MURCIA.- Ahora Murcia pide al alcalde de Murcia, José Ballesta (PP), que los Servicios Jurídicos Municipales
presenten lo antes posible la demanda en el procedimiento
contencioso-administrativo para solicitar las medidas cautelares de
suspensión de las obras del AVE de llegada en superficie a la estación
de El Carmen, tal y como recogía la moción aprobada en el Pleno del
Ayuntamiento de Murcia de 28 de julio de 2016. "El objetivo es que se
proceda por orden judicial a dictar orden de paralización y precinto de
esas obras", señalan desde el grupo municipal, "adoptando las medidas
coercitivas que el ordenamiento jurídico le brinda".
Ahora Murcia se ha
dirigido hoy por escrito a Ballesta transmitiéndole esta demanda acerca
del procedimiento contencioso-administrativo de las obras del AVE.
La medida cautelar aparece expresada en base al artículo 135 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, al apreciar las circunstancias de especial
urgencia por el inicio de las obras, consistente en la suspensión de la
ejecución del acto recurrido hasta tanto sea resuelto el recurso
interpuesto.
"Entendemos que procede la adopción de esta medida", afirman, "dado
el daño irreparable e imposible reparación que supondría la ejecución de
las obras de llegada del AVE en superficie".
En este sentido, subrayan
que "de no adoptarse la medida con celeridad, se podría consolidar la
ejecución de unas obras efectuadas al margen de la legalidad, a lo que
se añade que la no paralización llevaría consigo la materialización de
la exclusión de barrios de Murcia, causándoles daños de irreparable
subsanación".
En el Pleno del Ayuntamiento de Murcia de julio de 2016 se aprobó una
moción donde se acordaba que los Servicios Jurídicos Municipales
interpusieran ante la Audiencia Nacional recurso
contencioso-administrativo por el proyecto licitado, y posteriormente
adjudicado a la empresa Aldesa, de llegada en superficie del tren AVE a
la estación de El Carmen. Este procedimiento contencioso-administrativo
fue presentado por los Servicios Jurídicos Municipales en cumplimiento
del mandato del Pleno, pero a día de hoy se encuentra en la fase de
presentación de demanda.
"En esta fase", explican desde Ahora Murcia, "la Ley reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en su artículo 135, permite
que se solicite como medida cautelar la suspensión de la ejecución del
acto recurrido hasta que se resuelva el recurso puesto en marcha, en
base a la concurrencia de circunstancias de especial urgencia en el
caso, y a los daños y perjuicios de imposible y difícil reparación que
pudieren resultar de la ejecución del proyecto de llegada del AVE en
superficie impugnado".
Desde la formación municipal destacan que "debe solicitarse la
suspensión y paralización del Proyecto recurrido porque de nada sirve
haber presentado un procedimiento contencioso administrativo, que aún
tardará más de un año en resolverse, cuando a la misma vez las obras
impugnadas continúan su ritmo de ejecución, que está previsto que en
unos meses estén finalizadas".
Para Ahora Murcia, "hay que tener en cuenta las graves deficiencias
de las que adolece el proyecto de ejecución de las obras de llegada en
superficie del AVE a Murcia impugnado, entre ellas que el proyecto
supone una alteración esencial de las características geométricas,
funcionales y estructurales de la propuesta de infraestructura
ferroviaria que ha servido para desarrollar la declaración de impacto
ambiental recogida en el 'Estudio Informativo del Proyecto de
Remodelación de la Red Arterial Ferroviaria de la Ciudad de Murcia', ya
que entre el proyecto evaluado ambientalmente y el que se ha adjudicado y
se está construyendo solo hay una coincidencia del 18%, lo que
significa que más de un 80% de lo que se está construyendo no tiene
cobertura legal, al no haberse evaluado las consecuencias que va a tener
en la población y el medio ambiente.
Y por si esto no fuera
suficiente", añaden, "la mencionada Declaración de Impacto Ambiental se
encuentra caducada, conforme dicta la Ley, pues se publicó en el BOE en
el año 2009".
"Así las cosas, podemos señalar que no se han evaluado las
consecuencias de la colocación de una catenaria de 25.000 voltios a
escasos metros de viviendas y centros escolares", denuncian, "no se han
evaluado las consecuencias sociales y de otra índole de aislar a
poblaciones de barrios enteros al dificultar su movilidad con los muros
soporte de las pantallas acústicas y protectoras que se están colocando;
no se han evaluado las consecuencias de los ruidos y la exposición a
vibraciones sonoras en la población que habita a escasos metros de la
infraestructura ferroviaria, y tampoco se han evaluado las consecuencias
de las vibraciones en el terreno que ocasionará el paso de un tren de
alta velocidad a escasos metros de edificaciones (tanto de viviendas e
instalaciones particulares como de edificios públicos)".
Desde la formación municipalista resaltan que, además, "nadie ha
ofrecido explicaciones ni ha justificado cómo ha sido posible y cuál ha
sido el trámite administrativo legal mediante el cual se ha pasado de
publicar en el BOE y evaluar ambientalmente un proyecto a estar
ejecutando otro muy diferente. Estamos en un Estado de derecho",
recuerdan, "donde los proyectos de obra pública deben ajustarse a
estrictas normas y trámites administrativos de obligado cumplimiento, y
donde se debe asegurar la participación ciudadana, pero estas
circunstancias no se han dado en la tramitación y ejecución de las obras
de llegada del AVE a la estación de El Carmen".
Como apuntan desde Ahora Murcia, "estamos hablando de unas obras en
las que se están gastando millones de euros de todos los ciudadanos, y
que unas vez finalizadas determinarán el modelo de ciudad en la que
vivimos y que legaremos a nuestros descendientes, que tendrán que
soportar los errores que ahora se cometan".
"En definitiva, por estas y otras numerosas cuestiones que se pueden
desprender del expediente administrativo de tramitación de las obras de
llegada del AVE a la estación del Carmen que se están ejecutando
actualmente, se debe solicitar la paralización cautelar de dichas
obras", concluyen, "pues podríamos encontrarnos ante la dantesca
situación de que en un par de años los tribunales de justicia sentencien
que dichas obras son ilegales pero estas ya estén ejecutadas y pagadas,
y que por tanto una vez terminadas nadie, ni la administración
judicial, iba a permitir su demolición, llegando así, por la vía de los
hechos consumados, a tener los murcianos que soportar unas obras
ilegales partiendo la ciudad en dos".
