos Podemos y las mareas en primer lugar. Y también con los nacionalistas, incluidos los catalanes. Para formar un frente en defensa de la democracia amenazada que ofrezca una alternativa a la inepcia autoritaria del PP. Lo de menos es cómo se formalice esa iniciativa e incluso tampoco importa si no se formaliza mucho. Lo fundamental es que desde España llegue otra voz a Cataluña. Cuanto antes mejor.

Puede que haya mucha gente en las izquierdas que, en principio, esté de acuerdo con la insensata dureza de Rajoy. Por atávicos antinacionalismos que seguramente van a seguir. Pero que en un momento como éste, y más si las cosas se ponen peor, se pueden ver durante un tiempo desplazados a un segundo lugar ante el espectáculo de una derecha que actúa como Franco. Ojalá.


(*) Periodista




Presos políticos en la España de Rajoy: nota para despistados / Juan Carlos Monedero *

Demasiadas opiniones sobre Catalunya están marcadas más por el miedo a que te coloquen en alguno de los bandos en disputa que por la voluntad de defender una idea y hacerla valer. Cuanto tanto pensamiento está siendo rehén del miedo a que te encasillen en uno de los lados de la trinchera, mal asunto para la democracia. 

Sin embargo, el grueso de la ciudadanía ha encontrado llenas de sensatez las opiniones conjuntas de las alcaldesas de Barcelona y Madrid, Ada Colau y de Manuela Carmena, pidiendo diálogo, democracia, votar y un proceso constituyente. Sobran políticos que monologan y sobran periodistas y tertulianos que repiten en una cacofonía chirriante esos monólogos en bucle.

La situación actual en el estado español, que va tomando tintes surrealistas, ha sido creada tanto por la decisión unilateral del gobierno de Puigdemont de desconocer las leyes, como por la cerrazón del PP desde, al menos, el momento en que Rajoy salió a la calle a recoger firmas contra el Estatut catálan, que había sido aprobado por el Parlament catalán, el Parlamento español y ratificado en referéndum.

Como ocurre siempre con las cosas de la patria (que es cosa religiosa), se ciega la razón y el vientre ocupa el espacio central a la hora de tomar de decisiones. Las tertulias y redes de opinión de Madrid están siendo responsables de buena parte del ruido que se crea. Hay periodistas (también hay mercenarios) e incluso profesores (a los que se les presuponen lecturas y capacidad de reflexión) que en vez de ayudar a poner sensatez, echan más gasolina, por las razones que sea, a un ambiente que otros querríamos más sosegado.

Entre las afirmaciones con poco fuste que se están sosteniendo está la de los que critican que se hable en España de “presos políticos”, un recordatorio hecho por Pablo Iglesias. Vaya, que si Junqueras o Puigdemont terminan en la cárcel es por idénticas razones por las que están entre rejas los ladrones de la Gürtel o la Púnica, los violadores o maltratadores, los violentos, enemigos de lo ajeno o irresponsables que matan a alguien por conducir borrachos. Es evidente que el Gobierno de Puigdemont está incumpliendo la ley. Igual que los que repartían panfletos en las fábricas durante el franquismo, los que militaban en partidos políticos en la clandestinidad o los que nos opusimos al servicio militar obligatorio y a la prestación social sustitoria. 

La diferencia es que quebrábamos la ley por razones políticas. Queríamos cambiar las cosas y el Estado no nos escuchaba. Negar la condición de presos políticos es una cuestión de ignorancia o de falta de respeto a las reglas de la democracia. Porque en democracia, la legalidad no es lo mismo que la legitimidad. Lo contrario lo defendía Carl Schmitt, el jurista nazi por excelencia. Para que dejes de sentarte como negra en la parte de atrás de los autobuses tienes que quebrar la legalidad.

Lo que no puedes hacer es ir contra la leyes vigentes cometiendo actos ilegítimos, principalmente usar la violencia. Gracias a la desobediencia hoy votamos, ha aumentado la igualdad de la mujer, tenemos educación y sanidad públicas, pensiones, los niños no trabajan y los patrones no pueden hacer lo que les de la gana con sus empleados. Aunque hay gente que también quiere dar marcha atrás a la historia en estos asuntos.

No soy independentista, porque creo que hay soluciones más luminosas para el encaje territorial en una España que es una nación de naciones. Los antepasados recientes de millones de catalanes y catalanas no pueden ser extranjeros en la tierra de sus hijos y sus nietos. No debiéramos ser tan obtusos. Vamos hacia fórmulas federales reales o nos vamos a romper. Y la principal culpa la tenemos los que no somos capaces de hacer valer esa España de Lorca, de Torrijos, de Manuela Malasaña, de María Zambrano, de las 13 Rosas, de Buñuel, Alberti, Manuel de Falla, García Pelayo, Riego, Cervantes y toda la gente que se levanta todos los días para trabajar, cuidar de su familia, ser decentes.

Sé que el gobierno de Puigdemont está fuera de la ley. Pero también sé que está fuera de la ley el Gobierno de Rajoy que ha ganado las elecciones con dinero negro provenientes de contratos públicos fraudulentos. Con una Constitución que fomentara más la participación, el gobierno de Puigdemont estaría dentro de la ley. Pero el PP seguiría fuera de una Constitución que garantizara el derecho de expresión, de reunión, la división de poderes, la limpieza de las elecciones y unas reglas de juego justas e iguales para todos. 800 cargos del PP están imputados por corrupción.

Para los que están negando que las detenciones de miembros del gobierno de la Generalitat son presos políticos, les recuerdo lo que decía la Ley de Amnistía de 1977. En su artículo primero sancionaba:

I. Quedan amnistiados:
a) Todos Ios actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delitos y faltas realizados con anterioridad al día quince de diciembre de mil novecientos setenta y seis.
 
b) Todos los actos de la misma naturaleza realizados entre el quince de diciembre de mil novecientos setenta y seis y el quince de junio de mil novecientos setenta y siete, cuando en la intencionalidad política se aprecie además un móvil de restablecimiento de las libertades públicas o de reivindicación de autonomías de los pueblos de España.
 
Y continuaba en el Artículo segundo:
 
En todo caso están comprendidos en la amnistía:
a) Los delitos de rebelión y sedición, así como los delitos y faltas cometidos con ocasión o motivo de ellos, tipificados en el Código de justicia Militar.
 
b) La objeción de conciencia a la prestación del servido militar, por motivos éticos o religiosos.
 
c) Los delitos de denegación de auxilio a la Justicia por la negativa a revelar hechos de naturaleza política, conocidos en el ejercicio profesional.
 
d) Los actos de expresión de opinión, realizados a través de prensa, imprenta o cualquier otro medio de comunicación.
 
e) Los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y agentes del orden público, con motivo u ocasión de la investigación y persecución de los actos incluidos en esta Ley.
 
f) Los delitos cometidos por los funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas.
 
Es curioso, que en la recuperación de la democracia se amnistiaron precisamente los mismos delitos por los que hoy el PP está encarcelando a personas. En democracia. Con el PP en España vuelve a haber presos políticos. Se hace urgente una Transición que solvente todos los problemas que aún quedan abiertos. Antes de que el PP nos regrese a ese lugar de donde proviene.
 
 
 
(*) Profesor titular de Teoría del Estado en la UCM

Por un nuevo modelo de financiación para Cataluña y para España / Juan Ramón Rallo *


Una parte importante del descontento de muchos catalanes con su encaje dentro del Estado español deriva de la fortísima redistribución interterritorial con la que se les castiga. Según las balanzas fiscales elaboradas a instancias del propio Ministerio de Hacienda, los catalanes transfieren al resto de España 9.892 millones de euros anuales, esto es, el equivalente al 5% de su PIB. 

En contrapartida, otras regiones españolas más ricas que Cataluña, como el País Vasco, recibieron —merced a su ventajoso concierto económico— un monto equivalente al 5,3% de su PIB: es decir, el País Vasco recibe cada año 10 puntos más de su PIB que Cataluña por el hecho de seguir unido a España.

Tal vez con esta perspectiva se entiendan mejor las habituales reivindicaciones de un “pacto fiscal” entre Cataluña y el resto de España: reivindicación a la que suele oponérsele la innegociable necesidad de mantener una “solidaridad interterritorial” que permita la convergencia entre las regiones más ricas y las más pobres. La idea de fondo es que, con las adecuadas transferencias de renta entre autonomías, lograremos que las disparidades en el nivel de vida de los españoles vayan estrechándose hasta desaparecer. Algo así como los fondos de cohesión europeos, pero dentro de España: una ayuda extraordinaria dirigida a una región relativamente infradesarrollada para agilizar su crecimiento.

Y, desde luego, la evidencia —si bien escasa en número— sí parece apuntar a una cierta eficacia de estas transferencias: por ejemplo, Ángel de la Fuente estima que, sin la redistribución interterritorial, las divergencias en la renta per cápita entre las distintas regiones españolas habrían aumentado en el periodo 1985-1995. Recientemente, Sergio Puente ha publicado un artículo en el Banco de España donde muestra que la convergencia de renta que se ha vivido entre 1980 y 2015 entre las distintas regiones españolas se debe, en parte, a una inversión pública relativamente más intensa en las regiones más pobres.

Así pues, la evidencia disponible respecto a la “solidaridad interterritorial” parecería apuntar a que esta sí está funcionando y que, por consiguiente, los catalanes deberían seguir prestándose a volcar parte de sus ingresos a promover el desarrollo del resto de regiones españolas. Sin embargo, no deberíamos ir tan rápido. 

La reciente estimación de Sergio Puente para el Banco de España también apunta a un resultado desesperante: al ritmo actual —con el presente modelo de convergencia interregional—, tardaríamos 70 años en conseguir que la disparidad de renta entre las distintas regiones españolas se redujera a la mitad. ¿Cuántas generaciones de catalanes deben sacrificar su bienestar para sufragar una tan exigua y lentísima convergencia interterritorial? ¿Deberían soportar durante siete décadas una extracción anual del 5% de su PIB para apenas conseguir una mejoría tan marginal?

Habría de resultar evidente que el actual modelo de convergencia regional dentro de España no funciona o, al menos, funciona de un modo tremendamente ineficiente. ¿Cómo es posible que, con las descomunales transferencias anuales de recursos, la convergencia durante los últimos 35 años haya sido tan escasa y que todo apunte a que seguirá siéndolo durante los próximos 70? Recordemos que la renta per cápita de una economía depende de tres factores: el porcentaje de población que trabaja (tasa de empleo), el capital disponible por trabajador y la tecnología (productividad total de los factores). Por consiguiente, para que se produzca convergencia de renta per cápita, es necesario que estas tres variables crezcan más rápidamente en las regiones pobres que en las regiones ricas.

Tanto los estudios de Ángel de la Fuente como los de Sergio Puente constatan que, entre 1965 y 2015, el estrechamiento de los diferenciales de renta per cápita se ha debido esencialmente a la mayor acumulación de capital por trabajador en las regiones pobres: en parte, en esta rúbrica se encuentra la inversión pública, pero el propio Sergio Puente constata que “tiene más importancia [la acumulación de capital privado] a la hora de explicar la convergencia regional observada”. Por consiguiente, ni siquiera el principal factor de convergencia real entre las regiones españolas —la acumulación de capital por trabajador— ha sido mayoritariamente motivado por las transferencias estatales entre regiones, sino por los flujos de inversión privada.

Sucede, sin embargo, que los otros dos elementos que explican la renta per cápita —la tasa de empleo y la productividad total de los factores— no han contribuido prácticamente en nada a la convergencia. Más bien al contrario: la evolución de la tasa de empleo ha sido más bien un factor de divergencia (es decir, el empleo ha aumentado relativamente más en las regiones ricas) y la productividad total de los factores ha evolucionado de manera plana (no ha contribuido a la convergencia). 

¿A qué se debe que las regiones pobres no hayan aumentado tanto su empleo como las regiones ricas y que, a su vez, tampoco hayan sido capaces de emular su superior organización tecnológica? Sergio Puente se aventura a emitir una hipótesis preliminar que requeriría ulterior investigación: “Los resultados apuntan a posibles barreras económicas e institucionales que impiden la convergencia en la productividad total de los factores —a pesar del marco regulatorio común—.”

Permítanme desarrollar esta hipótesis: son las propias transferencias interterritoriales las que desincentivan a las administraciones públicas de las regiones pobres a que mejoren su calidad institucional de tal modo que aumente el empleo así como la absorción tecnológica. A la postre, si se transfieren enormes cantidades de recursos a las administraciones autonómicas por el hecho de ser relativamente más pobres que el resto… por necesidad se promoverá la renuencia de sus gobernantes a impulsar reformas de su marco regulatorio que promuevan el crecimiento.

En particular, la existencia de un amplio y generoso sostén financiero para los desempleados o subempleados de las regiones pobres no solo desalienta la activa búsqueda de ocupación, sino que sobre todo desincentiva que el Gobierno central y las administraciones territoriales reformen sus marcos laborales para facilitar la empleabilidad de sus ciudadanos (por ejemplo, con el establecimiento de diferentes salarios mínimos entre regiones o con mayor flexibilidad contractual). 

Asimismo, la inyección de fondos al presupuesto autonómico potencia la hipertrofia de la burocracia regional (el empleo público) y abarata el coste de las políticas públicas intervencionistas y mercantilistas (razón por la cual ninguna de las regiones más pobres de España ha apostado por una decidida política de liberalización económica y de recortes tributarios capaz de atraer inversiones externas). En lugar de fomentar la apertura comercial de las regiones más pobres, las transferencias interterritoriales han subvencionado el Estado clientelar y parasitario.

Por eso deberíamos apostar decididamente por un nuevo modelo de financiación para todas las administraciones públicas españolas: un nuevo modelo muchísimo más descentralizado donde se pusiera fin a esa mal llamada solidaridad interterritorial, que no es más que un pretexto para alimentar la hipertrofia del sector público allí donde es más dañina (en las regiones más pobres). Debemos cambiar de rumbo no solo para contentar a los independentistas catalanes, sino para dejar de subsidiar las políticas públicas pauperizadoras en las regiones pobres y para, en definitiva, responsabilizar a los ciudadanos del desarrollo de sus propias comunidades.


(*)  Economista



Va a haber follón / Raúl del Pozo *

"Va a haber follón. El día 1 de octubre cada centro de votación va a estar rodeado por 200 personas, militantes de partido o ciudadanos a secas. Si los guardias entran en los colegios electorales, los ciudadanos se llevarán las urnas a los bares o a la playa. Vamos a ver si la Guardia Civil carga contra viejos en sillas de ruedas y madres dando el pecho a sus hijos. 

Lo que no tengo claro es si va a haber declaración de independencia o no. Depende del recuento. La cifra de votantes puede ser ridícula. Entonces puede que Ada Colau sea la persona que haga de puente entre la Generalitat y el Gobierno". Esto lo dice un catalán que está cerca del epicentro de la sacudida separatista.

"Estoy muy asustada. Esto va a terminar mal". Lo comenta una diputada del PSOE en el Congreso de San Jerónimo. Habla minutos después de que un portavoz de Ferraz explique que a Óscar Puente no se le ha entendido bien cuando ha hablado de no descartar que se tenga que aplicar el artículo 155 de la Constitución. "El partido no ha cambiado de posición respecto al 155", me dicen.

Los del Gobierno aseguran que Mariano Rajoy lo está haciendo muy fino y que no se va a celebrar el referéndum. Los independentistas saben que van a hacer el ridículo y amenazan, han decidido cambiar el plebiscito por la revuelta. Buscan una foto en la calle, elecciones rápidas, indultos. Luego, como suelen hacer, dar dos pasos atrás para tomar impulso.

Los del PP quieren ver cómo reaccionan los alcaldes. Si son tan gallitos como cuando se retratan todos juntos o si se muestran menos crecidos cuando el fiscal les llame el martes, uno a uno, incluso a los aforados. Les dirá: "Ésta es la pena por incumplir la ley". Políticos importantes del PSOE piensan que lo de Cataluña no tiene vuelta atrás porque los independentistas han ganado la guerra de la propaganda y ahora la lucha es entre un fiscal y una epopeya. Temen que, a pesar de las prohibiciones e inhabilitaciones, habrá un amago de referéndum. Si no votan en 8.000 urnas, votarán en 2.000. Luego, pueden enloquecer. Son capaces de proclamar la república aunque ésta dure, como siempre, 10 horas o una semana.

Ya es tarde para buscar culpables, e incluso para buscar soluciones. Pero cuando se mascan estragos, se buscan culpables. Una parte de la izquierda, entre Barrabás y Mariano, indulta a Barrabás. Acusan al presidente de no saber gestionar la crisis, de haber permitido el pudrimiento. De decretar un estado de excepción encubierto. Emplean 1.000 vocablos para atacar a los que han desafiado la Constitución y 10.000 venablos para denigrar al que la defiende.

Mariano Rajoy puede ser culpable de muchas cosas, incluso de la sequía -se tomó a broma lo del cambio climático-, pero no debería asumir culpas y errores que empezaron con el Conde-Duque de Olivares y aún siguen. Siguen empeorando, desde entonces, cuando, según don Gaspar de Guzmán y Pimentel Ribera y Velasco de Tovar, Dios estaba de parte de la nación española.


(*) Periodista


Se mofan del Estado / Luis María Anson *

Carlos Puigdemont, Oriol Junqueras, el pobre Arturo Mas y sus cómplices, a la vez que cometen delito de sedición preparando abiertamente un golpe de Estado, se mofan del Rey Felipe VI; se cachondean de Mariano Rajoy y de Soraya Sáenz de Santamaría; se pitorrean del Tribunal Constitucional y del Consejo de Estado; se pasan por el arco del triunfo a Cristóbal Montoro; hacen cuchufletas a los empresarios; se befan de las asociaciones de jueces; escarnecen a los catalanes que no piensan como ellos; se ríen en las barbas de los partidos constitucionalistas y se dedican en sus mítines a la guasa, la candonga, el ultraje, la chunga y la chirigota.

No recuerdo precedentes históricos de semejante vejación a un Estado de Derecho. La opinión pública está atónita. ¿Hasta dónde se va a llegar, hasta dónde se va a consentir? Por fortuna, el buen sentido de los más ha eliminado temporalmente las críticas a Mariano Rajoy y se ha producido la unión de la inmensa mayoría de los que defienden la Constitución para combatir el órdago secesionista catalán y la convocatoria fuera de la ley de un absurdo referéndum sin la menor garantía democrática, al estilo del viejo estalinismo, del cinismo castrista o del regodeo chavista. La radicalidad totalitaria alienta bajo toda esta operación del soberanismo catalán que pretende fracturar 500 años de historia unida, a través del voto ilegal de unos pocos que intentan maquillar un golpe de Estado puro y duro.

El presidente del Gobierno está actuando con moderación y con firmeza, si bien son muchos los que, apoyándole, esperan ya mayor contundencia. El Gobierno está cargado de razón. A nadie le extrañaría a estas alturas que aplicara el artículo 155 de la Constitución. Carlos Puigdemont, Oriol Junqueras y el pobre Arturo Mas han cruzado todas las rayas y se mueven en la chulería política, en la permanente agresividad y el taimado insulto. Los tres se consideran impunes. 

Y no se trata de responderles solo con la inhabilitación y las multas. Siempre amparados en la ley, habrá que suspender parcialmente la autonomía de la Comunidad catalana y poner a disposición de la Justicia a los presuntos delincuentes. Sectores muy sólidos de la opinión pública esperan que los jueces dicten sentencias ejemplares y que los sediciosos y los golpistas, se sienten, coño, durante largos años en sus celdas de la cárcel. Así ocurrió con los responsables del intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.

No se debe perder el sentido de la proporcionalidad. Carlos Puigdemont, Oriol Junqueras, el pobre Arturo Mas y sus cómplices no pueden escaparse de rositas con inhabilitaciones inoperantes y multas que se pagan por suscripción colectiva o pública. Corresponde a los jueces pronunciarse sobre sus presuntos delitos y sentenciar a los sediciosos y golpistas con las penas de cárcel establecidas por la ley en nuestro Estado de Derecho.

El pueblo español, en fin, asiste atónito al diario espectáculo, magnificado por los canales de televisión, de la burla a las instituciones estatales por parte de un sector de la clase política catalana, cercada, ya antes del órdago secesionista, por la corrupción, las mordidas y los desmesurados enriquecimientos.


(*) Periodista y miembro de la Real Academia Española


El muro de la ley / Rosa Roda *

La duda metódica de Descartes consiste en considerar falso cualquier supuesto del que se pueda dudar. Si éste existe, ese supuesto se puede considerar verdadero o falso. Es decir, que si Descartes encontraba alguna duda en la raíz de un supuesto, lo podía considerar como falso.

La Plataforma, como Descartes, duda de todo lo que le cuentan sobre el soterramiento desde organismos oficiales. Se han ganado el derecho a no creer los cantos de sirena de diputados y consejeros. Tienen sobradas y documentadas razones para sospechar de unos políticos falaces que no han sabido estar a la altura de los ciudadanos que gobiernan y se han dedicado a fabricar argumentarios de tapa blanda.

Ver para creer. «No es tiempo de conflictos, la Plataforma ha conseguido todo lo que siempre ha reivindicado». Ese es el primer punto del argumentario popular que está distribuyendo la empresa San Esteban Ediciones SL, que resulta ser un plagio exacto del distribuido por la misma agencia de propaganda tras la firma del convenio del soterramiento integral de 2006, del que no se ha cumplido ni el preámbulo porque en julio de 2012 el Gobierno de Rajoy anunció la cancelación del soterramiento y la llegada del AVE en superficie a lo que el entonces presidente autonómico, Ramón Luis Valcárcel, dijo amén con el argumento: «El AVE en 2015 y soterrado no puede ser, mejor tenerlo así que nada».

Esa fue la espita que reactivó a la Plataforma ciudadana del soterramiento que ha creado un movimiento vecinal de protesta ejemplar durante años en España, a cuya dirección se le puede ir de las manos si no mantiene a distancia a los que se han arrimado a las vías intentado instrumentalizar a los vecinos con intereses claramente políticos y ahora no quieren que cesen las manifestaciones en las calles bajo ningún concepto. Hasta los sindicatos ferroviarios están metiendo baza para que el AVE no llegue porque afectará a los trenes de cercanías con Alicante.

Los vecinos habrán conseguido el soterramiento cuando esté terminado y los trenes pasando bajo tierra. Lo creerán cuando vean las máquinas empezar a excavar el agujero. Tienen todo el derecho a dudar, como el presidente de Adif, Juan Bravo, tiene todo el derecho a que le concedan el beneficio de la duda y a que le den la oportunidad de ganarse la credibilidad que otros han dilapidado torpemente porque lo único que se ha soterrado en Murcia es el nivel político. Es lo que tiene la credibilidad: que se pierde muy rápido y luego cuesta mucho recuperarla.

Escuchar a Adif. El presidente de Adif, Juan Bravo, tuvo que volver el jueves a Murcia para explicar a los periodistas, con los que se encerró durante dos intensas horas, que aunque no haya AVE (con línea electrificada o sin ella) el desvío provisional de la vía, las pantallas acústicas y el cierre del paso a nivel de Santiago el Mayor son absolutamente necesarios para soterrar las viejas vías al tratarse de un tramo de vía nueva, puesto que tiene más un kilómetro de longitud.

La alternativa, dijo, es no hacer el soterramiento a pesar de haber atendido y aceptado muchas de las peticiones de la plataforma vecinal como prolongar el soterramiento a cota menos ocho metros hasta la estación del Carmen o alargarlo hasta Senda de los Garres tras eliminar un puente que ya estaba adjudicado. Para hacer el soterramiento entre Ronda Sur y Senda de los Garres, que son otros 583 metros, han encomendado al adjudicatario Aldesa un contrato complementario que, según Bravo, ya dispone de informe favorable de la inspección y autorización por parte del consejo de administración de Adif. Lo han hecho así, dicen, para evitar una nueva licitación que retrasaría el proceso otros nueve meses.

La Plataforma ha logrado con argumentos técnicos y sentido común diseñar el soterramiento que ahora planea hacer Adif en un plazo estimado de dos años en cuanto la vía provisional esté terminada y desviado el tráfico ferroviario para lo que, según Juan Bravo, disponen del dinero necesario para asegurar las obras aunque no haya presupuesto en 2018 y Rajoy se vea obligado a prorrogar las cuentas de 2017 dada la tensión política que se vive en España con Cataluña.

La Plataforma se equivoca. Lo que en mi opinión ya no admite discusión es que el paso a nivel de Santiago el Mayor debe cerrarse una vez que la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria ha dictaminado que mantenerlo abierto supondría una riesgo de seguridad ´inaceptable´.

Con un informe tan tajante, solicitado a instancia de Adif por si estaba interpretando mal el artículo 8 de la Ley de Transporte Ferroviario, ningún organismo oficial se puede arriesgar a tomar la decisión de mantener abierto un paso a nivel compatibilizando el cruce diario de entre 8.000 y 10.000 personas con el paso de noventa trenes. Sería una temeridad y una decisión irresponsable porque la legislación actual es más rigurosa a la hora de exigir responsabilidades si se produce un accidente en un paso a nivel que se mantenga abierto con una vía nueva. En este caso, el muro es la ley.

La Plataforma ha rechazado la explicación de Adif y dice que la excepcionalidad de la ley del sector ferroviario de 2015 se está usando de forma arbitraria en este caso y exhibe el vídeo de un paso a nivel con barreras por obra en Puebla de Sanabria donde efectivamente se ve un camión de obras junto a un paso a nivel con barreras. Resulta que la ley permite excepcional y provisionalmente esos pasos a nivel cuando no hay otra manera de que cruce la maquinaria de obra.

Creo que en este caso la plataforma vecinal se equivoca empecinándose en un imposible legal como la permeabilidad del paso a nivel de Santiago el Mayor, entre otras cosas porque no acierto a entender qué interés espurio puede tener Adif en mantener a miles de vecinos cabreados por cerrar un paso a nivel si pudiese mantenerlo abierto y lograr con ello que cesen las protestas.

Y López Miras, también. Los vecinos se han ganado el derecho a no fiarse y a seguir concentrándose todos los martes en actitud vigilante y exigente, pero sin despreciar lo que Adif está exponiendo y su presidente ha comprometido. Ignorarlo sería un error en un momento clave donde, por primera vez desde 2006, alguien parece realmente serio y comprometido con el soterramiento. Oponerse sin analizar en profundidad todos los detalles aportados por Adif tampoco sería comprendido por muchos ciudadanos que han empatizado con la lucha vecinal ahora que conocen que el muro es impepinable por razones de seguridad y, por tanto, da igual que el AVE se quede en Beniel o que a Murcia lleguen trenes híbridos.

El momento requiere prudencia, reflexión, calma y altura de miras por parte de todos. Precisamente por eso sería una torpeza que los dirigentes populares salieran en tromba anotándose el logro del soterramiento por intereses puramente electorales cuando ese logro solo se lo puede anotar la plataforma vecinal.

El Ejecutivo regional, con sus argumentarios de tapa blanda y sus pregones romanos mientras simbólicamente ardía Murcia, se ha convertido en una fábrica de manifestantes. Vincular la legítima protesta vecinal con los actos vandálicos o salir ahora con que gracias a ellos se ha logrado el ´hito histórico del soterramiento´ sólo está encendiendo más los ánimos ya de por sí calientes.

El presidente, López Miras, que no ayuda anotándose en twitter lo que no le pertenece, ha perdido una oportunidad única de demostrar que es el líder político que la región y su partido necesitan. Ha optado por guardar silencio, como si el problema del soterramiento le fuese ajeno. Se ha ocultado tras sus diputados y consejeros y se ha dedicado a llenar su agenda oficial de asistencia a fiestas (con y sin disfraz) misas y procesiones o de actos donde pueda fotografiarse estrechando la mano de ancianos y besando niños para luego publicarlo en redes sociales.

Es lo que ya se conoce en círculos populares como ´operación candidato´ una vez obtenido el plácet del oráculo de Bruselas, Ramón Luis Valcárcel, que con su bendición intenta calmar a los afiliados que dudan de las cualidades de la criatura y le instan para que intervenga porque ven que el todopoderoso Partido Popular de la Región de Murcia se aboca al descalabro electoral.

La desazón está justificada porque están comprobando que lo único que se ha soterrado en la Región de Murcia es el nivel político. No es cuestión solamente de que a López Miras tenga que conectar más con la gente, como dijo Valcárcel, es que las elecciones ya no se ganan besando niños y abrazando a ancianos, que es en lo que los políticos humanos siguen imitando de los chimpancés cuando éstos quieren convertirse en el macho alfa de un colectivo, como cuenta el historiador Yuval Noah Harari en su libro Sapiens.

De animales a dioses: «Los aspirantes a la posición suprema en un grupo de chimpancés pasan mucho tiempo abrazando, dando golpecitos a la espalda y besando a los bebés chimpancés».

No todo supuesto del que se dude tiene que ser falso, aunque ciertamente los vecinos se han ganado el derecho a dudar y a arremeter contra quienes intentan apuntarse lo que no les pertenece.



(*) Periodista



http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2017/09/23/muro-ley/861873.html 

Metacrilato infernal / Ángel Montiel *

En Granujas de medio pelo, el personaje que interpreta Woody Allen expresa su deseo de que en la otra vida le toque ser asignado al infierno, pues es sabido que en él se concentra la gente más divertida, pero advierte de un grave inconveniente, tan grave que preferiría ir al cielo. Y es que está seguro, afirma, de que en el infierno tendría que convivir con el inventor del metacrilato. 

El metacrilato. Ese material tan repentinamente adoptado en Murcia. Hay afines al Gobierno que vienen divulgando durante las últimas fechas que la Plataforma Prosoterramiento manipula a la opinión pública al promover el lema «No al muro» al referirse a las vallas que segregan a los vecinos de la zona sur de la capital para facilitar el paso del Ave en superficie. «No es un muro, son pantallas de metacrilato». Y al expresar esto y mostrar las fotografías que lo atestiguan sonríen satisfechos de la ocurrencia. A ese nivel.

Muro, según la RAE, es una pared o una tapia, y no hay indicación alguna acerca del material que le es propio, si hormigón, ladrillo, metacrilato... Una pared de metacrilato es también un muro. ¿Hace falta decirlo? Si es de metacrilato resultará todo lo transparente que se quiera, pero en ningún caso se podrá atravesar, al menos en la dimensión en que nos desenvolvemos los humanos. La construcción se hace precisamente para que nadie pueda pasar al otro lado, o sea, lo que viene a ser un muro. 

Entre los trucos eufemísticos que las Administraciones han ingeniado alrededor del soterramiento el de «no es un muro, es una pantalla» resulta el más desternillante, y lo peor es que lo emplean personas a las que se les supone una impecable formación intelectual, de modo que se puede deducir que hay un propósito de engaño con mecanismos, es verdad, infantiles, pero que a veces son los que mejor funcionan. 

Hay más. Las fuentes oficiales hacen las cuentas de lo que costaría construir la ´estación termini´ en Beniel, unos doce millones, mientras se abre la zanja del soterramiento, y describen al pormenor la inexistencia de condiciones físicas en la zona. Pero se olvidan de que hace muy poco tiempo nos vendían la idoneidad de una estación provisional en Los Dolores, una pedanía donde el proyecto podría haber tenido un coste equivalente. Menor, en todo caso, a lo que ya se ha cobrado la corrupción en las obras del Ave durante el trazado previo a la llegada a Murcia: dieciocho millones de euros, afanados con pleno conocimiento de la anterior cúpula de Adif, y sin que se hayan derivado responsabilidades políticas. 

La ministra de Fomento entonces, Ana Pastor, es hoy la presidenta del Congreso. Se ve que hay dinero para robar, pero no para invertir en infraestructuras que modulen el quebranto a la convivencia en los barrios que se sitúan en la zona de acceso a la capital. Si el dinero que se emplea en trazar una línea ´provisional´ en superficie, es decir, duplicada a los trabajos del supuesto soterramiento, se transfiriera a avanzar la conexión a Cartagena, a lo mejor una estación en Beniel costaba menos en el conjunto de la inversión, y hasta se iba ganado tiempo para el equipamiento general de la Región. 

Pero no seamos ingenuos. El Ave tiene que estar aquí para 2019, y de cualquier manera, para ser inaugurado en la antesala de las elecciones autonómicas, pues los anuncios preelectorales anteriores resultaron fallidos y las uvas prometidas se avinagraron. El problema de tanta prisa es que, una vez inaugurado, el personal se va a enterar de lo que le cuesta el billete antes de elegir la papeleta electoral, y quizá la fiesta no sea completa.

De momento, de entre el rosario de mentiras, espigamos la más espléndida: un muro de metacrilato no es un muro. Woody Allen no querría encontrárselos en el infierno.


(*) Columnista


http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2017/09/22/metacrilato-infernal/861678.html