La decisión del ministro Cristóbal Montoro de pagar directamente a
funcionarios y proveedores, sin pasar por la Generalitat, dejan
al Govern que preside Carles Puigdemont sin recursos. Cada mes el
gobierno central transfiere de los fondos autonómicos unos 1.700
millones de euros a la Generalitat, en dos partidas, para los pagos
corrientes. Pero, la presión para que no se realice el referéndum
programado para el día 1 de octubre ha llegado a intervenir la
caja del gobierno catalán, junto al aviso a los bancos para que no
realicen ningún abono si no está previamente autorizado por Madrid.
La
medida – que en realidad es una aplicación parcial del artículo 155 de
la Constitución, que autoriza intervenir una comunidad autonómica – fue
recurrida por el gobierno catalán ante el Tribunal Supremo, que lo
admitió a trámite pero no lo anuló. El vicepresidente Oriol Junqueras
dijo que “hay jurisprudencia” y que el TS, que cuenta con diez días para
dictaminar “no puede exigir a un tercero que deje de cumplir sus
obligaciones.
Junqueras dijo que la Generalitat cuenta con recursos a corto plazo
para hacer frente a todos los pagos, pero no precisó la cantidad.
También recordó que los bancos tienen suscritos acuerdos con la
Generalitat y deben cumplirlos. A destacar, según fuentes bancarias, que
algunos clientes habrían retirado cuentas de CaixaBank, en desacuerdo a
que apliquen las normas decididas por el ministerio de Finanzas de
control de todos los pagos. Todo ello para evitar que no se destine ni
un solo euro a financiar el proceso para el referéndum.
El control de las finanzas de la Generalitat llega hasta el uso de
las tarjetas de crédito de los miembros del Govern de la Generalitat.
Algo que, desde la filas de ERC, ironizan alegando que Junqueras siempre
paga en dinero líquido y no usa tarjetas ni de crédito, ni de débito.
A la incautación de la caja de la Generalitat, que les deja sin
cartera, se suma toda la presión judicial y policial para abortar los
preparativos del eventual referéndum. Después de incautación en
imprentas de material publicitario – que los defensores de la consulta
han sustituido por impresiones propias reclamando el derecho a decidir,
que cuelgan en árboles y paredes en la mayoría de localidades catalanas –
ha llegado la hora a las empresas de distribución.
Unipost, la empresa que ya difundió la publicidad de la consulta del
9-N, que en noviembre de 2014, concluyó con 2 millones de votos pro
independencia y 300.000 en contra, vio incautados en su almacén de
Terrassa unos 45.000 sobres nominales con citaciones que iban dirigidas a
las personas que deberían formar las mesas electorales del 1-O.
El registro de la Guardia Civil, que al cabo de unas diez horas
recibió la orden judicial, originó protestas ciudadanas al grito de
“Volem votar”, cánticos de L´Estaca y Els Segadors, al tiempo que
cubrían con claveles los parabrisas y capos de los todo terrenos de la
Guardia Civil. La Generalitat se quedaba sin cartero, mientras continúa
la incógnita de dónde están las papeletas y las urnas para un referéndum
en el que ya han votado unos 5.000 catalanes residentes en el
extranjero.
Todo en una jornada en que los primeros alcaldes – de los 712 que
apoyan al referéndum – acudían, y se negaban, a declarar ante los jueces
y crecía el conflicto ciudadano por actuaciones, sobre todo, de algunos
policías municipales que requisaban o impedían colocar propaganda
electoral de fabricación casera en diferentes poblaciones.
Continúa, pues, el pulso ante las medidas judiciales y policiales
para impedir el referéndum y la campaña electoral de la Generalitat para
celebrarlo. Todo indica que, al menos hasta el día 2 de octubre, no hay
espacio para el diálogo, aunque lo pida, entre otros, el ex presidente
de la Comisión Europea, el italiano Romano Prodi. Nos espera una semana y
media de infarto político en el que, de momento, la Generalitat se ha
quedado sin cartera, ni cartero.
(*) Periodista
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