Hace solo unos meses murió Kenneth Arrow, el economista más
joven en recibir el premio Nobel y uno de los más influyentes del siglo
XX. Estudioso de la teoría de la elección social, Arrow formuló en 1951
una paradoja que lleva su nombre. Conocida también como el ‘teorema de
imposibilidad’, venía a demostrar la inexistencia de mecanismos
democráticos de decisión colectiva que sean perfectos, de tal modo que
nadie puede arrogarse el derecho a pensar que representa en solitario la
voluntad popular o que es su fiel intérprete.
Esa limitación está
detrás de las tensiones en las sociedades democráticas entre dos
cualidades superpuestas que conceden las urnas a los gobernantes
electos: la legitimidad y la confianza. La primera es una cualidad
jurídica, que obtiene de forma directa y absoluta quien logra más votos.
Por el contrario, la confianza es más compleja, relativa y debe ganarse
cada día. Es, según Arrow, una ‘institución invisible’ que permite
ahorrarse mecanismos de verificación y prueba.
Especialmente
desde la explosión de la crisis en 2007, la disociación entre la
legitimidad y la confianza se ha convertido en un problema central en
las sociedades occidentales. El caso de la Región de Murcia es
paradigmático. El PP gana elecciones con mayoría absoluta, o rozándola,
desde hace 22 años. Cada cuatro años ha obtenido la legitimidad de las
urnas, incluso cuando reiteradamente los sondeos de opinión pública
reflejaban una desconfianza creciente en su acción de gobierno. Una de
sus principales vías de agua en materia de credibilidad procedía de los
bandazos, anuncios incumplidos y frenazos en los proyectos estratégicos,
como el AVE y el aeropuerto.
Con Camarillas como símbolo de esa aguda
crisis de confianza, no hay murciano que no recele en materia de
infraestructuras ferroviarias. Incluso ahora que está adjudicado por
Adif a una empresa el primer tramo para soterrar las vías en Murcia, y
comprometidos en el seno de una sociedad estatal plazos y financiación
para su conclusión hasta Barriomar, los vecinos de los barrios afectados
no terminan de creérselo. La desconfianza en sí misma no es un
problema. Al contrario, es una virtud cívica. Contribuye a que el poder
político cumpla sus compromisos y persiga el bien común. El problema
surge cuando se lleva a límites irracionales que bloquean la
construcción de un proyecto colectivo y solo conducen a generar más
frustración social.
La Plataforma Pro Soterramiento ha
conseguido en estos últimos años importantes victorias para su causa,
que debería ser la de todos. Por su presión e iniciativa se cambió el
orden de las fases de soterramiento, se amplió una de ellas hasta El
Carmen y finalmente se han reducido a dos. Si se lleva a término el
proyecto como está previsto por Adif habrá sido fundamentalmente por la
pacífica y persistente acción de esta plataforma de vecinos.
Teóricamente les habría llegado el momento de administrar sus éxitos,
pero llegados a este punto entran en colisión con su posición contraria a
la entrada provisional en superficie del AVE que han mantenido de
inicio. Primero lo intentaron por vía jurídica, denunciando la falta de
una declaración de impacto ambiental. Y ahora, con mucho más éxito y
apoyo, con la campaña de protestas del ‘muro’, que tiene una base
totalmente real (los vecinos tendrán durante al menos dos años una
pantalla cerca de las viviendas para protegerlos del ruido y la
catenaria, pero sin poder atravesar las vías por Santiago el Mayor,
salvo por una prometida pasarela) y una parte de épica y agitación
política, alentada por quienes hacen su agosto con eficaces discursos
emocionales de ricos y pobres, los de abajo y los de arriba...
Para
rizar el rizo, en la protesta se han infiltrado, ocasionalmente pero con
efectos devastadores, centenares de radicales que aprovechan la
coyuntura para practicar el vandalismo con los bienes públicos. Nunca ha
estado más cerca la llegada del AVE y el inicio del soterramiento y,
sin embargo, a causa de los sabotajes de los violentos, los dos
proyectos pueden saltar por los aires si no se encauzan con racionalidad
y voluntad de acuerdo por parte de todos. La posibilidad de que huya la
empresa contratada para iniciar los trabajos es absolutamente real.
Todo pende de un hilo. Ahora hay recursos públicos y un proyecto de
ingeniería en curso, pero persiste un problema social que se minusvaloró
y descuidó, una pugna política en busca de votos y un movimiento
vecinal donde las posiciones más maximalistas han desbordado a las más
pragmáticas.
Los dirigentes políticos locales no están
precisamente ayudando a una solución colectiva. Algunos diputados del PP
deberían ocupar su tiempo en cualquier cosa menos en inflamar los
ánimos en las redes sociales. Y el alcalde, dedicar buena parte del
suyo, por ejemplo, a visitar Santiago el Mayor, incluso ahora que sufre
inaceptables escraches en su domicilio. La oposición tampoco debería
olvidar que el AVE es un proyecto estratégico de Región, no del PP, como
tampoco fue del PSOE, cuando gobernaba en Madrid. Y que el
soterramiento es un proyecto de ciudad que parcialmente es financiado
con los impuestos de los yeclanos, que tienen el AVE a tiro de piedra en
Villena, o de los cartageneros, que tienen derecho a que se agilice la
llegada de la alta velocidad a la principal ciudad turística de la
Región.
Dejar el AVE en Beniel hasta el final del soterramiento es una
propuesta insólita a estas alturas si viene de los grupos municipales de
Murcia. Tanto cortoplacismo entraña riesgos para quienes, en una
defensa sin matices de las protestas, han llegado a respaldar los cortes
de tráfico ferroviario y a cuestionar a las fuerzas de seguridad con
una ligereza impropia de representantes institucionales. Hoy gobierna
Rajoy, pero el año próximo quién sabe. La oposición tiene la obligación
de hacer un estricto control al gobierno popular.
No faltan motivos para
la crítica. Pero contribuir a una estigmatización compulsiva y
permanente de quien hoy gobierna, o gestiona empresas estatales como
Adif, es caer en la impolítica, cuyos efectos son difíciles de revertir y
recaerán en los futuros gobernantes electos, sean cuales sean.
Tensionada y dividida, la Región de Murcia está evidenciando que tiene
muchos y más profundos problemas que la carencia de infraestructuras
ferroviarias. Estas semanas está demostrando que es incapaz de tomar, y
mantener, una decisión colectiva sustentada en un amplio acuerdo
político y social. Solo aquí la llegada del AVE podía derivar en un
grave conflicto.
(*) Periodista y director de La Verdad
