A diez días de los preparativos finales del Referéndum del 1 de
octubre, que el Govern insiste en que, a pesar de todas las dificultades
(la Guardia civil ha ocupado este martes material importante), se
celebrará, mientras que el presidente del Gobierno Mariano Rajoy, más
preocupado que nunca, asegura que esa consulta no se podrá llevar a cabo
bajo ningún concepto, la realidad es que el desafío independentista
prosigue, los inspiradores del golpe de estado contra la legalidad
constitucional, siguen en sus puestos, y todo parece jugarse en el
terreno estrictamente jurídico y judicial cuando, de hecho, desde los
días 7 y 8 de septiembre, con la aprobación de la Ley del Referéndum y
la de Trasitoriedad, el sector independentista del Parlamento catalán
rompió toda la legalidad vigente.
En realidad, la Ley de desconexión entró en vigor cuando el
vicepresidente del Gobierno Oriol Junqueras, el encargado de de los
asuntos económicos del Govern, se dirigió la semana pasada al ministro
de Hacienda Cristóbal Montoro, para anunciarle que rompía las reglas del
juego y que tal como estaba establecido, se dejaba de enviar la
información sobre los gastos semanales de la Generalitat, en un claro
gesto no sólo de desafío, sino de ruptura de un status quo, que el
Gobierno central, tras el golpe de estado, no podía consentir.
Tras esa decisión no deja de ser sorprendente que un gobierno que se
ha declarado, en rebeldía, que ha aprobado una ley de desconexión con
España, que está promoviendo un referéndum que ha sido declarado ilegal
por el Tribunal Constitucional, que está poniendo en marcha actuaciones
manifiestamente ilegales, que incluso, ha propiciado una campaña contra
los alcaldes que se han comprometido a no colocar urnas de votación en
los locales municipales, de acuerdo con las autoridades judiciales,
hayan acudido a los tribunales que no respetan para recurrir la orden
del Gobierno de controlar las cuentas de la Generalitat para evitar que
no vaya ninguna cantidad a la financiación del Referéndum que ha sido
declarado ilegal por el Constitucional.
No aceptan las decisiones del Constitucional, pero acuden al Supremo
en busca de Justicia, mintiendo a su opinión publica, al asegurar que el
Tribunal Supremo al aceptar el recurso contra la intervención de las
cuentas aprobada el viernes pasado en Consejo de Ministros, la medida
anunciada por el ministro Montoro “quedaba en suspenso”. El Supremo y el
propio ministro de Justicia se han victo obligados a dementar esa
suspensión. El recurso presentado por el Ejecutivo catalán incluye una
petición de suspensión de la aplicación de este acuerdo, es decir, de
medidas cautelares. Lo que obliga a dar traslado a las partes para que
presenten alegaciones. En el caso de la parte demandada (la Abogacía del
Estado), ese plazo será diez días, pero no se ha suspendido nada.
De este modo, transcurridas esas cuarenta y ocho horas dadas a la
Generralitat para una vuelta atrás de su decisión, el Gobierno seguirá
su plan de intervenir la Hacienda catalana con lo que se pagara desde
Madrid, la Sanidad, la Educación, los sueldos de los funcionarios y las
facturas a proveedores siempre que la Generalitat proporcione los datos
necesarios a los Bancos que se encargaran de hacer las transferencias
correspondientes. Se trata, en efecto, de la aplicación en una
interpretación inesperada del artículo 155 de la Constitución que en su
literalidad no recoge nada de esa medida.
Según parece en ese juego de la “proporcionalidad” en el que tan
empeñado esta Rajoy, la Moncloa tiene previsto aplicar el 155, en el
caso, que no hay que descartar, de que, sea cual sea el resultado del
llamado Referéndum del día 1, Carles Puigdemont, el nuevo Lluís
Companys, declare la independencia de Cataluña… como ocurrió en otro
octubre de 1934. Y son muchos los que piensan que cada día estamos más
cerca…
(*) Periodista y economista
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