Demasiadas opiniones sobre Catalunya están marcadas más por el miedo a
que te coloquen en alguno de los bandos en disputa que por la voluntad
de defender una idea y hacerla valer. Cuanto tanto pensamiento está
siendo rehén del miedo a que te encasillen en uno de los lados de la
trinchera, mal asunto para la democracia.
Sin embargo, el grueso de la
ciudadanía ha encontrado llenas de sensatez las opiniones conjuntas de
las alcaldesas de Barcelona y Madrid, Ada Colau y de Manuela Carmena,
pidiendo diálogo, democracia, votar y un proceso constituyente. Sobran
políticos que monologan y sobran periodistas y tertulianos que repiten
en una cacofonía chirriante esos monólogos en bucle.
La situación actual en el estado español, que va tomando tintes
surrealistas, ha sido creada tanto por la decisión unilateral del
gobierno de Puigdemont de desconocer las leyes, como por la cerrazón del
PP desde, al menos, el momento en que Rajoy salió a la calle a recoger
firmas contra el Estatut catálan, que había sido aprobado por el
Parlament catalán, el Parlamento español y ratificado en referéndum.
Como ocurre siempre con las cosas de la patria (que es cosa
religiosa), se ciega la razón y el vientre ocupa el espacio central a la
hora de tomar de decisiones. Las tertulias y redes de opinión de Madrid
están siendo responsables de buena parte del ruido que se crea. Hay
periodistas (también hay mercenarios) e incluso profesores (a los que se
les presuponen lecturas y capacidad de reflexión) que en vez de ayudar a
poner sensatez, echan más gasolina, por las razones que sea, a un
ambiente que otros querríamos más sosegado.
Entre las afirmaciones con poco fuste que se están sosteniendo está la de los
que critican que se hable en España de “presos políticos”, un
recordatorio hecho por Pablo Iglesias. Vaya, que si Junqueras o
Puigdemont terminan en la cárcel es por idénticas razones por las que
están entre rejas los ladrones de la Gürtel o la Púnica, los
violadores o maltratadores, los violentos, enemigos de lo ajeno o
irresponsables que matan a alguien por conducir borrachos. Es evidente
que el Gobierno de Puigdemont está incumpliendo la ley. Igual que los
que repartían panfletos en las fábricas durante el franquismo, los que
militaban en partidos políticos en la clandestinidad o los que nos
opusimos al servicio militar obligatorio y a la prestación social
sustitoria.
La diferencia es que quebrábamos la ley por razones
políticas. Queríamos cambiar las cosas y el Estado no nos escuchaba.
Negar la condición de presos políticos es una cuestión de ignorancia o
de falta de respeto a las reglas de la democracia. Porque en democracia,
la legalidad no es lo mismo que la legitimidad. Lo contrario lo
defendía Carl Schmitt, el jurista nazi por excelencia. Para que dejes de
sentarte como negra en la parte de atrás de los autobuses tienes que
quebrar la legalidad.
Lo que no puedes hacer es ir contra la leyes vigentes cometiendo
actos ilegítimos, principalmente usar la violencia. Gracias a la
desobediencia hoy votamos, ha aumentado la igualdad de la mujer, tenemos
educación y sanidad públicas, pensiones, los niños no trabajan y los
patrones no pueden hacer lo que les de la gana con sus empleados. Aunque
hay gente que también quiere dar marcha atrás a la historia en estos
asuntos.
No soy independentista, porque creo que hay soluciones más luminosas
para el encaje territorial en una España que es una nación de naciones.
Los antepasados recientes de millones de catalanes y catalanas no pueden
ser extranjeros en la tierra de sus hijos y sus nietos. No debiéramos
ser tan obtusos. Vamos hacia fórmulas federales reales o nos vamos a
romper. Y la principal culpa la tenemos los que no somos capaces de
hacer valer esa España de Lorca, de Torrijos, de Manuela Malasaña, de
María Zambrano, de las 13 Rosas, de Buñuel, Alberti, Manuel de Falla,
García Pelayo, Riego, Cervantes y toda la gente que se levanta todos los
días para trabajar, cuidar de su familia, ser decentes.
Sé que el gobierno de Puigdemont está fuera de la ley. Pero también
sé que está fuera de la ley el Gobierno de Rajoy que ha ganado las
elecciones con dinero negro provenientes de contratos públicos
fraudulentos. Con una Constitución que fomentara más la participación,
el gobierno de Puigdemont estaría dentro de la ley. Pero el PP seguiría
fuera de una Constitución que garantizara el derecho de expresión, de
reunión, la división de poderes, la limpieza de las elecciones y unas
reglas de juego justas e iguales para todos. 800 cargos del PP están
imputados por corrupción.
Para los que están negando que las detenciones de miembros del gobierno de la Generalitat son presos políticos, les recuerdo lo que decía la Ley de Amnistía de 1977. En su artículo primero sancionaba:
I. Quedan amnistiados:
- a) Todos Ios actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delitos y faltas realizados con anterioridad al día quince de diciembre de mil novecientos setenta y seis.
- b) Todos los actos de la misma naturaleza realizados entre el quince de diciembre de mil novecientos setenta y seis y el quince de junio de mil novecientos setenta y siete, cuando en la intencionalidad política se aprecie además un móvil de restablecimiento de las libertades públicas o de reivindicación de autonomías de los pueblos de España.
- Y continuaba en el Artículo segundo:
- En todo caso están comprendidos en la amnistía:
- a) Los delitos de rebelión y sedición, así como los delitos y faltas cometidos con ocasión o motivo de ellos, tipificados en el Código de justicia Militar.
- b) La objeción de conciencia a la prestación del servido militar, por motivos éticos o religiosos.
- c) Los delitos de denegación de auxilio a la Justicia por la negativa a revelar hechos de naturaleza política, conocidos en el ejercicio profesional.
- d) Los actos de expresión de opinión, realizados a través de prensa, imprenta o cualquier otro medio de comunicación.
- e) Los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y agentes del orden público, con motivo u ocasión de la investigación y persecución de los actos incluidos en esta Ley.
- f) Los delitos cometidos por los funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas.
Es curioso, que en la recuperación de la democracia se amnistiaron precisamente los mismos delitos por los que hoy el PP está encarcelando a personas. En democracia. Con el PP en España vuelve a haber presos políticos. Se hace urgente una Transición que solvente todos los problemas que aún quedan abiertos. Antes de que el PP nos regrese a ese lugar de donde proviene.(*) Profesor titular de Teoría del Estado en la UCM
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