El largo ciclo electoral que hemos vivido, desde las elecciones
europeas de 2014 hasta las nacionales del 26J, parece haber confirmado
que en España, los partidos y políticos corruptos apenas sufren desgaste
en las urnas. Es cierto que en las elecciones municipales y autonómicas
de 2015 los partidos que gobernaban regiones devastadas por la
corrupción como Madrid o el País Valenciano perdieron poder, total o
sustancialmente. Pero pese al escándalo de los EREs, el PSOE pudo
mantener sin muchos problemas su control de la Junta de Andalucía, y
pese a sonados casos como la trama Gürtel, los papeles de Bárcenas o el
uso de dinero negro para renovar su sede, el PP vio crecer su apoyo
electoral en las últimas elecciones generales. Quizá el caso más
paradigmático fuera el de Granada (en la foto), cuyo alcalde fue
detenido por la policía acusado de corrupción. Dos meses después, el
26J, su partido, el PP, subió cinco mil votos en comparación con el 20D.
Los investigadores sociales, y los politólogos en particular, han
intentado probar si este desolador paisaje es real o una ilusión
producida por casos tan "curiosos" como el de Granada. La pregunta es
importante el voto retrospectivo es uno de las principales mecanismos de
rendición de cuentas a disposición de los ciudadanos. Sin él, las
instituciones pueden permanecer gobernadas por políticos incapaces,
cleptócratas o proclives a elegir políticas ineficientes. El falta de
castigo electoral a la corrupción es tan preocupante que este blog ya
dedicó varias entradas (esta y esta) a estudiarlo.
Lamentablemente, los datos parecen confirmar que las consecuencias
electorales de la corrupción en España son más bien modestas e
insuficientes para desbancar del poder a los corruptos. Pero esta
fotografía es más compleja por varias razones. Una de ellas es que el
tipo de escándalo importa. Como demostraban Gonzalo Rivero y Pablo
Fernández-Vázquez a nivel municipal en este interesante artículo,
cuando esa corrupción enriquecía al cargo electo (por ejemplo, por
malversación de fondos públicos) en vez de al municipio (por ejemplo,
por recalificación de suelo), el castigo electoral sí se producía. Esto
nos ofrece una primera explicación para la continuidad del apoyo
electoral a partidos corruptos: Los votantes mantienen a políticos
facinerosos (como diría el más grande de todos ellos) porque estos les ofrecen a cambio políticas que les favorecen.
Esta conclusión se desprende también de un artículo recientemente publicado
por Kostas Matakos y Dimitrios Xefteris quienes utilizan la revisión de
las cuentas públicas griegas realizadas por Eurostat en 2010 como
experimento natural. El gobierno del conservador Nueva Democracia (ND)
había ocultado sistemáticamente la dimensión del déficit público y lo
estimó en el 5%. En realidad era del 15.5%. Matakos y Xefteris
argumentan que esto supuso un shock informacional que convenció a los
ciudadanos de que el dinero público ya no iba a fluir por las redes
clientelares mantenidas por los dos grandes partidos, ND y PASOK.
Utilizando datos de las elecciones regionales de 2010, demuestran que el
apoyo al bipartidismo griego cayó más en aquellas regiones con un mayor
peso del sector público. Uno de cada seis votantes que votaron por
partidos alternativos vivía en alguna de estas regiones.
Un aspecto muy interesante de su argumento es que esa fragmentación
del voto no puede deberse a que los ciudadanos confiaran en obtener más
patronaje de estos nuevos partidos, porque su conexión con el gobierno
central, clave para la lubricación de las redes clientelares, era
mínima. La razón parece más bien ser que cuando el grifo de dinero
público se secó, los votantes se vieron "liberados" de su dependencia,
de su rol de clientes, y decidieron su voto por motivos puramente
ideológicos. Sería muy interesante evaluar la importancia de este
mecanismo en España, porque las conclusiones de este estudio sugieren
que la irrupción de nuevos partidos en numerosos ayuntamientos el 25M de
2015 pudo deberse a la austeridad presupuestaria post-2012, y que esta
irrupción tal vez revierta cuando los flujos de dinero público o el
mercado inmobiliario repunten de nuevo.
Aunque triste, esta razón para el apoyo a políticos corruptos entra
dentro de lo razonable para los economistas porque se basa en
transferencias monetarias, preferencias y trade-offs. Pero existe una
segunda explicación mucho más desasosegadora: Los votantes hacen la
vista gorda a la corrupción de políticos afines por lealtad de grupo,
porque comparten con ellos una identidad. Para colmo, la lealtad grupal
tiende a reforzarse en situaciones de competición (como comentamos aquí), como, por ejemplo, una campaña electoral.
En un interesante artículo,
Eva Anduiza, Aina Gallego y mi colega en la UB Jordi Muñoz, apuntaban
la importancia de esta explicación. Utilizando encuestas online,
observaban que los votantes son mucho más permisivos con las corruptelas
de los políticos del partido al que se consideran más próximos. La
clave parece estar cómo se evalúa la información sobre un escándalo
cuando el político implicado as afín o no. Cuando lo es, se atribuye una
menor credibilidad a las informaciones sobre el caso. Este efecto
resulta ser más severo entre los ciudadanos menos sofisticados y
educados políticamente.
Esta hipótesis parece verse confirmada en un reciente artículo
de Héctor Solaz, Catherine De Vries y Roosmarijn De Greus que presenta
evidencia de dos estudios, uno empírico y otro experimental. El estudio
empírico aprovecha la publicación de los papeles de Bárcenas el 31 de
enero de 2013. En esas fechas se estaba realizando en España el muestreo
de la sexta ola de la Encuesta Social Europea. Los autores utilizan
este tratamiento para comparar las respuestas de los encuestados antes y
después del 31 de enero usando una estrategia diff-in-diff.
Observan que el apoyo al gobierno disminuyó en cinco puntos debido al
escándalo, pero que esta reducción se produjo sólo entre los encuestados
que no se identificaban como simpatizantes del PP. Entre los que sí lo
hacían, la reducción de apoyo fue insignificante.
Como bien indican los autores de este trabajo, este resultado puede
deberse al trade-off mencionado. También podría deberse a la
idiosincrasia de los votantes españoles: un relativamente menor nivel de
estudios y una menor cultura democrática debidos al desmoche cultural
de la Guerra Civil y a cuarenta años de dictadura. Sin embargo los
resultados del segundo estudio sugieren que no es así. En una serie de
experimentos de laboratorio realizados en Reino Unido, los autores
asignaron los participantes en dos grupos utilizando el llamado
Paradigma del Grupo Mínimo, por el cual se genera una identidad
irrelevante, como por ejemplo si te gusta más Klee o Kandinsky. En el
tratamiento de control los votantes recibían información sobre una
auditoria hecha de forma aleatoria sobre la gestión del participante
elegido para actuar como político. En un segundo tratamiento, los
votantes recibían además información sobre la identidad del candidato
(si le gustaba Klee o Kandinsky). Los resultados muestran que los
votantes tienden a votar a políticos de su mismo grupo, que castigan a
aquellos que malversan fondos, pero no lo hacen cuando comparten
identidad con estos.
Es importante distinguir entre las dos mencionadas explicaciones del
voto a partidos corruptos porque sus implicaciones normativas son
diferentes. Si la explicación es un trade-off entre corrupción y
políticas, la información creíble sobre el desempeño de los
representantes podría tener un impacto sobre el voto. Si la razón es
lealtad de grupo, de poco servirá esa información porque los ciudadanos
la procesarán de forma selectiva. También el comportamiento de los
candidatos diferirá: en un caso, deberán hacer promesas electorales
creíbles. En el segundo, les bastará invocar conceptos identitarios y
convertir la elección en un "nosotros contra ellos."
(*) Profesor en el Departamento de Economía de la Universitat de Barcelona y en la Universidad de Edimburgo
